Es urgente mejorar nuestras competencias financieras

Verónica López (*)

Hoy sabemos más, mucho más, acerca del nivel de desempeño de la población española en materia de educación financiera, gracias a la Encuesta de Competencias Financieras elaborada por el Banco de España con la colaboración del INE en el marco del Plan de Educación Financiera, cuyos resultados están disponibles aquí. Esta encuesta forma parte de un proyecto internacional impulsado desde hace años por la OCDE y cada resultado arroja lecciones que habrán de ser consideradas por todos aquellos agentes que estamos involucrados, comprometidos o somos responsables, de uno u otro modo, de la mejora de dichas competencias.

La encuesta mide el conocimiento y comprensión de conceptos financieros de la población adulta (18 - 79 años), a partir de una muestra representativa de todo el territorio nacional y de cada comunidad autónoma (cuyo análisis obviamos por cuestión de espacio en este blog), conformada por 21.221 personas. También mide la tenencia, adquisición y uso de distintos instrumentos financieros, ya sean de ahorro, deuda y/o seguro. Por último, la encuesta procura establecer una métrica sobre la situación de vulnerabilidad económica que presentan los hogares españoles, esto es, qué capacidad tienen de disponer de recursos ante situaciones imprevistas de pérdida de ingresos.

Tres son las preguntas básicas que ayudan a evaluar el conocimiento financiero de la población, utilizadas estas en diversos estudios internacionales, y relacionadas los conceptos de (i) inflación, (ii) tipo de interés compuesto y (iii) diversificación del riesgo. Mientras que el 58% responde correctamente a la pregunta planteada sobre la inflación, menos del 50% lo hace con las otras dos. El desempeño difiere en función del género (las mujeres muestran menor porcentaje de respuestas correctas, en torno a 10 puntos porcentuales menos que los hombres), nivel educativo alcanzado y edad de la persona entrevistada, si bien en este último caso en función del concepto preguntado: la inflación y sus efectos la entienden mejor los adultos de más edad.

Es también muy importante detectar el grado de conocimiento de los productos financieros básicos que se encuentran disponibles a la población para su adquisición, tales como: instrumentos de pago (tarjetas de débito y crédito), de ahorro (cuentas de ahorro, imposiciones a plazo, activos de renta fija), o seguros (de vida, etc.).  Y junto al conocimiento, el acceso, tenencia y uso que de ellos hacen.

España se caracteriza, y esta encuesta viene a corroborar, que el acceso y tenencia del producto financiero más básico – la cuenta corriente- es prácticamente universal, como así reconocen el 97% de los individuos, si bien este porcentaje baja al 94% entre aquellos que viven en hogares con rentas inferiores a los 14.500 euros. Tras la cuenta corriente, el producto financiero más común es la tarjeta de crédito, declarada por el 56% de los individuos.

Distinta es la relación con los productos de ahorro, que crece con el nivel educativo y la renta del hogar: solo el 43% de los individuos declaran poseer un vehículo de ahorro – ya sea una cuenta de ahorro (26%), plan de pensiones (20%, si bien en el tramo de edad de 45 a 65 años asciende a uno de cada tres), fondos de inversión o acciones (13%) y/o activos de renta fija (1%). Si analizamos los seguros, 3 de cada 10 individuos declara tener uno de vida, llegando al 45% para el rango de edad 35-54 años. En cuanto al endeudamiento, el 41% de la población tiene alguna deuda, siendo este mayor en individuos de 35 a 44 años.

Los anteriores patrones de tenencia de productos financieros varían también en función de la composición del hogar: quienes residen con otros adultos que no son su pareja tienen una menor probabilidad de tener productos de ahorro, deudas o tarjetas de crédito que aquellos que viven con su pareja o que no conviven con otros adultos.

El 38% de la población ha adquirido (de forma individual o conjunta) algún producto financiero en los dos años anteriores a la celebración de la encuesta, predominando la tarjeta de crédito (16%), préstamos personales (14%) y cuenta de ahorro (11%). Las fuentes de información utilizadas por los individuos a la hora de adquirir sus productos financieros son fundamentalmente la propia entidad financiera que oferta el producto (para dos de cada tres); los comparadores apenan los utiliza de forma relevante el 12% de los que han adquirido algún producto en los últimos dos años.

El 61% de los individuos entrevistados declaran haber ahorro en los 12 meses anteriores a la encuesta. El método más frecuente (63%) es la acumulación de fondos en la cuenta corriente, y solo el 14% y el 11% utiliza cuenta de ahorro y plan de pensiones respectivamente. Pero el 38% de los que ahorran lo hacen en efectivo, ascendiendo al 53% en el caso de los desempleados o inactivos.

La inclusión financiera se observa también en los modos de financiación de los gastos cuando estos exceden los ingresos: un 28% de los individuos viven en hogares cuyos gastos han excedido a sus ingresos en los 12 meses anteriores. La mitad de ellos financió el déficit con ahorros; el 35% recurrió a amigos o familiares – más común en los grupos de rentas más bajas-, el 13% amplió líneas de crédito existentes con entidades financieras (incluido recurso a tarjeta de crédito) y el 9% contrató nuevos préstamos). El aplazamiento de pagos o los descubiertos no autorizados con tarjeta de crédito fueron utilizados por el 15% de los que se encuentran en dicha situación deficitaria.

Es notoria la presencia de vulnerabilidad económica, habida cuenta de que casi uno de cada cuatro individuos (22%) vive en hogares que, en la eventualidad de perder su fuente principal de renta, tienen capacidad de mantener su nivel de gasto por un periodo inferior al mes. El porcentaje asciende a uno de cada tres en hogares con nivel de renta inferior a 14.500 euros.

(*) Consultora del Área de Economía Aplicada de Afi

Medir el bienestar en la era digital

Pablo Hernandez (*)

El fenómeno de la digitalización ha despertado un enorme furor en los últimos años. Raro es el mes –a veces, la semana- que no se celebra algún congreso o jornada cuyo leitmotiv es la transformación digital. En ocasiones, como parte de la estrategia de difusión de un último informe de interés elaborado por alguna institución o casa de análisis. Otras, como alternativa para reunir a distintos expertos que aborden algún debate sobre sus efectos en un ámbito o materia concreta.

Sin lugar a dudas, es un interés justificado, pues la sociedad es hoy juez y parte de una revolución tecnológica a la altura de otras bien conocidas en la historia contemporánea. Nuestra manera de relacionarnos y de producir y consumir bienes y servicios ha cambiado de manera difícilmente reversible desde que se expandiese Internet a comienzos del siglo XXI. Está cambiando, de hecho, en una suerte de cambio estructural o proceso de “destrucción creativa” á la Schumpeter, cuya hondura es aún difícil de precisar y su horizonte más complejo aún, si cabe, de escrutar.   

En la era digital las ideas han sustituido progresivamente a las cosas, los bits a los átomos; en definitiva, lo antes material pasa a ser ahora intangible. Muchos bienes y servicios han reducido su coste de producción de manera fulminante, hasta convertirse incluso en bienes de “coste marginal” nulo –free goods, en terminología anglosajona- cuyo precio de mercado se aproxima a cero. Baste nuestra propia experiencia cotidiana para evidenciar el alcance de este upgrade tecnológico con ejemplos tan palpables como las comunicaciones, el comercio electrónico, la banca digital, los medios de comunicación o el sector audiovisual, entre otros muchos. En resumen, los desarrollos ulteriores de Internet han derivado grandes cotas de bienestar para la sociedad en múltiples dimensiones.

No obstante, si bien estos avances en nuestro nivel de vida son bien perceptibles a título individual, su reflejo a escala colectiva apenas es captado por las estadísticas oficiales. Las métricas convencionales utilizadas para aproximar el bienestar que todavía prevalecen en el análisis económico -el PIB, el PIB por habitante o la productividad- no reflejan adecuadamente la contribución al bienestar del consumo de bienes no rivales como son, por lo general, los digitales. La razón estriba en la propia naturaleza del PIB, que por “construcción” recoge exclusivamente aquellas transacciones que circulan por el mercado.

Un buen ejemplo ilustrativo lo constituye la experiencia de la industria musical. Desde la irrupción de nuevas plataformas –Youtube, Spotify, iTunes, etc.- la oferta accesible para el consumidor en streaming es infinitamente mayor. Se escucha más música que nunca y a coste marginal irrisorio. La calidad de la música tampoco se ha reducido, si damos por válidas las conclusiones de estudios académicos que han abordado esta cuestión. De aquí podría inferirse que los consumidores son más “felices”. Sin embargo, si uno se atiene al Valor Añadido Bruto generado por la industria en las últimas dos décadas, la lectura es diametralmente distinta. A juzgar por la evolución de la facturación del sector, el bienestar de los consumidores podría incluso haberse reducido durante varios periodos. En definitiva, la penetración de los bienes y servicios digitales ha agudizado el viejo cuestionamiento del PIB como medida de bienestar.

Fuente: Afi

El propio Simon Kuznets -responsable destacado de la extensión de los sistemas de contabilidad nacional en los años treinta del s. XX junto a Richard Stone- ya advertía de sus limitaciones cuando afirmaba que “el bienestar de una nación apenas puede deducirse por la medición del ingreso nacional”. Por otra parte, en 1987, el mismo año en que era distinguido con el Premio Nobel de Economía por sus aportaciones en el campo de la teoría del crecimiento, Robert Solow enunciaba una curiosa paradoja acerca del impacto económico del progreso tecnológico vinculado a la computación en EE.UU. en la década de los 70 y 80: “La era de la informática está por todas partes, salvo en las estadísticas de productividad”.

Más adelante, Sen y Stiglitz, en un informe encargado por la administración Sarkozy en 2009, señalaban que si bien los tradicionales inconvenientes inherentes al PIB para la medición del bienestar se habrían agravado como consecuencia de la aparición de Internet, los avances en economía y técnicas estadísticas deberían de otorgar oportunidades para la exploración de nuevas métricas.

En ese espíritu, Brynjolfsson, Eggers y Gannamaneni han publicado hace escasos meses un trabajo que persigue precisamente explorar el potencial de nuevas tecnologías de extracción de información a bajo coste -encuestas masivas online- para aproximar la utilidad que proporcionan bienes y servicios digitales ocultos en el PIB.  Partiendo de un enfoque micro clásico de análisis de bienestar, estiman curvas de demanda de bienes digitales con modelos de elección discreta y cuantifican el excedente del consumidor asociado a diversos servicios digitales, entre los que figura, por ejemplo, Facebook (plataforma para la que estiman 450 dolares anuales en concepto de excedente por consumidor en EE.UU.).

A pesar de incorporar ciertos sesgos y precisar futura sofisticación –como reconocen los propios autores- la lectura que cabe extraer es que las nuevas tecnologías no solo han irrumpido transformando los fundamentales de nuestras economías. También han abierto un amplio campo de experimentación para complementar la manera en que medimos el bienestar en la era digital, más allá del PIB (al que, más allá de su vigente utilidad, se le debe seguir reconociendo como uno de los grandes inventos del s. XX y un hito fundamental en la historia de la ciencia económica).

(*) Consultor del Área de Economía Aplicada de Afi 

Hacia una UEM más solidaria

Con ocasión de la Cumbre del euro prevista para finales de este mes, en la cual deben adoptarse importantes decisiones para la profundización de la unión económica y monetaria (UEM), la Comisión Europea (CE) ha propuesto dos nuevos mecanismos para intentar conseguir una mayor solidaridad entre sus miembros, en un intento de corregir una de las principales deficiencias que presenta la UEM desde su inicio.

Ambas propuestas se enmarcan en las siempre difíciles negociaciones sobre el presupuesto de la Unión Europea (UE) a largo plazo, en este caso para el período 2021-2027, que en último término debe ser aprobado por los dos colegisladores, Parlamento Europeo y Consejo de la UE. En todo caso, en este post nos interesa destacar la novedad y los principios que suponen dichas propuestas, a las que debemos calificar de entrada de cortas en cuanto al potencial financiero con que han sido dotadas, aunque a más de un lector le puedan parecer cantidades elevadas.

La CE propone la creación de un Programa de Apoyo a las Reformas (PAR), COM(2018) 391, y de una Función Europea de Estabilización de las Inversiones (FEEI), COM(2018) 387*, que combinan la solidaridad y la responsabilidad entre los países afectados, dando carta de naturaleza al área euro en el presupuesto a largo plazo de la UE. A fin de cuentas, con el Brexit, el PIB del área se situará en torno al 85% del total de la UE.

El PAR ofrecerá asistencia a las reformas prioritarias en todos los Estados miembros de la UE, con un presupuesto global de 25.000 millones €. Incluye tres instrumentos separados y complementarios:

• Un Instrumento Operativo de Reforma para proporcionar apoyo presupuestario a las reformas clave señaladas en el contexto del Semestre Europeo, con una dotación de 22.000 millones € de euros para todos los Estados miembros.

• Un Instrumento de Apoyo Técnico para ayudar a los Estados miembros a diseñar y aplicar reformas y mejorar su capacidad administrativa, con un presupuesto de 840 millones €.

• Un Instrumento de Convergencia con una dotación de 2.160 millones € que ofrecerá apoyo financiero y técnico específico a los Estados miembros que hayan logrado avances demostrables encaminados a la adopción del euro, por lo que no es de interés para España.

El PAR respaldará la aplicación de reformas en ámbitos tales como los mercados de trabajo y de productos, la educación, los sistemas tributarios, los mercados de capitales, el entorno empresarial, la inversión en capital humano y las reformas de la Administración Pública.

La FEEI contribuirá a la estabilización de los niveles de inversión pública y facilitará la rápida recuperación económica en caso de perturbaciones económicas importantes en los Estados miembros de la zona del euro y en los que participen en el mecanismo europeo de tipos de cambio (MTC II). Con sujeción a criterios estrictos acordes con políticas macroeconómicas y fiscales sólidas, podrán movilizarse rápidamente préstamos por un importe máximo de 30.000 millones €, junto con una bonificación de intereses para cubrir su coste.

Para esto último se creará un nuevo Fondo de Apoyo a la Estabilización que recaudará contribuciones de los Estados miembros equivalentes a un porcentaje de sus ingresos monetarios derivados de los activos en su poder a cambio de los billetes de banco que proporcionen (el denominado señoreaje). Los ingresos de este fondo se asignarán al presupuesto de la UE para conceder bonificaciones de intereses a los Estados miembros que cumplan las condiciones de admisibilidad.

Esta función complementará las herramientas existentes a nivel nacional y europeo destinadas, por un lado, a prevenir la aparición de crisis, entre las que destaca el Semestre Europeo y la correspondiente financiación de la UE, y, por otro, a hacer frente a las situaciones de dificultad financiera, mediante el Mecanismo Europeo de Estabilidad y ayudas a la balanza de pagos. No cabe duda que la FEEI es el mecanismo más novedoso y puede ser el más potente de los propuestos, motivo por el cual acompañamos un esquema sobre su funcionamiento previsto.

Estos instrumentos se complementan y operarán en plena sinergia con las prioridades de reforma señaladas en el contexto del Semestre Europeo de coordinación de las políticas económicas, así como con otros instrumentos de financiación de la UE en favor del empleo, el crecimiento y la inversión, como los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, el nuevo Fondo InvestEU –propuesto por la CE ayer, COM(2018) 439, que persigue agrupar en una misma estructura la financiación del presupuesto de la UE en forma de préstamos y garantías– y el Mecanismo Conectar Europa.

Y es que el presupuesto de la UE puede parecer pequeño, lo es y mucho, frente a otras referencias comparables como pueden ser estados federales, Estados Unidos, Canadá, Suiza, etc., pero históricamente se ha materializado en un conjunto de mecanismos que han ido cubriendo necesidades específicas, y ahora estamos ante un caso de ampliación significativa de dichas necesidades.

No se trata tanto de mirar la botella medio vacía o medio llena, según se prefiera, sino recordar lo que han supuesto para la modernización de nuestro país los fondos estructurales y los de cohesión desde nuestra adhesión a las Comunidades Europeas en 1986. No digamos el más reciente rescate de nuestro sistema bancario. En este sentido, al margen de los detalles técnicos, tenemos todas las razones para defender que los nuevos mecanismos propuestos por la CE se pongan pronto en marcha y sean utilizados por los países que los necesiten.

* Disponible en español