Mariano Rajoy habla con los primeros ministros de Holanda y Finlandia, Mark Rutte y Jorky Katainen.
El Gobierno se ha hecho prisionero de sí mismo con la reforma laboral. El presidente, Mariano Rajoy, se comprometió a aprobarla este viernes y la noche del miércoles todavía estaba dándole vueltas con el núcleo duro de su equipo económico, a los que convocó en La Moncloa para estudiar las medidas, calibrar las diferencias y pergeñar el contenido que hoy analizará la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Estaban los ministros de Economía, Luis de Guindos; de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Trabajo, Fátima Báñez, además del director de la Oficina Económica del Presidente, Álvaro Nadal.
El problema del Gobierno es de opciones. De qué platillo de la balanza le interesa más, el de la bronca con los sindicatos o el de mantener una paz social aunque le cueste malas caras con la parte más radical de la patronal y gran parte de su partido. O,tal vez, tomar una vía intermedia que canalice ambas tendencias. Esas diferencias existen también entre los ministros que ayer estaban con él. Mientras Guindos mira más a Europa y prefiere una reforma profunda; Montoro y Báñez --influidos también por las elecciones andaluzas a las que el PP opta a ganar por primera vez-- se inclinan por bajar el nivel y no enfrentarse con los sindicatos. Así que al final puede que Rajoy se haya precipitado en poner fecha tan rápido y que la fuerza de los hechos lleve a que la reforma "amplia, profunda y equilibrada" de Rajoy sea solo una cuestión de estética. Ya se verá.
Y, mientras tanto, sindicatos y patronal seguían anoche a la espera de que el Gobierno les convoque de manera oficial para informarles, aunque parece que Rajoy ha trasladado algunas impresiones extraoficialmente al presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, directamente o través de Báñez o Nadal. Los agentes sociales esgrimen el derecho que tienen a ser informados y han recibido algunas señales de que les informarán alguno de estos dos.
En todo caso, una de las claves es si la reforma va como anteproyecto de ley o como decreto-ley, ya que si es por la primera fórmula permitiría a negociar y la otra se aplicaría de forma inmediata. En cuanto al alcance de la reforma, hasta ayer se sabía seguro que, tal como aseguró Báñez el pasado lunes en el Congreso de los Diputados, que no habrá contrato único ni minijobs. Y lo que estaba en discusión son los puntos conflictivos como la ultraactividad (es decir que los convenios pervivan aunque se acabe su periodo de vigencia) o el descuelgue (que las empresas puedan separarse de los convenios colectivos), así como si se generaliza la indemnización de 33 días en caso de despido improcedente y si se introducen nuevas modalidades de contratación.
Las primeras dos medidas son casus belli para los sindicatos y puestos a mirar, si no se puede negociar, a lo mejor supone la primera semilla para la hulega general que tanto se teme Rajoy, según las propias confesiones indiscretas al primer ministro finlandés Jirky Katainen antes de la reunión del Consejo Europeo en el que se estrenó la pasada semana. No obstante, los sindicatos ya han reiterado que suprimir la ultraactividad no tiene ningún sentido, ya que existe la posibilidad de resolución extrajudicial de conflictos, sobre la que ya hubo acuerdo con la patronal.
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