Los cambios en la composición del ahorro financiero de las familias

Es bien conocida la singularidad de la materialización del ahorro de las familias españolas (la de su riqueza) frente a países de nuestro entorno. De los 5,5 billones de euros que se estima representaba a cierre de 2017 (un 540% del PIB), en torno al 80% estaba soportada por activos inmobiliarios, en tanto que el 20% restante (un 115% del PIB, según datos del reciente informe de Inverco[1]) lo aportaba su riqueza financiera neta.

También lo es la históricamente relativa baja tasa de ahorro de los hogares españoles, significativamente por debajo de la media de la eurozona, especialmente de la alemana o la francesa, aunque no muy diferente de la de países como el Reino Unido e Italia. Y tanto como el reducido nivel de la contribución anual al ahorro, no es menos llamativa la extraordinaria sensibilidad de dicha tasa a cambios en las condiciones cíclicas de la economía: hoy volvemos a situarnos en niveles cercanos al 6% de la renta disponible, casi la misma tasa que la previa al inicio de la crisis hace diez años, y eso después de haber alcanzado un nivel doble tras el primer impacto recesivo.

Con ser extremadamente relevante esa triple caracterización del ahorro de las familias españolas, nuestro interés en esta entrada, aprovechando los datos recién publicados del informe de Inverco, pone el foco en ese 20% de la riqueza de las familias que a día de hoy se materializa en activos financieros. El cuadro adjunto es bien ilustrativo de los grandes cambios que se han operado durante esta última década.

 

 Aun cuando el grado de concentración en activos inmobiliarios sigue siendo muy extremo, se ha producido una reorientación clara hacia activos financieros computados en términos netos. De hecho el volumen de activos financieros netos en poder de las familias prácticamente se dobla en el periodo, hasta alcanzar 1,3 billones de euros a cierre de 2017 frente a los 0,7 billones de 2008.En concreto:

1. Tal reorientación viene explicada en primer lugar por una sustancial reducción de los pasivos financieros de los hogares, fruto del fuerte desapalancamiento a lo largo de la crisis tras hacer frente a su gran endeudamiento para financiar la ingente inversión inmobiliaria que acometieron en el periodo pre-crisis.
2. Ahora bien, el otro 70% del aumento de la riqueza financiera neta de las familias (más de 0,4 billones de euros) tienen que ver tanto con un aumento de las adquisiciones netas de ciertos activos que han realizado las familias, como con la propia revalorización que se han producido de algunos de ellos.
3. Destaca en concreto sobremanera el crecimiento del ahorro financiero de las familias localizado en IIC (Instituciones de Inversión Colectiva), más que doblando en 2017 (al superar los 0,3 billones de euros) la cifra inicial de 2008. El proceso de bajada de tipos que hemos vivido durante este largo periodo ha terminado por aumentar el atractivo relativo de los fondos de inversión con un mayor perfil de riesgo. Otra consideración no menos relevante para la propia industria es el mucho mayor crecimiento relativo experimentado por las IIC extranjeras, en las que ya se materializa casi un tercio de los activos financieros en fondos de los hogares españoles.
4. También ha aumentado el atractivo de la inversión directa, básicamente en renta variable, que se ha beneficiado además (como los propios fondos de inversión) de una recuperación de sus precios en los años más recientes. Sigue conservando con 0,5 billones la segunda posición, tras los depósitos bancarios, en la preferencia de las familias, y todavía supera significativamente la localización del ahorro de las familias en fondos de inversión.
5. Con un crecimiento que podríamos calificar de “vegetativo” los depósitos bancarios conservan su posición de primacía, si bien con una estructura interna que ha cambiado radicalmente. La práctica ausencia de remuneración de los mismos en las actuales condiciones de tipos cero, ha determinado una drástica reducción de los depósitos a plazo que al inicio de la crisis eran los dominantes.
6. La materialización de la riqueza financiera de los hogares en seguros de vida-ahorro y previsión ha experimentado por su parte un crecimiento sostenido y significativo. Por supuesto se ha beneficiado de la pérdida de atractivo relativo de los depósitos, pero también de un mayor interés de la industria banca-aseguradora en el mencionado contexto por desarrollar este tipo de activo sustitutivo.
7. Finalmente, el ahorro materializado en fondos de pensiones, aunque con un crecimiento también sostenido pero más reducido, siguen estando lejos de ser un instrumento de ahorro previsional mínimamente relevante para los estándares deseables.

 

[1] INVERCO: “Las instituciones de inversión colectiva y los fondos de pensiones: Informe 2017 y perspectivas 2018”, febrero 2018

Grandes apuestas en el informe final sobre las finanzas sostenibles

La inversión en infraestructura y proyectos de descarbonización de la economía puede haberse disparado en los últimos años, pero uno de los mayores desafíos del Acuerdo de París sigue manteniendo un abismo entre los niveles de inversión actuales y los que los expertos consideran necesarios para alcanzar un desarrollo sin emisiones de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, hoy un grupo de expertos en finanzas designados por la Comisión Europea para identificar y superar las barreras en relación a la inversión sostenible y de largo plazo. Para ello ha publicado un informe que puede proporcionar un conjunto viable de soluciones y por ello quiero dar continuidad al pasado artículo en este blog sobre las Finanzas Sostenibles incidiendo en algunas de las conclusiones emitidas por el Grupo de Expertos de Alto Nivel (HLEG) en Finanzas Sostenibles.

Dada la escala del informe, el informe es necesariamente amplio, pero también contiene una serie de consideraciones que pueden tener un gran impacto en el sector financiero en general e incluso en el público en general. Sostiene que es necesario que la Unión Europea debe de hacer un mayor esfuerzo para alentar, incentivar u obligar a las entidades financieras a mejorar su asesoramiento a los clientes sobre las opciones de inversión sostenible disponibles, y en esa línea debemos entender los siguientes elementos:

 

• Una taxonomía para finanzas sostenibles: el informe final ha diseñado una hoja de ruta y un marco para dicha taxonomía. Sostiene el informe que si no somos capaces de identificar cuáles son los elementos en los que invertir, difícilmente podremos movilizar considerables niveles de inversión y financiación hacia dicho fin., por ello, sugiere que se cree un grupo de trabajo técnico este año para diseñar una taxonomía para 2020.

• El informe final se manifiesta a favor de que las Directrices para la emisión de Bonos Verdes (ICMA) deben ser obligatorias y los proveedores de segunda opinión deben estar acreditados, lo cual por lógica ofrecería una reducción de la incertidumbre existente para este tipo de emisiones.

• La creación de un organismo llamado Sustainable Infrastructure Europe serviría para acelerar la inversión en este tipo de infraestructuras en Europa, para la cual se propone crear una experiencia piloto en 2018 que pueda evolucionar hasta ser una agencia independiente en 2020.

• El informe pide un fortalecimiento de las normas europeas de divulgación para hacer que los riesgos y oportunidades del cambio climático sean "totalmente transparentes" para inversores y consumidores. Por ello recomienda específicamente que la Unión Europea apruebe e implemente las directrices del Task Force on Climate related Financial Disclosure, y explore cómo alinearlas mejor con la Directiva de Informes No Financieros de la UE, que requiere que las grandes empresas publiquen informes periódicos sobre los impactos sociales y ambientales de sus actividades.

• Los deberes fiduciarios con respecto a consideraciones de sostenibilidad se plantean explícitamente como obligaciones de los gestores de activos e inversores, dejando claro que dichos factores deben incorporarse en las decisiones de inversión.

• Los expertos solicitan a la Comisión que presione a reguladores de referencia como la Organización Internacional de Comisiones de Valores y la Autoridad Europea de Valores y Mercados para actualizar sus orientaciones y principios de forma que los mismos hagan referencia explícita a criterios ASB y asuntos de sostenibilidad.

• Quizás de forma no deliberada, pero las normas de contabilidad favorecen las inversiones a corto plazo con el objeto de reducir los riesgos de inversión, por lo que la recomendación del grupo de expertos en esta materia es legislar de forma que las normas de contabilidad no desalienten indebidamente la inversión a largo plazo.

• Aunque hay otras recomendaciones quiero destacar en último lugar el papel que el informe otorga a los inversores minoristas, sugiriendo diversas formas de empoderar a los ahorradores y pequeños inversores para que entiendan el impacto que su dinero tiene en los problemas sociales y medioambientales, más allá de su razonable búsqueda de rentabilidad. Para ello aconseja el establecimiento de estándares mínimos para los fondos con temas de sostenibilidad, y una etiqueta verde europea voluntaria para que mejore su visibilidad ante inversiones.

Hay mucho dinero esperando para invertir, no nos faltan inversores, se trata de llevar los canales a las personas que lo necesitan y este informe puede ser considerado un paso hacia dicho camino. Eso sí, por el momento hay una escasez de proyectos en los que invertir, y ese es el mayor agujero.

Las finanzas sostenibles en la Unión de los Mercados de Capitales

“Hoy son varios los riesgos expresivos de lo frágil que es la prosperidad”

La desestabilización del planeta hace tiempo que dejó de ser una amenaza hipotética. Hoy son varios los riesgos que han dejado constancia de su virtualidad: el cambio climático es uno de los más explícitos y documentados, pero también otros como las alteraciones en el uso de la tierra, la pérdida de biodiversidad y el deterioro de los recursos naturales. En el ámbito social también se reflejan amenazas que se vinculan con el amplio enunciado de las “finanzas sostenibles”, como es la pobreza, el hambre y la falta de cuidados sanitarios que revelan que una parte importante de la población vive en condiciones por debajo de los estándares sociales considerados como mínimos en las economías avanzadas. Todos ellos son expresivos de lo frágil que es la prosperidad.

Ateniéndonos por el momento a la demarcación de las finanzas verdes, conviene recordar que es la UE la que, de forma más consecuente, al menos hasta el momento, se ha comprometido con los objetivos definidos en el Acuerdo de París de diciembre de 2015, suscrito por 170 países, que define la transición hacia una economía baja en carbón. En Europa ese compromiso se ha concretado en reducir las emisiones de CO₂ en un 40% en todos los sectores de la economía en el horizonte de 2030. Ello significa que hay que adoptar desde ya políticas que faciliten la transformación hacia modelos de negocio de las empresas más eficientes en la utilización de los recursos y más circulares. Y, en ello, las finanzas tienen mucho que hacer.

Por de pronto, se ha estimado que para cumplir esos compromisos europeos serán necesarias inversiones en torno a 180.000 millones de euros anuales en sectores diversos: renovación de edificios hacia mayor eficiencia, generación y trasmisión de energía mediante fuentes renovables, transporte de bajo carbón, entre otros. Se trata de inversiones cuya cuantía excede a la capacidad actual de los presupuestos públicos y, en consecuencia, requieren la participación de inversores privados y el consecuente despliegue de instrumentos que las vehiculen.

En realidad, se han hecho avances, y en este mismo blog se ha dejado constancia de ello, pero ahora quiero llamar la atención acerca de la reciente difusión del esperado documento “Financing a Sustainable European Economy”, informe final del “High-Level Expert Group on Sustainable Finance” (HLGE), creado a iniciativa de la Comisión Europea a finales de 2016. Ha estado presidido por Christian Thimann, Director de Estrategia, Sostenibilidad y Asuntos Públicos del Grupo Axa, al que han acompañado profesionales de los distintos ámbitos de la industria de servicios financieros.

Se trata de un trabajo valioso, llamado a inspirar las actuaciones que en esa materia adopte la UE. Sus recomendaciones son el resultado de discusiones entre conocedores y se encuentran precedidas del significativo respaldo del responsable de Estabilidad Financiera, Servicios  Financieros y de la Unión de los Mercados de Capitales (CMU) de la UE. Y es en relación con este último aspecto, la contribución a la CMU, donde quiero situar mis comentarios, o mejor, mi incitación a que el lector de esta columna consulte directamente el informe (https://ec.europa.eu/info/publications/180131-sustainable-finance-report_en).

Ese informe se convertirá en un Plan de Acción en finanzas sostenibles, al que seguirán propuestas legislativas. “Para convertir Europa en el centro de gravedad de la inversión global en una economía baja en carbón, eficiente en la utilización de los recursos y circular”. Ahí es nada. Ese propósito es ambicioso, en primer lugar, porque buena parte de los sistemas financieros europeos siguen convalecientes, asimilando los daños de la crisis. Pero también tratando de adaptarse a esa digitalización creciente que, entre otras consecuencias, conllevará la emergencia de nuevos competidores en la totalidad de los segmentos de la industria de servicios financieros.

La ambición de trenzar ese vínculo entre finanzas sostenibles y el proyecto de la Unión de los Mercados de Capitales deriva también del insuficiente recorrido asignado hasta ahora a esta última iniciativa comunitaria, especialmente desde la concreción del brexit. Y, sin embargo, ese equilibrio entre “bancarización” y protagonismo de los mercados de capitales es de todo punto necesario, desde luego para ese propósito de extender la financiación sostenible, pero no solo.

Habrá que confiar en que el esfuerzo de ese grupo de expertos no quede en agua de borrajas y se pongan en marcha los cambios regulatorios ineludibles, entre otros, los que posibiliten la movilización de la capacidad de captación de fondos privados para las inversiones necesarias. También se reconoce en el informe la importancia de transformar la cultura de algunos sistemas financieros, creando los incentivos necesarios para que ese tipo de inversiones sea posible. La Comisión ya había reconocido en junio pasado, con ocasión de la revisión del plan de acción de la CMU, que sería necesaria “una profunda reingeniería del sistema financiero para que las inversiones se hicieran más sostenibles”, comprometiendo iniciativas tendentes a adecuar la información, los rating crediticios, los estándares contables y los procesos de supervisión a ese propósito. En concreto, se especificaron los deberes de los propietarios de activos y gestores de carteras de “integrar las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza en la toma de decisiones”, de mirar a medio y largo plazo, en definitiva.

Uno de los aspectos más valiosos del informe es el establecimiento de una taxonomía sobre los posibles destinos de los instrumentos de financiación e inversión susceptibles de ser considerados “sostenibles”, entre otros los populares “bonos verdes”. Además de los Green Bond Principales (GBP), definidos en el seno de la International Capital Market Association (ICMA), como guías que han de satisfacer los emisores de ese tipo de bonos, el informe del HLEG concreta aún más, recomendando a la comisión que se introduzca oficialmente un “EU Green Standard (EU GBS)” y un etiquetaje específico para esos instrumentos. Transformaciones todas ellas en la dirección de que esas exigencias medioambientales trasciendan del cortoplacismo al uso que informa a los agentes en la adopción de decisiones de inversión y financiación.

Caben pocas dudas de que, si faltaban razones para verificar la tensión trasformadora de las finanzas, las intenciones europeas contribuyen a fortalecer esa otra dirección por la que van a caminar, la de la sostenibilidad, confiemos que irreversible.

 

El necesario fortalecimiento institucional del área euro

Angel Berges y Víctor Echevarría

Tras la crisis de deuda soberana quedó patente que el área euro no contaba con los mecanismos necesarios para gestionar shocks adversos. Tras el verano de 2012, y en gran medida como corolario del rescate bancario español, se dieron importantes pasos hacia su creación, como la contundente actuación del BCE, sin duda alguna con el visto bueno de los líderes políticos europeos, y los primeros pasos hacia de la unión bancaria. Estos avances se dieron en un contexto de elevada presión por parte de los mercados, que hacía temer por la integridad de área. Actualmente, en un contexto de menor presión y, por tanto, más margen para poder tomar decisiones de carácter estructural, se están debatiendo los próximos pasos hacia una mayor integración. En este sentido, tras la aprobación en 2017 de la Comisión Europea de una hoja de ruta para fortalecer el área euro, en la Euro cumbre del 15 de diciembre de 2017 los jefes de estado y de gobierno acordaron comenzar las negociaciones para profundizar el área euro con el objetivo de que fuese más resistente.

Un primer elemento que se está debatiendo concierne los pasos necesarios para completar la unión bancaria. Hasta la fecha se han completado los dos primeros pilares de la misma: la creación de un mecanismo único de supervisión y un fondo y un mecanismo de resolución. Asimismo, se ha aprobado una directiva de resolución, que debería homogeneizar los procesos de resolución a nivel europeo.

El debate actual reside en la implementación del tercer y último pilar: la creación de un fondo de garantía de depósitos común (EDIS). El EDIS permitirá que los depósitos de un banco en dificultades estén garantizados con un fondo común al conjunto del área euro. La consecuencia sería que cuando se recurra al fondo, el coste lo asumirán todas las entidades europeas y no sólo las entidades del país del banco afectado.

Una ventaja de este esquema es que es que se evitaría que las dificultades de una entidad se trasladasen al soberano de ese país. Un rasgo agravante de la crisis de la deuda soberana en el área euro fue la transmisión de riesgo entre las entidades de crédito y el soberano de un mismo país. Concretamente, un factor que dificultó la capacidad de emitir deuda de los soberanos en la periferia fue precisamente el temor a que la garantía de los depósitos pudiese comprometer la solvencia del soberano. El EDIS mitigaría esta transmisión de riesgo entre el soberano y las entidades.

A pesar de su importancia, las negociaciones para la creación del EDIS son complejas. Algunos países miembros consideran que los avances en supervisión y resolución no han sido suficientes para poder acordar el EDIS. Creen que sin mayores avances en ambos aspectos que garanticen la buena salud de las entidades y eviten que se asuman riesgos excesivos puede existir un problema de riesgo moral, ya que las entidades, sabedoras de que el EDIS garantizará los depósitos, tendrían incentivos para mantener inversores arriesgadas. En particular, hacen hincapié en la necesidad de reducir la morosidad y las tenencias de deuda pública de algunos sistemas financieros. Como se observa en los gráficos 1 y 2, el sistema financiero español ha avanzado de forma notable en ambos aspectos.

A pesar de las ventajas que presenta la unión bancaria, no blindaría completamente a los países del área euro de sufrir una crisis. En un contexto en el que los países han perdido la capacidad de utilizar la política monetaria para estabilizar la economía, ante un shock negativo sería necesario que los países afectados pudiesen activar un mecanismo fiscal centralizado para limitar la profundidad de la crisis. Se trata del segundo elemento del debate.

Este mecanismo fiscal centralizado podría tomar varias formas. Entre las más ambiciosas están aquellas que buscan conseguir que haya una unión de transferencias en el área euro, de forma que los principales elementos del gasto público se financien con un presupuesto común y, por tanto, puedan seguir ejecutándose si el país sufre un shock negativo y una reducción de la recaudación.

Estas iniciativas presentan, para algunos países, dificultades aún mayores que la unión bancaria. En aspectos fiscales los países conservan una elevada autonomía. Consecuentemente, algunos consideran que los problemas de riesgo moral y el incentivo a un endeudamiento excesivo de los gobiernos sería muy elevado si, en caso de dificultades, se asume que los costes serán compartidos con otros países.

En este aspecto, los avances más probables, al menos a corto plazo, se sitúan en una mejora del funcionamiento del mecanismo europeo de estabilidad. Este fondo de rescate se podría convertir en un fondo monetario europeo, dotando de mayor agilidad y predictibilidad a sus decisiones. Se trataría de un pequeño paso que resolvería algunos de los problemas de coordinación que pueden surgir en los rescates en el área euro. Sin embargo, no sería una panacea. La experiencia muestra que en caso de un país con dificultades para garantizar la sostenibilidad de la deuda un programa de rescate no supone la mejora inmediata de las perspectivas económicas.

Europa se encuentra, por tanto, en un momento crucial. Fortalecer el área euro puede evitar o, por lo menos, minimizar el riesgo de que ocurra otra crisis como la de deuda soberana. Un área como la nuestra, en la que los países son heterogéneos, necesita dotarse de estos mecanismos. Si no lo consigue, la próxima vez que nos enfrentemos a dificultades intensas no se dispondrán de mecanismos para mitigar sus efectos.

 

Tendencias en medios de pago 2017: un vistazo al comportamiento de la demanda en España

Daniel Manzano y Verónica López*

 

Desde este blog queremos compartir algunos de los hallazgos de la VII Edición del Informe Indra TECNOCOM sobre Tendencias en Medios de Pago correspondiente al año 2017, informe en el que Analistas Financieros Internacionales viene colaborando desde su primera edición.

Si tuviéramos que conceder un atributo a la evolución de los contenidos de este Informe, que ha mantenido la misma estructura y alcance geográfico en sus siete ediciones (España, Portugal y seis países de América Latina), es precisamente la extensión del perímetro de análisis y el reconocimiento explícito de la transversalidad de los pagos en la actividad económica y relaciones sociales / personales. Hacemos pagos diariamente, sin importar nuestra posición socioeconómica, nivel educativo y ubicación. Estos, y algunos otros factores, determinan no obstante “cómo pagamos”.

Con el propósito de acercarse a los usuarios y entender mejor los condicionantes, motivaciones, preferencias y obstáculos que dan forma a “cómo pagamos” y “cómo cobramos”, este Informe se ha acercado desde el origen al lado de la demanda, heterogénea y diversa en cada uno de los países analizados.  

Las variaciones temáticas de esta séptima edición del Informe se centran, por un lado, en el capítulo monográfico, dedicado al momento de disrupción en pagos en que nos encontramos inmersos como sociedad. La velocidad de los cambios de la tan mentada y omnipresente transformación digital no facilita ver el horizonte con claridad. Por otro, la investigación de demanda se ha realizado entre particulares en su condición de población bancarizada – aquella con cuenta bancaria y/o tarjeta de pago-, abordando temáticas reconocidas como retos actuales del sector: el tránsito de los pagos físicos a los virtuales, las barreras al uso de tarjetas, las exigencias de autenticación reforzada en los pagos remotos, el papel de los nuevos players tecnológicos y la disposición a ceder información de carácter personal. En definitiva, procura despejar nuevos interrogantes de la industria, identificar cuellos de botella que puedan estar frenando la adopción y anticipar las reacciones de los usuarios ante los cambios que se avecinan de la mano de la nueva Directiva sobre Servicios de Pago (PSD2) y Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), fundamentalmente.

En esta entrada nos centramos en algunos de las conclusiones extraídas del para el caso de España, donde el 98% de la población adulta se encuentra bancarizada.

Explorando los patrones de pago de la población, el Informe destaca que siete de cada diez españoles utiliza tres o más medios de pago diferentes para atender sus gastos mensuales, siendo el medio principal el débito directo (o domiciliación bancaria). De hecho, casi la mitad (45%) paga la mayor parte de sus gastos mensuales directamente con cargos en cuenta, uno de cada tres (32%) los paga mediante tarjeta (débito, crédito o prepago) y uno de cada cuatro (23%) aún lo hace con dinero en efectivo.   

Estos hallazgos permiten constatar desde esta perspectiva de demanda, que la presencia y dependencia del efectivo persiste en nuestro país. Es más, si cashless society (sociedad sin efectivo) –término acuñado por MasterCard Advisors y traducido en objetivo de política pública en varios países de nuestro entorno más cercano- es sinónimo de “usado [el efectivo] en último lugar o no usado”, puede afirmarse que España aún no ha iniciado el tránsito hacia una sociedad no dependiente del efectivo.

Barreras de los establecimientos comerciales al pago con tarjeta

Consultados los titulares de tarjetas en España acerca de la facilidad o dificultad que enfrentan cuando quieren realizar pagos en comercios con su tarjeta de pago, una mayoría manifiesta experimentar al menos alguna vez como limitación que el comercio no acepta el pago con tarjeta. Que la entidad cobradora (comercio) no permita pagar cantidades muy pequeñas con tarjeta es visto como un obstáculo de alguna intensidad por tres de cada cuatro españoles. Este hallazgo contrasta con el uso de esas mismas tarjetas en los actos de compra online, para los que el 84% de españoles declara no encontrar nunca o casi nunca dificultades o inconvenientes para utilizar su tarjeta. La incidencia de barreras al pago con tarjeta son por tanto menores en la modalidad online del comercio que en la modalidad física (establecimientos a pie de calle).

Uno de cada tres compradores online españoles declara comprar online todos los meses. Preguntados acerca del uso que hacen de los distintos sistemas de autenticación de doble factor habilitados en este tipo de compras, se constata que los mensajes de texto (SMS) con clave específica a introducir en la operación de pago son el mecanismo de autenticación remota más utilizado (el 90% los utiliza), seguido de las tarjetas de coordenadas (63%). El uso del token –dispositivo que genera claves automáticamente cuando se va a realizar un pago- es minoritario (1 de cada 5) y los sistemas biométricos –huella digital, reconocimiento facial, iris, voz- son aún muy incipientes (apenas un 5% de los compradores declaran utilizarlos).

Los compradores online otorgan más importancia a la seguridad que a la incomodidad que supone el uso de los mecanismos de autenticación reforzada por el alto grado de tolerancia que declaran de forma mayoritaria (67%). No obstante, tres de cada diez compradores online las considera incómodas y/o evitables, mientras que uno de cada diez considera que son insuficientes. Este hallazgo es interesante en la medida en que PSD2 trae consigo novedades regulatorias en este sentido.

Sobre el crecimiento del sector fintech y la transformación de gigantes tecnológicos en nuevos proveedores de servicios de pago, es interesante anticipar que la disposición a contratar servicios y productos financieros con compañías tecnológicas es reducida en España (en el mejor de los casos, se muestran bastantes o muy dispuestos el 8% de los compradores online entrevistados). En relación a la inminente entrada en vigor del RGPD, a la fecha de la recogida de la información (junio-julio 2017), la disposición a ceder información personal a cambio de mejores condiciones en productos y servicios era también baja (entre el 2,5% y el 7,5%), aunque algo mejor hacia los bancos que hacia las compañías tecnológicas.

La conclusión que subyace en muchos de los ámbitos analizados en el Informe es que pareciera que la combinación de regulación e innovación impulsa indudablemente a la oferta a una carrera de fondo sin precedentes. Ahora bien, no dirige sus esfuerzos, o lo hace de forma muy tímida, al lado de la demanda – los que pagan y los que cobran. En un mercado la demanda es tanto o más importante que la oferta y, según lo señalado, persiste la preferencia (o dependencia) por el efectivo, el desconocimiento o desinterés por las nuevas soluciones de pago, así como una cierta desorientación ante una oferta saturada y poco diferenciable.

(*) Coordinadora del Informe Indra Tecnocom sobre Tendencia de Medios de Pago 2017