(*) Pablo Hernández
Es difícil encontrar precedentes históricos en los que la política de competencia haya adquirido la importancia que hoy reviste para el devenir de las economías europeas. Varios motivos se entrelazan para explicar la creciente atención[1] que se está prestando a cómo enfocar y mejorar las actuaciones de regulación y vigilancia de los mercados.
El proyecto europeo de moneda única supuso para los países de la Eurozona la renuncia a la política monetaria y al control de los tipos de cambio. Sin estas dos palancas de política económica, las medidas estructurales de oferta cobran un protagonismo medular para impulsar la competitividad, en un contexto de pérdida de pujanza de las economías europeas en el ámbito internacional. Así, junto a la política industrial, la política de competencia adquiere una importancia esencial para establecer bases sólidas de crecimiento de la productividad, que ha dibujado una trayectoria relativamente plana en el conjunto de la Unión Europea -y particularmente en el caso español- en las últimas dos décadas.
Por otra parte, la integración global de los mercados y el tsunami tecnológico del que estamos siendo testigos de excepción -Internet y la digitalización- han cambiado los fundamentos y las lógicas de configuración de muchos sectores. La emergencia de market places digitales que intermedian de manera bilateral o multilateral han reducido sensiblemente numerosas barreras de entrada y costes de transacción, alimentando notables eficiencias en la provisión de ciertos bienes y servicios que se intercambian a un precio muy reducido (los contenidos audiovisuales en streaming constituyen un buen ejemplo). Los consumidores se enfrentan de manera creciente a una oferta masiva, y los avances en algoritmia y tratamiento de datos permiten soluciones personalizadas que minimizan el coste de búsqueda o “atención” del usuario. Por último, han contribuido a mitigar fallos de mercado derivados de asimetrías informativas que habrían justificado hasta ahora la intervención pública. Así, los marcos regulatorios de muchas actividades -taxi, alojamiento, comercio, por citar solo algunos ejemplos- han quedado obsoletos como consecuencia del cambio de paradigma.
No obstante, de la mano de las externalidades de red y las economías de escala alcanzables crecen los incentivos a seguir estrategias de consolidación para la expansión de las redes, materializadas en muchas ocasiones por la vía de procesos de fusión o adquisición. Esta ha sido la pauta descrita hasta el momento. Ejemplos recientes, como la compra de Whatsapp por parte de Facebook o la de LinkedIn por parte de Microsoft son expresivos de esta dinámica, que ha dado lugar a un escenario en el que algunos operadores han alcanzado una considerable posición de dominio a escala internacional y un papel de intermediario crítico para sus rivales (papel guardián). Y es que el equilibrio eficiente de los mercados digitales se determina habitualmente en pocos operadores (a veces solo uno, cuando se reúnen condiciones naturales de monopolio). En este sentido, la elevación de barreras de entrada basadas en la acumulación de datos y generación de redes de gran tamaño de usuarios cautivos (efectos de bloqueo) puede dar lugar a conductas anticompetitivas como la discriminación de precios, restricciones verticales, abuso de posición de dominio por exclusión o el freno a la innovación. No solo en el ámbito concreto de las plataformas, sino también en los mercados adyacentes o afectados por la intermediación multilateral de las mismas.
Así pues, la política de competencia afronta hoy importantes desafíos. La complejidad que entraña hoy discernir las dimensiones de los mercados digitales, que se definen de manera endógena y dinámica en función del comportamiento de los operadores (la innovación en la creación o la expansión a nuevos mercados) y la interdependencia y retroalimentación de efectos directos e indirectos entre productos y areas geográficas, precisará de un replanteamiento de los instrumentos analíticos de caracterización de las estructuras y evaluación de las conductas. Indicadores habitualmente utilizados, como las cuotas de mercado o los márgenes, pueden no ser informativos del poder ejercido por operadores dominantes. En este sentido, las plataformas digitales pueden encontrar el óptimo, por ejemplo, con estructuras de precios en los que alguno de los lados que intermedian presente precio nulo o por debajo del coste marginal. Posiblemente deban ser acompañados crecientemente por otros parámetros que evalúen el grado de tensión competitiva y el carácter expugnable de los mercados, pues las eficiencias se generan con mayor concentración, pero solo la amenaza real de entrada corrige o disciplina los incentivos a las conductas anticompetitivas del operador establecido. Por consiguiente, la presencia de barreras de entrada, disponibilidad de alternativas para llegar a usuarios finales, efectos de bloqueo, o el grado de innovación pasan a tener un relevante papel a la hora de estimar daños al bienestar.
Otro de los retos será avanzar en una coordinación más regular y profunda de las autoridades nacionales de competencia, para el tratamiento de casos que involucren a distintas jurisdicciones, de manera que disminuya la fragmentación de la actividad supervisora tal y como está reduciéndose la de los propios mercados.
En resumen, una mala ejecución de la política de competencia podría cercenar el indiscutible avance que los mercados digitales están derivando al tejido productivo y a la sociedad en su conjunto. Asimismo, de la calidad de la regulación dependerá en buena medida que se aprovechen las oportunidades que el progreso tecnológico proporciona para el avance de la productividad y el bienestar económico.
[1] La Comisión Europea ha lanzado una iniciativa de consulta a un panel de asesores externos y stakeholders para discutir sobre el diseño y la ejecución de la política de competencia en la era digital.
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