Por Eduard Sagarra, profesor Derecho Internacional Público ESADE y presidente de la Asociación para las Naciones Unidas en España
Ante los luctuosos sucesos de Ceuta y las avalanchas humanas en Melilla, cabe preguntarnos si es posible hoy, poner puertas al campo o fronteras en Mediterráneo y en el Atlántico para atajar la previsible, probable y segura entrada ilegal de inmigrantes irregulares desde el norte y el oeste de Àfrica, dirigidos y liderados con sagacidad por los mercaderes de esclavos como lo son “las mafias”.
Sobre lo ocurrido en Ceuta, el Ministro del Interior de España justificó, en un primer momento, el uso de medidas de prevención y protección de las fronteras; defendió la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado y a la Guardia Civil por el uso de pelotas de goma “disuasorias” y creó un concepto nuevo y “alegal” de frontera marítima. Concepto que, entiendo, no es acorde con el Derecho Internacional ni con el Derecho del Mar. Sin embargo el delegado del Gobierno en Ceuta, Antonio González, no quedó satisfecho y quiso ir por nota y, para ello, afirmó que "quien llegue a una playa española no significa que esté en España". Nos parece muy grave que una autoridad con "mando en plaza" y que, además, haya sido senador electo, se atreva a dar un curso de Geografía, Derecho Político, Derecho Internacional Público y Derecho Marítimo “express”. Sinceramente, si fuera alumno mío, lo suspendía sin más.
Afortunadamente, tras algunas diferencias con autoridades europeas, ONGs, asociaciones defensoras de Derechos Humanos y otras fuerzas políticas españolas y no españolas, el Ministro reconsideró su posición inicial y reconoció el uso injusto de las pelotas de goma como medida disuasoria y, lo más importante, se puso manos a la obra en buscar salidas, no culpables. La intención, loable, era ver cómo se podía recomponer y afrontar este puzzle, impenitente y difícilmente solucionable, de la afluencia masiva de inmigrantes.
Todos en este país sabemos que no es un problema nuevo; es una situación permanente, recurrente y, lo que es peor, la llegada por tierra, mar y aire, nunca ha cejado en los últimos treinta años.
Baste con recordar, que en el año 1978, cuando se aprobó en España la Constitución y se garantizó a los extranjeros la titularidad de derechos y libertades (art 13.1 CE). En aquel entonces, el censo de extranjeros rondaba los 173.000 (en general acomodados y con trabajo estable), mientras que en el año 2013 el censo de extranjeros empadronados era de 5.736.258 personas, sin contar los posibles irregulares, sin empadronar.
No seamos demagogos gratuitos ni alarmistas ante estas cifras, y constatemos que no todos los extranjeros que viven con nosotros (en la playa o en el interior de las fronteras ) son “inmigrantes” en el sentido más común del término. Hoy en día, España cuenta con una población de más de 47 millones de habitantes, en cuyo censo de extranjeros más de la mitad, regulares o irregulares, son originarios o ciudadanos de la Unión Europea (aprox. 2.073.076 habitantes ).
Ahora bien, debemos señalar que, de los mismos, más de un millón son de origen rumano (882.238) y de origen búlgaro (168.011), que hasta hace poco tiempo, eran considerados como ciudadanos sin la plenitud del derecho a trabajar en España, necesitando permiso de trabajo expreso aquí y en otros países de la Unión.
Muchos de nuestros conciudadanos creen todavía que rumanos y búlgaros son extracomunitarios como lo son los provenientes de Marruecos, Ecuador o China. Asimismo, hemos de tomar en consideración que desde el 2013, Croacia es el 28 Estado de la Unión Europea y desafortunadamente no tenemos constancia del número de ciudadanos croatas actualmente en España.
El 5 de marzo 2014 tras una entrevista tensa con la Comisaria responsable de Interior y Justicia de la Unión, la Sra. Cecilia Malström, el Ministro de Interior, el Sr. Fernández Díaz, se lamentó de la falta de solidaridad de Europa hacia España y los países Mediterráneos, y propuso “Catorce medidas para frenar la presión migratoria”, reafirmándose en la necesidad de un pacto de Estado para afrontar la inmigración irregular”. A la vez se entrevistó con las autoridades fronterizas marroquíes, suponemos para llevar eficazmente a cabo una operación de prevención conjunta y de retorno de los irregulares, pero en ningún caso (esperamos) pactar una “devolución o expulsión en caliente” no prevista en la Ley Orgánica de Extranjería ni en otros instrumentos internacionales obligatorios, hoy por hoy en España.
Entre las medidas para frenar la presión migratoria se encuentran:
- Creación de unidades móviles de policía.
- Aumento las medidas de seguridad perimetrales.
- Adquisición de nuevas embarcaciones de vigilancia marítima
- Creación de una oficina temporal en la que se integren comisiones de identificación de los países de origen de los inmigrantes con mayor incidencia, de manera que se agilice el eventual retorno de los mismos.
- Adecuación de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CEI) de Ceuta y Melilla y, en su caso, la habilitación de instalaciones adicionales en condiciones de habitabilidad adecuadas, para hacer frente a las contingencias provocadas por la extraordinaria presión migratoria.
- Concesión de ayudas para el fomento del retorno voluntario a sus países de origen desde países de tránsito, en colaboración con la Organización Internacional de Migraciones (OIM).
- Concesión de ayudas económicas a los países de origen de los inmigrantes irregulares para que puedan reforzar los servicios de prevención de la inmigración irregular y de prevención y lucha contra las redes dedicadas al tráfico ilegal de inmigrantes.
- Concesión de ayudas económicas a terceros países, en particular en de los países de tránsito para el refuerzo del control de sus fronteras, en particular entre Argelia y Marruecos.
- Solicitar 45 millones de Euros a la Unión Europea imprescindibles y mínimos para pagar solidariamente el gasto de toda esta nueva política migratoria.
Sobre esta última propuesta, creemos imprescindible la colaboración de Europa. España no puede hacer frente, por si sola a este problema. La solución es a todas luces europeas, y no española, italiana o maltesa.
Aplaudimos este giro de la política española siempre que cualquier paso o medida en la frontera terrestre o marítima con Àfrica, respete los derechos fundamentales y las libertades públicas de todas las personas, nacionales, extranjeros regulares o irregulares, de conformidad a la Ley y a los principios que informan nuestra Constitución y el Derecho internacional de los Derechos humanos al que estamos obligados en virtud de la propia Constitución art 96.1.
Los inmigrantes irregulares son solo eso, inmigrantes, pero, ante todo, son personas. Es decir lo que denominamos “seres humanos” no mercancías ni animales.
Hay 1 Comentarios
Ante todo felicitarle Eduardo por mantener locuazmente un asunto de tal envergadura como es el de la inmigración.
Efectivamente, he de confirmar y compartir con usted primero: que los seres humanos no son mercancías ni animales.
Segundo: Las personas que sufren las presiones migratorias y que se identifican con estas irregularidades no suelen tener el apoyo de una ley Organica de extranjería ni iniciativas como autoridades europeas o asociaciones defensoras de derechos humanos a mano para que los amparen. Las fuerzas políticas españolas no consideraron recordar ni la constitución española ni la titularidad de los derechos y libertades (art.13.1.ce) a los extranjeros sino que alardearon demagogia compulsiva en el que ni si quiera el sentido común es utilizado para estos fines.
La escasez de los recursos que integran ha estos expertos extranjeros debería estar censada sí desde que se aprobó la constitución en 1978 y no desde el 2o13.
Ahora bien los originarios o ciudadanos de la unión Europea tendrían que tener la responsabilidad de solicitar que le reafirmasen instancias para que se pudiera tramitar con mayor facilidad la procedencia de sus país de destino. Porque sabemos que no es un problema nuevo encejado en una situación permanente.
Ceuta y Melilla tienen instalaciones adiciónale `para habilitar adecuadamente a estos frentes migratorios con los países de colaboración (OIM) Y PREVENCIÓN DE LA INMIGRACIÓN QUE GESTIONA Y PREVIENE DE ESTAS IRREGULARIDADES.
Es imprescindible que las fuerzas políticas fomenten la colaboración a estas iniciativas patentes en el marco de la ley de extranjería y bien estar social que hoy enfrenta a estos casos de presión migratoria por mar tierra y aire y que tan solicitada y demandada esta hoy por hoy en España.
Un saludo. Sr Lacan
Publicado por: Sr.Lacan | 02/04/2014 23:13:43