Guerrilleros de la UNE en Bossòst en 1944.
La cultura política de la
violencia y de la división entre vencedores y vencidos, “patriotas y
traidores”, “nacionales y rojos”, se impuso en la sociedad española al menos
durante dos décadas después del final de la guerra civil. Los vencidos que
pudieron seguir vivos tuvieron que adaptarse a las formas de convivencia
impuestas por los vencedores. Muchos perdieron el trabajo; otros, especialmente
en el mundo rural, fueron obligados a trasladarse a ciudades o pueblos
diferentes. Acosados y denunciados, los militantes de las organizaciones
políticas y sindicales del bando republicano llevaron la peor parte. A los
menos comprometidos, muchos de ellos analfabetos, el franquismo les impuso el
silencio para sobrevivir, obligándoles a tragarse su propia identidad.
Hubo quienes resistieron con
armas a la dictadura, los llamados maquis o guerrilleros. Su origen estaba en
los “huidos”, en aquellos que para escapar a la represión de los militares rebeldes
se refugiaron en diferentes momentos de la guerra civil en las montañas de
Andalucía, Asturias, León o Galicia, sabiendo que no podían volver si querían
salvar la vida. La primera resistencia de esos huidos, y de todos aquellos que
no aceptaron doblar la rodilla ante los vencedores, dio paso gradualmente a
una lucha armada más organizada que copiaba los esquemas de resistencia
antifascista ensayados en Francia contra los nazis. Aunque muchos socialistas y
anarquistas lucharon en las guerrillas, sólo el PCE apoyó claramente esa vía
armada. En esa década de los cuarenta, unos siete mil maquis participaron en
actividades armadas por los diferentes montes del suelo español y unos sesenta
mil enlaces o colaboradores fueron a parar a las cárceles por prestar su apoyo.
Si creemos a las fuentes de la Guardia Civil, 2.173 guerrilleros y trescientos
miembros de las fuerzas armadas murieron en los enfrentamientos.
Hasta el final de la Segunda
Guerra Mundial hubo esperanzas. Además, bastantes de los antiguos luchadores
del bando republicano, vencidos y exiliados, se enrolaron en la resistencia
francesa contra el nazismo, pensando que aquella era todavía su guerra, la que
acabaría con todos los tiranos, y Franco era el mayor de ellos, permitiéndoles
volver a sus casas, a sus trabajos y a sus tierras. La operación más importante
en aquellos años de guerra mundial fue la invasión del Valle de Arán, en la que
entre 3.500 y 4.000 hombres ocuparon varias poblaciones del Pirineo desde el 14
al 28 de octubre de 1944, hasta que Vicente López Tovar, el jefe militar de las
operaciones, tuvo que ordenar la retirada, dejando un balance de unos sesenta
muertos y ochocientos prisioneros.
La lucha armada rara vez
conectó con los intentos clandestinos de reorganización sindical de la CNT y de
la UGT y con algunas protestas obreras que, de forma espontánea y dispersa, empezaron
a hacer acto de presencia desde finales de los años cuarenta en Cataluña y el
País Vasco. Las quejas por los bajos salarios y por el racionamiento eran la
expresión de demandas urgentes para salir de la miseria, pero tenían una
dimensión política porque desafiaban a las autoridades franquistas. Hubo ya una
huelga importante, que incluyó a más de veinte mil trabajadores, en la ría
bilbaína el 1 de mayo de 1947, aunque la más significativa de aquellos años fue
la que comenzó en Barcelona en marzo de 1951 con el boicot a los tranvías, para
protestar por la subida de tarifas. La huelga se extendió a otros sectores
industriales y encontró también un amplio eco de solidaridad en Vizcaya y
Guipúzcoa. En esos conflictos, y en los de los años siguientes, coincidiendo
con las primeras movilizaciones estudiantiles de 1956, se vio ya que los dos
sindicalismos históricos, el socialista y el anarquista, tenían desde la
clandestinidad muchas dificultades para conectar con esas protestas y que los
comunistas comenzaban a convertirse en la fuerza más activa de oposición a la
dictadura.
Exposición sobre las protestas contra la dictadura en Valencia. / TANIA CASTRO
Los comunistas se hicieron
notar especialmente a partir de la Ley de Convenios Colectivos de 1958, una
norma que en realidad intentaba canalizar esas protestas y al mismo tiempo
situar la negociación por los salarios y las condiciones de trabajo bajo el
control del sindicalismo vertical. Y aunque si fallaba el control, la dictadura
siempre tenía a la policía y al código penal, de la introducción de la
negociación colectiva emergió un sindicalismo clandestino, Comisiones Obreras,
activado y orientado por grupos católicos y comunistas, que intentaba penetrar
en los sindicatos franquistas, llevar a ellos a sus representantes, negociar
con los patronos hasta donde las circunstancias permitieran, con paciencia, a
la espera de que ese restrictivo marco oficial saltara algún día por los aires.
El movimiento de Comisiones
Obreras nació con los conflictos laborales de comienzos de los años sesenta y a
él se sumaron, al principio de forma espontánea, los grupos de trabajadores más
activos en la lucha antifranquista. Los representantes de Comisiones Obreras
querían actuar pública y legalmente, y lo consiguieron en algunas huelgas,
aunque, dado que estaban prohibidas y eran duramente reprimidas, ese nuevo sindicalismo
tuvo que moverse siempre en la clandestinidad. La forma de llegar a los obreros
era proponer reivindicaciones básicas en torno a los salarios y a las
condiciones de trabajo, pero entre sus grupos más combativos siempre estaban
presentes reivindicaciones más políticas como la libertad sindical y el derecho
a la huelga.
Desde el movimiento huelguístico de 1962 en las minas de Asturias,
la presencia de Comisiones Obreras fue ya indisolublemente unida a todos los
conflictos laborales que se propagaron por España hasta la muerte de Franco. Rojos eran también para
Franco los profesores y estudiantes que cuestionaron los fundamentos de una
universidad mediocre y represiva, los clérigos que se distanciaron de la
Iglesia sumisa a la dictadura y los nacionalistas vascos y catalanes. El número
de estudiantes universitarios, que apenas pasaba de cincuenta mil en 1955, se
había triplicado en 1971 y para atender a ese notable crecimiento se creó un
cuerpo de profesores no numerarios (PNN), sujetos a contrato laboral, que
mostraron su abierta hostilidad a los principios ideológicos y políticos del
franquismo. Frente a esa disidencia, en la que confluyeron estudiantes y
algunos catedráticos, la dictadura siempre recurrió a la represión, sobre todo
cuando esas protestas y rebeldías encontraron sus propias formas de
organización para enterrar definitivamente al inútil SEU, obligatorio en teoría
para todos los estudiantes.
Franco y sus fuerzas armadas,
sin embargo, no estaban dispuestos a ceder ni un gramo de su victoria en
1939. Por un lado, propagaban sus “XXV Años de Paz”, con el ministro Fraga
Iribarne como principal maestro de ceremonias, y por otro, torturaban y
ejecutaban todavía por supuestos crímenes cometidos en la guerra, como hicieron
con el dirigente comunista Julián Grimau el 20 de abril de 1963. Unos meses
después, el 17 de agosto, cuando todavía arreciaban las protestas por ese
fusilamiento, los anarquistas Francisco Granados y Joaquín Delgado fueron
ejecutados a garrote vil en la cárcel de Carabanchel.
Pero el control absoluto que
el poder intentaba ejercer sobre los ciudadanos ya no era suficiente para
evitar la movilización social contra la falta de libertades. En esos años
finales de la dictadura aparecieron además conflictos y movilizaciones que se
parecían mucho a los nuevos movimientos sociales presentes entonces en las
fuerzas industriales de Europa y Norteamérica. Era el momento del apogeo del
movimiento estudiantil, enfrentado en España no tanto al sistema educativo como
a un régimen político represor y reaccionario; de los nacionalismos
periféricos, que arrastraron a una buena parte de las elites políticas y
culturales; y no habría que pasar por alto otras formas de acción colectiva
vinculadas al pacifismo-antimilitarismo, al feminismo, a la ecología o a los
movimientos vecinales.
Justo cuando el dictador
envejecía, apareció ETA (Euzkadi Ta
Askatasuna, Patria Vasca y Libertad), que aunque se creó en julio de 1959,
con retazos de las organizaciones juveniles del PNV, comenzó a tener resonancia
desde agosto de 1968, cuando la propaganda y las bombas sin muertos dieron paso
al asesinato en Irún del comisario de policía Melitón Manzanas. Desde ese
momento, el terrorismo de ETA se convirtió en un grave problema de orden
público y consiguió notables logros al provocar una represión indiscriminada y
la reacción frente a la dictadura de una parte importante de la población
vasca. El proceso de Burgos contra dieciséis detenidos por su vinculación a
ETA, en diciembre de 1970, y el asesinato de Carrero Blanco justo tres años
después, acompañaron a la agonía y muerte del franquismo. Pero Franco murió
matando. Pocas semanas antes de su muerte, ordenó la ejecución de cinco
supuestos terroristas. Para dejar bien claro qué tipo de dictadura había sido la
suya, desde la victoria en la guerra civil hasta el último suspiro en noviembre
de 1975.
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