El secretario general de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, durante la rueda de prensa que ofreció para presentar la campaña de comunicación que ponía en marcha la CEE en el contexto de la celebración, el 25 de marzo de 2009, de la Jornada por la Vida. / EFE
Hace ahora cinco años que la Conferencia Episcopal Española lanzó una campaña contra el aborto. Tuvo una enorme repercusión social y política. Como se ve en la imagen que encabeza esta entrada, el secretario general, Martínez Camino, muestra el cartel de la campaña. En él se establecía una felina comparación entre un lince y un niño de corta edad ya capaz de gatear.
El Gobierno socialista de la época impulsaba la reforma de la ley de supuestos por una de plazos. A la jerarquía católica española –como es sobradamente conocido- no le gusta ninguna que permita la voluntaria interrupción del embarazo, cualquiera que sea el caso. "Quitar la vida a una persona es el atentado mayor que se pueda cometer" dijo el presentador de la campaña y muy ufano, añadió: "Está muy bien que se ampare a los animales en peligro de extinción, que se proteja la diversidad de la biosfera, pero justamente esta sensibilidad mayor que tenemos para la biosfera nos debe hacer reflexionar acerca de la necesidad de proteger, no menos, sino más, a los seres humanos que van a nacer."
El Gobierno socialista había hecho un esfuerzo notable de pacificación de sus relaciones con la jerarquía católica, rotas tras la aprobación del matrimonio homosexual en la anterior legislatura. Consistió fundamentalmente en mejorar la financiación de la Iglesia española con la secreta esperanza de ablandar a los halcones episcopales y conseguir una relación fluida. No se reparó en gastos, recepciones, calditos y genuflexiones. Con ocasión del cambio que se proponía hacer el Gobierno de la legislación en materia de aborto, el poder político comprobó amargamente que tanto esfuerzo por hacerse perdonar no sirvió para nada.
“El cartel presentado ayer, del que se han hecho 30.000 copias, se exhibirá de manera preferente en los centros educativos católicos y en los templos, pero también en 1.600 enormes vallas en calles de 37 ciudades (215 vallas en Madrid y otras tantas en Barcelona). Ocho millones de dípticos se entregarán en mano. Martínez Camino no desveló su coste.” En esta presentación ante la prensa de la campaña los periodistas le preguntaron lo obvio: ¿mandaría a la cárcel a las mujeres que abortan? Titubeó, según contó en su crónica Juan G. Bedoya. En otra incursión por el jardín de la protección de especies recordó que el Código Penal prevé penas de prisión para los que atenten contra la flora y fauna protegida. Se frenó, aunque cabe suponer que en la confianza del brasero hubiera concluido su razonamiento condenatorio.
El 17 de marzo de 2009, hoy se cumplen cinco años, apenas 24 horas después de que Martínez Camino lanzara la campaña, se presentó un manifiesto que firmaron varios centenares de académicos, investigadores, catedráticos y profesores de universidad. Se denominó Declaración de Madrid. Sus promotores aseguraban que sus argumentos no eran ideológicos sino exclusivamente científicos.
El catedrático de Genética Nicolás Jouve, uno de sus promotores, ilustró a la audiencia: “La biología celular explica que los seres pluricelulares se constituyen a partir de una única célula inicial, el cigoto, en cuyo núcleo se encuentra la información genética que se conserva en todas las células y es la que determina la diferenciación celular; la embriología describe el desarrollo y revela cómo se desenvuelve sin solución de continuidad”.
A medida que pasaban los días, la Declaración de Madrid cosechaba adeptos y tras 20 días de existencia ya acumulaba 2.064 firmas.
No había unanimindad en la comunidad científica. A los pocos días se publicó otro manifiesto, En contra de la utilización ideológica de los hechos científicos, que rebatía las afirmaciones de sus colegas por disfrazar como argumentos científicos lo que sólo puede pertenecer al "ámbito de las creencias personales, ideológicas o religiosas". Y contestaba con rotundidad a Jouve que "el momento en que puede considerarse humano un ser no puede establecerse mediante criterios científicos; el conocimiento científico no puede afirmar o negar si esas características confieren al embrión la condición de ser humano. Esto entra en el ámbito de las creencias personales, ideológicas o religiosas".
Más de 1.000 científicos pusieron su firma a este manifiesto. Cuando se comparaban las cifras, se veía que el manifiesto antiabortista tenía el doble de apoyos. EL PAÍS hizo una disección detallada de la entidad de los firmantes y los argumentos esgrimidos en ambos manifiestos.
La batalla moral y científica fue encarnizada. En el seno de la Iglesia hubo destacadas voces que osaron pronunciar su desacuerdo con la postura de la jerarquía a través de dos manifiestos que tuvieron nutrida participación de clérigos con nombres muy relevantes. Destacable era la presencia de Juan Masiá, jesuita y reconocida autoridad en el campo de la bioética. En una entrevista publicada años antes en EL PAÍS dejaba un titular que condensaba la deriva eclesial sobre aborto y anticoncepción: "El sexo es una piscina en la que la Iglesia católica no hace pie". Pocos días después de hacerse público el manifiesto que rubricó, Juan G. Bedoya le entrevistó en las páginas de la sección de Sociedad. De nuevo, dejó su impronta.
P. Le pregunté sobre la afirmación episcopal de que el Gobierno, si aprueba la ley del aborto, estará matando a personas.
R. Es retórica demagógica unida a exageración hispánica. (...)
Esta era su opinión sobre el aborto planteado en los términos que estaba en aquellos momentos: "Si me preguntan por el comienzo de una vida humana individual, diré que no antes de la implantación del preembrión en el útero materno y no después, como muy tarde, de la novena semana. Pero no hay que mezclar este tema con el de la legislación. La pregunta no es si ha comenzado o no una vida humana, sino en qué casos y con qué condiciones de seguridad jurídica se puede interrumpir el proceso de una vida naciente (en camino hacia el nacimiento), sin hacer violencia al respeto debido tanto al feto como a la gestante. Es lamentable que no se pueda debatir serenamente sobre estas cuestiones.
Tengo mucha confianza en que hay bastantes parlamentarios, tanto en el partido del Gobierno como en la oposición, y tanto de una confesionalidad como de otra o de ninguna, que coinciden en el sentido común, en la responsabilidad en cuestiones de Estado, en hacer compatible la defensa de la vida con la despenalización y la seguridad jurídica de madres y profesionales de la sanidad."
Tres días después de presentarse la campaña era la fiesta grande de Valencia, el 19 de marzo. El obispo de la ciudad, Agustín García-Gasco, pronunció la homilía en la misa de la solemnidad de San José que presidió en la catedral de Valencia: "Os invito a que en todas las comisiones falleras se viva ese espíritu familiar. Que en vuestros casales falleros se aprenda a vivir verdaderamente, a valorar la vida y la salud, la libertad y la paz, la justicia y la verdad, el trabajo, la concordia, la alegría y el respeto; que la alegría de las fallas de San José os dé siempre sabiduría para amar la vida y para rechazar la muerte provocada". EL PAÍS tituló García-Gasco llama a los falleros a combatir el aborto. La jerarquía católica tenía decidida voluntad de apretar al Gobierno y ponerle en un brete.
Después de las Fallas, la Semana Santa. Ahí se echó el resto. "Varias asambleas y consejos de hermandades de Sevilla, Córdoba, Huelva, Cádiz, Jaén o Granada han decidido mostrar públicamente su rechazo a la modificación de la ley del aborto que plantea el Gobierno central y que están debatiendo los partidos políticos. Han hecho suyos los razonamientos de los obispos españoles y esgrimen que defienden el "derecho a la vida" desde "la concepción a su muerte natural como valor supremo" y que por eso rechazan "la futura nueva ley del aborto". "El caso más gráfico es de momento el de Córdoba, donde los hermanos mayores de las cofradías apuestan por que los pasos luzcan lazos blancos contra el aborto." Con precisión relojera, la campaña ganaba intensidad. La exministra Carmen Calvo señaló que tomando estas iniciativas, los cofrades "están mezclando la actividad religiosa y la política". Las 14 cofradías que desfilan por las calles de Madrid se adhirieron a la iniciativa del lazo blanco como "denuncia silenciosa y religiosa contra toda muerte inocente". Lejos de la unanimidad, la iniciativa del lazo blanco despertó controversia dentro de la cofradías.
La Hermandad Matriz del Rocío emitió un comunicado mostrando su rechazo a la reforma de la ley "en nombre de toda la familia rociera". Esta hermandad insistió en el argumento de que la vida es "sagrada e inviolable desde el momento de su concepción y hasta el de la muerte natural". Esta misma preocupación también embargó a la Federación Católica de Asociaciones de Alumnos, que convocó una concentración en Sevilla el 27 de marzo de 2009 argumentando que el aborto supone "la matanza de 120.000 críos". La convocatoria fue impulsada por la patronal de los centros católicos en Andalucía. La campaña también movilizó a la comunidad educativa. "En el [colegio] de la Purísima Concepción y Santa María Micaela (adoratrices) de Logroño, la directora y profesora de Ética, María Victoria Vindel, mostró en clase de Ética y Ciudadanía de 4º de ESO (que reciben alumnos de 15 años) unas imágenes en las que se muestran supuestos restos biológicos de abortos, como fetos descuartizados, junto al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.
En otras de las imágenes aparece el cartel del PSOE tachado. "¡Ellos ríen mientras muchos niños inocentes morirán con la nueva ley del aborto!", dice una diapositiva en la que se ve a Zapatero con el presidente del PSOE, Manuel Chaves, y el vicesecretario del partido, José Blanco. En el material, de autor desconocido, figuran los logos de Hazte Oír, grupo que se dio a conocer contra el matrimonio gay, y Derecho a Vivir. "
La directora se explicó. "Vindel admite que mostró la proyección, pero dice que obvió "las imágenes que hacían referencia a los políticos". "Lo pasé, y ni siquiera entero, sin aludir a político alguno y nadie dijo nada al respecto. En ningún momento pensé que fuese antigubernamental porque yo, directamente, me considero apolítica... Sólo intentamos vivir en Evangelio", decía. "Si desde el PSOE quieren que vaya a pedir perdón, lo hago sin ningún problema", apostillaba Vindel. "¿Cómo puede alguien pensar que hago política en las aulas?"
En algunas de las diapositivas proyectadas a los chicos se pedía que no se votara al PSOE, o se daban las direcciones del presidente, la ministra Bibiana Aído y del PSOE en Madrid para que se enviaran cartas de protesta.
Procesión del Cristo de la Fe y del Perdón recorriendo las calles de Madrid. En la imagen el paso de la María Santísima Inmaculada con un lazo blanco protestando contra la nueva Ley del Aborto. / Gorka Lejarcegi
El entusiasmo antiabortista impregnó una iniciativa política adoptada pocos días después de que la Conferencia Episcopal presentara la campaña del lince. "La ofensiva de la Generalitat valenciana contra la reforma del aborto ya está diseñada y tiene forma de ley. El "derecho a la vida en formación" y de la madre gestante a seguir adelante con el embarazo son los pilares sobre los que descansa el andamiaje del anteproyecto de Ley de Protección a la Maternidad y Paternidad que ultima el Ejecutivo de Francisco Camps, del PP." Se planteaba reclutar voluntarios a través de una oferta pública "con el fin de tener un número suficiente para crear estas redes" para que se encargaran de disuadir a gestantes en riesgo de abortar y se había prometido pagar 600 euros durante 36 meses a mujeres en situación de riesgo de exclusión que decidieran no abortar. El impulsor de esta política era Juan Cotino, consejero de Bienestar Social. "Soy muy feliz", dijo Cotino, "antes de verano seremos la primera comunidad autónoma de España en la que apostamos por una ley social de apoyo a la madre y al ser engendrado. Para el Gobierno valenciano, se es cuando se es engendrado".
En esta línea, Camps llegó a anunciar la creación de "un censo, al margen del Registro Civil y sin efectos jurídicos, en el que los padres que lo deseen podrán inscribir a bebés que hayan nacido muertos o hayan fallecido durante las primeras 24 horas. También se incluyen los fetos procedentes de abortos." La postura del Gobierno valenciano se consagró con una resolución firmada por el propio Juan Cotino en octubre de 2009. "El vicepresidente de la Generalitat valenciana Juan Cotino, que elaboró la Ley de Protección de la Maternidad, ha firmado, desde su nueva Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, la primera aplicación legal de esa norma. Se trata de una resolución que reconoce a los embriones (los óvulos fecundados) los mismos derechos que a los ya nacidos para la obtención de ayudas en los planes de vivienda estatal y autonómico." Una imbatible síntesis de valores.
Hay 1 Comentarios
Muchísimas gracias.
Publicado por: estrella | 18/03/2014 12:14:55