La visión económica del CEC

“La recuperación económica española ganará fuerza durante 2014 y 2015”, según el informe del Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) que este grupo tiene previsto presentar en los próximos días. Este documento, bautizado en principio como CEC: visión económica 2014-15, forma parte del compromiso de apoyo adquirido con la Corona y el Gobierno por parte del grupo que preside César Alierta y conforman 18 empresas. Su publicación coincidirá con un momento en el que el Ejecutivo se encuentra en una fase de despegue propagandístico ante los próximos compromisos electorales, con cuestiones como la reforma fiscal o las previsiones de crecimiento. En 2012, este grupo ya dio un respaldo al Gobierno con un primer informe en el que ponía en valor España como atractivo para invertir y lo difundió por el mundo.

El nuevo informe prevé “un crecimiento durante los próximos dos años con una contribución positiva tanto de la demanda interna como del sector exterior dentro de un escenario de recuperación moderada, donde el PIB de la economía española crecería en torno al 1,3% en 2014 y al 2% en 2015”. Además, subraya que el superávit por cuenta corriente y la recomposición en la balanza financiera refuerzan la capacidad de financiación frente al resto del mundo y el atractivo como país y el avance en la corrección de los desequilibrios. Al tiempo, reclama continuar con el proceso de transformación de la economía.

Como partida destaca que en 2013 se produjo un punto de inflexión de la economía española, asentado en la evolución de las exportaciones, que han crecido “consistentemente”. En ello ha tenido mucho que ver “la diversificación regional y de productos” y “la mejora de la competitividad por el fuerte crecimiento de la productividad, junto a la moderación salarial”.

Sostiene, además, que “la inversión consolidará su recuperación en 2014”, gracias a la capacidad de financiación generada por el sector privado no financiero (hogares y empresas) y la mejora de la posición financiera, sobre todo en el impulso de la inversión en bienes de equipo. También destaca un cambio en la inversión inmobiliaria, con “una mejoría de los fundamentales relacionados con la compra de vivienda en los próximos dos años”, con un repunte de la inversión extranjera.

En consumo privado y empleo “se observan señales mixtas provenientes de los datos de afiliación a la Seguridad Social que estarían apuntando a que la tendencia de creación de empleo se habría acelerado y, los de la Encuesta de Población Activa, que habrían continuado mostrando una destrucción de empleo”. En ese sentido, estima que la tendencia positiva continúe y que se incremente el empleo un 0,6% en 2014 y un 1,3% en 2015.

En un segundo apartado resalta “la mejora histórica de la balanza comercial”, que anticipa superávits del 2%-3% en el periodo 2014-2015 y “la mejora en la calidad y cantidad de los flujos financieros”. Las exportaciones, junto con el ajuste de las importaciones, han supuesto un vuelco de más de 84.060 millones en la balanza comercial desde 2007 (8,1% del PIB). En ese punto, incide en que España “sigue siendo muy atractiva para la inversión extranjera productiva” y que el regreso de la confianza “se consolida en jugadores clave”, como las agencias de rating, la OCDE y el FMI.

Para el CEC, “prosigue el claro avance en la corrección de los desequilibrios”, con reducción del endeudamiento privado, de las empresas no financieras, el ajuste inmobiliario y la reestructuración del sector bancario. Pero subraya que “el Estado debe continuar con su política de ajustes y modernización, adecuando los niveles de endeudamiento y evitando ahondar en el efecto expulsión al sector privado”.

Por último, recalca el proceso de transformación de la economía. “Hay margen para aumentar el grado de apertura”, afirma, con una reducción del peso de la construcción y un patrón de crecimiento que genere capacidad de financiación externa. Asimismo, exige “la aplicación de reformas estructurales destinadas a mejorar el funcionamiento de los mercados, particularmente el de trabajo, e impulsar el cambio de modelo productivo”; consolidar las reformas en marcha (financiera, laboral, control del gasto) y avanzar en las pendientes (energía, crecimiento industrial y educación). Tema este en el que “hay numerosos puntos de mejora”.

¿Renacimiento inmobiliario?

“Claramente, hay liquidez y va a ser ilimitada; y hay posibilidades de compraventa porque muchos fondos con dinero están ansiosos de comprar y muchos propietarios con activos listos para la venta, además hay mucha demanda embalsada y los bancos están empezando a dar créditos”. El primer ejecutivo de una inmobiliaria se expresaba esta semana con ese optimismo sobre la situación actual del sector. Reflejaba lo que a su juicio es la situación actual, en la que las empresas empiezan a ver la luz cada vez más nítida al final del largo túnel que han tenido que atravesar durante prácticamente un lustro.

De las afirmaciones se deriva que en muy poco tiempo está llegando dinero fresco, sobre todo de fondos internacionales, y cerrándose operaciones que hace solo unos meses eran inimaginables. La última ha sido la adquisición por parte de la firma estadounidense Castlelake de suelo por 80 millones de euros a la Sareb, cuya presidenta (Belén Romana) afirmaba esta misma semana en un desayuno informativo de la sociedad, constituida con activos provenientes de la banca y participada por entidades financieras.

Pero, pese a la esperanza justificada por esos datos, no hay que echar las campanas al vuelo. Es verdad que hay liquidez y oportunidades; pero es difícil cruzar operaciones. La razón es que los fondos ofrecen cantidades a la baja para quedarse con buenos activos. Inevitablemente se producen contradicciones, porque las inmobiliarias no quieren vender barato y exigen mejorar la oferta y el tira y afloja no siempre acaba bien.

A eso hay que añadir que la deflación de salarios no hace previsible que se puedan cerrar muchas operaciones entre los particualres y los bancos, con miedo permanente. Siendo verdad que las entidades financieras se muestran más flexibles, han salido muy escaldadas de la crisis y no quieren repetir. Es decir, aunque se están dando créditos, no va a haber financiación para cualquier cosa.

Esos son los retos con que se enfrenta ahora el sector, que está ante la oportunidad de comenzar desde cero después de una reconversión forzada y lograr un crecimiento sostenido en el futuro, que según algunas previsiones será del entorno del 2% en los próximos años. Las predicciones del mercado es que este renacer que se ha producido en las capitales más activas se va a extender pronto como una mancha de aceite por el resto del país.

En el sector, los restos de la batalla son todavía muy evidentes, con muchas empresas en concurso de acreedores o en liquidación, en el caso de que no lo hayan sido ya, por lo que ya no volverá a ser lo que era en mucho tiempo. Muchos de sus directivos han rebasado o están cerca de alcanzar la edad de jubilación, por lo que lo único que hacen ahora es gestionar el enterramiento de sus empresas.

El consenso generalizado es que ya se ha tocado fondo y que las empresas vivas —es decir, aquellas que han conseguido superar la crisis— son las que van a protagonizar la nueva etapa. En ese sentido, los inmobiliarios se sienten curados de espanto y están seguros de que no van a caer en una burbuja como la que les explotó por su propia ambición.

En ese esquema hay dos grupos de inmobiliarias, las patrimoniales y las promotoras. Entre las primeras figuran Colonial (revitalizada tras la entrada del grupo de Juan Miguel Villar Mir), Testa (de Sacyr), Metrovacesa (controlada por los bancos y que está en venta), que han sufrido un proceso de reestructuración y, en algunos casos, de jibarización. Entre los promotores sobresale la antigua clase media que ha sobrevivido mejor como Pryconsa, Hercesa, Ferrocarril Inmobiliaria, Amenabar o Inmobiliaria del Sur. Este es un sector muy atomizado y con sociedades cuyos propietarios son poco conocidos, con radio de acción muchas veces circunscrito a una comarca.

Una gran parte de esas empresas forman parte del G-14 (Grupo Ferrocarril, Hercesa, Level, Martinsa, Metrovacesa, Montebalito, Nozar, Quabit, Realia, Restaura, Reyal Urbis, Vallehermoso), que constituyeron como un lobby en los tiempos de gloria (es decir, no hace muchos años).

En la hora de un nuevo pacto de rentas

El Gobierno está empeñado en lograr cuanto antes otro pacto de rentas que sustituya al que se encontró a principios de 2012, recién estrenado en el poder y que los sindicatos habían propiciado para frenar la reforma laboral que luego promulgó. El actual acuerdo tiene vigencia hasta final de año, y con el objetivo de renovarlo,  entre otros, Mariano Rajoy convocó el pasado 18 de marzo a los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, y los presidentes de las patronales CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Jesús Terciado, para incluirlo en la nueva ola de reformas previstas para completar la legislatura y cumplir con las exigencias de organismos europeos e internacionales (entre otras, sobre la reforma laboral), que no dejan de insistir.

Sin embargo, pasado mes y medio desde entonces, apenas ha habido algún movimiento que no sea bipartito (entre sindicatos y patronal). O, como dijo Méndez, “está inédito” en la relación con el Gobierno. Por eso están a la espera de que, una vez pasadas las elecciones europeas, Rajoy mueva ficha, aunque muy probablemente no se produzca hasta después de la cita con el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, para hablar de la reforma fiscal, que esperan de manera inminente.

Los agentes sociales contemplan un nuevo pacto desde perspectivas muy distintas a las de 2012, cuando la crisis era lacerante y el posible rescate se daba por hecho. El compromiso de los sindicatos de moderar salarios y de las empresas de contener precios, se cumplió a medias. Es decir, se moderaron los salarios y poco los precios. Además, el Gobierno también incumplió su promesa de no subir impuestos, con lo que al final la devaluación interna perjudicó básicamente a los asalariados. La evolución de la inflación permite ahora no ser demasiado exigentes en salarios; pero bajo la premisa de que no puede haber una pérdida de poder adquisitivo como la que se produjo en el anterior pacto.

La patronal, por su parte, ha tenido tres fases, pasando de pedir una prórroga del anterior pacto, a lo que los sindicatos no están de ninguna manera dispuestos, a proponer un acuerdo partiendo de cero, para acabar con la oferta de alcanzar un acuerdo general que sirva de paraguas para negociar después por sectores. Precisamente, en esa línea se manifestó el viernes Rosell en las Jornadas del Círculo de Economía celebradas en Sitges (Barcelona). Rosell dijo que algunas empresas pueden “incrementar los salarios” en los sectores que ya han conseguido dejar atrás la crisis y recuperado “actividad y beneficio”. “Ojalá podamos”, sentenció.

Esta posibilidad, que permitiría a cada sector plantear un salario acorde a su situación económica, está más en consonancia con el planteamiento de los sindicatos, que consideran un periodo de tres años de vigencia para el nuevo pacto, teniendo en cuenta sobre todo que será el de la recuperación. Pero, mientras tanto, no está despejada la incógnita sobre el futuro de la reforma laboral y si el Gobierno pretende dar otra vuelta de tuerca como le piden desde distintos organismos.

Precisamente, en la reforma se detine el Informe sobre la democracia en España 2014, de la Fundación Alternativas dirigido por Joaquín Estefanía. Según el estudio, “no solo ha disminuido la tasa de temporalidad, sino que ha aumentado la rotación de contratos, y tampoco ha reducido, sino todo lo contrario, el paro de larga duración”. “Ha optado por la vía drástica de tratar de desarticular la negociación colectiva, es decir, simplemente de que los sindicatos pierdan poder muy en la línea de las peticiones extremas de la patronal”, añade. Y termina: “Ha favorecido la devaluación salarial interna, aunque no se sabe todavía qué parte se debe a la reforma y cuál a la intensidad de la crisis”.

El informe sostiene que “para un futuro inmediato se está pronosticando un crecimiento homeopático que poco ayudará a la creación de empleo y dependerá, en gran medida, del comportamiento de la economía mundial”. También destaca que “la evolución del mercado de trabajo no está siendo particularmente positiva, la mayor parte de la mejora se debe a la disminución de la población activa y la escasa contratación nueva sigue siendo abrumadoramente temporal”, incide.

“Las reformas han de ser realistas, factibles presupuestariamente y sostenibles en el tiempo, justificar su necesidad y objetivos, favorecer una distribución de la renta tolerable y explicar que no hay reformas en las que todos ganen”, según el informe, que subraya que el Gobierno ha optado por una agenda, condicionada por organismos internacionales, con mayor peso en reducir el déficit público y en las reformas laboral y financiera, de la que dice que “el diagnóstico de la crisis financiera y de sus efectos sobre el sistema financiero fue erróneo y pecó de optimista, y la reforma tuvo elementos de imprevisión e improvisación”.

Sostiene que “la recuperación del crédito aún tardara en llegar” y que la reforma de las pensiones es correcta pero no suficiente, por lo que, “si no se reforma convenientemente el sistema público será sustuituido por el aseguramiento privado”. Sobre la reforma fiscal, mantiene que “ es urgente porque el actual sistema da muestras claras de insuficiencias y ha acumulado ineficiencias que afectan a su neutralidad”. 

La gran empresa apuntala a la patronal

El miércoles, antes de acudir al almuerzo que tuvieron con Mariano Rajoy, los miembros del Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) pusieron sobre la mesa el debate sobre futuro de la patronal CEOE. El lobby empresarial tiene la lógica preocupación por la evolución de la gran patronal y, por eso, el miércoles se planteó la colaboración y coordinación entre las dos organizaciones.

El debate viene desde que el presidente de la patronal, Juan Rosell, solicitase su incorporación al Consejo. La propuesta fue rechazada. La posibilidad volvió a plantearse el miércoles y ocurrió lo mismo. No obstante, todos estuvieron de acuerdo en que “hay que hacer algo”. Y coincidieron en que lo primero es apoyar a Rosell para que reforme la patronal y la haga moderna de acuerdo a sus planteamientos y a los nuevos estatutos aprobados en la última Asamblea General celebrada en abril.

La inclusión en el orden del día de la reunión del CEC del miércoles tiene como precedente la asistencia de César Alierta, presidente del CEC y de Telefónica, como invitado a la citada asamblea, en la que se celebró la Cumbre de Innovación con la presencia también del Príncipe Felipe y el ministro de Economía, Luis de Guindos. Alierta prestó la sede de Telefónica, que es la del CEC.

En aquel encuentro, Alierta expresó “la total sintonía que existe entre instituciones como las que Juan Rosell y yo mismo presidimos. Apoyamos y estamos plenamente comprometidos con CEOE, y compartimos sus análisis y planteamientos. Me consta que por tu parte, querido Juan, sucede lo mismo con la institución a la que represento”. “La Cumbre de la Innovación, supone un importante paso en ese proceso de profunda y comprometida renovación en el que se encuentra inmersa la CEOE, estáis apostando por los valores, la transparencia, la unidad y la competitividad de nuestras empresas como garantía de la prosperidad de España”, prosiguió. Luego subrayó lo que a su juicio son los tres pilares de la recuperación: la innovación, la formación y la internacionalización. Meses antes, Rosell había dejado la sede de la patronal para que el CEC presentase su informe España emprende y exporta.

Las tres bases citadas son las que el consejo del CEC subrayó el miércoles como puntos de partida para esa colaboración. La preocupación del CEC deriva de que, al fin y al cabo, la CEOE es la etiqueta del empresariado español y la gran empresa se ha mantenido desligada de ella desde los tiempos de José María Cuevas, pese a que todas pagan religiosamente su cuota.

Para la gran empresa la labor no deja de ser hercúlea. En esas reuniones se ha llegado a subrayar que, tal como ha derivado la patronal, resulta mucho más fácil crear una nueva que modernizar la actual. Es más, si la CEOE hubiera funcionado con mayor participación de la gran empresa, seguramente que no se habría creado ni el Instituto de Empresa Familiar, en los primeros años noventa, ni el CEC, impulsado por aquel en el 2010.

Rosell, ante esto y aunque no entre en el consejo, se siente arropado. Tiene la oportunidad de aprovechar el debate para amarrar el apoyo de la gran empresa y activar su presencia en el seno de la CEOE. Forma parte de su discurso. De hecho, llegó a plantear que miembros del CEC se incorporasen al comité ejecutivo de la CEOE. Asimismo, quiere reactivar el Consejo Asesor con su presencia. Pero, al tiempo, se encuentra con una organización muy diversificada y anclada poco dada a movimientos em ese sentido. Además, tampoco los grandes empresarios se sienten muy a gusto con la existencia en la cúpula de la patronal de dirigentes que han tenido episodios oscuros y que ellos han criticado. 

P.D.:

Un filón de informes para Rajoy

Mariano Rajoy tiene un filón en el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), ese poderoso lobby en el que se agrupan importantes compañías españolas. El CEC se ha convertido en el mejor aliado de la política económica del Gobierno con sus giras mundiales vendiendo España o haciendo informes sobre la economía española. Pese a ello, el presidente del Gobierno no se reunió con el CEC hasta julio de 2013; es decir, año y medio después de haber asumido el cargo. Para la segunda cita no ha dejado pasar tanto tiempo. El miércoles, 10 meses después, Rajoy volvía a reunirse con el importante grupo empresarial y, además de hacerse la foto oficial, recibió un adelanto de los informes que está preparando el CEC: Previsiones para 2014 y 2015; Reforma Fiscal y España 2020, así como el documento sobre El peso de la gran empresa en la economía, en el que se destaca precisamente el valor que tiene como tractor de la actividad de las pymes y en el proceso de internacionalización. El primer informe, que será entregado en junio, mejora las previsiones de crecimiento (1,3% y 2% este año y el próximo), aunque no es tan optimista en creación de empleo. En cuanto a la refroma fiscal, el CEC pide más simplicidad y rebajas de las cotizaciones sociales. España 2020 se espara a más largo plazo.

La pasión española de Gerard López

El próximo fin de semana, en el circuito de Montmeló, donde se celebra el Gran Premio de España de Formula 1, será especial para Gerard López Fojaca, propietario de la escudería Lotus Team. Este empresario luxemburgués, hijo de emigrantes gallegos y con pasaporte español, quiere aprovechar la presencia en tierras hispanas del circo automovilístico para lanzar una imagen empresarial ligada a la cultural y al deporte y, al mismo tiempo, consolidar sus objetivos de inversión en otros sectores económicos españoles.

Por ello, los dos bólidos del equipo Lotus lucirán en sus laterales el logotipo de la exposición El Greco 2014 que se está exhibiendo en Toledo. Asimismo, ha hecho cascos conmemorativos, uno de los cuales se entregará al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el próximo día 8 en La Moncloa, y otro tiene destino para el Rey Juan Carlos I, al que se le entregará si asiste a la carrera, algo que no está confirmado.

Una campaña bien pensada. Mezclar cultura y deporte es una iniciativa habitual de Gerard López, que a su perfil de propietario de la escudería une el de ser un filántropo, experto en arte asiático, coleccionista de libros incunables y de automóviles históricos y de emprendedor con más de una historia de éxito en su curriculo (entre otras iniciativas fue uno de los fundadores de Skype que luego vendió a E-Bay).

López compró la escudería en 2009 cuando todavía era de Renault y el grupo francés estaba en retirada. A través de Mangrove Capital Partners, su brazo inversor, se hizo con el 70% del accionariado de la escudería Lotus cuando todavía era Renault. Ahora, con 40 años, se ha planteado el reto de convertir al equipo otra vez en campeón del mundo, que siendo Renault lo fue en 2005 y 2006 con Fernando Alonso.

Pero el objetivo principal de López no se limita a la F-1, donde sabe que nunca ganará dinero. Lo suyo es aprovechar la plataforma de la F-1 para desarrollar los negocios en todo el mundo y, en concreto, en España: “En cada país que pisamos nos vemos con políticos, empresarios y financieros. Y lo que nos está produciendo esto es mucho más importante que lo que nunca podrá darnos un equipo de F-1”, comentaba López en una entrevista en este periódico en 2010 con Manel Serras, que le preguntaba: “¿Cómo ha tenido tiempo de hacer todo eso en solo 38 años?”. “Yo también me lo pregunto a veces; pues trabajando 14 horas al día, siete días a la semana. Pero divirtiéndome”, respondía.

En efecto, lo más importante para López, es que, con esta bandera de enganche, abre las puertas para aumentar sus negocios en España, donde ya está presente a través del fondo Mangrove en varias firmas tecnológicas: el portal inmobiliario Enormo, la empresa de apuestas online a través de móvil Bettymovil y la compañía de software de vídeo Dialcom. Pero, en estos momentos, los tiros van por otros derroteros: valora la posibilidad de invertir en medioambiente y energía a través de alguna de los grandes grupos, además de desarrollar otro tipo de iniciativas empresariales.

Hijo de emigrantes gallegos de A Chaira, en el concello de Riotorto (Lugo), nació en Luxemburgo. Regresó a Galicia con sus padres y vivió en el municipio hasta los siete años. Tras volver a Luxemburgo, fue becado a la Universidad de Miami. Se licenció en Sistemas de Gestión Informática y antes de acabar ya comenzó su carrera emprendedora. Desde hace tiempo, quiere hacer guiños a España y ha encontrado la oportunidad en la exposición de El Greco para publicitarlo en las balas negras de los Lotus de forma altruista (el patrocinio se valora en unos 600.000 euros). Con ese propósito se dirigió a la Fundación de El Greco, un pintor del que es devoto y que tiene como presidente de honor al rey Juan Carlos. La oportunidad se presentaba pintiparada. No hubo pegas por parte de la fundación, para la que también es una ocasión de hacer publicidad gratis en todo el mundo.

Antes de acabar la carrera había creado ya su primera empresa, Icon Solutions, que vendió 15 meses después. De vuelta a Europa, montó ProLease Financing, que también vendió. A finales de los noventa, con solo 27 años, se hizo inversor y creó la citada Mangrove Capital Partners, una firma de capital riesgo que es de las más rentables del sector y que se ha especializado en financiar las primeras etapas de empresas tecnológicas. También entró en el sector inmobiliario con Icodomos, gestionada por su socio Eric Lux, con más de 200 inmuebles en Luxemburgo y activos en la costa este de Estados Unidos, Asia y Europa del Este.

Fue el primer inversor en Skype, hasta que lo vendió a E-Bay dando un auténtico pelotazo. Cuenta con 40 empresas en todo el mundo. Sus intereses en el mundo del motor se han encauzado a través de Genii Capital y Gravity Sport Management, que creó para aprovechar las oportunidades en otros sectores. En este caso, el carrusel por 19 países de la F1 le dio un potencial enorme. Tiene un equipo dedicado exclusivamente a evaluar las propuestas y posibilidades de negocio.

 

El Banco de España envida fuerte en el MUS

El Banco de España (BE) se quiere sacar la espina que lleva clavada desde que perdió el representante en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), donde siempre había estado, tras la marcha de José Manuel González-Páramo hace dos años, que había sustituido a Eugenio Domingo Solans, uno de los integrantes del primer consejo de la entidad. A eso hay que añadir la jubilación de Antonio Sainz de Vicuña como director general de Servicios de Legales del BCE, con lo que España se quedaba totalmente fuera en ese concierto europeo.

Esas circunstancias han perjudicado mucho la imagen de la entidad, según reconocen internamente, por lo que el organismo regulador español se ha movido con diligencia para recuperar influencia y colocar cargos de importancia en el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), en cuyo consejo ejecutivo figura su subgobernador del BE, Fernando Restoy.

El MUS será el encargado de centralizar la vigilancia de las entidades financieras europeas, las más grandes (130) de forma directa y el resto de forma indirecta. El objetivo es que no se repitan casos como el de Irlanda o España, que acabaron con el rescate total o parcial de su banca, y homogeneizar el tratamiento. El organismo comenzará a funcionar a pleno pulmón a partir del 4 de noviembre. Antes someterá a los 130 bancos más grandes de la zona euro al análisis de su balance y a un test de estrés.

El proceso de incorporaciones de funcionarios se ha iniciado ya y muchos ocupan sus puestos, aunque su configuración se prolongará hasta mediados de 2015. En ese sentido, el BE ha logrado tener un representante entre los cuatro directores generales que tendrá el MUS. Se trata de Ramón Quintana, que deja el cargo de director general de Supervisión del BE y que se encargará de la Dirección General 2, que se centrará en la supervisión directa de los 100 bancos que forman el segundo nivel de las entidades financieras europeas.

La primera, que se encargará de las 30 principales entidades, la ocupará el alemán Stefan Walter, exjefe de supervisión de Ernst & Young. El finlandés Jukka Vesala, ex subdirector general del banco central de su país, será responsable de la supervisión indirecta de todos los otros bancos de los países que participen, y el también alemán Korbian Ibel, que viene del Commerzbank, se ocupará de los servicios horizontales y especializados a las otras tres unidades.

En el siguiente escalón hay cinco subdirectores y uno de los cargos lo ocupa la española Margarita Delgado, que será la número dos de la Dirección General 1. Además de ella, hay dos franceses, un italiano y un alemán. Y en el siguiente, con 15 jefes de división, aparecen cuatro españoles (José Vicente Martínez Lisande, Linette Field, Óscar Meléndez y Víctor Guerrero), que incluso podrían aumentar. Aguas abajo, aparecen los jefes de sección e inspectores. En total, habrá entre 60 y 70 españoles sobre 700 personas en el nuevo organismo de supervisión. Es decir, en torno al 10%, lo que supone un alto grado de integración teniendo en cuenta que hay 17 países integrantes de la zona euro.

Esta salida masiva de funcionarios españoles a Fráncfort responde a la política de promoción del BE y su preocupación por tener presencia activa en las instituciones europeas aprovechando el prestigio del que goza la inspección española en el entorno europeo. Eso ha supuesto, no obstante, que se esté produciendo una importante descapitalización humana del plantel de la entidad. A corto plazo, genera problemas; pero, según fuentes internas del BE, representa una inversión a futuro porque, además de elevar el poderío español en el BCE, permite la promoción interna dentro de la institución que gobierna Luis María Linde.

El MUS constituye el primer paso hacia la Unión Bancaria que se prevé completar con un mecanismo único de resolución y un sistema armonizado de garantías de depósitos. Su creación fue decidida en junio de 2012 por los jefes de Estado o de Gobierno de la UE con el objetivo de mejorar la calidad de la supervisión en la zona euro, promover la integración de los mercados y romper el vínculo negativo que se había creado entre la confianza en las entidades bancarias y las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda pública.

Una visita cargada de futuro

La visita del presidente de México, Enrique Peña Nieto, el próximo mes de junio a España tiene, más allá del reforzamiento de las relaciones entre los dos países, una visión de alcance empresarial. Por un lado, Peña Nieto, que vendrá acompañado por una amplia delegación de empresarios, tratará de buscar inversiones para desarrollar distintos proyectos de su Gobierno, sobre todo en el campo energético. Por otro, intentará formalizar las relaciones entre Repsol y Petróleos Mexicanos (Pemex).  

Entre los empresarios que acompañarán al presidente mexicano, que se verá con el Rey Juan Carlos y se entrevistará con Mariano Rajoy, se da por seguro que figuren el presidente de Pemex y amigo suyo, Emilio Lozoya, y el de la cementera, Lorenzo Zambrano, que en estos momentos tiene pendiente de arreglar su deuda con la Agencia Tributaria española y que le puede acarrear una multa de más de 450 millones.

En este caso, es un asunto privado en el que ha habido distintas apreciaciones sobre la normativa fiscal, pero en el que poco puede influir Peña Nieto, aunque se interese por el estado de la situación y de las relaciones. Además, probablemente, cuando llegue a España ya se habrá resuelto. Pero el centro de atención está en la petrolera, que es otra cosa. Pemex es una entidad pública controlada por el Estado y, por tanto, el Gobierno tiene mucho que decir.

Aunque en el entorno diplomático se espera que, al menos hasta que el máximo mandatario mexicano venga a España, se produzca un impasse en el que se entierre el hacha de guerra, otras fuentes sostienen que  solo es  apariencia. Estas fuentes sostienen que, tras la junta de Repsol del 28 de marzo en la que Pemex se opuso a las medidas de blindaje propuestas por el grupo español, sus responsables han seguido meneando el árbol de la discordia y buscando pactos con otros posibles accionistas. Aseguran que Pemex ha  planteado una toma de participación de Repsol a un grupo ruso para  alinearse con sus intereses. Esta tentativa, que no sería bien vista por el nucleso duro de accionistas, recuerda el pacto de sindicación de acciones que en su día firmaron Pemex y Sacyr para tomar el control del grupo.

Esta asechanza contrasta con el clima que habría alcanzado tras la visita hace algunas semanas a Lozoya de Isidro Fainé, presidente Caixabank y vicepresidente de Repsol, con el conocimiento de Antonio Brufau, presidente de Repsol. Dicho pacto pasaba por recuperar una relación cordial. Asimismo, según otras fuentes, se habría planteado la posibilidad de que Repsol participe en proyectos de prospección y explotación de hidrocarburos con Pemex, así como en el Plan Energético que puso en marcha el Gobierno de Peña Nieto.

Fainé no se vio en aquel viaje con este, con el que ya ha estado en dos ocasiones en el escaso año y medio que lleva en el poder. Caixabank tiene una alianza estratégica con Inbursa, el brazo financiero del empresario mexicano Carlos Slim, para abrir oficinas en México en 2014.

Sobre el asunto de Pemex, la embajadora de México en España, Roberta Lajous, aseguró el viernes en el Foro España Internacional que “nunca hubo intención” por parte de Pemex de segregar y apropiarse de los activos. Lajous hizo “votos por que las diferencias que en algún momento hubo las podamos dejar atrás”. Quiso quitar hierro al asunto al atribuir a “lecturas de la prensa” y a la trascendencia del enfrentamiento “de lo que ha habido en realidad”.

La embajadora destacó la importancia de la relación entre un país exportador de petróleo como México y uno importador como es España, pero a la vez garantizó que hay un “terreno amplísimo” para que las empresas españolas puedan invertir en el sector de la energía en México. La embajadora defendió, en ese sentido, las reformas llevadas a cabo por Peña Nieto en su primer año de mandato, fruto del Pacto por México, que dan, dijo, “certidumbre jurídica” para las inversiones.

Esta reforma, que se ha estado debatiendo desde hace 18 años por los distintos gobiernos mexicanos, permitirá la incorporación de empresas privadas en la explotación de hidrocarburos, un sector que es monopolio del Estado desde 1938.

Un plan de 35.000 millones

Aunque el cierre del déficit público en 2013 (6,6%) se acerca a los objetivos previstos para el año, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, podrá echar mano de las desinversiones en empresas y entes públicos para completar el cumplimiento previsto para la legislatura, el 4,2%. La desinversión y la gestión concesional se convierte así en un vehículo clave para los objetivos del Gobierno, que lograría la entrada de ingresos extraordinarios, así como la reducción de aportaciones recurrentes; la mejora del servicio y la competitividad y la anticipación a presiones externas desde Bruselas.

Este proceso reportaría en torno a 32.000 millones de euros, a los que se añadirían otros 3.000 por menos aportaciones estatales a empresas y entes públicos y el ahorro de 2.000 millones anual por cese de aportaciones, según un informe que maneja el Gobierno elaborado por Roland Berger, firma especializada que ha trabajado para el Ejecutivo en asuntos como el de la valoración de los bancos.

“La situación actual de las finanzas exige medidas de reducir el déficit y la deuda [94% del PIB]”, según Jorge Delclaux, consejero delegado de la filial española, que recuerda que la comisión para la reforma de las Administraciones Públicas planteó en julio de 2013 la elaboración de un nuevo plan que debía ser la continuación del elaborado un año antes y cuyo impacto fue muy limitado. A su juicio, las razones para la desinversión radican en la ausencia de justificación de la presencia del Estado, en evitar la concurrencia con empresas privadas, en la posibilidad de mejorar la gestión e incrementar la calidad de productos y servicios y en asegurar la superviviencia de la empresa ante la imposibilidad de que el Estado continúe.

Esa es la cuestión. En la actualidad, el Estado cuenta con 220 entes públicos empresariales, de los que 171 son sociedades mercantiles, 13 entidades públicas empresariales y 36 entidades de derecho público. Según el estudio, 190 son sociedades no estratégicas. El principal paquete de empresas está adscrito al departamento que dirige Montoro, seguido por el Ministerio de Fomento. Del total cifrado, unos 14.000 millones procederían de la venta del 60% de Loterías del Estado, cuya privatización ya estuvo a punto de producirse en 2011, poco después de la llegada al poder del PP.

Asimismo, existen varias empresas industriales y firmas cotizadas dentro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente de Hacienda. Entre las primeras figuran Correos, Tragsa, Hispasat, Enusa, Equipos Nucleares y Navantia. Y entre las segundas, EADS, Red Eléctrica, Ebro, Enagas, IAG e Indra. Todas son participaciones minoritarias, pero aportarían en torno a los 4.300 millones. La lista se amplía con las empresas de Patrimonio, entre las que destaca Paradores. En todos los casos, el Gobierno deberá decidir cuáles considera estratégicas y son susceptibles de reducir su presencia de forma parcial o total.

El mismo mensaje cabe para las empresas adscritas a Fomento. Ahí aparecen Adif, Renfe, Puertos del Estado, Ineco y Aena. Esta ha sufrido muchos vaivenes en los dos últimos años, con distintas intentonas y fórmulas, aunque la ministra del ramo, Ana Pastor, ha reiterado que a ella no le gusta nada la segregación de aeropuertos como plantean muchos interesados. El estudio no se mete en esa disputa.

Las sociedades en las que Estado puede reducir las aportaciones son en su mayoría también las empresas de transporte junto RTVE, Red.es y otras. Donde no se prevé desinvertir es en entes como el CDTI, ICEX, IDAE, Salvamento Marítimo o la empresa minera Hunosa.

Existen, por otra parte, sectores en los que se produce una situación alterada de la competencia por la presencia del Estado en el mercado. Según el estudio, hay ejemplos ilustrativos como los mercados cautivos (por encomiendas de gestión o contratos marco como ocurre en Tragsa, Efe o Ineco) cuyo perjuicio derivado es una ausencia de competencia que redunda en el precio y en la calidad del servicio recibido; el doble papel del Estado como regulador y operador (otra vez aparecen Renfe y Adif), lo que redunda en la faltad e indpeendencia y frena la entrada de competencia, y empresas públicas que compiten con privadas creando un perjuicio sobre la libre competencia, caso de Navantia, sobre todo en la reparación de barcos civiles.

Acelerón para vender Catalunya Bank

La carrera por la compra de Catalunya Bank (antigua Catalunya Caixa) se encuentra en el punto de aceleración. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Banco de España, tiene todo preparado para iniciar el proceso de venta de la entidad intervenida por la que han mostrado interés la mayor parte de los grandes bancos españoles desde que el año pasado el FROB encargase la ejecución del cuaderno de venta a N+1 y se formalizase el proceso.

El objetivo del organismo que preside Fernando Restoy, subgobernador del Banco de España, es llegar al verano con el asunto arreglado. El proyecto contempla que de la entidad intervenida queden desgajados antes los activos problemáticos, sobre todo los referidos a la cartera de créditos, cuya horquilla oscila entre 6.000 y 10.000 millones de euros, y las oficinas que tiene fuera de Cataluña (en torno a 200). Una vez separados del tronco principal esos activos contaminados y las oficinas, para los que se buscaría un destino, la entidad se presentaría saneada y lista para su colocación con unos activos que se situarían en torno a los 35.000 millones.

El FROB no ha decidido todavía la fórmula para realizar la venta, si será mediante una subasta, negociaciones directas u otro tipo de operación; pero lo que sí tiene claro es que, toda vez que se hayan dado todos los pasos, sacará un valor positivo por ella. Esta circunstancia contrasta con otras operaciones de desinversión hechas con otras entidades intervenidas (CAM, Banco de Valencia, Novacaixagalicia…), en las que el saldo entre las ayudas otorgadas y la venta dio siempre valor negativo.

El organismo tendrá que decidir en breve plazo después de escuchar las opiniones del banco de inversión que preside Santiago Eguidazu contratado como asesor, si quiere que el desarrollo sea rápido. El FROB no quiere repetir los obstáculos de otras operaciones y, sobre todo, que pase más tiempo, ya que la entidad catalana ha ido perdiendo clientela y deteriorando su imagen, pese a que en Cibeles se muestran contentos con la gestión llevada del nuevo equipo encabezado por Carlos Pla.

La puja, que también estará abierta a bancos extranjeros, se convertirá en la última batalla de esta etapa de reestructuración financiera que ha vivido el sistema español. En principio se espera que presenten oferta los tres grandes. Lo que parece totalmente descartado es repartir la antigua Catalunya Caixa (fruto de la fusión de las cajas Catalunya, Tarragona y Manresa) entre los tres grandes (Santander, BBVA y Caixabank), posibilidad que se llegó a contemplar. Ahora aparece como favorito el Santander, que, junto a Bankinter, es el único que no ha participado en el proceso de integración que se ha llevado a cabo con las cajas de ahorros. Motivo este por lo que también la opción Santander es muy bien vista por el Banco de España.

El banco que preside Emilio Botín siempre ha condicionado su participación en una compra de Catalunya Bank a la rentabilidad. El interés por parte de la entidad cántabra radica principalmente en la expansión por territorio catalán, ya que aportaría unas 500 oficinas que, además, tienen poca redundancia con su actual presencia. De esa forma, además, podría contrarrestar la desventaja que tiene en esa comunidad con la preponderante Caixabank y BBVA, que adquirió Unnim (fusión de las cajas de Terrasa, Sabadell y Manlleu). No obstante, el Santander tiene capacidad para crecer por si solo en Cataluña si no sale la operación de Catalunya Bank.

Con esta operación se completaría el proceso de saneamiento del sistema bancario español que llevó a la intervención de varias entidades financieras y a la transformación de las antiguas cajas. El cambio ha dado lugar a que, de las 45 que existían al inicio de la transformación sectorial, ahora todas estén integradas de una forma u otra, salvo las excepciones citadas, en las entidades que quedan (Santander, BBVA, Popular, Sabadell, Bankinter, Caixabank, Bankia, Liberbank, Ibercaja, BMN, Novacaixagalicia, Kutxabank y Unicaja, que recientemente ha cerrado la incorporación de Ceiss, consecuencia de la fusión de las cajas castellanas España y Duero).

Las preocupaciones capitales del presidente

Con cafés con leche, té o poleo-menta (a gusto del consumidor), Mariano Rajoy y su ministra de Empleo, Fátima Báñez, recibieron a las 9,30 de la mañana de ayer a los agentes sociales (los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Jesús Terciado) en La Moncloa. El clima ya no es el mismo que el de los primeros meses de Gobierno de Rajoy, que tardó meses en reunirse con los sindicatos y la primera vez lo hizo por separado y en la sede del PP, y las tensiones han dejado paso a unas relaciones relajadas. Se puede decir que “aquel PP del día de san José de 2012 no es el mismo del de 2014”, en palabras de uno de los asistentes.

No obstante, el mensaje del presidente fue directo: “O esto lo hacemos entre todos o no lo hacemos”. Para Rajoy lo importante es recuperar la demanda interna y la competitividad. Y desgranó las siete preocupaciones que le atosigan y aprietan la economía española: los test de estrés que el BCE hará a la banca española y cuyos resultados se conocerán en octubre; el déficit, del que está convencido de que no se va a cubrir, aunque vaya mejor; las tensiones cambiarias, por la crisis del rublo ruso; la inflación, que es muy baja; el crecimiento; el empleo neto y el precio de la electricidad, que es un pasivo para la economía productiva no para la financiera y que se añadió al paquete tras apuntárselo los líderes sociales. En el planteamiento parecen todos de acuerdo, otra cosa son las soluciones que se apliquen.

Sobre la mesa también se expuso el asunto salarial, que, sin embargo, no parece ser una de las preocupaciones capitales de Rajoy. Los sindicatos alcanzaron con la patronal un acuerdo en febrero de 2012, poco antes de promulgarse la reforma laboral, en el que se impusieron la contención salarial. Ahora, aunque el ministro de Economía, Luis de Guindos, sostiene que es preciso seguir por ese camino, los sindicatos creen que ha llegado el momento de reconsiderarlo.

Precisamente, mientras el presidnete estaba reunido con los líderes sociales, el titular de Economía intervenía en un desayuno organizado por la agencia Efe y KPMG en el que desgranó la situación de economía española y las palancas que, a su juicio, existen para catapultarla: mejora de la competitividad, desendeudamiento, reforma fiscal e integración europea. En la reforma fiscal, precisamente, se detuvoun rato para hacer hincapié en que, tras la propuesta de los expertos, la pelota está ahora en el Gobierno, cuya misión es bajar los impuestos de los ciudadanos como prometió. No obstante, subrayó con tino que los impuestos "no solo son instrumentos recaudatorios, sino elementos capaces de producir incentivos adecuados para el ahorro y la inversión". El objetivo es ayudar a la economía a crecer y repetir los resultados positivos experimentados en el último trimestre del año, cuando la mejora fue de un 0,2% y acabar el año en 1% y el próximo en el 1,5%.

Para entonces, probablemente, Guindos no esté en el Ejecutivo y se haya ido a presidir el Eurogrupo, a lo que España opta y al actual ministro no le desagradaría después de haber cumplido un periodo de reformas y muchas tensiones. Eso significaría que, si se confirma la recuperación, no recogería los frutos; pero, a cambio, llevaría a cabo la unión bancaria europea, "el acuerdo más importante después de Maastricht", para Guindos.     

Pero, los problemas siguen apretando: elevado déficit público, alta tasa de paro y fuerte endeudamiento privado. El ministro lo reconoció. Ante eso, hay que aplicar las palancas citadas. 

Guindos no acostumbra a rehuir las pregunats y esta vez no fue excepción. En es sentido se encmarca su respuesta a las preguntas sobre el nombramiento de José María Roldán (exdirector del Banco de España) como presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), sobre el que se había mostrado contrario. Guindos, al respecto, dijo que lo importante es que se modifique la ley de incompatibidades que el propio Banco de España ha iniciado. También advirtió de que la patronal bancaria “puede nombrar a quien quiera”, si bien es preciso que se asegure la interlocución con la Administración.

Para rematar lanzó una carga de profundidad para zanjar el asunto: "El ministro no trata con el presidente de la AEB, sino que es más bien el secretario de Estado de Economía”.

Y un aviso de cajón: Si Magdalena Álvarez resulta finalmente imputada en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, habrá que aplicar el código ético del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y tendrá que dimitir como vicepresidenta. "Vamos a esperar", concluyó el ministro.