Iniciábamos en la entrada de este blog Del desencanto de la democracia en América Latina un itinerario analítico sobre el estado y perspectivas de la democracia en América Latina y los rasgos y razones del desencanto sobre ella con la consideración del carácter electoral de la democracia instaurada como fruto de los procesos de transición democrática que ha vivido la región en su Historia reciente, a partir de la cual avanzar en la construcción de la democracia ciudadana y la económica y social.
Hablar de la democratización del Estado y su capacidad efectiva de promover el desarrollo supone, igualmente y sin embargo, previamente el Estado mismo, su monopolio del uso organizado de la violencia al servicio de la implementación de la ley y su capacidad de implementarla como única norma que regula obligatoriamente las relaciones y las acciones de los ciudadanos, así como el sometimiento de su propia actuación a la ley.
Dicha pauta cuenta en la Historia política de América Latina con dos tipos de excepciones: el recurso a los militares para el acceso al poder político, sea directamente ellos mismos, sea en apoyo de líderes políticos, militarismo fundamentalmente superado que plantea la cuestión de quién vigila al vigilante; y la emergencia de organizaciones políticas que promueven la instauración de un sistema político alternativo recurriendo a la violencia y desafiando, movimientos revolucionarios armados que desarrollan una actividad guerrillera, creando en ocasiones “zonas liberadas” en que ejercen el monopolio de la violencia en lugar del Estado o se lo disputan seriamente, fenómeno para el que la Historia ha pasado su página con los procesos de paz y desmovilización tras el fin de la Guerra Fría, con las FARC, el ELN y un EZLN testimonial como únicas reminiscencias a superar. Y si bien esos fenómenos pertenecen al pasado, dejan tras de sí una tradición de uso de la violencia como vía de acción colectiva y resolución de los conflictos sociales.
La finalización de los conflictos civiles en Centroamérica no ha significado así la de la utilización de la violencia como instrumento de acción colectiva, sino la privatización de su fin, que ha dejado de responder a objetivos políticos para hacerlo a fines privados, apoyando frente al ejecutor de la ley la realización de actividades prohibidas por ésta, llevando a tasas de asesinatos y muertes violentas incluso mayores que durante el conflicto armado. Lo que se explica por la confluencia de dos fenómenos: la extensión de las maras y el narcotráfico.
La configuración de América Latina como área protagónica en la producción y tránsito de estupefacientes constituye uno de los principales motores de la extensión del crimen organizado y de ruptura o truncamiento de la legalidad, y su globalización determina la necesidad de globalización de su solución, como muestra que el mayor control en algunos países haya desplazado la producción o el tráfico a otros, o el mayor control de una ruta a la apertura de otra – así, el éxito en el control de la ruta del Caribe ha llevado al desarrollo de la del Pacífico -. Globalización geográfica, y globalización temática, pues a partir del narcotráfico las organizaciones diversifican su actividad, tanto hacia otros tráficos y actividades ilícitas como a negocios lícitos con el capital acumulado.
La lucha frente a él requiere de más y mejor Estado, no sólo de acción policial, sino de todos los poderes – particularmente el judicial – e instituciones del Estado – incluyendo la superación del estado autogestionario en que se encuentran muchas prisiones -, y todas sus políticas, incluyendo todas aquellas que contribuyen a la prevención y la reinserción. Contra sus actividades ilícitas, y contra sus actividades lícitas, para lo que resulta fundamental el fortalecimiento y ejercicio de las capacidades de inspección fiscal y control de los flujos financieros y de inversión.
Requiere del Estado, y más allá, pues la globalización geográfica y temática del problema requiere la de la solución, que tiene que contemplar la producción, el tráfico y la demanda, sin olvidar que voces autorizadas reivindican la legalización como parte de la solución en algunos casos. El problema está también donde está la demanda, también allí parte de la solución. Más allá, pues, como ha señalado Mainhold en la revista Política Exterior (núm. 143, 2011: 96), “la falta de congruencia entre una amenaza de carácter transnacional y las respuestas de alcance nacional garantiza la supervivencia de estructuras criminales, que siempre encuentran otro lugar donde establecerse. Por ello si no se desea promover la expansión del fenómeno, es urgente crear formatos de combate transnacionales efectivos”.
Enfoque de la solución que pasa también por un cambio de paradigma, por la asunción, conceptual y operativa, del concepto de seguridad humana como paradigma orientador presente en todas las políticas, especialmente en aquellas con impacto en la prevención como la educación y las políticas sociales. Particular atención merece el recurso a las Fuerzas Armadas para la lucha contra el narcotráfico. Bien es cierto que América Latina no es objeto de especiales amenazas exteriores, y que el principal problema para su seguridad nacional es precisamente esa extensión del crimen organizado; pero no lo es menos que el recurso a las Fuerzas Armadas debe constituir la excepción y no la regla, y que la consolidación estructural de su utilización puede conllevar efectos distorsionadores del funcionamiento del Estado, por lo que resulta conveniente que éste, a través de las necesarias reformas, se dote de las fuerzas policiales necesarias para combatir efectivamente este fenómeno.
Y sin embargo, buena parte de la solución no está en la capacidad efectiva del Estado para combatirlo, sino más allá de ella. Pues de la misma forma que para conseguir la paz negativa - la ausencia de violencia directa - hay que construir a medio plazo la paz positiva – ausencia de violencia estructural y cultural -, el Estado negativo requiere del Estado positivo, la consolidación de su monopolio de la violencia organizada no sólo del mantenimiento del orden y la seguridad y de la legitimidad que proviene de la democracia electoral, sino también de su capacidad para construir la democracia social y la ciudadanía efectiva, de llevar a cabo políticas públicas que respondan a ésta y contribuyan a la satisfacción de las demandas y necesidades de los ciudadanos y la vigencia y posibilidad de ejercicio efectivo de sus derechos, de inclusión y eficacia. No requiere de un Estado anémico, sino de un Estado transformador, dotado de recursos para el desarrollo y la implementación de políticas públicas, lo que implica en muchos casos la necesidad de acometer una reforma fiscal que, al tiempo que dote al Estado de los recursos que necesita, tenga un efecto redistributivo que contribuya reducir la desigualdad que alimenta la violencia estructural que caracteriza a las sociedades latinoamericanas. Recursos, en primer lugar, para que el Estado pueda ganar la batalla de la seguridad, romper las legalidades truncas, afirmar su monopolio de la violencia y del Estado de Derecho en todo el territorio y ante toda la población; pero también para promover el desarrollo y la inclusión, perspectiva en las de educación e innovación se configuran como políticas cruciales. La de educación, por su carácter preventivo respecto al recurso a la violencia y su carácter transformador de las personas y promotor del desarrollo y la ampliación de las clases medias. La de innovación, por su carácter horizontalmente determinante, al igual que la educación, del desarrollo de todos los sectores y de la competitividad e inserción internacional de América Latina en la era de la globalización de la sociedad de la información.
La democracia es en el Estado, presupone al Estado. Y presupone el Estado el monopolio de la violencia organizada. La amenaza a éste amenaza a la democracia.
Hay 0 Comentarios