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El negocio asegurador español dominado por la banca (*)

A menudo hemos destacado la relevancia que para el conjunto de entidades bancarias españolas tiene su participación en el negocio de seguros, negocio que, de manera colateral al estrictamente bancario, en algunos casos contribuye de forma decisiva a aumentar la rentabilidad global de las entidades que más han desarrollado dicha actividad. No en vano, el negocio de seguros en España destaca por sus relativamente elevados niveles de rentabilidad y solvencia, sostenidos además en el tiempo. Tanto, que el sector ha sorteado más que bien la grave crisis económica y financiera internacional que impactó singularmente en el sector bancario.

En este post profundizamos en el análisis de la interrelación entre los dos sectores en España. En primer lugar, revisamos de manera comparada cuál es el grado específico de participación de cada uno de los principales grupos bancarios españoles en el sector seguros nacional, determinando también el peso y las características que en dicho sector tienen las compañías que están vinculadas a las entidades bancarias.  Aunque dicho análisis se ha abordado en ocasiones, lo ha sido de manera parcial y no suficientemente sistematizada.

La otra cara de la moneda, y este es el segundo objetivo de esta entrada al blog, es analizar la contribución específica a sus resultados de la participación de los diferentes grupos bancarios en el negocio de seguros en España.

Relevancia de las aseguradoras vinculadas a grupos bancarios

Son 35, del total de 227 que operaban en España al cierre de 2017, las compañías significativas que hemos identificado con vinculación a las quince principales entidades españolas que cubren prácticamente la totalidad del mercado bancario. Consistente con que el bancario es el principal canal de distribución de los seguros de vida en España (tanto de vida-ahorro como de vida-riesgo) la mayoría de ellas (25) operan en el ramo de vida y sólo las diez restantes lo hacen el ramo de no vida.

Globalmente, como puede observarse en la Tabla 1, esas 35 entidades concentran algo más del 50% del negocio asegurador en España si lo medimos por el tamaño del balance, las provisiones técnicas que gestionan o los resultados que generan. Bien es cierto que, como se ha señalado anteriormente, ese peso sustancial en el “control” del sector asegurador en España está claramente sesgado al ramo de vida, en el que acaparan el 70%- 80% de la actividad y los resultados frente al 25%-30% en el que lo hacen en el ramo de no vida.

Una segunda característica relevante de las aseguradoras vinculadas a grupos bancarios es que la generación de resultados está asociada a una menor disposición relativa de recursos propios: generan el 51% de los resultados del seguro disponiendo sólo del 31% del patrimonio neto de las compañías que operan en España. Ello probablemente tenga una doble explicación: un menor grado de capitalización relativo de las compañías vinculadas a grupos bancarios, como consecuencia de su preferencia porque el “exceso” de capital esté situado en la matriz (bancaria), y simultáneamente una mayor eficiencia del negocio (frente al conjunto de las no vinculadas a grupos bancarios) que impacta positivamente en sus resultados. La combinación, en términos relativos, de mayores resultados y menor disposición de recursos propios contables se traduce en una rentabilidad significativamente más elevada del conjunto de aseguradoras vinculadas a grupos bancarios que las del resto de sector. En concreto, el ROE medio de las 35 aseguradoras vinculadas a grupos bancarios alcanza prácticamente  el 20%[1], en tanto que la rentabilidad del resto del sector sólo es algo superior al 8%, resultando el ROE promedio del 12% que definió el sector seguros español en 2017.  

Finalmente, en términos de estructura de la propiedad de las aseguradoras vinculadas a grupos bancarios señalar que nos encontramos con experiencias mixtas tanto en vida como en no vida. En el caso del ramo de vida, la mitad de los grupos bancarios apuestan por la explotación autónoma del negocio asegurador[2], y entre ellos los líderes Caixabank y BBVA. Sin embargo, en el ramo de no vida, sólo tres de los quinces grupos bancarios (destacando el caso de Bankinter con Línea Directa) explotan autónomamente el negocio asegurador, ya que mayoritariamente lo hacen compartiéndolo con socios especializados.

Tabla 1: Magnitudes relevantes del negocio asegurador de la banca en España
(millones de euros, 2017)

Fuente: Afi, Entidades, DGS

 

Dominio de la banca española en el ramo de vida

Como ya hemos señalado, el hecho de que el canal dominante de la distribución del seguro de vida (tanto en su modalidad de ahorro como de riesgo) sea el bancario, determina la supremacía de la banca en este segmento del negocio asegurador (entre el 70% y 80%). La capilaridad de la red bancaria española, la cercanía del ahorro previsional al negocio financiero y la relevancia que para la comercialización de los productos vida-riesgo tiene la comercialización de hipotecas son determinantes de ese desarrollo.

Los quince principales grupos bancarios participan en compañías aseguradoras que operan en este ramo, si bien la importancia relativa del negocio en cada una de ellas es desigual. Por volumen de negocio en vida destaca con claridad el grupo Caixa (60 m.m. de balance gestionado), seguido a gran distancia, por los dos grandes grupos bancarios españoles, BBVA y Santander^[3] (en torno a 20 m.m.  cada uno de ellos).  Con un volumen de negocio gestionado en torno a la mitad de los dos grupos anteriores, les siguen Sabadell y Bankia. Ya por debajo de los estos cinco primeros grupos, pero con un volumen de negocio significativo, se encuentran, por este orden, Ibercaja (en torno a 7 m.m. de euros) y Unicaja (algo más de 4 m.m. de balance gestionado).

En conjunto estos siete grupos bancarios concentran más del 90% del volumen de negocio de vida en España que está vinculado a la banca, generador, por otra parte, de unos 2.000 millones de euros de beneficios con una concentración similar. Una parte sustancial de esta cifra, en torno al 75% (en cada caso específico en función de su grado de participación en las compañías aseguradoras) engrosaron la generación de resultados de dichas entidades.     

Gráfico 1: Participación de la banca en el negocio asegurador de vida (2017)

Fuente: Afi, Entidades, DGS

 

Participación singular de la banca española en el ramo de no vida

Siendo muy inferior a la de vida, la participación del 25%-30% de la banca en el ramo de no vida no es despreciable y, además es singular y relevante en algunas de las entidades. Dos compañías, Línea Directa (filial 100% de Bankinter) y Adeslas SegurCaixa (filial de Caixabank compartida con Mutua Madrileña, socio a quien vendió hace unos años el otro 50%) acaparan el grueso de la contribución de los resultados a los grupos bancarios. A ellas hay que sumar también Caser, compañía dependiente en su origen de distintas cajas de ahorros, y en la que hoy en día tienen participación más o menos significativa varias entidades de crédito. 

Las compañías de no vida vinculadas a los grupos bancarios generan una cifra cercana a los 500 millones de euros de beneficios, de los que algo más de la mitad contribuyen a las cuentas de resultados de los grupos bancarios.

Gráfico 2: Participación de la banca en el negocio asegurador de no vida (2017)

Fuente: Afi, Entidades, DGS

Rentabilidad y contribución de los seguros a los resultados de la banca española

Ya hemos señalado que la rentabilidad de las aseguradoras españolas vinculadas a grupos bancarios es muy elevada en general, y ronda en media el 20% si bien con una distribución poco uniforme.  

Tan elevada rentabilidad, tanto más si se compara con la del negocio típicamente bancario, unido a la sustancial participación de la mayoría de las entidades en el negocio de seguros de vida, y también en casos singulares en el de no vida, se traduce no sólo en una contribución significativa al margen generado por los grupos bancarios. La participación en el negocio de seguros español aportó más de 1.800 millones de euros a los resultados de las cuentas consolidadas del conjunto de entidades españolas conjunto. 

En algunos casos dicha contribución es además sustancial. La Tabla 2 adjunta recoge una estimación^[4] del peso que los beneficios atribuibles de las compañías de seguros españolas vinculadas a los bancos tienen en sus resultados consolidados declarados.  Para el conjunto de entidades la contribución a sus resultados consolidados de aquellos que provienen de su participación en el negocio de seguros español asciende al 10%. Ahora bien, como puede observarse, si excluimos a los dos grandes grupos bancarios internacionalizados en los que la contribución del negocio bancario en otros países es mayoritario, dicho porcentaje se eleva notablemente. Excluidos Santander y BBVA la contribución del negocio de seguros en España a los resultados consolidados del resto de entidades se eleva hasta un 27% en media, contribución que es superada en los casos de Caixabank, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Ibercaja y Cajamar.

Tabla 2: Aportación del negocio seguros al beneficio consolidado de la banca  (millones de euros, 2017)

Fuente: Afi, Entidades, DGS

Cabe hacer una reflexión final sobre el potencial de contribución adicional del negocio asegurador de la banca a sus resultados. Teniendo en cuenta los elevados niveles de rentabilidad de dicha línea de negocio claramente puede seguir siendo una fuente de crecimiento adicional de sus márgenes para las entidades bancarias españolas. En el caso del ramo de no vida, dada su baja participación en la “tarta” tiene la posibilidad de aumentar su peso aprovechando su red bancaria. Bien es cierto que la comercialización de los productos de este ramo, alejados de las características de los productos financieros en los que están especializados las entidades bancarias y sus redes, es mucho más compleja. Con todo, son bien conocidas las experiencias exitosas de algunas entidades en ámbitos como auto y salud.

En el caso del ramo de vida el potencial de crecimiento debe provenir más del aumento del tamaño de la “tarta” dada la posición de supremacía de la banca española en este segmento. Este escenario es, sin embargo, muy verosímil dada la relativamente baja penetración de los productos asociados (vida ahorro previsional fundamentalmente) respecto a nuestros homólogos europeos y las incertidumbres sobre la suficiencia que proporcionarán en el futuro las pensiones públicas. Los bajos tipos de interés vigentes y la expectativa de que se prolongue este escenario en el tiempo constituye un factor limitativo a corto-medio plazo. Por otra parte, ha de tenerse en cuenta también el atractivo que este ramo tiene para grandes compañías de seguros internacionales especializadas y para compañías que han venido operando históricamente en el ramo de no vida. Es clara la tendencia reciente de estos dos tipos de operadores por aumentar su peso en el negocio de ahorro previsional en incluso por competir con la creación de nuevos vehículos en el negocio del asesoramiento y la inversión puramente financiera.  

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(*) Con la colaboración de Fernando Rojas. Versión simplificada de la Nota con el mismo título publicada en Afi Research

[1] Esta ratio está en todo caso algo sesgada al alza en 2017 por los elevados resultados extraordinarios de Sabadell Vida como consecuencia de la venta de su cartera de vida-riesgo a una reaseguradora.

[2] Nótese que en ello ha influido el proceso de consolidación bancaria de los últimos años.

[3] Este último tras la adquisición de Popular y, con él, de su negocio de seguros

[4] Porcentaje que supone el beneficio atribuible por la participación de cada banco en el negocio de seguros sobre el beneficio que arroja su cuenta consolidada. Nótese que ese porcentaje es mucho más reducido en las grandes entidades internacionalizadas como consecuencia de su mayor perímetro al integrar también todo el negocio bancario internacional.

La creciente liquidez de las Administraciones Públicas locales

Carmen López

Las Corporaciones Locales son el único subsector de las Administraciones Públicas españolas (en adelante, AA.PP.) que ha conseguido dejar de registrar déficits a día de hoy. Mientras, y pese a la positiva coyuntura económica, la posición agregada del conjunto de AA.PP. cerrará 2018 todavía con un déficit en el entorno del 2,7% del PIB.

Pero la foto es más positiva aún. Lejos de mantenerse en equilibrio presupuestario (que es lo que le exige a este subsector la Ley de Estabilidad Presupuestaria), las Corporaciones Locales, (en adelante CC.LL.), están registrando importantes superávits desde 2012, llegando a alcanzar en algunos ejercicios hasta seis décimas de PIB, más de siete mil millones de euros.

Aunque parte de este superávit no se traslada directamente a liquidez (el superávit podríamos decir que es una expresión contable), indudablemente ha nutrido sus cuentas de tesorería. La liquidez en manos de este subsector[1], medida a través de la partida de fondos líquidos del remanente de Tesorería, alcanzó a cierre de 2017 21 mil millones de euros, el 1,8% del PIB. Una cifra sin duda muy elevada teniendo en cuenta que el total del gasto no financiero de las CC.LL. en el ejercicio ascendió a 5,8 puntos de PIB. Dicho de otro modo: las CC.LL. podrían financiar un tercio de su gasto no financiero anual con los fondos que actualmente tienen líquidos en su tesorería.

 

Fondos líquidos de las Entidades Locales

Fuente: elsectorpublico.es

 

En todo caso, dentro del sector local, el comportamiento de cada tipo de entidad no ha sido homogéneo. La situación de liquidez de las diputaciones y entidades similares (Consejos, Cabildos) se ha mantenido relativamente estable. Ni sufrieron excesivamente en los años más crudos de la crisis, ni ahora están mostrando un aumento significativo de su liquidez. Ello se debe principalmente a la naturaleza de sus ingresos y gastos, menos ligados al ciclo económico.

Sin embargo, los Ayuntamientos, aquejados de fuertes problemas de sostenibilidad hasta 2011, con fuertes caídas de los recursos urbanísticos, han mejorado espectacularmente su posición, casi doblando sus fondos líquidos, que han pasado de ocho mil millones de euros en 2010, a más de 14 mil millones de euros a cierre de 2017.

Cabe, en este punto, preguntarse las razones que llevan a esta acumulación de recursos ya recaudados, disponibles, y prácticamente sin remunerar dado el contexto actual de tipos. Indudablemente, y más allá del debate de la necesidad de mayor inversión o cobertura de servicios por parte de las CC.LL., parece poco eficiente mantener esos recursos provenientes de los impuestos de los ciudadanos durmiendo el sueño de los justos. La razón principal sobre la que pivota esta excesiva liquidez viene derivada del cumplimiento estricto de la regla de gasto por parte de las CC.LL. Al igual que con el cumplimiento del objetivo de déficit, el cumplimiento de la regla de gasto[2], está siendo ampliamente llevado a cabo en el sector local, fuertemente reglado.

Cabe en este punto preguntarse si es necesaria una reforma o flexibilización de la regla de gasto para este subsector tal y como apuntan algunas voces, que, lejos de necesitar endeudamiento para realizar sus políticas como el resto de AA.PP., persiguen gastar los recursos de los que disponen.

 

[1] Datos obtenidos a través de la base estadística de www.elsectorpublico.es

[2] La regla de gasto impide crecimientos de éste por encima del crecimiento del PIB potencial de la economía española.

 

Mitos y verdades de la educación financiera

Verónica López Sabater (*)

La gestión de las finanzas personales es un ámbito de nuestras vidas -uno entre muchos otros- que debemos cuidar para llevar una vida equilibrada en sociedad. Vivimos en una sociedad crecientemente compleja, rodeados de información relevante para nuestro bienestar que a menudo no entendemos, malinterpretamos, negamos o simplemente ignoramos. Recibimos avisos y alertas de todo tipo: sobre la amenaza del cambio climático, el cambio de paradigma de la digitalización, la crisis de refugiados, la contaminación, la protección de la privacidad de nuestros datos personales, la sostenibilidad del Estado del bienestar, la desigualdad creciente, la soledad, el futuro del trabajo, y un largo etcétera.

Son estos determinantes de nuestro futuro cuya materialización en un sentido u otro (más utópico, más distópico) depende de nuestras acciones individuales y colectivas, porque toda acción tiene implicaciones en el corto y, lo que resulta más difícil de visualizar porque los humanos somos miopes, en el largo plazo.

La adopción de soluciones a estos problemas globales, por quien le competa directamente abordarlos -soluciones fundamentalmente de carácter técnico o científico- requiere tomar decisiones, seleccionar entre varias alternativas en función de criterios diversos: costes, beneficios, tiempo de implementación, complejidad de la transición, existencia y fortaleza de los grupos de interés y resistencia al cambio, entre otros.

La economía y las finanzas van de eso, de procurar seleccionar la mejor alternativa entre las opciones disponibles en función del contexto, del momento, de las prioridades, de las preferencias y de las expectativas... que determinan lo que es “mejor” en cada caso para el conjunto de la sociedad.

Explicar por qué lo considerado “mejor para todos” lo es efectivamente, y procurar que todo el mundo lo entienda -y cuestione-, es aún hoy una asignatura pendiente en España.

Mejorar la comprensión de las causas, efectos y mecanismos de transmisión de las decisiones económicas, ya sean particulares o colectivas, es el objetivo fundamental de la educación financiera que asocio al concepto más sencillo de “saber llevar las cuentas de las cosas”. Así, “llevar las cuentas de las cosas”:

1. Permite visibilizar el esfuerzo que supone hacer que todo funcione –miremos a nuestro alrededor, es fascinante- a modo de reconocimiento y de ejercicio de rendición de cuentas, a todas luces necesario.

Y es que a menudo damos por hecho que “las cosas se hacen solas”, sin pararnos a pensar quién, cómo, cuándo y por qué las hace quien está llamado a hacerlas, que todo supone un esfuerzo, independientemente de quién lo asuma directa o indirectamente.

2. Permite cuestionar con espíritu crítico –espíritu crítico a fomentar-, y exigir la revisión, el análisis y la actualización desde una perspectiva no tradicional, porque el mundo cambia, todo está interrelacionado, son vasos comunicantes, nos guste o no, lo que implica que:
   • elegir la opción A sobre la opción B es precisamente una renuncia a B, cuyos detalles e implicaciones no siempre nos son presentados o explicados adecuadamente, a menudo se ocultan.
   • el mal uso o abuso (free-riding) repercute en la cantidad y calidad del resto de prestaciones, servicios, equipamientos con las que ha de compartir los recursos disponibles, generalmente escasos.
   • detectar situaciones ineficaces (que no sirven para el objetivo que persiguen) o ineficientes (sobre-dimensionadas, infra dotadas, lentas, etc.), y comunicarlas a quien corresponda para que las revise y corrija si es que existen los canales habilitados, sea práctica habitual. Las dudas en este punto son: ¿Existen estos canales? ¿Se utilizan? ¿Cumplen su función?
3. Facilita la toma de decisiones complejas sobre alternativas disponibles en nuestra vida cotidiana (presupuestos, hipótesis, escenarios, contratos, financiación, ahorro, seguros, por mencionar algunos), ayudar a otros a tomarlas o pedir y recibir ayuda sin complejos.
4. Permite distinguir lo razonable de lo sospechoso, ayuda a fomentar la autoprotección y a entender que derechos y obligaciones son las dos caras de una misma moneda, la moneda con la que interactuamos en sociedad.
5. Fomenta la participación activa. Cada día es más habitual que empresas, ayuntamientos y otras instancias (p.e. Unión Europea) fomenten la participación de sus grupos de interés (empleados, clientes / ciudadanos, contribuyentes) en las tomas de decisiones. Participación que, no obstante, cuesta mucho despertar porque como sociedad no estamos acostumbrados a ella, no estamos “entrenados”, no nos fiamos cuando se nos pide nuestra opinión. Y es que participar supone un esfuerzo adicional a los ya de por sí demandantes ámbitos de la vida a los que hacía referencia al inicio: dedicar tiempo a entender, proponer, debatir, argumentar, comparar y elegir. La participación activa se resume en que si nos preguntan, debemos contestar y, para contestar (esto es, hacer el esfuerzo que conlleva), necesitamos dos incentivos básicos: (i) entender lo que se nos pregunta (por qué es importante y cuáles son las opciones) y (ii) sentir que nuestras respuestas sirven para algo.

Con estos antecedentes ¿cuáles son entonces los mitos de la educación financiera?

• Mito número 1: la educación financiera es difícil de explicar / entender: sin embargo, todo evento complejo es susceptible de ser explicado de forma sencilla. Todos lo hacemos con nuestros hijos. Es lo que hacen las y los docentes en los colegios con nuestros hijos. Requiere preparación, empatía, paciencia y colaboración.
• Mito número 2: la educación financiera es difícil de articular / impartir: no obstante, lo circunscribiría al hecho de que por no ser un tema prioritario, por no ser considerado importante, no está debidamente posicionado en la agenda y por tanto, no se diseña con el cariño debido. Además, a menudo queda circunscrito a ámbitos muy específicos (colegios, talleres, herramientas online), cuando su presencia debería ser transversal y permanente en todos los ámbitos de nuestra vida (medios de comunicación, relaciones personales, relaciones laborales, etc.)
• Mito número 3: la educación financiera está exenta de subjetividad y sentimientos como el pudor, los tabús y la ideología. Este es, en mi opinión, el mito más difícil de admitir, y en gran medida, el quid de la cuestión aquí y ahora. Parafraseando a Chris Skinner en su libro Digital Human, “el dinero es como el sexo, la religión o la política, tres cosas sobre las que desde niños se nos anima a no hablar abiertamente”.

¿Y las verdades?

• Verdad número 1: la educación financiera es cada día más necesaria y en pleno siglo XXI no debe concebirse de forma aislada a la educación digital. .
• Verdad número 2: impartir educación financiera no debe ser un ejercicio aislado a un momento o lugar determinado; puede y debe ser ejercida de forma cotidiana, por todos nosotros, de forma permanente.
• Verdad número 3: impartir educación financiera exige ponerse en la piel del otro para evitar caer en la maldición del conocimiento -cuando sabemos algo, resulta difícil ponerse en el lugar de quien no lo sabe- y despertar el interés de los destinatarios. En definitiva.  

 

Versión editada de la ponencia realizada por Verónica López Sabater en el Encuentro Internacional de Educación Financiera (Edufinet Congress) celebrado en Málaga los días 22 y 23 de noviembre de 2018.

Las autoridades que vienen

Recientemente, de forma casi simultánea, hemos conocido el anuncio de dos nuevas autoridades llamadas a jugar un papel relevante en nuestro sistema financiero. Ambas comparten dos importantes características:

1) Son transversales, en la medida en que tendrán competencias sobre los tres grandes sectores del sistema financiero: banca, valores y seguros.

2) Además de cumplir su finalidad propia, como enseguida veremos, deben contribuir a mejorar la reputación social de nuestras entidades financieras, especialmente las de crédito, como consecuencia de la crisis y de las prácticas que han deteriorado su imagen pública.

La primera autoridad la anunció el Presidente del Gobierno el pasado día 7, en el mismo acto en el que comunicó la inmediata aprobación de un Real Decreto-ley para modificar el sujeto pasivo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, que ahora corresponde al prestamista cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria.

Se trata de la Autoridad Independiente de Protección del Cliente de Productos Financieros, que está pendiente desde la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. La resolución alternativa se entiende como vía diferente a la judicial, más rápida y menos costosa para los consumidores.

La disposición adicional 1ª de esta Ley, que trata de las entidades de resolución alternativa en el ámbito de la actividad financiera, exige una única entidad con competencias en este ámbito. Será creada por ley, pero hasta ahora el Gobierno no ha presentado ningún proyecto para hacerla efectiva. Mientras tanto, esa misma disposición cubre la actividad de los actuales servicios de reclamaciones de los supervisores financieros.

La citada autoridad debe mejorar la protección de los consumidores de los servicios financieros, especialmente si sus decisiones tienen el carácter de vinculantes para las entidades, algo de lo que carecen los mencionados servicios de reclamaciones. Al separarse dicha protección de la supervisión, se eliminan los conflictos de interés que existen entre ambas funciones cuando son ejercidas por las mismas instituciones, como ocurre actualmente.

La segunda autoridad la anunció, un día después, en una nota de prensa, el Ministerio de Economía y Empresa (MINECO), que la denomina Autoridad Nacional de Estabilidad Financiera (ANESFI), y sustituirá al Comité de Estabilidad Financiera (CESFI), que dicha nota llama Comisión. Esta última es una institución curiosa, ya que su creación nunca ha aparecido en una norma publicada en el BOE. Su existencia se hizo pública en un artículo del entonces Secretario de Estado de Economía en la revista Estabilidad Financiera del Banco de España, en noviembre de 2006.

La relevancia de la futura ANESFI reside en que constituirá la autoridad macroprudencial de nuestro sistema financiero, jugando un papel similar al que tiene en la Unión Europea la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS, o ESRB, por sus siglas en inglés), creada por el Reglamento 1092/2010, a finales de ese año, que trabaja en estrecha colaboración con el Banco Central Europeo, cuya presidencia comparte. Al igual que la JERS, ANESFI carecerá de personalidad jurídica y no tendrá capacidad normativa, pero sí podrá emitir opiniones, alertas y recomendaciones.

Precisamente, la JERS recomendó en 2011 que todos los Estados de la UE pusieran en marcha su propia autoridad macroprudencial, una recomendación que se atiende ahora. El MINECO no detalla el instrumento en base al cual se creará ANESFI, aunque sí informa de su Consejo y sus principales funciones.

ANESFI tendrá como finalidad principal la supervisión macroprudencial del sistema financiero español, con el objetivo de contribuir a la prevención o mitigación del riesgo sistémico. El citado Reglamento 1092/2010 define este como el riesgo de perturbación del sistema financiero en su conjunto que puede tener repercusiones negativas graves sobre el mercado interior y la economía real. Es decir, la estabilidad financiera no es un tema interno al sistema financiero, sino que, como ha demostrado la experiencia de la crisis, debe contemplarse siempre en función de la economía real a la que debe servir dicho sistema.

Por otro lado, el sistema financiero lo define el citado Reglamento como el conjunto de entidades y mercados financieros, productos e infraestructuras de mercado. Es decir, no debe entenderse el riesgo sistémico como limitado a las denominadas entidades sistémicas, a las que se les atribuye esta condición en función de su tamaño y de la complejidad de sus actividades. Sin negar la importancia de estas entidades, la experiencia de la reciente crisis, en España y otros países, muestra que la misma no siempre emerge de grandes entidades, sino que también puede manifestarse en un número suficientemente elevado de medianas y pequeñas entidades. Dicho de otra forma, la estabilidad financiera afecta al conjunto del sistema financiero, y por extensión a la economía real, por lo que es bueno que exista una autoridad responsable de su vigilancia.

La convergencia real ya no es lo que era

Ya lo hemos comentado en diversas ocasiones, aunque la crisis tuvo su epicentro en el sistema financiero de EE.UU., sus principales daños se localizaron en la eurozona. Esos han tenido diversas consecuencias, no solo económicas, sino también políticas y sociales. Han debilitado la identificación de Europa con la prosperidad, han posibilitado la emergencia de opciones políticas desafectas al perfeccionamiento de la integración.

Centrándonos en la primera de las dimensiones, el debilitamiento de la convergencia real de los avances en la renta por habitante es el indicador más relevante, al menos por el momento. Las economías del sur de Europa, España de forma destacada, tienen asociadas su pertenencia a la UE a reducciones de la brecha en términos de bienestar frente a las más avanzadas. Con razón, el Banco Mundial llegó a etiquetar a la UE como la «máquina de la convergencia»: los flujos de comercio y de financiación, estimulados por una amplia y profunda integración, sin precedentes históricos, generan una convergencia en los estándares de vida entre sus Estados miembros. A ello no fue ajena la fortaleza de sus empresas, las tensiones innovadoras que llevaron a Europa a una posición de liderazgo económico en el mundo. A pesar de que la región no tiene más de una décima parte de la población global, su PIB llegó a representar una tercera parte del mundial. Lleva razón Kristalina Georgieva, la Chief Executive Officer del Banco Mundial, cuando afirma que la marca Europa era un valioso intangible cuando se exhibía ese equilibrio entre las fuerzas de mercado y la responsabilidad social. Un equilibrio que también proyectaba un «estilo de vida» propio, envidiable para no pocos ciudadanos no europeos y aquellos otros europeos que no habían conseguido acceder a las instituciones.

La crisis interrumpió esa tendencia a la prosperidad explícita en los últimos 60 años, desde luego en las economías del sur, y en menor medida en aquellas que se incorporaron a la UE más tardíamente, las provenientes del este de Europa. La desigualdad entre países se ha ensanchado, y con ella el desencanto de franjas importantes de población. La división, según muestra el análisis del trabajo «Growing United» del Banco Mundial. Dos factores de división emergen. Una divergencia suficientemente explícita en los registros de productividad entre países y regiones, por un lado, y un aumento en la desigualdad en la distribución de la renta de las familias, por otro.

La razón del primero es el desigual comportamiento de la Productividad Total de los Factores (PTF), manifiestamente débil en las economías del sur, aquellas que tras su adhesión se habían revelado como «las estrellas de la convergencia», como se aprecia en el gráfico adjunto. La calidad de las instituciones, la menor participación de los trabajadores bien cualificados, el acceso limitado a los mercados, la calidad de la función empresarial, entre otros, son factores que explican ese peor comportamiento de la PTF. Además, las economías del sur tienen mayores proporciones de población envejecida.

Estos niveles de productividad del sur manifiestamente inferiores a los de las economías del norte explican en gran medida el estancamiento, cuando no el retroceso en la convergencia real, en términos del PIB por habitante. La reducción del empleo y los bajos niveles de inversión, más pronunciados que en otras economías avanzadas, explican el pobre comportamiento de la PTF.

El segundo rasgo inquietante, consecuencia de la paralización de la convergencia real, es el aumento de la desigualdad en la distribución de la renta, que no ha dejado de aumentar en la mayoría de los países de la UE desde los 90, pero de forma más pronunciada en las economías del sur, a partir del inicio de la crisis. En realidad, la recuperación de la crisis no ha supuesto avances en la convergencia real ni un freno a la desigualdad. Las economías sureñas tienen distribuciones más desiguales que el promedio de la OCDE.

La gran cuestión en un momento tan complicado como el actual, para Europa y, en general, la economía internacional, es qué actuaciones deberían llevarse a cabo para que la UE volviera a ser esa «máquina de convergencia» hoy gripada. De no tomar cartas en el asunto, los riesgos son elevados, fundamentalmente los asociados a la tentación centrífuga que subyace en algunas fuerzas políticas que no han dejado de disponer de mayor apoyo ciudadano en los últimos años.

Artículo de reciente aparición en la revista Empresa Global nº 187. Afi Ediciones Empresa Global

¿Cuánto y en qué ahorran e invierten las familias españolas?

No por conocidas algunas claves del comportamiento sobre el ahorro y la inversión de las familias españolas deja de ser relevante su seguimiento dado que (1) aun estando enraizadas ciertas características específicas de fondo, la coyuntura económica y financiera introduce sesgos asociados a la evolución del ciclo, (2) permite disponer de información precisa sobre el grado de convergencia o no respecto al comportamiento de otros países de nuestro entorno, y (3) porque la instrumentación de algunas políticas públicas (vivienda, ahorro previsional,…) está condicionada, y simultáneamente puede influir, en dicho comportamiento.

El último dato conocido acerca de que el ahorro financiero de las familias españolas alcanzó el pasado junio su máximo histórico, junto con un interesante análisis publicado en el último Boletín Trimestral de la CNMV[1], constituyen una buena percha para destacar una vez más  algunos aspectos de evidente interés.

Hechos relevantes que merecen destacarse por su especificidad son los siguientes:

1. La tasa de ahorro de los hogares españoles como porcentaje de su renta bruta disponible es muy baja. No sólo ahora que define un mínimo cercano al 5%, a mucha distancia del 12,3% de la eurozona y superiores en Alemania y Francia , sino incluso por debajo del mínimo del 5,8% que se llegó a alcanzar en el periodo pre-crisis. Sólo Reino Unido exhibe en general tasas inferiores.

También es diferencial la mucha mayor volatilidad de la tasa de ahorro de los hogares españoles frente a otros países, si se exceptúa así mismo el Reino Unido.

Tasa de ahorro de los hogares: % de la renta bruta disponible

                Fuente: Boletín Trimestral CNMV 3/2018

2. A pesar de haberse reducido sustancialmente por el proceso de desapalancamiento acaecido durante la crisis, la tasa de endeudamiento, en torno al 100% actualmente medida como porcentaje también de la renta disponible, sigue siendo elevada en términos históricos y superior en general a la de los países de nuestro entorno.

Endeudamiento de los hogares: % de la renta bruta disponible

                 Fuente: Boletín Trimestral CNMV 3/2018

3. La combinación del ahorro y del endeudamiento (aumento de los pasivos financieros) de las familias españolas a lo largo del tiempo se ha ido materializando básicamente en dos tipos de activos: los de naturaleza financiera y, como se verá, mayoritariamente en activos de naturaleza no financiera (inmobiliarios).

En definitiva, la riqueza total neta de las familias se puede desglosar así en dos componentes. De una parte, la riqueza financiera neta (los activos financieros menos la deuda acumulada) y de otra la riqueza inmobiliaria (activos inmobiliarios). La evolución de ambos componentes se representa en los gráficos adjuntos.

Riqueza financiera neta (*) y riqueza inmobiliaria de los hogares (% sobre el PIB)

(*) Activos financieros menos pasivos

Fuente: Boletín Trimestral CNMV 3/2018

Es evidente el distante comportamiento de las familias españolas frente al promedio de las de la eurozona en la composición de su riqueza. Los hogares españoles acaparan activos inmobiliarios muy por encima de los de la eurozona; en media del periodo algo más de 180 pp más de PIB, con un diferencial máximo que llegó a ser de casi 300 p.p en el periodo pre-crisis (600 pp los españoles frente a 300 pp los de la zona euro). Por supuesto eso implica (está íntimamente correlacionado con) unos mayores niveles de endeudamiento (para financiar la adquisición de esos activos inmobiliarios). Este hecho propicia que de forma sistemática la riqueza financiera neta de los hogares españoles (activos financieros menos el pasivo que supone la deuda) frente a la del conjunto de los de la eurozona sea estructuralmente inferior (40 pp de PIB menor de media en el periodo).

4. Esa menor acumulación relativa de activos financieros netos de las familias españolas, sólo un 20% aproximadamente de su riqueza total frente al 80% en activos inmobiliarios (1/3 y 2/3 respectivamente en el área euro) no es óbice, sin embargo, para que globalmente los hogares españoles definan de hecho un nivel de riqueza total superior (medida sobre el PIB) al de la media del área euro. Cierto es que, por su muy superior concentración inmobiliaria, con una liquidez y capacidad de transformación en rentas menor.

En junio de este año, la situación patrimonial de los hogares (financiera más inmobiliaria) ronda el 550% en términos de PIB. Nótese en todo caso que llegó a alcanzar la referencia de casi el 700% a finales de 2007 como consecuencia de la valoración extrema que alcanzaban los activos inmobiliarios.

5. Finalmente, centrándonos en la riqueza financiera, la composición de la cartera de activos financieros de los hogares españoles sigue evidenciando un mayor peso de los depósitos bancarios y menor de los seguros y fondos de pensiones que en los europeos. Es una presunción más que razonable que esto último esté motivado por la mayor cobertura del actual sistema público de pensiones español frente a aquella de la que gozan los países de nuestro entorno.

 

Las razones sobre esta singularidad que manifiesta el ahorro y la inversión de los hogares españoles son múltiples y van, como apunta bien el trabajo de Cambón M. Isabel (2018) desde motivos culturales, a otros relacionados con asimetrías en la distribución de la renta, fiscalidad que durante largos periodos ha incentivado la vivienda en propiedad, a lo que ha contribuido no menos las mucho más generosas condiciones de financiación “sobrevenidas” tras nuestra incorporación a la eurozona. En cualquier caso, pueden señalarse algunos giros, que no necesariamente serán tendenciales, que conviene seguir. Entre ellos:

1. Una aparente acentuación en la definición de una baja tasa de ahorro (estructural) que probablemente no sea ajena al aumento de las diferencias en la generación de renta (desigualdad) que se ha producido desde el inicio de la crisis.

2. Aun cuando recuperándose, una menor propensión al endeudamiento conectada con una menor disposición (y posibilidad) de acumulación de riqueza en activos inmobiliarios. Por tanto, una mayor disposición a la acumulación de riqueza en activos financieros con una tendencia convergente a los países de nuestro entorno. Obviamente requerirá de mucho tiempo para impactar de manera mínimamente significativa en una composición de la situación patrimonial de los hogares que manifiesta el altísimo sesgo inmobiliario señalado.

3. Una tendencia a una suave recomposición de la cartera de activos financieros desde la liquidez hacia otros activos (fondos de inversión y acciones principalmente) en la que el desplazamiento a seguros y fondos de pensiones sigue siendo muy modesto comparativamente con lo que se observa en los países de nuestro entorno.

 

[1] Cambón, M. Isabel, “Análisis de las decisiones de ahorro e inversión de los hogares españoles”, Boletín Trimestral CNMV 3/2018.

Una remozada Ley del Mercado de Valores

El pasado 29 de septiembre se publicó el Real Decreto-ley (RDL) 14/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (LMV), aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, una norma que se remonta a 1988 y a través de la cual se ha ido modernizando todo el ámbito de los mercados de valores en España.

La LMV se ha visto sometida a numerosos cambios a lo largo de su historia para adaptarse al elevado dinamismo de los mercados financieros modernos, pero también para responder a las sucesivas reformas en la normativa de la Unión Europa (UE) que han intentado adecuarse a dicho dinamismo. De hecho, el RDL, que contiene 91 modificaciones a la LMV, tiene por objeto acabar de trasponer a un nivel legal la Directiva 2014/65/UE, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID II, por sus populares siglas en inglés), que ya fue objeto de transposición parcial mediante el RDL 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la UE en materia del mercado de valores.

 

La transposición de la MiFID II se ha efectuado con retraso, ya que debería aplicarse desde el 3-1-2018, tras haberse prorrogado por un año más, ante la amenaza de una posible multa a nuestro país por parte de la UE. Esta circunstancia, que se repite con otras directivas muy relevantes para nuestro sistema financiero, como es la que regula los contratos de crédito inmobiliario, cuya tramitación se encuentra actualmente pendiente del Congreso de los Diputados, resulta muy llamativa, ya que este tipo de retrasos pueden suponer importantes multas, que, lógicamente, supondrían menos recursos para atender las necesidades de distinto tipo de los ciudadanos.

Ante el principio de aplicación directa de las directivas, las entidades financieras españolas llevan tiempo preparándose para cumplir sus exigencias, entre otras, en sus relaciones con los clientes minoristas, por ejemplo, impartiendo la formación adecuada a sus empleados para atender a estos clientes. Siendo esto cierto, nuestros responsables políticos deben tener muy en cuenta, sea cual sea su tendencia, las obligaciones de nuestra pertenencia a la UE y evitar cualquier incumplimiento que repercuta negativamente en la ciudadanía. Lo ideal sería que en algún momento se pactara y se cumpliera un protocolo de actuación para que la transposición de directivas de la UE se efectuara siempre dentro del plazo previsto para ello o, en todo caso, con el menor retraso posible.

Ni la MiFID II ni la cambiada LMV suponen alteraciones fundamentales respecto a la protección de los clientes minoristas, pero sí la refuerzan de modo significativo, por ejemplo, en diligencia, transparencia y conflictos de intereses, a las que se añaden nuevas prescripciones sobre la vigilancia y control de productos financieros, por las que las entidades que diseñen instrumentos financieros para su venta a clientes, deben asegurar una calidad mínima de los mismos y una adecuación al segmento del mercado al que se dirijan.

Se detalla el contenido de la información que las entidades deben proporcionar a sus clientes antes de la prestación del servicio, especialmente en relación con el tipo de asesoramiento que se ofrece y sobre los instrumentos financieros y estrategias de inversión propuestos y los costes y gastos asociados al servicio de inversión. Se prevé la existencia de un formato normalizado para ofrecer toda esta información. Mención especial merece la obligación de aclarar si el asesoramiento se presta o no de forma independiente. Una vez se ha prestado el servicio, la entidad debe proporcionar también información sobre los costes de las operaciones y servicios realizados, considerando el tipo y complejidad de los instrumentos financieros y la naturaleza del servicio.

En definitiva, aunque sea a trancas y barrancas, nos hemos adaptado a un nivel legal (faltan todavía desarrollos reglamentarios) a la normativa de la UE sobre mercados financieros, el segundo gran pilar de nuestro sistema financiero, tras el sistema bancario y muy estrechamente unido a este.

Educación financiera y género

^* Verónica López Sabater

 

¿Existe una brecha de género en materia de educación financiera en España? La Encuesta de Capacidades Financieras (ECF 2016) elaborada por el Banco de España en el marco del Plan Nacional de Educación Financiera arroja unos primeros resultados que evidencian la existencia de dicha brecha.

Las tres preguntas sobre conocimientos financieros que han sido utilizadas en la ECF 2016 en población entre 18 y 79 años coinciden con las utilizadas en varios estudios internacionales, estándar en este tipo de análisis en el contexto de la OCDE. Indagan el grado de comprensión entre la población de tres conceptos financieros básicos (inflación, tipo de interés compuesto y diversificación del riesgo).

Para el primero de ellos (inflación), tras una pregunta previa en la que se plantea la situación en la que cinco hermanos reciben un regalo de 1.000 €, que comparten a partes iguales, se pregunta “imagine que los cinco hermanos tuvieran que esperar un año para obtener su parte de los 1.000 €, y que la inflación de ese año fuese del 1%, ¿serán capaces de comprar transcurrido ese año (i) más de lo que podrían comprar hoy con su parte del dinero; (ii) la misma cantidad o (iii) menos de lo que podrían comprar hoy?”.

Para evaluar el conocimiento sobre el segundo concepto (tipo de interés simple), la situación planteada es: “Supongamos que ingresa 100 euros en una cuenta de ahorro con un interés fijo del 2% anual, en la que no aplican comisiones ni impuestos. Si no realiza ningún otro ingreso ni retira ningún dinero de dicha cuenta, ¿cuánto dinero habrá en la cuenta al final del primer año, una vez que le paguen los intereses?”. Y para evaluar el conocimiento sobre el concepto de tipo de interés compuesto, la pregunta es la siguiente: “si no hace ningún ingreso ni retira ningún dinero, una vez abonado el pago de intereses ¿cuánto dinero habrá en la cuenta después de cinco años? Siendo las opciones de respuesta (i) más de 110 euros; (ii) exactamente 110 euros; (iii) menos de 110 euros o (iv) es imposible decirlo con la información dada”.

Para evaluar el grado de conocimiento de la diversificación del riesgo, el individuo debe contestar sí o no a la pregunta de si es posible reducir el riesgo de invertir en bolsa mediante la compra de una amplia variedad de acciones.

El porcentaje de respuestas correctas a cada una de las tres preguntas realizadas es sistemáticamente menor entre las mujeres que entre los hombres, concretamente 9 puntos porcentuales (pp.) para el concepto de inflación, 8 pp. para el concepto de tipo de interés compuesto y 13 pp. en la correspondiente a diversificación del riesgo. Los responsables de la investigación argumentan que al menos la mitad de esta diferencia se debe a que en cada una de las preguntas, las mujeres responden “no sabe” con mayor frecuencia que los hombres. Una de cada tres mujeres efectivamente declara “no saber” responder a la pregunta sobre diversificación del riesgo, mientras que los hombres responden de este modo uno de cada cinco.

Como en el caso de otras cuestiones analizadas a través de encuestas (véase el estudio The Gender Gap in Political Knowledge: Is It All About Guessing? An Experimental Approach[i]), es importante tener en cuenta que esto podría deberse a que las mujeres son generalmente más propensas que los hombres a admitir que "no conocen" las respuestas, frente a un mayor porcentaje de hombres que tienden a contestar aunque no sepan a ciencia cierta cuál es la respuesta exacta.

Autopercepción

La autopercepción sobre los conocimientos financieros propios es también menor en el caso de las mujeres: las opciones de respuesta que implican que dichos conocimientos son muy bajos o bastante bajos concentran el 20% del total en el caso de las mujeres (15% en hombres), mientras que lo contrario ocurre para las opciones que denotan capacidades financieras “suficientes” (conocimientos medios 44% mujeres vs. 48% hombres; conocimientos bastantes o muy altos 6% mujeres vs. 10% hombres).

Un análisis de los microdatos puestos a disposición por el Banco de España a través de este enlace permitirá obtener resultados mucho más precisos sobre la dimensión de género en combinación con condiciones socioeconómicas tales como la edad, el nivel educativo, la estructura familiar, nivel de ingresos, la titularidad de la vivienda habitual, el lugar de nacimiento (inmigrantes o no) o la delegación de la toma de decisiones financieras de la población española.

Conocimiento de productos financieros: la hipoteca es de conocimiento universal en España

No se evidencian diferencias de género en el conocimiento de productos financieros específicos de ahorro (cuentas de ahorro, planes de pensiones, fondos de inversión, acciones y bonos), seguros (de vida y médicos), medios de pago (fundamentalmente tarjeta de crédito) y financiación (hipotecas, préstamos personales). Curiosamente, el instrumento financiero más básico (cuenta de ahorro) es el que recibe un menor porcentaje de respuestas positivas a la pregunta “¿ha oído hablar de…?” (73% hombres; 74% mujeres), mientras que el que acumula mayor porcentaje de respuestas afirmativas es la hipoteca (99% hombres; 98% mujeres), seguido de la tarjeta de crédito y seguro de vida (97% para ambos), seguro médico y préstamo personal (95%).

Asimismo, no se observan diferencias de comportamiento entre hombres y mujeres salvo pequeñas en los casos de préstamos personales o hipotecas, tarjeta de crédito, fondos de inversión y algún vehículo de ahorro. Las mayores diferencias (4 pp.) corresponden a plan de pensiones (23% hombres vs. 19% mujeres), acciones (15% hombres vs. 11% mujeres), seguro de vida (33% hombres vs. 27% mujeres), tarjeta de crédito (58% hombres vs. 54% mujeres) y préstamo personal (20% vs. 16%).

Entre los vehículos utilizados para ahorrar, mujeres y hombres declaran el mismo comportamiento en relación al ahorro en dinero en efectivo (38% ahorra en este medio, indistintamente del sexo), si bien la capacidad declarada de ahorro es mayor en el caso de hombres (64% “ha estado ahorrando en los últimos 12 meses”) que de mujeres (59%). Las mujeres tienden a dar dinero a familiares para que ahorren, o envian remesas para este propósito, en mayor medida que los hombres (5% hombres vs. 6% mujeres).

En los dos años previos a la realización de la encuesta, un 41% de los hombres afirman haber adquirido personal o conjuntamente algún producto financiero, frente a un 36% de las mujeres, encontrándose las mayores diferencias, sin superar los 4pp. en los préstamos, tarjetas de crédito y acciones.

Gestión de la vulnerabilidad financiera

Las mujeres declaran en mayor medida (30% mujeres vs. 26% hombres) que sus gastos han superado a sus ingresos en los últimos 12 meses. En estos casos, el recurso al crédito informal (amigos, empleador), segundo en importancia tras el recurso a los ahorros propios, es mayor en el caso de las mujeres (36% mujeres vs. 33% hombres). También hacen uso no autorizado de descubierto o posponen los pagos en algo de mayor medida que los hombres (15% mujeres vs. 14% hombres). Este recurso es superior en ambos casos al uso de la tarjeta de crédito o la obtención de crédito con garantía real (13% ambos).

En acceso al crédito, los resultados agregados son idénticos para hombres y mujeres salvo la incidencia declarada de haber recibido una cantidad de préstamo menor a la solicitada (1% vs. 2%).

Delegación de decisiones financieras

Comparando hombres y mujeres con características demográficas similares, las brechas en conocimientos se estrechan entre los más jóvenes y entre aquellos individuos que viven en hogares con otros adultos, pero sin pareja, grupo para el que la brecha en el porcentaje de los que responden «no sabe» es menor. Este grupo está asociado al concepto de “delegar” las decisiones financieras.

Un individuo delega cuando en la encuesta ha respondido “No” a la pregunta “queremos saber si está usted familiarizado con las finanzas de su hogar; no solo si conoce las propiedades, productos financieros y deudas del hogar en su conjunto, sino los motivos de unas decisiones u otras sobre gastos e inversiones.” Así, entre los individuos que viven en hogares con otros adultos, pero sin pareja, el porcentaje de los que delega es del 20%, mientras que para el resto de estructuras familiares es del 2%. El conocimiento financiero de quienes delegan es sistemáticamente inferior al del resto de la población, sin existir diferencias de género significativas en este grupo.

[i] Monica Ferrín, Marta Fraile, Gema García-Albacete, “The Gender Gap in Political Knowledge: Is It All About Guessing? An Experimental Approach”, International Journal of Public Opinion Research, Volume 29, Issue 1, 1 March 2017, Pages 111–132, https://doi.org/10.1093/ijpor/edv042

 

Inventario de malas conductas

En 1814, Charles de Berenger, Sir Thomas Cochrane y algunos otros organizaron una conspiración en toda regla: difundieron que Napoleón había sido asesinado por los prusianos. Previamente, acumularon posiciones cuantiosas en bonos británicos que, una vez difundida la “falsa noticia”, ascendieron de precio. Los conspiradores vendieron rápidamente y realizaron buenas plusvalías. Al parecer, entre estos se encontraba David Ricardo, considerado desde siempre como el economista más habilidoso con sus inversiones; más incluso que J.M. Keynes. Pero a los efectos de estas notas la implicación de Ricardo en estos asuntos no es lo más relevante. Es la anécdota para llamar la atención sobre un trabajo al que merece la pena echar un vistazo.

Ese caso aparece como ilustración destacada de “manipulación de precios”, una de las categorías en la reciente recopilación de malas prácticas en los mercados financieros (*). Se han identificado las llevadas a cabo durante los últimos 225 años en 26 países, que han dado lugar a 390 casos tipificados en siete categorías que a su vez agrupan 25 patrones de mala conducta. Es la primera vez que esos patrones de mala conducta han sido sistematizados, analizados y publicados como una referencia conjunta para los participantes en los mercados. Pero también valiosa para los propios reguladores, con el fin último en todos los casos de aprender de la experiencia y evitar la recurrencia de algunos de esos episodios.

El promotor y editor del estudio es el FICCMS (Fixed Income, Currencies and Comodities Markets Standards Board), establecido hace tres años por el Tesoro británico y el Banco de Inglaterra como reacción a los escándalos en torno al Libor (London Interbank Offered Rate).

Y su objetivo es eminentemente práctico, no académico. Está basado en la técnica conocida como Behavioural Cluster Analysis (BCA) desarrollada por el FICC Markets Standards Board (FMSB) . Se trata de una metodología totalmente basada en la evidencia. No es la primera vez que se tratan de identificar comportamientos que se dan con más frecuencia en los casos de mala conducta en los mercados, pero sí es la primera en la que se han sistematizado y analizado esos casos, estableciendo comparaciones de esas prácticas entre países, recopilándose en una única referencia para los participantes en los mercados. La información proviene de casos en las diversas jurisdicciones, que están públicamente disponibles. No tratan de definir ni tipificar legalmente las malas prácticas, sino describirlas con suficiente detalle con el fin de que sean perfectamente conocidas por los participantes en los mercados. Incluidos los supervisores, claro.

Sirva este comentario como una incitación a la lectura del informe. Algunas de las conclusiones son interesantes. Por ejemplo, las malas conductas no son ilimitadas, ni específicas de una época, ni de determinadas clases de activos financieros, o se presentan asociadas a tecnologías. Son las personas, en definitiva, las que favorecen directamente las malas prácticas financieras. Las conductas se adaptan a las nuevas estructuras de mercado y a las nuevas tecnologías, desde lo ocurrido con el Libor hasta las piraterías en los mercados de materias primas o los más sofisticados en derivados. O la difusión de noticias falsas, como la muerte de Napoleón, 199 años antes de que naciera Twitter. Lleva razón Mark Carney, Gobernador del Banco de Inglaterra: “esa revisión es fundamental para identificar las causas últimas de la mala conducta y encontrar vías para reforzar la memoria colectiva del mercado sobre lo que constituye una conducta y práctica aceptables”.

(*) BEHAVIOURAL CLUSTER ANALYSIS, Misconduct Patterns in Financial Markets, julio 2018 https://fmsb.com/wp-content/uploads/2018/07/BCA_v32_1.pdf