Dinámica de la actividad aseguradora en el mundo (*)

 

Las primas ingresadas por el sector seguros a nivel mundial alcanzan una cifra cercana a los 5 billones de dólares en 2017 (Graficos 1 y 2), según el tradicional informe anual sobre la actividad aseguradora mundial[1] que realiza el Swiss Re Institute. Su crecimiento anual en términos reales (descontada inflación) fue este pasado año del 1,5%, similar a la tasa media anual del 1,4% de la década 2007-16. Como es bien conocido, en este último periodo impactó de manera notable la crisis económica y financiera reciente, por lo que dichas tasas reales de crecimiento recientes (Cuadro 1) son relativamente bajas cuando se visualizan con cierta perspectiva histórica.

Un segundo hecho destacable es que ese cierto agotamiento de la capacidad de expansión del negocio en los últimos años en los países avanzados es compensado por un gran dinamismo en los países emergentes (+10% en 2017 y 8,4% en media 2007-16), con un claro liderazgo de China (+21% en 2017) dentro de este grupo. China representa la mitad del negocio de este conjunto de países y es ya, tras Estados Unidos, el segundo mercado asegurador del mundo por volumen de primas. Frente a las emergentes, las economías avanzadas definen una situación de práctico estancamiento en términos reales (-0,6% y 0,3% respectivamente) lastradas por el comportamiento del negocio de vida. A pesar del mucho mayor crecimiento relativo del negocio de seguros en las economías emergentes, las economías avanzadas acumulan no obstante todavía casi el 80% del total de primas emitidas.

Esto es congruente con que la ratio de penetración del seguro (primas/PIB) que alcanza el 7,8% en dichas economías, sea más del doble (Gráfico 3) que la ratio de las emergentes (3,3%). Bien es cierto que en un contexto en el que dicho gap se viene estrechando de manera continuada y significativa en los últimos años, fenómeno tanto más reseñable por cuanto las tasas de avance del PIB son muy superiores en las economías emergentes. En otras palabras, la elasticidad de la variación de las primas a la del PIB es notablemente mayor en las economías emergentes que en las avanzadas. Esto es consecuente con los inferiores niveles de renta per cápita en los primeros, y la evidencia empírica de que la densidad y penetración del seguro aumentan (al menos hasta un punto) con los niveles de renta de un país (Gráfico 4).

Gráficos 1 y 2: Evolución de las primas de seguro directo en el mundo en millones de dólares.

Fuente: Sigma world insurance database. 2017 Swiss Re Economic Research & Consulting.

 

Cuadro 1: Desarrollo de los principales mercados de seguros en 2017

Fuente: Sigma world insurance database. 2017 Swiss Re Economic Research & Consulting.

        Gráfico 3: Evolución de la penetración (primas/PIB)  en vida y no vida por áreas 1980-2017
Economías avanzadas (izda) y Economías emergentes (dcha)

Fuente: Swiss Re Institute

    Gráfico 4: Crecimiento de las primas de vida y no vida frente al crecimiento del PIB en términos reales (media móvil de 7 años)
Economías avanzadas (izda) y Economías emergentes (dcha)

Fuente: Swiss Re Institute

Un último aspecto significativo es que el segmento de No vida sigue manteniendo globalmente un crecimiento en primas más pujante (2,8% en 2017 y 2,1% en 2007-16) que vida (0,5% y 0,9% respectivamente), manteniéndose en los dos ramos el mismo patrón de comportamiento diferencial entre economías emergentes y avanzadas antes señalado.

En la baja pulsación reciente del negocio de vida en los países desarrollados ha impactado también el escenario de bajos tipos, prolongado en el tiempo, que trae causa de la propia crisis económica. Cabe hacer la observación, sin embargo, que su potencial de desarrollo puede ser importante en el contexto venidero de incapacidad de los sistemas públicos de pensiones para dar respuesta suficiente al déficit de ahorro previsional que el marco demográfico, con bajas tasas de natalidad y una longevidad creciente, impone a las economías avanzadas.

En el caso del ramo de No vida, más allá de su crecimiento natural ligado a la actividad económica, los “nuevos riesgos” asociados a la innovación, a la intensificación tecnológica y a la digitalización, o al cambio climático podrían ser fuente de una expansión de la actividad aseguradora, en cierta medida “disruptiva” como aconteció en otras situaciones históricas (e.g. irrupción del automóvil).

 

(*) Esta entrada del blog reproduce parcialmente el análisis realizado en un artículo recientemente publicado en la revista “Spanish Economic and Financial Outlook” editada por Funcas

[1] “World insurance in 2017: solid, but mature life markets weigh on growth”, Sigma 3/2018, Swiss Re Institute

Desafíos para la política de competencia (*)

(*) Pablo Hernández

 

Es difícil encontrar precedentes históricos en los que la política de competencia haya adquirido la importancia que hoy reviste para el devenir de las economías europeas. Varios motivos se entrelazan para explicar la creciente atención[1] que se está prestando a cómo enfocar y mejorar las actuaciones de regulación y vigilancia de los mercados.

El proyecto europeo de moneda única supuso para los países de la Eurozona la renuncia a la política monetaria y al control de los tipos de cambio. Sin estas dos palancas de política económica, las medidas estructurales de oferta cobran un protagonismo medular para impulsar la competitividad, en un contexto de pérdida de pujanza de las economías europeas en el ámbito internacional. Así, junto a la política industrial, la política de competencia adquiere una importancia esencial para establecer bases sólidas de crecimiento de la productividad, que ha dibujado una trayectoria relativamente plana en el conjunto de la Unión Europea -y particularmente en el caso español- en las últimas dos décadas.

Por otra parte, la integración global de los mercados y el tsunami tecnológico del que estamos siendo testigos de excepción -Internet y la digitalización- han cambiado los fundamentos y las lógicas de configuración de muchos sectores. La emergencia de market places digitales que intermedian de manera bilateral o multilateral han reducido sensiblemente numerosas barreras de entrada y costes de transacción, alimentando notables eficiencias en la provisión de ciertos bienes y servicios que se intercambian a un precio muy reducido (los contenidos audiovisuales en streaming constituyen un buen ejemplo). Los consumidores se enfrentan de manera creciente a una oferta masiva, y los avances en algoritmia y tratamiento de datos permiten soluciones personalizadas que minimizan el coste de búsqueda o “atención” del usuario. Por último, han contribuido a mitigar fallos de mercado derivados de asimetrías informativas que habrían justificado hasta ahora la intervención pública. Así, los marcos regulatorios de muchas actividades -taxi, alojamiento, comercio, por citar solo algunos ejemplos- han quedado obsoletos como consecuencia del cambio de paradigma.

No obstante, de la mano de las externalidades de red y las economías de escala alcanzables crecen los incentivos a seguir estrategias de consolidación para la expansión de las redes, materializadas en muchas ocasiones por la vía de procesos de fusión o adquisición. Esta ha sido la pauta descrita hasta el momento. Ejemplos recientes, como la compra de Whatsapp por parte de Facebook o la de LinkedIn por parte de Microsoft son expresivos de esta dinámica, que ha dado lugar a un escenario en el que algunos operadores han alcanzado una considerable posición de dominio a escala internacional y un papel de intermediario crítico para sus rivales (papel guardián). Y es que el equilibrio eficiente de los mercados digitales se determina habitualmente en pocos operadores (a veces solo uno, cuando se reúnen condiciones naturales de monopolio). En este sentido, la elevación de barreras de entrada basadas en la acumulación de datos y generación de redes de gran tamaño de usuarios cautivos (efectos de bloqueo) puede dar lugar a conductas anticompetitivas como la discriminación de precios, restricciones verticales, abuso de posición de dominio por exclusión o el freno a la innovación. No solo en el ámbito concreto de las plataformas, sino también en los mercados adyacentes o afectados por la intermediación multilateral de las mismas.

Así pues, la política de competencia afronta hoy importantes desafíos. La complejidad que entraña hoy discernir las dimensiones de los mercados digitales, que se definen de manera endógena y dinámica en función del comportamiento de los operadores (la innovación en la creación o la expansión a nuevos mercados) y la interdependencia y retroalimentación de efectos directos e indirectos entre productos y areas geográficas, precisará de un replanteamiento de los instrumentos analíticos de caracterización de las estructuras y evaluación de las conductas. Indicadores habitualmente utilizados, como las cuotas de mercado o los márgenes, pueden no ser informativos del poder ejercido por operadores dominantes. En este sentido, las plataformas digitales pueden encontrar el óptimo, por ejemplo, con estructuras de precios en los que alguno de los lados que intermedian presente precio nulo o por debajo del coste marginal. Posiblemente deban ser acompañados crecientemente por otros parámetros que evalúen el grado de tensión competitiva y el carácter expugnable de los mercados, pues las eficiencias se generan con mayor concentración, pero solo la amenaza real de entrada corrige o disciplina los incentivos a las conductas anticompetitivas del operador establecido. Por consiguiente, la presencia de barreras de entrada, disponibilidad de alternativas para llegar a usuarios finales, efectos de bloqueo, o el grado de innovación pasan a tener un relevante papel a la hora de estimar daños al bienestar.

Otro de los retos será avanzar en una coordinación más regular y profunda de las autoridades nacionales de competencia, para el tratamiento de casos que involucren a distintas jurisdicciones, de manera que disminuya la fragmentación de la actividad supervisora tal y como está reduciéndose la de los propios mercados.

En resumen, una mala ejecución de la política de competencia podría cercenar el indiscutible avance que los mercados digitales están derivando al tejido productivo y a la sociedad en su conjunto. Asimismo, de la calidad de la regulación dependerá en buena medida que se aprovechen las oportunidades que el progreso tecnológico proporciona para el avance de la productividad y el bienestar económico.

 

[1] La Comisión Europea ha lanzado una iniciativa de consulta a un panel de asesores externos y stakeholders para discutir sobre el diseño y la ejecución de la política de competencia en la era digital.

Un esquema público innovador para financiar proyectos de eficiencia energética

Hace unos meses abordábamos distintas opciones para mejorar el atractivo de los proyectos de eficiencia energética. Pero hoy cabe hablar de un instrumento no mencionado entonces que parece que cambiará la dinámica en Europa, como ya lo ha hecho en Estados Unidos. Nos referimos al programa PACE (Property Assessed Clean Energy Programs), que en breve iniciará una primera prueba piloto en Europa, en concreto en el municipio de Olot (Girona).

 

El programa PACE ha demostrado que favorece el desarrollo de proyectos de inversión asociado a “algunos” activos físicos, principalmente edificios, permitiendo a sus propietarios financiar la mejora energética -reducción de consumo o generación mediante energía renovable- mediante pequeñas cuotas a abonar a lo largo de un largo periodo de tiempo. A priori, dicho esquema parece asociado a un préstamo tradicional a largo plazo sino fuera porque la deuda no queda asociada al propietario, sino que la devolución del préstamo está vinculada al bien en si mismo, cualquiera que sea su propietario en cada momento.

Dicha estructura se basa, en primer lugar, en la capacidad del sector público -ayuntamientos o regiones- para constituir un instrumento financiero de préstamos dotado por medio de la emisiones de los llamados bonos PACE, fondos propios y/o aportaciones de inversores privados que quieren participar en dichos esquemas de financiación -normalmente en estos casos con cobertura pública en caso de primera pérdida-

La disponibilidad financiera generada permite financiar las inversiones de los propietarios sin coste inicial ni desembolso alguno para ellos, pero a la vez desarrollar las mejoras convenientes en el edificio que permita generar futuros ahorros en cuanto al coste energético de los mismos.

El pago de la deuda se suele articular en un periodo de tiempo elevado – normalmente de entre 5 y 25 años según la tipología de la inversión realizada- mediante el pago, en la mayoría de los casos, de un recargo en el impuesto de bienes inmuebles (denominado owners’ property tax en Estados Unidos), asegurando con ello el repago de la deuda contraída.

La asignación de la deuda al activo permite que, en caso de que la propiedad del mismo cambie, ésta se transfiera con el mismo facilitando con ello la asignación de pagos “asegurados” durante un periodo amplio de años, de forma que los ahorros resultantes cubran en gran medida los costes iniciales.

Iniciado en 2008 en el estado de California de forma experimental fue expandiéndose progresivamente hasta alcanzar (en el ámbito residencial) un acumulado de más de 220.000 viviendas mejoradas, cuya estimación alcanza los 5.000 millones de dólares de inversión y más de 42.000 empleos creados.

La clave del éxito de este esquema parece estar en su capacidad para dar solución a los típicos problemas que los proyectos de mejora energética en los edificios –eficiencia o implantación de renovables- presentan.

En general, se trata de proyectos con una rentabilidad segura (reducción de los costes de mantenimiento), pero con un alto periodo de maduración (salvo excepciones, proyectos de más de 10 ó 20 años). Los altos plazos de amortización unidos a algunos requerimientos de inversión en capital fijo elevados, convierten estos proyectos en operaciones de riesgo medio lo que complica su financiación mediante deuda tradicional, no así mediante el pago de cuotas adicionales asociadas al ahorro potencial generado por las inversiones si estas se pueden garantizar de alguna manera como así se consigue al vincular la deuda al bien y no al propietario.

Se trata, asimismo, de proyectos cuyo entendimiento por parte del sector financiero no es sencillo de evaluar puesto que se basa en un conocimiento de estimaciones previas cuya comprensión no es siempre fácil dada la escasa capacidad y experiencia de los intermediarios financieros en este tipo de proyectos, en definitiva, tenemos un clásico problema de agencia entre principal y agente. Problema éste que se soluciona con la participación de agentes públicos con experiencia en materia de edificación y energía y que son los encargados de valorar los ahorros potenciales que cada uno de los proyectos es susceptible de generar, dando una garantía técnica de calidad a los proyectos aprobados bajo este esquema.

Finalmente, ante un problema de incentivos no alineados, situación que ocurre cuando un edificio o vivienda está alquilado o su propiedad no espera con certeza utilizarla durante más de 10 años, hay un reducido interés para que los propietarios de los mismos inviertan en proyectos con un periodo de maduración tan largo. La asociación del pago de la deuda al “impuesto de la propiedad” permite eliminar la incertidumbre temporal del beneficio retribuido asignando su disfrute a los propietarios vigentes en cada momento.

Las alternativas en su estructura son variadas como así lo demuestra la experiencia estadounidense lo cual debería tomarse como una fortaleza para que esquemas como éste, con sus necesarias adaptaciones a cada territorio, sean desarrolladas por el sector público, y aprovechadas por el sector financiero, para favorecer la financiación de proyectos que por más que son necesarios no parecen estar dentro de las necesidades de la mayoría actualmente.