Desde hace dos años, quizá algo más, se presumía que en una zona de Argentina llamada Vaca Muerta, entre las provincias de Neuquén y Mendoza, había indicios de enormes reservas de crudo. Un misterio. Las exploraciones lo confirmaron y Vaca Muerta se convirtió en un soberbio hallazgo por el que suspiró Antonio Brufau, presidente de Repsol YPF, e hizo exclamar a la presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, un entusiasmado “estamos muy, pero que muy contentos”. Era mayo de 2011.
Los suspiros y las exclamaciones tenían doble sentido, como se ha comprobado casi un año después. Brufau se dio cuenta de que era un arma de doble filo, y la presidenta, de que era el momento de hacer unas reivindicaciones por las que (ella también) suspiraba. Vaca Muerta, un territorio de 30.000 kilómetros cuadrados y unas reservas que garantizan el futuro energético del país, fue la excusa perfecta para dirimir viejas disputas y recuperar el poder de la industria petrolera nacional, desde 1999 en manos del grupo español Repsol, que compró la compañía YPF. Esta pasó a ser la principal fuente de reservas y beneficios del grupo. Ahora Repsol se queda con un 6% de YPF.
La imagen de Fernández de Kirchner, bajo un retrato de Eva Perón, rodeada de su Gobierno en pleno, de muchos presidentes de las provincias, de empresarios y representantes de la sociadad argentina —incluida una de las madres de mayo—, daba idea de la trascendencia que tenía renacionalizar YPF. En un discurso patriótico, lleno de serpentinas, buscó el apoyo del país apelando a la recuperación de los recursos naturales. Pero eso no justifica la actuación, que ha recibido todas la criticas internacionales y tiene pocos visos de salir bien en los tribunales y cortes de arbitraje, a las que Argentina está acostumbrada (tiene 48 casos, entre ellos el de Aerolíneas Argentinas con los exdueños de Marsans).
Vaca Muerta es un vasto territorio de 30.000 kilómetros cuadrados, cuya explotación necesita una inversiones de casi 20.000 millones de euros. Repsol no podía abordarlas sola y negoció con algunos gigantes del sector para compartir la explotación. Eso mismo lo tendrán que hacer ahora los nuevos administradores de YPF. Se ha hablado de la china Sinopec, socia de Repsol en Brasil, y de otros.
El conflicto es la crónica de una muerte anunciada. Todo empezó en 2007, cuando el Gobierno del marido de la actual presidenta, Néstor Kirchner, obligó a nacionalizar parte de YPF dando entrada a la familia Eskenazy, que adquirió el 25% de la filial argentina sin poner un euro gracias a la financiación y los avales de Repsol. De hecho, en mayo vencen créditos por más de 2.500 millones de euros (de ellos, 1.000 a Repsol), cuyo pago presumiblemente va a originar problemas.
Seguramente, Brufau no tuvo más remedio que ceder a la presión de Kirchner, que ya esgrimía la amenaza de la expropiación; pero aquella cesión, visto en perspectiva, fue el principio de este final. Aquel pacto, muy criticado, supuso la entrega de la gestión a los Eskenazy (es decir, a Kirchner) y el compromiso de repartir un dividendo anual del 90%.
Desde entonces, Repsol se ha escudado en la legalidad. Hasta que volvieron las reivindicaciones nacionalistas que pedían más inversiones. Brufau intentó en febrero apagar uno de los incendios tras acudir desde La Habana en un viaje relámpago con un plan quinquenal. Sirvió de poco. Ya entonces gobernaba el PP, pero mientras Brufau buscaba apoyos, el recién llegado Gobierno de Mariano Rajoy se centraba en aprobar paquetes de medidas urgentes. No falta quien subraye que Brufau, que llegó a Repsol en 2004 tras perder el PP el Gobierno, no es santo de la devoción de Rajoy. Cuando este quiso reaccionar, ya era tarde.
El estallido, que amenaza con repercutir en muchas empresas españolas con negocios en el país, ha pillado a Rajoy sin hacer pie. Probablemente no pensaba que se iba a llegar tan lejos. El caso es que da la sensación de que Argentina ha perdido el respeto al Estado español y a su Gobierno. Fuentes argentinas subrayan que su presidenta encajó muy mal las palabras de la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando esta dijo, tras el Consejo de Ministros del 13 de abril, que “las medidas no se anuncian, se adoptan”, y que ello precipitó la decisión. Después, el Ejecutivo español puso a trabajar a varios ministros para buscar el apoyo europeo y de EE UU, que respondió a la segunda.
Brufau, que se traslada al menos una vez al mes a Buenos Aires, ha tenido que hacer componendas continuamente, al igual que su hombre en la ciudad, Antonio Gomis. Para destrabar el embrollo, hizo un giro con el envío de una carta a Fernández el 2 de abril (conmemoración de la guerra de las Malvinas). Fernández no hizo caso y dejó correr una decisión que ya estaba preparada.
A la desesperada, Brufau acudió a la capital porteña con el director financiero, Luis Suárez de Lezo, en Semana Santa. Desde el Domingo de Resurreción estuvieron intentando entrevistarse con las autoridades y buscaron la mediación de influyentes despachos de abogados cercanos al peronismo e incluso de un destacado empresario español que se trasladó expresamente allí. La cita llegó el jueves 12, pero desairados por la presidenta, que delegó en el ministro de Planificación, Julio de Vido, y en el hombre de moda, el viceministro Axel Kicillof.
La reunión duró algo más de una hora, y los españoles, además de salir indignados, constataron que la decisión tenía muy pocas posibilidades de vuelta atrás. Fue tensa, y la voz cantante la llevó Kicillof, que se hará cargo de YPF. A las pocas horas corrieron informaciones de que el decreto iba a ser enviado al Parlamento. Por la noche fue desmentido. ¿Por qué se dejó correr ese tiempo? ¿Lo lograron parar desde España? ¿Qué pasó después? Siete días después fue verdad.
Hay 2 Comentarios
Recuperación de YPF: Entrevista a Axel Kicillof
http://www.youtube.com/watch?v=wZNGG0R2Vao
Publicado por: Axel el guaperas | 23/04/2012 3:14:27
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Publicado por: asd197315 | 22/04/2012 23:29:25