Viñeta de Forges publicada el 25-6-2010
Se publicaron hace 35 años las listas de contribuyentes a Hacienda y sus declaraciones de la renta. Ocurrió en abril de 1979, y fue todo un acontecimiento que despertó el interés y la curiosidad de los españoles. No se trataba de un problema reciente, pero este precoz ejercicio de transparencia tuvo efímera vida y enérgicos detractores. El empeño de las autoridades de aquella primera hora democrática fue encomiable: "Declare en beneficio de todos" y "Hacienda somos todos" fueron algunos de los lemas de las campañas que desde el Gobierno se lanzaron para que los españoles declararan a Hacienda.
El anuncio de una de esas campañas lo protagonizaba la actriz Bárbara Rey, que glosaba brevemente su vida y hacía un llamamiento a la ciudadanía para que presentara la declaración de la renta.
Ya en 1976, el año de aparición de EL PAÍS, hubo varias noticias que se referían a la publicación de las listas de contribuyentes y sus correspondientes declaraciones correspondientes al año 1974 y presentadas un año más tarde, que parecía inminente en julio de 1976, que un mes más tarde ya se anunciaba que se haría con retraso y que a finales de ese año se supo que por razones técnicas no se iban a conocer.
En noviembre de 1977 se aprobó la Ley de medidas urgentes de Reforma Fiscal, sobre la que el testimonio que ofreció a EL PAÍS José Enrique García Romeu, que era director general de Inspección Tributaria, es esclarecedor: "Hasta la publicación de la ley de Medidas Urgentes, la Hacienda española era una Hacienda transaccional. Se partía de la hipótesis conocida de un fraude fiscal generalizado que políticamente, por razones obvias, interesaba mantener. En este contexto, la labor de la inspección cumplía una función básicamente recaudatoria. Todas las declaraciones debían ser objeto de comprobación, puesto que, como antes decía, todas ellas eran falsas. La ley de Medidas Urgentes supone una ruptura radical con esta situación. Sin duda, esta ley pasará a la historia con el nombre de ley antifraude, puesto que, fundamentalmente, lo que persigue es conseguir una transparencia y sinceridad en las relaciones entre la Administración Tributaria y el contribuyente. Los resultados de la ley no se han hecho esperar, y tanto en la regularización voluntaria de la situación fiscal de las personas físicas, como de las jurídicas, un importante número de contribuyentes han normalizado su situación tributaria. Esto quiere decir que el contribuyente español ha dejado de ser un defraudador."
Asombra leerlo, pero no parece estar dando ninguna exclusiva. Recordaba el catedrático Antonio Santillana del Barrio en un artículo publicado en EL PAÍS que cuando esa ley se aprobó en el Senado, los calurosos aplausos de sus señorías obligaron al presidente de la Cámara a rogar silencio para proclamar el resultado y señalaba que "dicha ley nace del convencimiento de que debe cambiarse radicalmente la actitud del contribuyente español, que hasta ahora incluso presumía de defraudador, para transformarlo en contribuyente responsable, para quien el pago del impuesto constituya un honor y un origen de derechos que le permitan exigir del Estado las cuentas que justifiquen el buen uso del dinero que aporta."
Y en este contexto, la publicación de las listas de contribuyentes era la piedra de toque en los debates fiscales del momento, la que marcaba la frontera entre puristas y realistas, que enfrentaban argumentos en pro y en contra de su publicación. En junio de 1978, EL PAÍS publicó una entrevista a Laureano López Rodó, exministro franquista y diputado de Alianza Popular. En ella dijo que "el precepto de publicar las listas de contribuyentes es un factor de alarma, no un incentivo." Un día después, el periódico editorializó a favor de su publicación. Ramón Tamames, diputado comunista, declaró que "me parece una operación muy negativa la no publicación de las listas por cuanto estas tienen un papel muy importante que jugar en un país que comienza a marchar por la vía de una nueva política fiscal."
Umbral publicó una columna por aquellos días titulada Las listas. Para apresurados, este pequeño fragmento de su texto: "Manu Leguineche me pide, como todos los años, un artículo sobre los sanfermines, donde no he estado jamás:
-¿No te daría igual sobre las listas de contribuyentes?
Lo ha cogido al vuelo, porque es un lince-topo. Mi idea es que las listas de contribuyentes, nueva modalidad hacendístico-folklórica, muy criticada por la derecha en su momento, han venido a sustituir un poco a los tradicionales sanfermines en la rueda festera de la vida nacional. Los sanfermines, tras una breve etapa de politización, ya no son lo que eran, y ahí están las listas de grandes contribuyentes para sustituir las listas de grandes ganaderías (a veces son los mismos nombres, que, como decía don Jose María de Cossio, la noche que llegué al Café Gijón, todos en España, meretrices, aristócratas y toreros, somos una gran familia)."
El 11 de julio de 1978, el pleno del Congeso aprobó la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y entre su articulado se recogía una enmienda que propugnaba la publicación de las listas de contribuyentes. No fue una votación fácil: 138 votos a favor, 13 en contra y 125 abstenciones. A favor de la enmienda votó el ministro del ramo, Francisco Fernández Ordóñez, y varios diputados de UCD, como José Pedro Pérez Llorca, aunque la mayoría de ellos optaron por abstenerse.
Por fin, hace 35 años ahora, los días 1 y 3 de abril de 1979, en las páginas de la sección de Economía de EL PAÍS se publicaban las listas bajo el titular Lo que pagan los españoles a Hacienda. Se decía que "a la vista de la muestra seleccionada por EL PAÍS es evidente que las declaraciones importantes de ingresos no son numerosas y que muchas personas a las que se atribuye un nivel de vida elevado reconocen ingresos reducidos. Sin aludir a personas concretas sorprende que con ingresos brutos de 2,5 millones de pesetas se pueda mantener a dos o tres personas de servicio doméstico en casa." Los suscriptores de EL PAÍS con acceso a las páginas de la colección del diario a través de Kiosko y Más pueden repasar estas listas, ordenadas por profesiones y que estaban encabezadas por los políticos.
El editorial que acompañaba su publicación desde las páginas de Opinión, abundaba en esa sensación de chasco y decepción ante las cifras de la declaraciones dadas a conocer. "La transparencia informativa de las declaraciones sobre la renta y el patrimonio es, seguramente, una de las más valiosas conquistas de la reforma política y fiscal. La lectura de las listas, sin embargo, va a producir a muchos ciudadanos de la clase media una profunda desmoralización, al comprobar el escandaloso contraste entre sus niveles de ingresos, reales y declarados, y las cifras inverosímilmente bajas que han hecho constar en sus declaraciones muchas conocidas figuras del «establecimiento», cuyo tren de vida o situación social dan base para pensar que ganan en algunos casos bastante más de lo que confiesan."
Cualquier español podía consultar las listas en el hall del Ministerio de Hacienda, en la calle Alcalá de Madrid. Por consiguiente, estaba al alcance de cualquier español saber cuánto pagaban los demás españoles.
Un año más tarde volvieron a publicarse las listas, aunque sin la expectación que despertaron la primera vez. EL PAÍS mencionaba que fue escasa la afluencia de público al Ministerio para consultarlas. Pudo conocerse la declaración del Rey, que tuvo ingresos de 7,38 millones de pesetas en 1978. Adolfo Suárez ingresó ese año 5,9 millones de pesetas. El más rico de España era José María Ruiz-Mateos, que declaraba un patrimonio de 9.000 millones de pesetas.
Para los españoles no residentes en Madrid, se habilitó la posibilidad de informarse de cualquier declaración en las delegaciones de Hacienda en cada capital de provincia.
Al año siguiente, el Gobierno decidió no volver a publicar las listas de contribuyentes alegando motivos de respeto a la intimidad y a la seguridad de las personas. Y al efecto se publicó un decreto del que informó EL PAÍS cuando se cumplía el segundo aniversario de la publicación de las listas por primera vez, el 1 de abril de 1981.
Aquello fue un ejercicio de transparencia precoz, fugaz... y olvidado.
Hay 3 Comentarios
La transparencia no es buscada por la Agencia Tributaria. Baste un ejemplo: la lista Falciani.
Publicado por: tatu | 29/04/2014 13:39:37
"Los suscriptores de EL PAÍS con acceso a las páginas de la colección del diario a través de Kiosko y Más...", pero pagando, eso sí: parece que el autor del blog no se ha dado cuenta que desde 2012 los suscriptores sólo podemos acceder al pdf del periódico de los últimos tres meses. Y a lo de antes, pagando.
Publicado por: Emiliano | 29/04/2014 13:18:59
La transparencia parece bien, pero... en este caso concreto, ¿para qué sirve? Los peligros están claros: a un delincuente le puede servir para escoger a sus víctimas ("vaya vaya, así que el tío Perico tiene dos millones... le voy a hacer una visita..."). Pero para mí, por ejemplo, ¿cuál sería la ventaja real de saber lo que cotiza el vecino? Encima, la transparencia es casi una incitación al fraude: si se va a enterar todo el mundo, pues declaro mucho menos... por si acaso.
Desde luego que los cargos públicos, el Rey, etc. tienen que declarar su patrimonio (también tienen guardaespaldas) pero mi vecina, por ejemplo, que no tiene ningún cargo ni posibilidad alguna de malversar fondos públicos... ¿por qué?
Publicado por: Cátulo | 28/04/2014 14:19:29