Ramón de la Torre, redactor de Deportes desde la aparición de Pueblo el 17 de junio de 1940 hasta el último día que se publicó. / BERNARDO PÉREZ
Se cumplen 30 años del cierre del diario Pueblo, en el que trabajó una generación de periodistas, entre los que podemos recordar profesionales consagrados como Juan Luis Cebrián, presidente de EL PAÍS, Jesús Hermida, Cándido, José María García y Arturo Pérez Reverte entre otros. El director por excelencia del diario fue Emilio Romero, aunque no el único.
Este episodio del cierre de Pueblo permite recordar cómo fue la política informativa en los primeros meses del Gobierno socialista, no exenta de tropiezos a pesar de contar con una holgada mayoría absoluta que aparentemente garantizaba ilimitada capacidad de maniobra.
El Gobierno comunicó casi inmediatamente después de tomar posesión sus intenciones de no mantener una cadena de periódicos del Estado, que existía bajo el nombre de Medios de Comunicación Social del Estado, y a la que pertenecía Pueblo. La prensa estatal (de eso hablamos) ya había sido objeto de una ley meses antes de llegar al poder el PSOE por la que suprimió el organismo autónomo MCSE (siglas de la cadena), pero entonces se trataba de convertir aquella ley, que fue recurrida ante el Constitucional por el mismo PSOE, en hechos tangibles, y el Gobierno socialista ya anunciaba que el proceso de supresión -que incluía subastas de periódicos al mejor postor- se iba a llevar adelante. Se barajaban fórmulas como la financiación de cooperativas o sociedades integradas por los trabajadores de los periódicos para acometer el proceso.
El 18 de enero de 1983 celebró Manuel Fraga su mensual queimada con los periodistas. Allí dijo que sopesaba exigir la dimisión de José María Calviño como director de RTVE y criticó el restablecimiento de las consignas en los Medios de Comunicación Social del Estado. Al cumplirse los 100 primeros días de aquel Gobierno, el balance en política informativa era que en televisión ya había un incendio por la supresión de un programa de La Clave y el enfrentamiento de Calviño con José Luis Balbín (director de Informativos y de La Clave) y que en la cadena de periódicos estatal se permanecía a la espera de contecimientos. Pero Alianza Popular siguió sus ataques iniciados en enero por Fraga y en marzo de 1983 acusaba al Gobierno de tener una agencia de prensa encubierta y de transmitir crónicas de opinión, editoriales y artículos a los periódicos de la MCSE a través de aquella "con un claro sentido dirigista y uniformador de la orientación de dicha red de titularidad oficial". Faltaban seis años para que cayera el Muro de Berlín y eso de "dirigista y uniformador" era un ataque donde más dolía al Gobierno del PSOE.
EL PAÍS publicó un reportaje sobre el punto débil de aquel Gobierno, la información, con un subtítulo atronador: "La oposición lo denuncia, el Gobierno lo sabe, los informadores lo sufren". Eso ocurría a la altura de la primavera del primer año de Gobierno socialista. Cuando llegaron al poder, "los periódicos estatales habían acumulado un déficit, sin contar con el vespertino Pueblo, que se rige por un estatuto peculiar, de 2.876,3 millones de pesetas, de los cuales, 598,4 millones correspondían a los veintisiete periódicos de la cadena. La nueva dirección cerró cinco periódicos y destituyó a once directores." Miquel Roca, diputado de CiU, estuvo muy incisivo y "aseguró en el Congreso que su grupo guarda determinados recortes de editoriales de los MCSE en los que "se observan casualidades literales, tanto en uno del norte como en otro del sur, este u oeste de la Península". "Es posible", ironizó el líder catalán, "que se debiera a una casualidad fomentada por el Espíritu Santo o la Divina Providencia, que les inspiró a todos por igual, pero es posible que esto no sea así, y obedezca, como nos tememos, a una directriz de los intermediarios del Gobierno".
En mayo de 1983, Javier Solana, ministro de Cultura entonces, ofreció una respuesta a estas críticas y afirmó en el Parlamento que antes de un año todos los periódicos estatales pasarían a manos privadas. Era, precisamente, su contestación a una pregunta del propio Miquel Roca, que tildó de herencia del régimen totalitario la existencia de esta cadena de diarios. A los pocos días del anuncio, el Gobierno aprobó un decreto que marcaba la fecha en que se enajenarían los periódicos: el 17 de mayo de 1984. Solana afirmó que al actuar de esta forma, el Gobierno conectaba con el clamor existente en la sociedad sobre este asunto. En ese proceso de enajenación habría una excepción: el diario Pueblo, que por la especial situación jurídica de los bienes muebles e inmuebles que tenía adscritos y por su origen ligado al patrimonio sindical, sería enajenado en el marco de las conversaciones que entonces mantenía el Ministerio de Trabajo con las centrales sindícales para la devolución de dicho patrimonio. Esa, al menos, era la intención del Gobierno expresada por el ministro Solana.
Empezó un proceso de subastas que duró varios meses por el que la titularidad de los periódicos pasó a manos de empresas privadas, y hasta un día antes de la fecha límite anunciada, hoy se cumplen 30 años, hubo adjudicaciones de cabeceras, en su mayoría cabeceras de prensa regional. Ese miércoles del mes de mayo de 1984 culminó el proceso de liquidación anunciado un año antes con la adjudicación directa de los diarios Alerta y Baleares por 389 y 105 millones de pesetas respectivamente. Y se adoptó la traumática decisión de cerrar Pueblo. Javier Solana la justificó señalando que para conseguir la rentabilidad de ese periódico había que hacer una inversión de 5.000 millones de pesetas, cantidad que al Gobierno le parecía excesiva. El cierre, pues, era la decisión más sensata, según su criterio.
El Gobierno había encargado, meses antes del cierre, estudios a varias empresas, entre ellas Arthur Andersen, sobre la rentabilidad de Pueblo y ninguno satisfizo sus expectativas. Debido al régimen especial que tenía, Pueblo no podía subastarse ni enajenarse para pasar a manos de una empresa privada. Eso le diferenciaba del resto de periódicos estatales y fue decisivo para que el Gobierno tomara la decisión de que no continuara a la vista de los pésimos resultados económicos que arrastraba en aquellos momentos. Y es que tras la muerte de Franco, el periódico no dejó de perder audiencia y ventas y de aumentar sus pérdidas. Pueblo fue fundado como órgano de expresión del sindicato vertical, lo que tras la llegada de las libertades –también la libertad sindical- lo convertía en rara avis periodística.
Podría haberse diseñado una reformulación del diario, pero los 1.200 millones de pesetas perdidos en 1982, más los 800 millones perdidos un año antes y los previstos 1.400 millones de pérdidas de 1983, pesaron como una losa sobre la suerte de Pueblo, que en 1982 había emprendido una reestructuración para desprenderse del 42% de la plantilla, que era de 650 trabajadores, de ellos 160 adscritos a la redacción. La oferta que se hizo a los trabajadores afectados entonces fue la siguiente: podían incorporarse a la Administración del Estado como personal laboral o ser indemnizados con un mes de salario por cada año trabajado.
Cuando se procedió al cierre, se formuló la misma oferta tanto para los trabajadores de Pueblo como para los del resto de periódicos de la cadena estatal. EL PAÍS publicó entonces que 3.000 trabajadores de los periódicos cerrados o vendidos aceptaron la oferta de incorporarse la Administración. Este fue el colofón de una liquidación inevitable espoleada por la oposición, que abrió una brecha en el flanco más débil de aquel Gobierno: la política informativa.
Hay 1 Comentarios
¡Y todo ese follón por seis o siete millones de Euros! Lástima que en la época el señor Berggruen fuese sólo un niño: si no, hubiera podido comprar "Pueblo" con lo que lleva encima en calderilla... y ahora tendría un Pueblo y un País (es decir casi un Mundo).
Publicado por: Cátulo | 16/05/2014 14:46:16