Sacyr y el Canal de Panamá: Lo que estuvo a punto de ocurrir

Por: | 24 de marzo de 2014

Por Jaime Sabal Cárdenas, profesor del departamento de Control y Dirección Financiera de ESADE 

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A finales de 2013 surgió una disputa entre SACYR Vallehermoso (SACYR), importante constructora española, y el gobierno panameño sobre los costes de las obras de ampliación del canal de Panamá. La polémica surgió porque SACYR reclamaba 1625 millones de dólares adicionales del gobierno panameño que, supuestamente, no podían haber estado previstos en el presupuesto original de la obra. La razón era que dichos costes adicionales habrían sido causados por información incompleta relativa a estudios geológicos suministrados por la autoridad del canal en el momento de la cotización original.

Esta cifra correspondía a un monto muy significativo cuando se la comparaba con la cotización original para las obras que ascendió a 3.118 millones de dólares. Es decir, el sobrecoste superaba al presupuesto inicial en más de un 50%.

Afortunadamente se ha llegado a un acuerdo, pero vale la pena analizar lo que hubiese podido pasar de no haber sido así. La falta de un acuerdo seguramente habría causado la paralización de las obras por parte de SACYR y ésta hubiese dado lugar a la ejecución, por parte del gobierno panameño, de la fianza que avala la culminación satisfactoria de los trabajos.

Este tipo de fianza es una  práctica común en todo contrato de esta índole. Se trata de una garantía normalmente otorgada por una empresa aseguradora la cual responde ante el contratante (el gobierno panameño en nuestro caso) en la eventualidad de un reclamo. Una vez pagada la fianza, la aseguradora buscaría recuperar total o parcialmente los costes incurridos actuando directamente contra su asegurado (SACYR).

Quien otorgó la fianza a favor de SACYR para las obras del canal de Panamá fue la aseguradora CESCE. Uno de los accionistas más importantes de CESCE es el gobierno español. Formalmente la aseguradora en cuestión es administrada de manera independiente, pero no deja de estar sometida a presiones del gobierno. Después de todo, esa es la razón para que el Estado sea accionista y participe en su consejo de administración.

El día 6 de enero de 2014, el Tribunal de Cuentas de España reveló que CESCE otorgó la fianza en contra de la opinión desfavorable de sus técnicos, quienes posiblemente la consideraban muy riesgosa. Esto nos lleva a concluir que la decisión seguramente resultó de presiones del gobierno de turno para favorecer a SACYR en un momento difícil para las constructoras españolas.

No fue suficiente forzar el otorgamiento de la fianza. Además, el propio Estado español avaló dicha fianza hasta por un monto de 150 millones de euros. Esto significa que el estado resarciría a CESCE en caso de reclamo hasta por esta cifra (a la vez, el estado se reservaría el derecho de reclamar los fondos directamente de SACYR en la eventualidad de un siniestro).

En definitiva, si la fianza hubiese sido ejecutada, el estado español podría haber terminado desembolsando hasta un máximo de 150 millones de euros de los contribuyentes sin ninguna seguridad de que dicho monto pudiese ser recuperado de SACYR.

¿Por qué el Estado compromete recursos de los contribuyentes en una transacción estrictamente privada? La justificación que dan las autoridades, y que sorprendentemente es respaldada por la inmensa mayoría de los políticos españoles, es que esto era necesario para apuntalar la llamada “Marca España”. En otras palabras, se ha debido apoyar a SACYR a conseguir este importante contrato debido a que ello aumenta el prestigio de una importante empresa nacional y en consecuencia se mejora la reputación del país.

Es lamentable que la inmensa mayoría de los españoles no haga la conexión entre este tipo de apoyo del estado a algunas empresas selectas y el coste que para ellos puede representar, mientras que, por su parte, los políticos que toman la decisión de dar el apoyo sí que se benefician directamente. Me refiero a que los empresarios beneficiados quedan en deuda con los políticos que les apoyaron, apoyo que será sin duda recompensado en algún momento futuro mediante posiciones directivas en sus empresas, donativos (legales o ilegales) a sus partidos, o quien sabe que otra vía.  Un buen ejemplo del tradicional “ayúdame que yo te ayudaré”.

Es muy difícil justificar que el estado apoye económicamente o asuma riesgos de las empresas privadas con el dinero público. Yo diría que es imposible puesto que no hay manera de explicar al contribuyente por qué sus impuestos deben utilizarse para beneficiar a los accionistas de una empresa privada, por más importante que ésta sea. ¿Reforzar la “Marca España”? No lo creo, únicamente se trata de una excusa para abrir camino a las componendas que antes explicamos.

Por cierto, tampoco hay justificación alguna para que el estado participe como accionista de una aseguradora. Ello solo ocasiona que la aseguradora se vea tentada, como ocurrió en el caso de SACYR, a tomar decisiones políticamente motivadas que no benefician a sus accionistas (entre ellos el estado, y por tanto el contribuyente).

De no haber sido capaz SACYR de ganar la licitación sin el apoyo estatal, pues que no la gane o que, si deseaba hacerlo, ha debido pedir una contribución especial a sus accionistas pero bajo ninguna circunstancia al contribuyente español.

Yo no deseo que mis impuestos sean utilizados así.

Hay 3 Comentarios

En Catalunya tuvimos el caso de Spanair, que nos costo 150 millones de Euros a lo largo de tres anyos. Finalmente quebró

Nada nuevo. Veamos:

"Consideraban (los economistas y los socialistas) que toda la economía española estaba en manos de unos pocos industriales y banqueros poderosos, fuertemente vinculados entre sí y con la Hacienda Pública, la cual gastaba pródigamente el dinero público en empresas de las que se aprovechaban indirectamente como directivos".

Basta con sacar a los socialistas del cuadro -en la actualidad enteramente involucrados en el estado de cosas que entonces criticaban- y la afirmación sería hoy totalmente válida. La hizo el historiador británico Raymond Carr referida al periodo 1870-1898 en su obra de referencia: España 1808-1939. Editorial Ariel. Pg.396

No sé que coños pintamos ahí, que nos den trabajo en casa…

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