Educación financiera y género

Por: | 04 de octubre de 2018

* Verónica López Sabater

 

¿Existe una brecha de género en materia de educación financiera en España? La Encuesta de Capacidades Financieras (ECF 2016) elaborada por el Banco de España en el marco del Plan Nacional de Educación Financiera arroja unos primeros resultados que evidencian la existencia de dicha brecha.

Las tres preguntas sobre conocimientos financieros que han sido utilizadas en la ECF 2016 en población entre 18 y 79 años coinciden con las utilizadas en varios estudios internacionales, estándar en este tipo de análisis en el contexto de la OCDE. Indagan el grado de comprensión entre la población de tres conceptos financieros básicos (inflación, tipo de interés compuesto y diversificación del riesgo).

Para el primero de ellos (inflación), tras una pregunta previa en la que se plantea la situación en la que cinco hermanos reciben un regalo de 1.000 €, que comparten a partes iguales, se pregunta “imagine que los cinco hermanos tuvieran que esperar un año para obtener su parte de los 1.000 €, y que la inflación de ese año fuese del 1%, ¿serán capaces de comprar transcurrido ese año (i) más de lo que podrían comprar hoy con su parte del dinero; (ii) la misma cantidad o (iii) menos de lo que podrían comprar hoy?”.

Para evaluar el conocimiento sobre el segundo concepto (tipo de interés simple), la situación planteada es: “Supongamos que ingresa 100 euros en una cuenta de ahorro con un interés fijo del 2% anual, en la que no aplican comisiones ni impuestos. Si no realiza ningún otro ingreso ni retira ningún dinero de dicha cuenta, ¿cuánto dinero habrá en la cuenta al final del primer año, una vez que le paguen los intereses?”. Y para evaluar el conocimiento sobre el concepto de tipo de interés compuesto, la pregunta es la siguiente: “si no hace ningún ingreso ni retira ningún dinero, una vez abonado el pago de intereses ¿cuánto dinero habrá en la cuenta después de cinco años? Siendo las opciones de respuesta (i) más de 110 euros; (ii) exactamente 110 euros; (iii) menos de 110 euros o (iv) es imposible decirlo con la información dada”.

Para evaluar el grado de conocimiento de la diversificación del riesgo, el individuo debe contestar sí o no a la pregunta de si es posible reducir el riesgo de invertir en bolsa mediante la compra de una amplia variedad de acciones.

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El porcentaje de respuestas correctas a cada una de las tres preguntas realizadas es sistemáticamente menor entre las mujeres que entre los hombres, concretamente 9 puntos porcentuales (pp.) para el concepto de inflación, 8 pp. para el concepto de tipo de interés compuesto y 13 pp. en la correspondiente a diversificación del riesgo. Los responsables de la investigación argumentan que al menos la mitad de esta diferencia se debe a que en cada una de las preguntas, las mujeres responden “no sabe” con mayor frecuencia que los hombres. Una de cada tres mujeres efectivamente declara “no saber” responder a la pregunta sobre diversificación del riesgo, mientras que los hombres responden de este modo uno de cada cinco.

Como en el caso de otras cuestiones analizadas a través de encuestas (véase el estudio The Gender Gap in Political Knowledge: Is It All About Guessing? An Experimental Approach[i]), es importante tener en cuenta que esto podría deberse a que las mujeres son generalmente más propensas que los hombres a admitir que "no conocen" las respuestas, frente a un mayor porcentaje de hombres que tienden a contestar aunque no sepan a ciencia cierta cuál es la respuesta exacta.

Autopercepción

La autopercepción sobre los conocimientos financieros propios es también menor en el caso de las mujeres: las opciones de respuesta que implican que dichos conocimientos son muy bajos o bastante bajos concentran el 20% del total en el caso de las mujeres (15% en hombres), mientras que lo contrario ocurre para las opciones que denotan capacidades financieras “suficientes” (conocimientos medios 44% mujeres vs. 48% hombres; conocimientos bastantes o muy altos 6% mujeres vs. 10% hombres).

Un análisis de los microdatos puestos a disposición por el Banco de España a través de este enlace permitirá obtener resultados mucho más precisos sobre la dimensión de género en combinación con condiciones socioeconómicas tales como la edad, el nivel educativo, la estructura familiar, nivel de ingresos, la titularidad de la vivienda habitual, el lugar de nacimiento (inmigrantes o no) o la delegación de la toma de decisiones financieras de la población española.

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Conocimiento de productos financieros: la hipoteca es de conocimiento universal en España

No se evidencian diferencias de género en el conocimiento de productos financieros específicos de ahorro (cuentas de ahorro, planes de pensiones, fondos de inversión, acciones y bonos), seguros (de vida y médicos), medios de pago (fundamentalmente tarjeta de crédito) y financiación (hipotecas, préstamos personales). Curiosamente, el instrumento financiero más básico (cuenta de ahorro) es el que recibe un menor porcentaje de respuestas positivas a la pregunta “¿ha oído hablar de…?” (73% hombres; 74% mujeres), mientras que el que acumula mayor porcentaje de respuestas afirmativas es la hipoteca (99% hombres; 98% mujeres), seguido de la tarjeta de crédito y seguro de vida (97% para ambos), seguro médico y préstamo personal (95%).

Asimismo, no se observan diferencias de comportamiento entre hombres y mujeres salvo pequeñas en los casos de préstamos personales o hipotecas, tarjeta de crédito, fondos de inversión y algún vehículo de ahorro. Las mayores diferencias (4 pp.) corresponden a plan de pensiones (23% hombres vs. 19% mujeres), acciones (15% hombres vs. 11% mujeres), seguro de vida (33% hombres vs. 27% mujeres), tarjeta de crédito (58% hombres vs. 54% mujeres) y préstamo personal (20% vs. 16%).

Entre los vehículos utilizados para ahorrar, mujeres y hombres declaran el mismo comportamiento en relación al ahorro en dinero en efectivo (38% ahorra en este medio, indistintamente del sexo), si bien la capacidad declarada de ahorro es mayor en el caso de hombres (64% “ha estado ahorrando en los últimos 12 meses”) que de mujeres (59%). Las mujeres tienden a dar dinero a familiares para que ahorren, o envian remesas para este propósito, en mayor medida que los hombres (5% hombres vs. 6% mujeres).

En los dos años previos a la realización de la encuesta, un 41% de los hombres afirman haber adquirido personal o conjuntamente algún producto financiero, frente a un 36% de las mujeres, encontrándose las mayores diferencias, sin superar los 4pp. en los préstamos, tarjetas de crédito y acciones.

Gestión de la vulnerabilidad financiera

Las mujeres declaran en mayor medida (30% mujeres vs. 26% hombres) que sus gastos han superado a sus ingresos en los últimos 12 meses. En estos casos, el recurso al crédito informal (amigos, empleador), segundo en importancia tras el recurso a los ahorros propios, es mayor en el caso de las mujeres (36% mujeres vs. 33% hombres). También hacen uso no autorizado de descubierto o posponen los pagos en algo de mayor medida que los hombres (15% mujeres vs. 14% hombres). Este recurso es superior en ambos casos al uso de la tarjeta de crédito o la obtención de crédito con garantía real (13% ambos).

En acceso al crédito, los resultados agregados son idénticos para hombres y mujeres salvo la incidencia declarada de haber recibido una cantidad de préstamo menor a la solicitada (1% vs. 2%).

Delegación de decisiones financieras

Comparando hombres y mujeres con características demográficas similares, las brechas en conocimientos se estrechan entre los más jóvenes y entre aquellos individuos que viven en hogares con otros adultos, pero sin pareja, grupo para el que la brecha en el porcentaje de los que responden «no sabe» es menor. Este grupo está asociado al concepto de “delegar” las decisiones financieras.

Un individuo delega cuando en la encuesta ha respondido “No” a la pregunta “queremos saber si está usted familiarizado con las finanzas de su hogar; no solo si conoce las propiedades, productos financieros y deudas del hogar en su conjunto, sino los motivos de unas decisiones u otras sobre gastos e inversiones.” Así, entre los individuos que viven en hogares con otros adultos, pero sin pareja, el porcentaje de los que delega es del 20%, mientras que para el resto de estructuras familiares es del 2%. El conocimiento financiero de quienes delegan es sistemáticamente inferior al del resto de la población, sin existir diferencias de género significativas en este grupo.

[i] Monica Ferrín, Marta Fraile, Gema García-Albacete, “The Gender Gap in Political Knowledge: Is It All About Guessing? An Experimental Approach”, International Journal of Public Opinion Research, Volume 29, Issue 1, 1 March 2017, Pages 111–132, https://doi.org/10.1093/ijpor/edv042

 

Inventario de malas conductas

Por: | 02 de octubre de 2018

En 1814, Charles de Berenger, Sir Thomas Cochrane y algunos otros organizaron una conspiración en toda regla: difundieron que Napoleón había sido asesinado por los prusianos. Previamente, acumularon posiciones cuantiosas en bonos británicos que, una vez difundida la “falsa noticia”, ascendieron de precio. Los conspiradores vendieron rápidamente y realizaron buenas plusvalías. Al parecer, entre estos se encontraba David Ricardo, considerado desde siempre como el economista más habilidoso con sus inversiones; más incluso que J.M. Keynes. Pero a los efectos de estas notas la implicación de Ricardo en estos asuntos no es lo más relevante. Es la anécdota para llamar la atención sobre un trabajo al que merece la pena echar un vistazo.

Ese caso aparece como ilustración destacada de “manipulación de precios”, una de las categorías en la reciente recopilación de malas prácticas en los mercados financieros (*). Se han identificado las llevadas a cabo durante los últimos 225 años en 26 países, que han dado lugar a 390 casos tipificados en siete categorías que a su vez agrupan 25 patrones de mala conducta. Es la primera vez que esos patrones de mala conducta han sido sistematizados, analizados y publicados como una referencia conjunta para los participantes en los mercados. Pero también valiosa para los propios reguladores, con el fin último en todos los casos de aprender de la experiencia y evitar la recurrencia de algunos de esos episodios.

El promotor y editor del estudio es el FICCMS (Fixed Income, Currencies and Comodities Markets Standards Board), establecido hace tres años por el Tesoro británico y el Banco de Inglaterra como reacción a los escándalos en torno al Libor (London Interbank Offered Rate).

Y su objetivo es eminentemente práctico, no académico. Está basado en la técnica conocida como Behavioural Cluster Analysis (BCA) desarrollada por el FICC Markets Standards Board (FMSB) . Se trata de una metodología totalmente basada en la evidencia. No es la primera vez que se tratan de identificar comportamientos que se dan con más frecuencia en los casos de mala conducta en los mercados, pero sí es la primera en la que se han sistematizado y analizado esos casos, estableciendo comparaciones de esas prácticas entre países, recopilándose en una única referencia para los participantes en los mercados. La información proviene de casos en las diversas jurisdicciones, que están públicamente disponibles. No tratan de definir ni tipificar legalmente las malas prácticas, sino describirlas con suficiente detalle con el fin de que sean perfectamente conocidas por los participantes en los mercados. Incluidos los supervisores, claro.

Sirva este comentario como una incitación a la lectura del informe. Algunas de las conclusiones son interesantes. Por ejemplo, las malas conductas no son ilimitadas, ni específicas de una época, ni de determinadas clases de activos financieros, o se presentan asociadas a tecnologías. Son las personas, en definitiva, las que favorecen directamente las malas prácticas financieras. Las conductas se adaptan a las nuevas estructuras de mercado y a las nuevas tecnologías, desde lo ocurrido con el Libor hasta las piraterías en los mercados de materias primas o los más sofisticados en derivados. O la difusión de noticias falsas, como la muerte de Napoleón, 199 años antes de que naciera Twitter. Lleva razón Mark Carney, Gobernador del Banco de Inglaterra: “esa revisión es fundamental para identificar las causas últimas de la mala conducta y encontrar vías para reforzar la memoria colectiva del mercado sobre lo que constituye una conducta y práctica aceptables”.

Cuadro

(*) BEHAVIOURAL CLUSTER ANALYSIS, Misconduct Patterns in Financial Markets, julio 2018 https://fmsb.com/wp-content/uploads/2018/07/BCA_v32_1.pdf

 

 

Dinámica de la actividad aseguradora en el mundo (*)

Por: | 27 de septiembre de 2018

 

Las primas ingresadas por el sector seguros a nivel mundial alcanzan una cifra cercana a los 5 billones de dólares en 2017 (Graficos 1 y 2), según el tradicional informe anual sobre la actividad aseguradora mundial[1] que realiza el Swiss Re Institute. Su crecimiento anual en términos reales (descontada inflación) fue este pasado año del 1,5%, similar a la tasa media anual del 1,4% de la década 2007-16. Como es bien conocido, en este último periodo impactó de manera notable la crisis económica y financiera reciente, por lo que dichas tasas reales de crecimiento recientes (Cuadro 1) son relativamente bajas cuando se visualizan con cierta perspectiva histórica.

Un segundo hecho destacable es que ese cierto agotamiento de la capacidad de expansión del negocio en los últimos años en los países avanzados es compensado por un gran dinamismo en los países emergentes (+10% en 2017 y 8,4% en media 2007-16), con un claro liderazgo de China (+21% en 2017) dentro de este grupo. China representa la mitad del negocio de este conjunto de países y es ya, tras Estados Unidos, el segundo mercado asegurador del mundo por volumen de primas. Frente a las emergentes, las economías avanzadas definen una situación de práctico estancamiento en términos reales (-0,6% y 0,3% respectivamente) lastradas por el comportamiento del negocio de vida. A pesar del mucho mayor crecimiento relativo del negocio de seguros en las economías emergentes, las economías avanzadas acumulan no obstante todavía casi el 80% del total de primas emitidas.

Esto es congruente con que la ratio de penetración del seguro (primas/PIB) que alcanza el 7,8% en dichas economías, sea más del doble (Gráfico 3) que la ratio de las emergentes (3,3%). Bien es cierto que en un contexto en el que dicho gap se viene estrechando de manera continuada y significativa en los últimos años, fenómeno tanto más reseñable por cuanto las tasas de avance del PIB son muy superiores en las economías emergentes. En otras palabras, la elasticidad de la variación de las primas a la del PIB es notablemente mayor en las economías emergentes que en las avanzadas. Esto es consecuente con los inferiores niveles de renta per cápita en los primeros, y la evidencia empírica de que la densidad y penetración del seguro aumentan (al menos hasta un punto) con los niveles de renta de un país (Gráfico 4).

Gráficos 1 y 2: Evolución de las primas de seguro directo en el mundo en millones de dólares.

20180923 DM Dinámica de la actividad aseguradora en el mundo g1
20180923 DM Dinámica de la actividad aseguradora en el mundo g1

Fuente: Sigma world insurance database. 2017 Swiss Re Economic Research & Consulting.

 

Cuadro 1: Desarrollo de los principales mercados de seguros en 2017

20180923 DM Dinámica de la actividad aseguradora en el mundo c1

Fuente: Sigma world insurance database. 2017 Swiss Re Economic Research & Consulting.

        Gráfico 3: Evolución de la penetración (primas/PIB)  en vida y no vida por áreas 1980-2017
Economías avanzadas (izda) y Economías emergentes (dcha)

20180923 DM Dinámica de la actividad aseguradora en el mundo g3

Fuente: Swiss Re Institute

    Gráfico 4: Crecimiento de las primas de vida y no vida frente al crecimiento del PIB en términos reales (media móvil de 7 años)
Economías avanzadas (izda) y Economías emergentes (dcha)

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Fuente: Swiss Re Institute

Un último aspecto significativo es que el segmento de No vida sigue manteniendo globalmente un crecimiento en primas más pujante (2,8% en 2017 y 2,1% en 2007-16) que vida (0,5% y 0,9% respectivamente), manteniéndose en los dos ramos el mismo patrón de comportamiento diferencial entre economías emergentes y avanzadas antes señalado.

En la baja pulsación reciente del negocio de vida en los países desarrollados ha impactado también el escenario de bajos tipos, prolongado en el tiempo, que trae causa de la propia crisis económica. Cabe hacer la observación, sin embargo, que su potencial de desarrollo puede ser importante en el contexto venidero de incapacidad de los sistemas públicos de pensiones para dar respuesta suficiente al déficit de ahorro previsional que el marco demográfico, con bajas tasas de natalidad y una longevidad creciente, impone a las economías avanzadas.

En el caso del ramo de No vida, más allá de su crecimiento natural ligado a la actividad económica, los “nuevos riesgos” asociados a la innovación, a la intensificación tecnológica y a la digitalización, o al cambio climático podrían ser fuente de una expansión de la actividad aseguradora, en cierta medida “disruptiva” como aconteció en otras situaciones históricas (e.g. irrupción del automóvil).

 

(*) Esta entrada del blog reproduce parcialmente el análisis realizado en un artículo recientemente publicado en la revista “Spanish Economic and Financial Outlook” editada por Funcas

[1] “World insurance in 2017: solid, but mature life markets weigh on growth”, Sigma 3/2018, Swiss Re Institute

Desafíos para la política de competencia (*)

Por: | 26 de septiembre de 2018

(*) Pablo Hernández

 

Es difícil encontrar precedentes históricos en los que la política de competencia haya adquirido la importancia que hoy reviste para el devenir de las economías europeas. Varios motivos se entrelazan para explicar la creciente atención[1] que se está prestando a cómo enfocar y mejorar las actuaciones de regulación y vigilancia de los mercados.

El proyecto europeo de moneda única supuso para los países de la Eurozona la renuncia a la política monetaria y al control de los tipos de cambio. Sin estas dos palancas de política económica, las medidas estructurales de oferta cobran un protagonismo medular para impulsar la competitividad, en un contexto de pérdida de pujanza de las economías europeas en el ámbito internacional. Así, junto a la política industrial, la política de competencia adquiere una importancia esencial para establecer bases sólidas de crecimiento de la productividad, que ha dibujado una trayectoria relativamente plana en el conjunto de la Unión Europea -y particularmente en el caso español- en las últimas dos décadas.

Por otra parte, la integración global de los mercados y el tsunami tecnológico del que estamos siendo testigos de excepción -Internet y la digitalización- han cambiado los fundamentos y las lógicas de configuración de muchos sectores. La emergencia de market places digitales que intermedian de manera bilateral o multilateral han reducido sensiblemente numerosas barreras de entrada y costes de transacción, alimentando notables eficiencias en la provisión de ciertos bienes y servicios que se intercambian a un precio muy reducido (los contenidos audiovisuales en streaming constituyen un buen ejemplo). Los consumidores se enfrentan de manera creciente a una oferta masiva, y los avances en algoritmia y tratamiento de datos permiten soluciones personalizadas que minimizan el coste de búsqueda o “atención” del usuario. Por último, han contribuido a mitigar fallos de mercado derivados de asimetrías informativas que habrían justificado hasta ahora la intervención pública. Así, los marcos regulatorios de muchas actividades -taxi, alojamiento, comercio, por citar solo algunos ejemplos- han quedado obsoletos como consecuencia del cambio de paradigma.

No obstante, de la mano de las externalidades de red y las economías de escala alcanzables crecen los incentivos a seguir estrategias de consolidación para la expansión de las redes, materializadas en muchas ocasiones por la vía de procesos de fusión o adquisición. Esta ha sido la pauta descrita hasta el momento. Ejemplos recientes, como la compra de Whatsapp por parte de Facebook o la de LinkedIn por parte de Microsoft son expresivos de esta dinámica, que ha dado lugar a un escenario en el que algunos operadores han alcanzado una considerable posición de dominio a escala internacional y un papel de intermediario crítico para sus rivales (papel guardián). Y es que el equilibrio eficiente de los mercados digitales se determina habitualmente en pocos operadores (a veces solo uno, cuando se reúnen condiciones naturales de monopolio). En este sentido, la elevación de barreras de entrada basadas en la acumulación de datos y generación de redes de gran tamaño de usuarios cautivos (efectos de bloqueo) puede dar lugar a conductas anticompetitivas como la discriminación de precios, restricciones verticales, abuso de posición de dominio por exclusión o el freno a la innovación. No solo en el ámbito concreto de las plataformas, sino también en los mercados adyacentes o afectados por la intermediación multilateral de las mismas.

Así pues, la política de competencia afronta hoy importantes desafíos. La complejidad que entraña hoy discernir las dimensiones de los mercados digitales, que se definen de manera endógena y dinámica en función del comportamiento de los operadores (la innovación en la creación o la expansión a nuevos mercados) y la interdependencia y retroalimentación de efectos directos e indirectos entre productos y areas geográficas, precisará de un replanteamiento de los instrumentos analíticos de caracterización de las estructuras y evaluación de las conductas. Indicadores habitualmente utilizados, como las cuotas de mercado o los márgenes, pueden no ser informativos del poder ejercido por operadores dominantes. En este sentido, las plataformas digitales pueden encontrar el óptimo, por ejemplo, con estructuras de precios en los que alguno de los lados que intermedian presente precio nulo o por debajo del coste marginal. Posiblemente deban ser acompañados crecientemente por otros parámetros que evalúen el grado de tensión competitiva y el carácter expugnable de los mercados, pues las eficiencias se generan con mayor concentración, pero solo la amenaza real de entrada corrige o disciplina los incentivos a las conductas anticompetitivas del operador establecido. Por consiguiente, la presencia de barreras de entrada, disponibilidad de alternativas para llegar a usuarios finales, efectos de bloqueo, o el grado de innovación pasan a tener un relevante papel a la hora de estimar daños al bienestar.

Otro de los retos será avanzar en una coordinación más regular y profunda de las autoridades nacionales de competencia, para el tratamiento de casos que involucren a distintas jurisdicciones, de manera que disminuya la fragmentación de la actividad supervisora tal y como está reduciéndose la de los propios mercados.

En resumen, una mala ejecución de la política de competencia podría cercenar el indiscutible avance que los mercados digitales están derivando al tejido productivo y a la sociedad en su conjunto. Asimismo, de la calidad de la regulación dependerá en buena medida que se aprovechen las oportunidades que el progreso tecnológico proporciona para el avance de la productividad y el bienestar económico.

 

[1] La Comisión Europea ha lanzado una iniciativa de consulta a un panel de asesores externos y stakeholders para discutir sobre el diseño y la ejecución de la política de competencia en la era digital.

Un esquema público innovador para financiar proyectos de eficiencia energética

Por: | 06 de septiembre de 2018

Hace unos meses abordábamos distintas opciones para mejorar el atractivo de los proyectos de eficiencia energética. Pero hoy cabe hablar de un instrumento no mencionado entonces que parece que cambiará la dinámica en Europa, como ya lo ha hecho en Estados Unidos. Nos referimos al programa PACE (Property Assessed Clean Energy Programs), que en breve iniciará una primera prueba piloto en Europa, en concreto en el municipio de Olot (Girona).

EuroPACE1 EuroPACE1

El programa PACE ha demostrado que favorece el desarrollo de proyectos de inversión asociado a “algunos” activos físicos, principalmente edificios, permitiendo a sus propietarios financiar la mejora energética -reducción de consumo o generación mediante energía renovable- mediante pequeñas cuotas a abonar a lo largo de un largo periodo de tiempo. A priori, dicho esquema parece asociado a un préstamo tradicional a largo plazo sino fuera porque la deuda no queda asociada al propietario, sino que la devolución del préstamo está vinculada al bien en si mismo, cualquiera que sea su propietario en cada momento.

Dicha estructura se basa, en primer lugar, en la capacidad del sector público -ayuntamientos o regiones- para constituir un instrumento financiero de préstamos dotado por medio de la emisiones de los llamados bonos PACE, fondos propios y/o aportaciones de inversores privados que quieren participar en dichos esquemas de financiación -normalmente en estos casos con cobertura pública en caso de primera pérdida-

La disponibilidad financiera generada permite financiar las inversiones de los propietarios sin coste inicial ni desembolso alguno para ellos, pero a la vez desarrollar las mejoras convenientes en el edificio que permita generar futuros ahorros en cuanto al coste energético de los mismos.

El pago de la deuda se suele articular en un periodo de tiempo elevado – normalmente de entre 5 y 25 años según la tipología de la inversión realizada- mediante el pago, en la mayoría de los casos, de un recargo en el impuesto de bienes inmuebles (denominado owners’ property tax en Estados Unidos), asegurando con ello el repago de la deuda contraída.

La asignación de la deuda al activo permite que, en caso de que la propiedad del mismo cambie, ésta se transfiera con el mismo facilitando con ello la asignación de pagos “asegurados” durante un periodo amplio de años, de forma que los ahorros resultantes cubran en gran medida los costes iniciales.

Iniciado en 2008 en el estado de California de forma experimental fue expandiéndose progresivamente hasta alcanzar (en el ámbito residencial) un acumulado de más de 220.000 viviendas mejoradas, cuya estimación alcanza los 5.000 millones de dólares de inversión y más de 42.000 empleos creados.

PACE1

La clave del éxito de este esquema parece estar en su capacidad para dar solución a los típicos problemas que los proyectos de mejora energética en los edificios –eficiencia o implantación de renovables- presentan.

En general, se trata de proyectos con una rentabilidad segura (reducción de los costes de mantenimiento), pero con un alto periodo de maduración (salvo excepciones, proyectos de más de 10 ó 20 años). Los altos plazos de amortización unidos a algunos requerimientos de inversión en capital fijo elevados, convierten estos proyectos en operaciones de riesgo medio lo que complica su financiación mediante deuda tradicional, no así mediante el pago de cuotas adicionales asociadas al ahorro potencial generado por las inversiones si estas se pueden garantizar de alguna manera como así se consigue al vincular la deuda al bien y no al propietario.

Se trata, asimismo, de proyectos cuyo entendimiento por parte del sector financiero no es sencillo de evaluar puesto que se basa en un conocimiento de estimaciones previas cuya comprensión no es siempre fácil dada la escasa capacidad y experiencia de los intermediarios financieros en este tipo de proyectos, en definitiva, tenemos un clásico problema de agencia entre principal y agente. Problema éste que se soluciona con la participación de agentes públicos con experiencia en materia de edificación y energía y que son los encargados de valorar los ahorros potenciales que cada uno de los proyectos es susceptible de generar, dando una garantía técnica de calidad a los proyectos aprobados bajo este esquema.

Finalmente, ante un problema de incentivos no alineados, situación que ocurre cuando un edificio o vivienda está alquilado o su propiedad no espera con certeza utilizarla durante más de 10 años, hay un reducido interés para que los propietarios de los mismos inviertan en proyectos con un periodo de maduración tan largo. La asociación del pago de la deuda al “impuesto de la propiedad” permite eliminar la incertidumbre temporal del beneficio retribuido asignando su disfrute a los propietarios vigentes en cada momento.

Las alternativas en su estructura son variadas como así lo demuestra la experiencia estadounidense lo cual debería tomarse como una fortaleza para que esquemas como éste, con sus necesarias adaptaciones a cada territorio, sean desarrolladas por el sector público, y aprovechadas por el sector financiero, para favorecer la financiación de proyectos que por más que son necesarios no parecen estar dentro de las necesidades de la mayoría actualmente.

 

Las criptomonedas: comienza su regulación y control

Por: | 25 de julio de 2018

Aunque se las suele considerar una manifestación más de la moderna innovación financiera de base tecnológica, fintech, porque efectivamente la tienen, las posibles repercusiones de las denominadas criptomonedas(*) -aquí nos referimos a las de promoción privada, la más difundida de las cuales es el bitcoin- van mucho más allá, afectando a la definición de lo que es el dinero, que es la perspectiva que adoptamos en este post.

Una buena prueba de ello es que se han llegado a plantear, de momento en el terreno de las ideas, las denominadas monedas digitales emitidas por bancos centrales, que, en su aplicación más general, podrían implicar una concentración del grueso de los sistemas de pagos de una economía en el banco central. Sobre este tema, dos de los comités que tienen su sede en el Banco de Pagos Internacionales, el Comité de Pagos e Infraestructuras de Mercado (CPMI por sus siglas en inglés) y el Comité de los Mercados emitieron un interesante y muy cauteloso informe el pasado mes de marzo, disponible en español. No son de estas monedas de las que trata este post.

Hasta hace muy poco, solía decirse que las criptomonedas escapan a toda regulación, pero ahora ya no es así en el ámbito de la Unión Europea (UE), aunque sea para una finalidad particular. En efecto, el pasado mes de junio se publicaba la Directiva 2018/843, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Esta directiva incluye ahora las denominadas monedas virtuales, “representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central ni por una autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda establecida legalmente, que no posee el estatuto jurídico de moneda o dinero, pero aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de cambio y que puede transferirse, almacenarse y negociarse por medios electrónicos”.

No se trata de una definición del todo precisa como lo prueban diversos considerandos de la directiva que diferencian las monedas virtuales de otras modalidades de lo que podemos llamar el dinero alternativo, como, por ejemplo:

  • El dinero electrónico, regulado por la propia UE, Directiva 2009/110/CE: todo valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que representa un crédito sobre el emisor, se emite al recibo de fondos con el propósito de efectuar operaciones de pago, que es aceptado por una persona física o jurídica distinta del emisor de dinero electrónico.
  • Las monedas de juegos, que solo pueden utilizarse en el contexto específico de un juego.
  • Las monedas locales, también conocidas como monedas complementarias, que son utilizadas en redes muy limitadas, como una ciudad o una región, o por un grupo pequeño de usuarios.

Este esfuerzo de diferenciación nos confirma que nos encontramos ante un intento de redefinir lo que es el dinero, en este caso desde la iniciativa privada, lo que puede tener profundas implicaciones para los sistemas financieros, cuya materia prima es precisamente el dinero.

Lo que la directiva exige es que los Estados miembros garanticen que estén registrados tanto proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales por monedas fiduciarias, es decir, las monedas y billetes de curso legal y el dinero electrónico aceptado como medio de cambio, como los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos, que prestan servicios de salvaguardia de claves criptográficas privadas en nombre de sus clientes para la tenencia, el almacenamiento y la transferencia de monedas virtuales. De esta forma, se puede intentar controlar la utilización de las monedas virtuales para los grandes fines que combate la directiva.

En un plano más general, el Consejo de Estabilidad Financiera, Financial Stability Board (FSB), ha publicado a mediados de este mes un breve informe (10 páginas), dirigido al G20, sobre las criptomonedas, que refleja el estado de los trabajos sobre las mismas a nivel mundial, tanto por el FSB como por otros organismos reguladores de este ámbito que son miembros del FSB:

  • El ya mencionado CPMI, que se ocupa de las innovaciones tecnológicas y sus implicaciones para el proceso de los pagos.
  • La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés), que tiene su sede en Madrid, que trata de las denominadas ICO (initial coin offering), emisiones de criptomonedas, así como de las plataformas donde se negocian estas divisas.
  • El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que se ocupa de las exposiciones de los bancos a las criptomonedas y de su tratamiento prudencial, además de seguir todos los desarrollos de fintech para la actividad bancaria y su supervisión.

A estos organismos se une la Financial Action Task Force (FATF), la organización mundial contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que también reporta al G20, pero de forma independiente a los anteriores. Todos ellos pretenden identificar y mitigar los riesgos de las criptomonedas para los consumidores y la protección del inversor, la integridad de los mercados y la estabilidad financiera.

Sobre este último aspecto, suele decirse, y el FSB confirma en su informe, que, hoy por hoy, las criptomonedas no implican ningún riesgo relevante a la estabilidad financiera global, lo que no impide que sean vigiladas a partir de ahora desde esta perspectiva. Por eso, dicho informe contiene como anexo un conjunto de métricas, aportadas por los organismos que se indican en cada caso, que van a ser seguidas por el FSB. Se pretende observar la evolución del tamaño del mercado de criptomonedas, así como los canales de transmisión de la evolución de este mercado y sus riesgos al conjunto del sistema financiero.

De estas métricas proceden los gráficos que acompañan a este post. Observando estos gráficos se deducen dos características muy relevantes:

  • Las criptomonedas han cobrado un importante empuje en los últimos tiempos.
  • La volatilidad de sus cotizaciones es muy elevada, lo que indica que implican riesgos significativos para quienes operan con ellas.

En definitiva, el potencial abierto por las criptomonedas es importante, más por sus elementos cualitativos que por su relevancia cuantitativa, siendo fiel reflejo de la acelerada dinámica de los sistemas financieros actuales. No cabe duda que los desarrollos tecnológicos abren muchas posibilidades, no sólo desde el punto de vista de la eficiencia, sino también de la inclusión financiera, pero, desde luego, conllevan sus imitaciones y riesgos.

(*) También llamadas criptoactivos, para enfatizar que no se trata de dinero de curso legal.

F-920180725

Sandbox- Innovación controlada (*)

Por: | 18 de julio de 2018

(*) Angel Berges – Fernando Rojas

El anteproyecto de Ley de “Medidas para la Transformación Digital del Sistema Financiero”, recientemente sometido a audiencia pública, abre la puerta al mecanismo conocido internacionalmente como regulatory sandbox, expresión un tanto alambicada que toma como símil el “arenero” donde los niños juegan en el parque sin riesgo de sufrir rasguños o fracturas

Se trata, en esencia, de un espacio controlado de pruebas, donde las innovaciones financieras con base tecnológica puedan enfrentarse a un test de mercado con unas exigencias regulatorias “suavizadas”, pero con todas las garantías en cuanto a protección de los consumidores que participen en dicho test.

Ese concepto de sandbox regulatorio ahora aplicable a las innovaciones financiero-tecnológicas, ha sido importando de otros sectores, y muy especialmente del de bio-tecnología y farmacéutico, sectores en los que un apropiado equilibrio entre incentivo a la innovación y absolutas garantías de seguridad y protección a los participantes en el experimento cobra una importancia capital; y ese se pretende también que sea el caso cuando se trate de poner a prueba innovaciones en el ámbito financiero-tecnológico (“fintech”).

En los dos últimos años, han sido numerosos los países que han puesto en marcha sandboxes, como una forma de incentivar la generación de innovaciones financiero-tecnológicas, al tiempo que se salvaguardaba la protección al consumidor, así como la estabilidad financiera.

La tabla adjunta resume una comparativa del modelo propuesto para España con los existentes en otras jurisdicciones. La comparativa abarca los principales aspectos de funcionamiento, tanto en términos de entidades que pueden optar al “Sandbox”, como en tipo de facilidades (exenciones regulatorias) que se otorga a los participantes en el mismo, así como el tipo de garantías a exigir a los mismos en aras de la máxima protección a los usuarios de los servicios financieros ofrecidos en el espacio controlado de pruebas.

De todos los sandbox existentes, es sin duda alguna el británico el que marcó la pauta y el que ha alcanzado un mayor protagonismo. Puesto en marcha en el verano de 2016, opera mediante un sistema de convocatorias (cohortes) semestrales, en las que las compañías interesadas se someten a aprobación del regulador británico de conducta financiera (Financial Conduct Authority), para su experimentación en el sandbox durante un periodo de tiempo limitado, y con guías de actuación mucha más laxas, previo a su lanzamiento al mercado plenamente regulado.

En las cuatro cohortes que hasta la fecha se han convocado, han sido un total de 280 empresas las que aplicaron, de las que 80 fueron autorizadas a llevar a cabo su experimentación en el sandbox. Se trata sin duda de números reducidos si tenemos en cuenta que Reino Unido es la primera potencia financiera de Europa y una de las primeras del mundo. Ahora bien, el éxito del sandbox británico no radica tanto en el número de entidades que apelan al mismo, sino en el impulso que ha dado a la innovación financiera con base tecnológica, y al maridaje entre banca y fintech. En este sentido, aunque la mayoría de empresas aceptadas en el sandbox británico eran fintech no bancarias, prácticamente todas ellas llevaban a cabo sus experimentos de la mano de algún banco, que les proporcionaba respaldo financiero, pero sobre todo base de clientes con los que llevar a cabo el experimento controlado.

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Es urgente mejorar nuestras competencias financieras

Por: | 13 de junio de 2018

Verónica López (*)

Hoy sabemos más, mucho más, acerca del nivel de desempeño de la población española en materia de educación financiera, gracias a la Encuesta de Competencias Financieras elaborada por el Banco de España con la colaboración del INE en el marco del Plan de Educación Financiera, cuyos resultados están disponibles aquí. Esta encuesta forma parte de un proyecto internacional impulsado desde hace años por la OCDE y cada resultado arroja lecciones que habrán de ser consideradas por todos aquellos agentes que estamos involucrados, comprometidos o somos responsables, de uno u otro modo, de la mejora de dichas competencias.

La encuesta mide el conocimiento y comprensión de conceptos financieros de la población adulta (18 - 79 años), a partir de una muestra representativa de todo el territorio nacional y de cada comunidad autónoma (cuyo análisis obviamos por cuestión de espacio en este blog), conformada por 21.221 personas. También mide la tenencia, adquisición y uso de distintos instrumentos financieros, ya sean de ahorro, deuda y/o seguro. Por último, la encuesta procura establecer una métrica sobre la situación de vulnerabilidad económica que presentan los hogares españoles, esto es, qué capacidad tienen de disponer de recursos ante situaciones imprevistas de pérdida de ingresos.

Tres son las preguntas básicas que ayudan a evaluar el conocimiento financiero de la población, utilizadas estas en diversos estudios internacionales, y relacionadas los conceptos de (i) inflación, (ii) tipo de interés compuesto y (iii) diversificación del riesgo. Mientras que el 58% responde correctamente a la pregunta planteada sobre la inflación, menos del 50% lo hace con las otras dos. El desempeño difiere en función del género (las mujeres muestran menor porcentaje de respuestas correctas, en torno a 10 puntos porcentuales menos que los hombres), nivel educativo alcanzado y edad de la persona entrevistada, si bien en este último caso en función del concepto preguntado: la inflación y sus efectos la entienden mejor los adultos de más edad.

Es también muy importante detectar el grado de conocimiento de los productos financieros básicos que se encuentran disponibles a la población para su adquisición, tales como: instrumentos de pago (tarjetas de débito y crédito), de ahorro (cuentas de ahorro, imposiciones a plazo, activos de renta fija), o seguros (de vida, etc.).  Y junto al conocimiento, el acceso, tenencia y uso que de ellos hacen.

España se caracteriza, y esta encuesta viene a corroborar, que el acceso y tenencia del producto financiero más básico – la cuenta corriente- es prácticamente universal, como así reconocen el 97% de los individuos, si bien este porcentaje baja al 94% entre aquellos que viven en hogares con rentas inferiores a los 14.500 euros. Tras la cuenta corriente, el producto financiero más común es la tarjeta de crédito, declarada por el 56% de los individuos.

Distinta es la relación con los productos de ahorro, que crece con el nivel educativo y la renta del hogar: solo el 43% de los individuos declaran poseer un vehículo de ahorro – ya sea una cuenta de ahorro (26%), plan de pensiones (20%, si bien en el tramo de edad de 45 a 65 años asciende a uno de cada tres), fondos de inversión o acciones (13%) y/o activos de renta fija (1%). Si analizamos los seguros, 3 de cada 10 individuos declara tener uno de vida, llegando al 45% para el rango de edad 35-54 años. En cuanto al endeudamiento, el 41% de la población tiene alguna deuda, siendo este mayor en individuos de 35 a 44 años.

Los anteriores patrones de tenencia de productos financieros varían también en función de la composición del hogar: quienes residen con otros adultos que no son su pareja tienen una menor probabilidad de tener productos de ahorro, deudas o tarjetas de crédito que aquellos que viven con su pareja o que no conviven con otros adultos.

El 38% de la población ha adquirido (de forma individual o conjunta) algún producto financiero en los dos años anteriores a la celebración de la encuesta, predominando la tarjeta de crédito (16%), préstamos personales (14%) y cuenta de ahorro (11%). Las fuentes de información utilizadas por los individuos a la hora de adquirir sus productos financieros son fundamentalmente la propia entidad financiera que oferta el producto (para dos de cada tres); los comparadores apenan los utiliza de forma relevante el 12% de los que han adquirido algún producto en los últimos dos años.

El 61% de los individuos entrevistados declaran haber ahorro en los 12 meses anteriores a la encuesta. El método más frecuente (63%) es la acumulación de fondos en la cuenta corriente, y solo el 14% y el 11% utiliza cuenta de ahorro y plan de pensiones respectivamente. Pero el 38% de los que ahorran lo hacen en efectivo, ascendiendo al 53% en el caso de los desempleados o inactivos.

La inclusión financiera se observa también en los modos de financiación de los gastos cuando estos exceden los ingresos: un 28% de los individuos viven en hogares cuyos gastos han excedido a sus ingresos en los 12 meses anteriores. La mitad de ellos financió el déficit con ahorros; el 35% recurrió a amigos o familiares – más común en los grupos de rentas más bajas-, el 13% amplió líneas de crédito existentes con entidades financieras (incluido recurso a tarjeta de crédito) y el 9% contrató nuevos préstamos). El aplazamiento de pagos o los descubiertos no autorizados con tarjeta de crédito fueron utilizados por el 15% de los que se encuentran en dicha situación deficitaria.

Es notoria la presencia de vulnerabilidad económica, habida cuenta de que casi uno de cada cuatro individuos (22%) vive en hogares que, en la eventualidad de perder su fuente principal de renta, tienen capacidad de mantener su nivel de gasto por un periodo inferior al mes. El porcentaje asciende a uno de cada tres en hogares con nivel de renta inferior a 14.500 euros.

(*) Consultora del Área de Economía Aplicada de Afi

Medir el bienestar en la era digital

Por: | 12 de junio de 2018

Pablo Hernandez (*)

El fenómeno de la digitalización ha despertado un enorme furor en los últimos años. Raro es el mes –a veces, la semana- que no se celebra algún congreso o jornada cuyo leitmotiv es la transformación digital. En ocasiones, como parte de la estrategia de difusión de un último informe de interés elaborado por alguna institución o casa de análisis. Otras, como alternativa para reunir a distintos expertos que aborden algún debate sobre sus efectos en un ámbito o materia concreta.

Sin lugar a dudas, es un interés justificado, pues la sociedad es hoy juez y parte de una revolución tecnológica a la altura de otras bien conocidas en la historia contemporánea. Nuestra manera de relacionarnos y de producir y consumir bienes y servicios ha cambiado de manera difícilmente reversible desde que se expandiese Internet a comienzos del siglo XXI. Está cambiando, de hecho, en una suerte de cambio estructural o proceso de “destrucción creativa” á la Schumpeter, cuya hondura es aún difícil de precisar y su horizonte más complejo aún, si cabe, de escrutar.   

En la era digital las ideas han sustituido progresivamente a las cosas, los bits a los átomos; en definitiva, lo antes material pasa a ser ahora intangible. Muchos bienes y servicios han reducido su coste de producción de manera fulminante, hasta convertirse incluso en bienes de “coste marginal” nulo –free goods, en terminología anglosajona- cuyo precio de mercado se aproxima a cero. Baste nuestra propia experiencia cotidiana para evidenciar el alcance de este upgrade tecnológico con ejemplos tan palpables como las comunicaciones, el comercio electrónico, la banca digital, los medios de comunicación o el sector audiovisual, entre otros muchos. En resumen, los desarrollos ulteriores de Internet han derivado grandes cotas de bienestar para la sociedad en múltiples dimensiones.

No obstante, si bien estos avances en nuestro nivel de vida son bien perceptibles a título individual, su reflejo a escala colectiva apenas es captado por las estadísticas oficiales. Las métricas convencionales utilizadas para aproximar el bienestar que todavía prevalecen en el análisis económico -el PIB, el PIB por habitante o la productividad- no reflejan adecuadamente la contribución al bienestar del consumo de bienes no rivales como son, por lo general, los digitales. La razón estriba en la propia naturaleza del PIB, que por “construcción” recoge exclusivamente aquellas transacciones que circulan por el mercado.

Un buen ejemplo ilustrativo lo constituye la experiencia de la industria musical. Desde la irrupción de nuevas plataformas –Youtube, Spotify, iTunes, etc.- la oferta accesible para el consumidor en streaming es infinitamente mayor. Se escucha más música que nunca y a coste marginal irrisorio. La calidad de la música tampoco se ha reducido, si damos por válidas las conclusiones de estudios académicos que han abordado esta cuestión. De aquí podría inferirse que los consumidores son más “felices”. Sin embargo, si uno se atiene al Valor Añadido Bruto generado por la industria en las últimas dos décadas, la lectura es diametralmente distinta. A juzgar por la evolución de la facturación del sector, el bienestar de los consumidores podría incluso haberse reducido durante varios periodos. En definitiva, la penetración de los bienes y servicios digitales ha agudizado el viejo cuestionamiento del PIB como medida de bienestar.

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Fuente: Afi

El propio Simon Kuznets -responsable destacado de la extensión de los sistemas de contabilidad nacional en los años treinta del s. XX junto a Richard Stone- ya advertía de sus limitaciones cuando afirmaba que “el bienestar de una nación apenas puede deducirse por la medición del ingreso nacional”. Por otra parte, en 1987, el mismo año en que era distinguido con el Premio Nobel de Economía por sus aportaciones en el campo de la teoría del crecimiento, Robert Solow enunciaba una curiosa paradoja acerca del impacto económico del progreso tecnológico vinculado a la computación en EE.UU. en la década de los 70 y 80: “La era de la informática está por todas partes, salvo en las estadísticas de productividad”.

Más adelante, Sen y Stiglitz, en un informe encargado por la administración Sarkozy en 2009, señalaban que si bien los tradicionales inconvenientes inherentes al PIB para la medición del bienestar se habrían agravado como consecuencia de la aparición de Internet, los avances en economía y técnicas estadísticas deberían de otorgar oportunidades para la exploración de nuevas métricas.

En ese espíritu, Brynjolfsson, Eggers y Gannamaneni han publicado hace escasos meses un trabajo que persigue precisamente explorar el potencial de nuevas tecnologías de extracción de información a bajo coste -encuestas masivas online- para aproximar la utilidad que proporcionan bienes y servicios digitales ocultos en el PIB.  Partiendo de un enfoque micro clásico de análisis de bienestar, estiman curvas de demanda de bienes digitales con modelos de elección discreta y cuantifican el excedente del consumidor asociado a diversos servicios digitales, entre los que figura, por ejemplo, Facebook (plataforma para la que estiman 450 dolares anuales en concepto de excedente por consumidor en EE.UU.).

A pesar de incorporar ciertos sesgos y precisar futura sofisticación –como reconocen los propios autores- la lectura que cabe extraer es que las nuevas tecnologías no solo han irrumpido transformando los fundamentales de nuestras economías. También han abierto un amplio campo de experimentación para complementar la manera en que medimos el bienestar en la era digital, más allá del PIB (al que, más allá de su vigente utilidad, se le debe seguir reconociendo como uno de los grandes inventos del s. XX y un hito fundamental en la historia de la ciencia económica).

(*) Consultor del Área de Economía Aplicada de Afi 

Hacia una UEM más solidaria

Por: | 07 de junio de 2018

Con ocasión de la Cumbre del euro prevista para finales de este mes, en la cual deben adoptarse importantes decisiones para la profundización de la unión económica y monetaria (UEM), la Comisión Europea (CE) ha propuesto dos nuevos mecanismos para intentar conseguir una mayor solidaridad entre sus miembros, en un intento de corregir una de las principales deficiencias que presenta la UEM desde su inicio.

Ambas propuestas se enmarcan en las siempre difíciles negociaciones sobre el presupuesto de la Unión Europea (UE) a largo plazo, en este caso para el período 2021-2027, que en último término debe ser aprobado por los dos colegisladores, Parlamento Europeo y Consejo de la UE. En todo caso, en este post nos interesa destacar la novedad y los principios que suponen dichas propuestas, a las que debemos calificar de entrada de cortas en cuanto al potencial financiero con que han sido dotadas, aunque a más de un lector le puedan parecer cantidades elevadas.

La CE propone la creación de un Programa de Apoyo a las Reformas (PAR), COM(2018) 391, y de una Función Europea de Estabilización de las Inversiones (FEEI), COM(2018) 387*, que combinan la solidaridad y la responsabilidad entre los países afectados, dando carta de naturaleza al área euro en el presupuesto a largo plazo de la UE. A fin de cuentas, con el Brexit, el PIB del área se situará en torno al 85% del total de la UE.

El PAR ofrecerá asistencia a las reformas prioritarias en todos los Estados miembros de la UE, con un presupuesto global de 25.000 millones €. Incluye tres instrumentos separados y complementarios:

  • Un Instrumento Operativo de Reforma para proporcionar apoyo presupuestario a las reformas clave señaladas en el contexto del Semestre Europeo, con una dotación de 22.000 millones € de euros para todos los Estados miembros.
  • Un Instrumento de Apoyo Técnico para ayudar a los Estados miembros a diseñar y aplicar reformas y mejorar su capacidad administrativa, con un presupuesto de 840 millones €.
  • Un Instrumento de Convergencia con una dotación de 2.160 millones € que ofrecerá apoyo financiero y técnico específico a los Estados miembros que hayan logrado avances demostrables encaminados a la adopción del euro, por lo que no es de interés para España.

El PAR respaldará la aplicación de reformas en ámbitos tales como los mercados de trabajo y de productos, la educación, los sistemas tributarios, los mercados de capitales, el entorno empresarial, la inversión en capital humano y las reformas de la Administración Pública.

La FEEI contribuirá a la estabilización de los niveles de inversión pública y facilitará la rápida recuperación económica en caso de perturbaciones económicas importantes en los Estados miembros de la zona del euro y en los que participen en el mecanismo europeo de tipos de cambio (MTC II). Con sujeción a criterios estrictos acordes con políticas macroeconómicas y fiscales sólidas, podrán movilizarse rápidamente préstamos por un importe máximo de 30.000 millones €, junto con una bonificación de intereses para cubrir su coste.

Para esto último se creará un nuevo Fondo de Apoyo a la Estabilización que recaudará contribuciones de los Estados miembros equivalentes a un porcentaje de sus ingresos monetarios derivados de los activos en su poder a cambio de los billetes de banco que proporcionen (el denominado señoreaje). Los ingresos de este fondo se asignarán al presupuesto de la UE para conceder bonificaciones de intereses a los Estados miembros que cumplan las condiciones de admisibilidad.

Esta función complementará las herramientas existentes a nivel nacional y europeo destinadas, por un lado, a prevenir la aparición de crisis, entre las que destaca el Semestre Europeo y la correspondiente financiación de la UE, y, por otro, a hacer frente a las situaciones de dificultad financiera, mediante el Mecanismo Europeo de Estabilidad y ayudas a la balanza de pagos. No cabe duda que la FEEI es el mecanismo más novedoso y puede ser el más potente de los propuestos, motivo por el cual acompañamos un esquema sobre su funcionamiento previsto.

Estos instrumentos se complementan y operarán en plena sinergia con las prioridades de reforma señaladas en el contexto del Semestre Europeo de coordinación de las políticas económicas, así como con otros instrumentos de financiación de la UE en favor del empleo, el crecimiento y la inversión, como los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, el nuevo Fondo InvestEU –propuesto por la CE ayer, COM(2018) 439, que persigue agrupar en una misma estructura la financiación del presupuesto de la UE en forma de préstamos y garantías– y el Mecanismo Conectar Europa.

Y es que el presupuesto de la UE puede parecer pequeño, lo es y mucho, frente a otras referencias comparables como pueden ser estados federales, Estados Unidos, Canadá, Suiza, etc., pero históricamente se ha materializado en un conjunto de mecanismos que han ido cubriendo necesidades específicas, y ahora estamos ante un caso de ampliación significativa de dichas necesidades.

No se trata tanto de mirar la botella medio vacía o medio llena, según se prefiera, sino recordar lo que han supuesto para la modernización de nuestro país los fondos estructurales y los de cohesión desde nuestra adhesión a las Comunidades Europeas en 1986. No digamos el más reciente rescate de nuestro sistema bancario. En este sentido, al margen de los detalles técnicos, tenemos todas las razones para defender que los nuevos mecanismos propuestos por la CE se pongan pronto en marcha y sean utilizados por los países que los necesiten.

Cuadro

* Disponible en español 

Finanzas a las 9

Sobre el blog

Los profesionales de Afi ofrecen un punto de vista singular sobre la actualidad del sistema financiero. En cada publicación se aborda el análisis de cuestiones ligadas al proceso de transformación del sector, a las novedades regulatorias, a la relación con la tecnología o al repaso de los fundamentos teóricos que explican las bondades de un sistema financiero sólido.

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Afi es, desde 1987, una empresa líder en consultoría y formación independiente en economía, finanzas y tecnología. El rigor técnico, la innovación y la orientación al cliente son las bases de nuestra diferenciación y nos han permitido ofrecer desde 1994 formación financiera especializada a través de Afi Escuela de Finanzas.

Emilio Ontiveros Presidente de Analistas Financieros Internacionales (Afi) y de Afi Escuela de Finanzas, además de Catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. @ontiverosemilio.

Ángel Berges Vicepresidente de Analistas Financieros Internacionales (Afi) y Catedrático de Economía Financiera de la Universidad Autónoma de Madrid. @AbergesAngel.

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Esteban Sánchez Pajares. Socio del área de Servicios Financieros de Analistas Financieros Internacionales (Afi). @est_snchez.

Francisco José Valero. Socio del área de Estudios de Analistas Financieros Internacionales (Afi) y Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Carmen López. Consultora del área de Finanzas Públicas de Analistas Financieros Internacionales (Afi). @Carmen_AFI.

Ricardo Pedraz Consultor del área de Finanzas Públicas de Analistas Financieros Internacionales (Afi). @RicardoPedraz.

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