Vaca Muerta no da leche

Tras la nacionalización de YPF por parte del Gobierno argentino de Cristina Fernández de Kirchner, para la que tuvo que recurrir a una ley de los tiempos de la dictadura de Videla, ahora comienza el proceso de marcha atrás para arreglar algunos desperfectos hechos en los meses de asedio a Repsol. Por ejemplo, la reversión de las licencias a YPF por parte de algunas provincias que le impedían operar en sus territorios. La primera ha sido la de Santa Cruz, que ha anulado esa reversión. Mientras, el Gobierno busca fórmulas para contrarrestar el dinero que previsiblemente le reclame  Repsol ante la corte de arbitraje CIADI. Tales como  demandas por actuaciones irregulares o derechos por las  inversiones en Argentina, Bolivia y Brasil (la llamada ABB).

Asimismo, en el entorno del Gobierno hay sospechas de que la familia Eskenazy, cuyo patriarca (Enrique) era íntimo amigo de Néstor Kirchner, se hayan hecho amigos de Antonio Brufau y responda más a los intereses de éste que de la presidenta. Las sospechas se deben a que durante los años en que han compartido mesa y mantel se habrían acercado posturas y estrechado relaciones. Por otro lado, se asgeura que Eskenazy ha prometido al grupo español que no va a vender su pareticiapción del 25%. Precisamente, en próximas fechas le vencen los créditos que recibió para hacerse cargo de esa participación, en la que intervino activamente Brufau con avales de Repsol. El total de créditos a los que tendrá que hacer frente se eleva a 2.500 millones de euros.

 Y, mientras tanto, llegan informaciones sobre contrtatistas de YPF que han recibido invitaciones para acudir a Texas a visitar los campos petrolíferos. Si eso es verdad formaría parte de la corte de interesados que se van a agolpar en torno al campo de Vaca Muerta, de donde ha sido evacuada Repsol (bueno, le queda un 6% de YPF). Entre los candidatos a ocupar su puesto figura la tejana Exxon y la china Sinopec. Precisamente las dos entidades estaban en contacto con Repsol para participar en las inversiones multimillonarias que deben hacerse en el enorme campo de 30.000 hectáreas. Se han cuantificado en 25.000 millones de dólares y Repsol sola no podía. Por eso buscó socios, que evidentemente también estaban interesados en entrar en el capital de YPF.

El conflicto ha sido la bienvenida (por llamarlo de alguna forma) del nuevo embajador español en Buenos Aires, Román Oyarzun, que seguramente habrá recibido sabias leccioens y recomendaciones de Rafael Estrella, su antecesor. Oyarzun se ha tenido que dedicar en cuerpo y alma a este asunto desde que aterrizó en la capìtal argentina. Oyarzun debe discutir dinero, no soberanía. Lo principal es calmar los ánimos y lograr que los argentinos paguen un precio justo, algo que no parece fácil.

Para Repsol la situación es peliogrosa. Haber perdido YPF le puede suponer una degradación en la escala de las agencias de calificación y perder el grado de inversor. debe reforzar su capital. Si Argentina paga los 8.000 millones que ha reclamado Brufau, no tendría problemas para recapitalizarse; pero si no, que es lo más probable, tendría que recurrir a otras fórmulas como conversión de preferentes, que quita deuda y amplía capital; vender activos y el 5% de autocartera que asumió del paquete de Sacyr o reforzar la generaciópn de cash-flow. Así están las cosas. Debe buscarse la vida porque Vaca Muerta ya no le da leche.      

Nueva ronda de cajas con cebo extranjero

La mañana del viernes de la semana pasada el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, se reunió con los presidentes de Unicaja, BMN, Ibercaja y Liberbank (Braulio Medel, Carlos Egea, Amado Franco y Manuel Menéndez) para hablarles de la reestructuración financiera. El objetivo del encuentro fue transmitirles la necesidad de ganar tamaño y, al menos, superar los 100.000 millones de euros de activos, que en estos momentos no alcanza ninguna de las cuatro, como mejor forma de entrar en los mercaods mayoristas. Es decir, invitarlas a que propicien nuevas integraciones.

El secretario de Estado barajó varias opciones; pero, entre ellas, destacó introdujo la novedad de que contemplen también a entidades extranjeras. El objetivo claro de Economía es trasladar la idea de que la reforma financiera aprobada por el Gobierno funciona y, para demostrarlo, qué mejor tarjeta de presentación que participen grupos extranjeros. 

Los cuatro mosqueteros, supervivientes en el sector de cajas, contestaron que si consiste en ganar tamaño se podrían fusionar entre ellas. Es decir, fueron ellos quienes pusieron sobre la mesa la posible megafusión, pese a que luego se lo ha arrogado el propio ministerio. Los presidentes, sin embargo, le subrayaron claramente que “el tamaño no es en absoluto imprescindible” y que lo que realmente cuenta es que las fusiones se hagan “con lógica, garanticen la rentabilidad y solvencia y las entidades resultantes estén capacitadas para actuar en el mercado”. Las cuatro entidades, que no tienen problemas de solvencia, han subrayado que seguirán solas si las uniones son para ir a peor. No obstante, no han dejado de hablar enytre ellos y no se descarta que algunas de ellas acaben juntas. Las cuatro juntas sería una operación muy compleja.

Precisamente, estas cuatro entidades (antes cajas) son el resultado de integraciones. Unicaja se quedó con las castellanas Duero y España, además de Jaén, dando lugar a un grupo de 79.000 millones; BMN surgió de la unión de Murcia, Penedés, Granada y Sa Nostra con un activo de 68.000 millones; Ibercaja acaba de quedarse con Caja 3 (CAI, Círculo Católico y Badajoz) sumando 65.000 millones, y Liberbank parte de CajaAstur con Cantabria, Extremadura y Castilla La Mancha (CCM), esta última adquirida tras la intervención del Banco de España, con 54.000 millones. En total, casi 270.000 millones, cerca de Bankia. Son cifras de 2011, que han podido variar ligeramente.

Precisamente, Liberbank está en conversaciones para quedarse con el banco Caixa Geral, filial de la entidad portuguesa en España que le aportaría unos 9.000 millones en activos. También Bankia (resultado de la fusión de siete cajas encabezadas por Caja Madrid y Bancaja) tiene sobre la mesa la posiblidad de una integración con una entidad extranjera. El grupo que preside Rodrigo Rato es de los que más debilidad muestra ante los procesos de saneamiento y ha recibido varios mensajes del Banco de España (BE) para que tome medidas y poder librarse de una intervención. En el mismo sentido, se ha expresado el Fondo Monetario Internacional en el informe que publicó el pasado miércoles y que, sin citarla, le pedía medidas “rápidas y decisivas” para sanearse. En Bankia están convencidos, en cualquier caso, de que van a resolver los problemas y cumplir las condiciones del real decreto ley.

Mientras, el BE está a punto de subastar el Banco de Valencia (24.000 millones), por el que pujará fuerte BMN. Luego llegará Catalunya Caixa (76.000 millones), que interesa al Santander, y más tarde, llegará Novacaixagalicia (76.000 millones).

La nueva ronda, además de capital y resultados, “debe abordar el problema de la financiación”, según Aristóbulo de Juan, ex director general del BE, que participó en un acto organizado por UGT en Madrid. Añadió que el problema “se va salvando sustituyendo deuda por deuda, pero no generando flujos suficientes para desendeudarse y reanudar el crédito”. El dedo en la llaga de alguien que sabe de esto y que, además, sostiene que “las entidades resultantes de las ventas de entidades descapitalizadas pueden no quedar saneadas”. De Juan destacó también que habría que haber intervenido más entidades (contando las que han recibido ayudas públicas) y criticó que se hayan mantenido a “ muchos consejeros o directivos que causaron o consistieron la crisis”.

El sector financiero no deja de hervir y las recomendaciones del FMI sobre la necesidad de dinero público para sanear la banca (a su juicio, existen 10 entidades débiles, la mayoría con ayudas públicas) y sus alertas sobre la morosidad oculta echa más leña al fuego. Hay quien sostiene, y no se descarta, que el ministro de Economía, Luis de Guindos, pidió a la gerente del Fondo, Christine Lagarde, que adelantara la publicación del informe para acelerar la reforma, cuyo final no vislumbra. De ser así, sería contradictorio con la postura que ha mantenido el Ejecutivo de Mariano Rajoy, contrario al uso de más dinero público; pero las premuras empiezan a apretar. La opinión del FMI ha sido aplaudida sin disimulo por la banca.

Tensiones y distensiones con Argentina

El ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, compareció la mañana de este martes en el Parlamento para hablar de la crisis entre españa y Argentina por la expropiación de YPF a Repsol. El ministro dijo que defenderá a la compañía española, pero también que quiere mantener las buenas relaciones con Argentina y profundizar en la agenda bilateral. ¿Es esto una marcha atrás? Se puede considerar que, después de los gritos y decisiones que se vienen dando desde que la semana pasada se supo lo de la renacionalización de YPF como la decisión de no importar biodiesel argentino o pedir a la UE que recrimine al Gobierno de Cristina Ferrnández, parece que se afloja un tanto la postura. Fuentes cercanas al ministro canario aseguran que esa no era su intención y que no se debe interpretar así "porque la presión para que Argentina reconozca los derechos de Repsol va a seguir". 

Lo contrario sería ir contra el propio discurso del Gobierno y del presidente, Mariano Rajoy, que en la asmablea de la empresa familiar de la semana pasada manifestó que siempre defenderá a la empresa española "allí donde haya una". Pero la verdad es que la respuesta dada el viernes en el Consejo de Ministros fue beligerante y ayer no parecía tanto. Quizá el Gobierno se lo ha pensado mejor y trata de rebajar la tensión.   

Soria, que tuvo que viajar el 28 de febrero de forma urgente cuando esto empezaba a hervir, desveló que los responsables argentinos exigieron a los de Repsol que invirtiera en Argentina todo lo que tenía previsto en el mundo. Desde luego, era una forma de anunciarles que estaban dispuestos a nacionalizar la filial YPF o, como dicen en el entorno español, a confiscar.

El Gobierno también sostiene que desde hace cuatro meses está preocupado con la amenaza de la nacionalización y a ello se debe el citado viaje de Soria. Sin embargo, da la sensación que no se volcó precisamente en defender los intereses de la empresa española y que prefirió mirar hacia Centroeuropa, apremiado sin duda por las presiones comunitarias para ajustar el déficit y hacer un presupuesto restrictivo. Mientras, las negociaciones quedaban en manos de los directivos de Repsol, que durante este tiempo han tenido la amenaza sobre ellos de forma constante y con muy pocos visos de que se pudiera arreglar teniendo en cuenta la actitud del Gobierno de Cristina Fernández.                

Ante la evidencia de que no hay marcha atrás, Repsol debe decidir si opta por la vía del CIADI, la corte de arbitraje internacional dependiente del Banco Mundial, o por los tribunales. De momento parecen inclinarse por el arbitraje, dado que los tirbunales exigen poner una fianza y no se sabe cuánto puede durar. Tampoco es que el CIADI sea rápido en sus veredictos. En cualquier caso, Argentina tiene experiencia en demandas en el CIADI. Además, mientras se dirime sobre la demanda, en el entorno de la Administración argentina se ha comenzado a hablar de diferentes presuntos incumplimientos y acciones ilegales de Repsol en distintos aspectos, como el medio ambiente, etc. De esta forma, se trataría de contrarrestar los 8.000 millones que reclama el grupo español. Así son las cosas.  

 

El misterio de Vaca Muerta

Desde hace dos años, quizá algo más, se presumía que en una zona de Argentina llamada Vaca Muerta, entre las provincias de Neuquén y Mendoza, había indicios de enormes reservas de crudo. Un misterio. Las exploraciones lo confirmaron y Vaca Muerta se convirtió en un soberbio hallazgo por el que suspiró Antonio Brufau, presidente de Repsol YPF, e hizo exclamar a la presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, un entusiasmado “estamos muy, pero que muy contentos”. Era mayo de 2011.

Los suspiros y las exclamaciones tenían doble sentido, como se ha comprobado casi un año después. Brufau se dio cuenta de que era un arma de doble filo, y la presidenta, de que era el momento de hacer unas reivindicaciones por las que (ella también) suspiraba. Vaca Muerta, un territorio de 30.000 kilómetros cuadrados y unas reservas que garantizan el futuro energético del país, fue la excusa perfecta para dirimir viejas disputas y recuperar el poder de la industria petrolera nacional, desde 1999 en manos del grupo español Repsol, que compró la compañía YPF. Esta pasó a ser la principal fuente de reservas y beneficios del grupo. Ahora Repsol se queda con un 6% de YPF.

La imagen de Fernández de Kirchner, bajo un retrato de Eva Perón, rodeada de su Gobierno en pleno, de muchos presidentes de las provincias, de empresarios y representantes de la sociadad argentina —incluida una de las madres de mayo—, daba idea de la trascendencia que tenía renacionalizar YPF. En un discurso patriótico, lleno de serpentinas, buscó el apoyo del país apelando a la recuperación de los recursos naturales. Pero eso no justifica la actuación, que ha recibido todas la criticas internacionales y tiene pocos visos de salir bien en los tribunales y cortes de arbitraje, a las que Argentina está acostumbrada (tiene 48 casos, entre ellos el de Aerolíneas Argentinas con los exdueños de Marsans).

Vaca Muerta es un vasto territorio de 30.000 kilómetros cuadrados, cuya explotación necesita una inversiones de casi 20.000 millones de euros. Repsol no podía abordarlas sola y negoció con algunos gigantes del sector para compartir la explotación. Eso mismo lo tendrán que hacer ahora los nuevos administradores de YPF. Se ha hablado de la china Sinopec, socia de Repsol en Brasil, y de otros.

El conflicto es la crónica de una muerte anunciada. Todo empezó en 2007, cuando el Gobierno del marido de la actual presidenta, Néstor Kirchner, obligó a nacionalizar parte de YPF dando entrada a la familia Eskenazy, que adquirió el 25% de la filial argentina sin poner un euro gracias a la financiación y los avales de Repsol. De hecho, en mayo vencen créditos por más de 2.500 millones de euros (de ellos, 1.000 a Repsol), cuyo pago presumiblemente va a originar problemas.

Seguramente, Brufau no tuvo más remedio que ceder a la presión de Kirchner, que ya esgrimía la amenaza de la expropiación; pero aquella cesión, visto en perspectiva, fue el principio de este final. Aquel pacto, muy criticado, supuso la entrega de la gestión a los Eskenazy (es decir, a Kirchner) y el compromiso de repartir un dividendo anual del 90%.

Desde entonces, Repsol se ha escudado en la legalidad. Hasta que volvieron las reivindicaciones nacionalistas que pedían más inversiones. Brufau intentó en febrero apagar uno de los incendios tras acudir desde La Habana en un viaje relámpago con un plan quinquenal. Sirvió de poco. Ya entonces gobernaba el PP, pero mientras Brufau buscaba apoyos, el recién llegado Gobierno de Mariano Rajoy se centraba en aprobar paquetes de medidas urgentes. No falta quien subraye que Brufau, que llegó a Repsol en 2004 tras perder el PP el Gobierno, no es santo de la devoción de Rajoy. Cuando este quiso reaccionar, ya era tarde.

El estallido, que amenaza con repercutir en muchas empresas españolas con negocios en el país, ha pillado a Rajoy sin hacer pie. Probablemente no pensaba que se iba a llegar tan lejos. El caso es que da la sensación de que Argentina ha perdido el respeto al Estado español y a su Gobierno. Fuentes argentinas subrayan que su presidenta encajó muy mal las palabras de la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando esta dijo, tras el Consejo de Ministros del 13 de abril, que “las medidas no se anuncian, se adoptan”, y que ello precipitó la decisión. Después, el Ejecutivo español puso a trabajar a varios ministros para buscar el apoyo europeo y de EE UU, que respondió a la segunda.

Brufau, que se traslada al menos una vez al mes a Buenos Aires, ha tenido que hacer componendas continuamente, al igual que su hombre en la ciudad, Antonio Gomis. Para destrabar el embrollo, hizo un giro con el envío de una carta a Fernández el 2 de abril (conmemoración de la guerra de las Malvinas). Fernández no hizo caso y dejó correr una decisión que ya estaba preparada.

A la desesperada, Brufau acudió a la capital porteña con el director financiero, Luis Suárez de Lezo, en Semana Santa. Desde el Domingo de Resurreción estuvieron intentando entrevistarse con las autoridades y buscaron la mediación de influyentes despachos de abogados cercanos al peronismo e incluso de un destacado empresario español que se trasladó expresamente allí. La cita llegó el jueves 12, pero desairados por la presidenta, que delegó en el ministro de Planificación, Julio de Vido, y en el hombre de moda, el viceministro Axel Kicillof.

La reunión duró algo más de una hora, y los españoles, además de salir indignados, constataron que la decisión tenía muy pocas posibilidades de vuelta atrás. Fue tensa, y la voz cantante la llevó Kicillof, que se hará cargo de YPF. A las pocas horas corrieron informaciones de que el decreto iba a ser enviado al Parlamento. Por la noche fue desmentido. ¿Por qué se dejó correr ese tiempo? ¿Lo lograron parar desde España? ¿Qué pasó después? Siete días después fue verdad.

La empresa familiar aprueba a Rajoy

Dice Mariano Rajoy que sabe que "aún no está en condiciones de ofrecer a los españoles buenas noticias". Lo dijo ante la Asamblea General del Instituto de Empresa Familiar (IEF) celebrada la mañana del lunes en Madrid. Es un foro en el que Rajoy se siente muy a gusto, ha acudido a prácticamente todos durante los últimos ocho congresos de la institución como jefe de la oposición. En ellos se relaja y llega a decir cosas políticamente no muy correctas como aquella de su primo de Sevilla que sostenía que no había cambio climático. Pero ese no es el caso. En la asamblea de este año, el primer evento del IEF al que acude como presidente del Gobierno, Rajoy aprovechó para lanzar mensajes serios y comprometidos, propios de un tiempo de zozobra y lejos de la relajación y, como dijo, de las buenas noticias. 

No está el horno para bollos.Las crónicas dicen, con certeza, que el presidente defendió ante los representantes de la empresa familiar las medidas adoptadas por el Ejecutivo en los cuatro meses que lleva en activo y reconoció que "no es agradable tomar según qué medidas" al tiempo que agregaba que continuarán por ese camino durante toda la legislatura ("hemos hecho mucho en cuatro meses de Gobierno, pero les adelanto que aún estamos en el kilómetro cero de una larga senda reformista que se prolongará hasta el último día de la lesgilatura") para cumplir con el objetivo básico de reducir el déficit. También recogen que subrayó el compromiso de España con el euro y la integración europea ("nadie, ni gobernantes ni instituciones, dentro ni fuera de nuestro país, deben dudar, ni sembrar dudas, sobre el compromiso de España con el euro y la integración política europea") y que a principios de mayo se pasará revista a las comunidades autónomas sobre el ajuste que han realizado en sus presupuestos para cumplir con el compromsio fiscal.

También habló de los problemas de la empresa española en el exterior y, sin referirse a ella directamente, de los probelmas de Repsol en Argentina. Rajoy habló antes de que el Gobierno suramericano decretara la nacionalización de YPF, filial de Repsol; pero se notaba que tenía pocas esperanzas de que las cosas cambiarán. "El Gobienro estará allí donde haya una empresa española", dijo. La respuesta tardó pocas horas. Cristina Fernández de Kichner siguió con su plan. Ahora le toca actuar a España para defender a Repsol, una de las más grandes empresas españolas. "No les quepa duda, este Gobierno va a estar al lado de quienes crean empleo y riqueza dentro y fuera de muestro país", afirmó Rajoy.

Pese a todo se ha llevado de la empresa familiar, en la que está parte de la élite empresarial española, un aprobado (raso) por su actuación política, como lo demuestra que en un año ha pasado del 2,42 a 4,8 sobre nueve (vendría a ser un 5,3 sobre 10). No ha evolucionado de la misma forma la situación económica, que pasa de 2,94 a 2,02 ni tampoco las esperanzas de que la crisis toque fondo en 2012: el 66% piensa que no. A pesar de estas malas perspectivas, el 54% de las empresas familiares encuestadas piensan mantener los empleaos actuales (el año pasado era el 52%) y el 18% incrementarla (el año pasado era el 12%) frente a otro 18% que piensa reducirla (el año pasado era el 30%).  Además el 67% tiene previsto invertir en España. Es un sondeo hecho a los 60 empresarios que acudieron a la Asamblea celebrada ayer en Madrid y por tanto la muestra es pequeña, pero es una referencia interesante sobre un sector empresarial importante en España.

Rajoy hablaba en público -a la prensa se la dejó entrar para oír el discurso del presidente, pero sin posibilidad de preguntarle- después de conocerse encuestas que evalúan sus priemras medidas y reducen su respaldo. Sin duda por eso hizo una justificación de las actuaciones del Gobierno en los cuatro meses que lleva en activo. "No es agradable tomar según qué medidas, pero los españoles nos han elegido para que las cosas cambien", afirmó tras reconocer que se han visto “obligados a tomar medidas extraordinariamente duras, porque así lo exigen las circunstancias". Como, por ejemplo, subir impuestos, cuando él mismo había dicho a los emrpesarios en octubre pasado que no lo haría. hecho la culpa a la herencia recibida, porque se encontró con un déficit mucho mayor que el que suponía.

Rajoy, a esta altura del partido, sabe de sobra que una cosa ers predicar y otra dar trigo. Pero los empresarios le piden que siga firme. "Ese es el camino", en palabras del nuevo presidente, José Manuel Entrecanales, que sustituyó a Isak Andic. Rajoy les prometió, tras decir que las reformas "se están haciendo más deprisa y más a fondo de lo previsto", que no va a dejar de hacer todo lo necesario para hacer frente a las dificultades actuales". Para ello, pidió "sacrificios" y "generosidad" y que sus reformas "no quieren ser alicortas, sino ambiciosas; reforma sque tendríamos que acometer aunque no estuviéramos en crisis".Esos son los foros que le gustan. Por eso, seguramente, les dijo que "tampoco se puede esperar que en pocas semanas se resuelvan cuestiones tan largamente enquistadas en el tiempo" y que, pese al coste político, les garantizó que "no va a dejar de hacer todo lo necesario para hacer frente a las dificultades actuales".


 

La diseccion del profesor Quintas

Conviene leer y subrayar el discurso que el expresidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, pronunció el 21 de marzo en su investidura como miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Es la primera vez que habla desde que abandonó el cargo hace dos años y lo hace con ganas. Pero su ingreso en esta institución ha querido que lo haga en un momento en que la regulación y supervisión financiera ha sido cuestionada por su incidencia en la restructuración financiera, que él vivió en sus primeros compases y con cuyas directrices no se mostró muy entusiasmado.

Quintás no entra a juzgar la reforma. En su discurso, el catedrático metido a financiero desnuda el sistema, critica la regulación y la supervisión y su responsabilidad en las crisis y valora el cumplimiento de los cuatro pilares del buen gobierno: independencia, rendición de cuentas, transparencia e integridad. Pone el dedo en la llaga y, aunque se cuida de no poner nombres, se puede adivinar con facilidad a lo que se refiere y a quién se refiere.

Enfatiza, y lo repite a lo largo de 70 páginas, sobre los riesgos que corre el supervisor para guardar la estabilidad financiera, proteger a los clientes e inversores y vigilar los códigos de conducta ante los riesgos de captura. Es decir, de las injerencias políticas, los intereses de las entidades a las que supervisa o simplemente de los intereses particulares del supervisor (autocaptura).

Pero además, resalta otros riesgos como "mandatos confusos, incompletos o ambiguos; arquitecturas institucionales inadecuadas y un bajo nivel de los técnicos", sin contar que el contenido de la actuación sea técnicamente defectuoso o inferior en eficacia o eficiencia al de otras alternativas o que los beneficios sociales sean inferiores a los costos.

Quintás, que sostiene que la injerencia política es uno de los peligros más serios de las democracias, afirma: “La experiencia nos dice que el Gobierno y los partidos políticos presionarán para introducir criterios políticos en la regulación”. El ejemplo más frecuente “es la proximidad de las elecciones para disuadir a los supervisores que frenen la actividad a corto plazo o para que no cierre determinado banco (problemático) por el coste político”. Según Quintás, “en España, salvo honrosas excepciones, se rehúye el tema o se pasa de puntillas, como si su reconocimiento equivaliese a poner en duda el sistema y se respeta el mito de los supervisores y reguladores siempre guiados única y exclusivamente por el interés general pese a la extensa evidencia empírica disponible en su contra”. Para él, la independencia siempre ha sido parcial. “En España tropezó con una cultura política totalmente escéptica que respaldaba de iure y de facto la intromisión del Gobierno”.

“El problema surge cuando quien debería ser garante del interés general, y de algún modo árbitro de las propuestas y sugerencias de los distintos grupos interesados, es capturado por uno de estos”, incide con dedo acusador. Quintás destaca como vías de captura a nivel político el suministro de información, la colaboración en la consecución de fines gubernamentales, condonación de deudas y la simple corrupción.

Además de las injerencias políticas, “existen otras vías de captura como las frecuentes negociaciones a que obliga la propia regulación y la oferta de incentivos, (compensación por favores prestados)”. En estas se encuadran los grandes grupos, que “están mejor organizados, tienen más que ofrecer, se juegan más en el proceso regulatorio...”. Por ello, la regulación y supervisión suelen estar sesgadas en contra de la competencia y de la entrada de nuevos competidores”. “El sector bancario”, prosigue, “es sin duda uno de los que mejor se ajusta a las condiciones para la captura: su nivel de concentración es muy alto y su lobby muy eficiente; su clientela está poco organizada y para ella, individualmente, tienen escasa importancia los temas regulatorios; la asimetría de la información con la clientela es enorme; en muchos asuntos es necesario mantener la confidencialidad (lo que se aprovecha para crear una opacidad encubridora); la regulación es densa, compleja y con frecuencia ininteligible para legos, y los intereses en juego son extraordinariamente importantes”.

Esto lo dice una persona que ha estado 16 años en el puente de mando de la cajas, ocho como director general y ocho como presidente, y antes 10 años como director general de Caixa Galicia. Es decir sabe de qué habla. Y, en ese sentido, advierte también de “los errores y ambigüedades casi siempre favorecen a las entidades dominantes en Europa”. Pone el ajemplo de las pruebas de resistecnia hechas a la banca en 2011, “sospechosamente amables” con Alemania y Francia. A tal efecto, recomienda que “el Gobierno y el BE harían bien en fijar una estrategia que proteja mejor los intereses españoles”.

En cuanto a la rendición de cuentas dice que en España el control parlamentario es muy débil y la Ley de Economía Sostenible, “no mejora la situación”. Y sobre transparencia: “España, si bien puede ser hasta ejemplar en aspectos menores, presenta graves opacidades en otros más relevantes”. Se remite a las dificultades del Tribunal de Cuentas para fiscalizar trabajos del BE, CNMV y Seguros.

“En España el flujo [de contratación] es, prácticamente, de una única dirección, puesto que mientras que numerosísimos técnicos del Banco de España, de sus altos directivos e, incluso, algunos gobernadores y subgobernadores han disfrutado de excelentes oportunidades en la banca, no existe en cambio una captación de expertos bancarios o banqueros por parte del Banco de España de importancia ni remotamente similar”. Quintás toca un punto clave y es que la insuficiencia de recursos y la baja remuneración puede provocar efectos perversos en la supervisión. “Los salarios deben ser competitivos con los de los supervisados o será muy difícil contratar y, sobre todo, retener a personal suficientemente cualificado”.

Las (tensas) relaciones Guindos-MAFO

Es un hervidero, pero mantienen las apariencias como pueden. Las relaciones entre el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), van de mal en peor. Al principio, cuando Guindos tomó el mando del departamento, hubo una especie de entente cordiale por aquello de la estabilidad institucional que alejaba cualquier atisbo de beligerancia <CF1000>durante los siete meses que le quedaban a MAFO para cumplir su mandato oficial al frente del banco central (expira el 12 de julio). Los propios interesados expresaron una actitud de mutuo respeto. Daba, incluso, la sensación de que se entendían a la perfección.

En teoría, los escasos siete meses pasarían pronto. Sin embargo, se están haciendo muy largos. Se han cumplido los tres primeros y las cosas no van, precisamente, por derroteros pacíficos. Pero nadie ha querido abrir el melón. Seguramente para no provocar enfrentamientos innecesarios en tiempos de mudanza y tan cerca del relevo. Aunque, al parecer, no porque no falten ganas.

Se da la circunstancia de que este tiempo ha coincidido con la parte más dura de la reestructuración financiera, lo que no ha ayudado a una cohabitación amistosa. Una de las primeras acciones, si no la primera, de Guindos fue presentar el real decreto de dicha reforma. El ministro dijo que había que acelerar el proceso y que quedaba la parte más dura. Es decir, lanzaba un mensaje que llevaba implícito que el Banco de España no había sido lo suficientemente diligente para haberla cerrado, o por lo menos dinamizarla y hacerla menos onerosa. Tras eso, la impresión generalizada en el ministerio es que la disposición del gobernador a colaborar para imprimir más ritmo no ha sido muy satisfactoria para el ministro.

El asunto, no obstante, va exclusivamente con (o contra) MAFO, al que también critican por la permisividad en la politica de remuneraciones en las cajas (en la que poco podía hacer) y de haberse dedicado más a la política mientras ardía el sector, y no con el equipo directivo del Banco de España. Las relaciones con este sí parecen fluidas y firmes. A este respecto, la costumbre de mantener reuniones periódicas del subgobernador (Javier Aríztegui) y el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, con los responsables de bancos y cajas ayuda bastante.

En el Banco de España, por su parte, siempre se ha despejado fuera cuando se habla de esta cuestión. No consta el mal entendimiento. Se subraya que la colaboración ha funcionado y que, al contrario de deteriorarse, la relación ha ido a más, rechazando “supuestas rencillas” entre gobernador y ministro. En cualquier caso, se destaca que no dejan de ser las que deben tener un banco central, como organismo independiente, y el Ministerio de Economía. Ambos tuvieron oportunidad de intercambiar impresiones en la reunión del Ecofin en Copenhague.

Minetras tanto, la reforma parece encarrilada para acabar en tiempo y forma. Es decir, antes del 31 de mayo todas las entidades habrán presentado sus planes. La próxima semana habrá una reunión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en la que se espera que se pongan en marcha las subastas del Banco de Valencia y Catalunya Caixa. La de NovaGalicia, previsiblemente, será más tarde. También se espera la ampliación del Fondo de Garantía de Depósitos,lo que precisamente no llena de satisfacción a las grandes entidades.

Y queda Bankia. La entidad que preside Rodrigo Rato ha asegurado/reclamado al Banco de España que puede/quiere seguir sola. De momento, este mes culminará la integración tecnológica de Bancaja. Hay quien sostiene que podría estar contemplando alguna operación con otra entidad. En este punto, el mensaje de Economía y del BE está claro: las fusiones tienen que dar como resultado una entidad más solvente y saneada.

Mientras pasan los meses y reciba experiencias, Luis de Guindos va formando el perfil del futuro gobernador del Banco de España, cuyo nombramiento lo hace el Gobierno a propuesta suya. El ministro quiere colocar a una persona sin peso político, al menos no tanto como el de MAFO, que se aleje de declaraciones políticas, que tanto gustaban a este creándole incluso problemas con el Gobierno que le nombró. Su objetivo es proponer a alguien que Mariano Rajoy no le eche atrás, alguien con un perfil más de secretario de Estado. Precisamente, el nombre que ha tomado fuerza últimamente es el del secretario de Estado de Economía, Jiménez Latorre, con lo que se repetiría el caso de MAFO (este era secretario de Estado de Hacienda), aunque sin el equipaje político de este. También está bien situada en la carrera Belén Romana, ex directora general del Tesoro con el PP. En la lista figura Fernando Becker (exconsejero de Economía de Castilla y León y hoy en Iberdrola), Elvira Rodríguez (exministra y diputada del PP), Antonio Sainz de Vicuña, candidato a consejero del BCE, y José Manuel González-Páramo, que está a punto de dejar ese puesto.

El déficit no deja ver el bosque

Una lectura rápida de los Presupuestos del Estado, además de la atenta escucha del parlamento hecho por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en su presentación en el Congreso de los Diputados, no supone ninguna novedad sobre lo que ya se sabía. El goteo de novedades que el Gobierno ha ido dejando caer en días pasados ha sido suficiente como para saber dónde iba estar el mayor recorte, qué se iba a hacer con la Seguridad Social, qué impuestos iban a sufrir subidas o no, la amnistía fiscal... Y que, efectivamente, el Ejecutivo se va a centrar en lo que Montoro resumió con una frase definitiva: "Nuestro primer objetivo es el déficit, el segundo es el déficit, y el tercero es el déficit". No hubo sorpresas de última hora.

Dicho esto todo el mundo parece de acuerdo en que el ajuste que lleva este Presupuesto, el más duro de la democracia, es obligatorio para cumplir con el objetivo del déficit que tanto obsesiona a Montoro, a Mariano Rajoy y a Europa. Pero, inmediatamente, todos los partidos de la oposición han hecho eso (oposición) y los tacharon de una cosa u otra: “Injustos e ineficaces” (PSOE), “antisociales” (IU), “cicateros” (PNV); “poco rigurosos" (CiU)... Y, la verdad, es que tiene algo de todo, incluso de lo que dice el Gobierno. El propio Ejecutivo ha empleado todos los calificativos negativos que ha podido para poner la venda antes de la herida a sabiendas de lo tenía entre manos. Pero esa, la de los Presupuestos, es su alternativa para salir de la crisis y evitar, según dicen, que el país sea intervenido.

Una lectura más sosegada, a la que sin duda los expertos ayudarán a hacer a medida que pasan las horas, descubrirá las trampas --si las hay, que las habrá-- y los entresijos que siempre guardan las grandes cuentas del Reino. En ese sentido, hay quien opina que se podía haber optado por buscar el mismo resultado por un camino distinto, o al menos con menos dificultades. Les resulta difícil que se pueda reducir el déficit en tres puntos del PIB como marcan los Presupuestos y sin aplicar una subida efectiva de impuestos, principalmente el IVA, que se toca tangencialmente junto a la reducción de exenciones en el Impuesto de Sociedades.

Lo más fácil ha sido pegar el tijeretazo por la parte de la inversión pública. Precisamente, y aunque en el seno del Gobierno ha habido consenso prácticamente generalizado, en este punto se ha mareado más la perdiz en cuanto a la cantidad, ya que supone un recorte importante para hacer que tire la economía y generar empleo. Dicho esto y siendo el ajuste obligado por tantas razones esgrimidas, está claro que la obsesión por cumplir el objetivo del déficit descuida el crecimiento, por no decir las políticas sociales y culturales. Y eso, claro, sin inversión pública es difícil que se logre. Hay que pensar que no se va a repetir en años posteriores, porque la reactivación económica debe ser tan prioritaria como la de reducir el déficit, que ya se verá si se cumple.

De momento, quedémonos con esas cifras: 27.300 millones (casi un 17%) menos de gasto corriente de los ministerios; el coste de la deuda es superior a ese recrote de los ministerios; un 36% menos de inversión pública; los gastos de personal crecen un exiguo 0,7%, aunque el sueldo de los funcionarios sigue congelado; el gasto en pensiones crece un 3,2% y se lleva el 37,1% de los recursos; los gastos de protección social caen un 3,9% especialmente en fomento de Empleo, Sanidad, Educación y Cultura; el gasto en I+D cae un 25%, casi al nivel de 2006... Se puede seguir.  

La carrera de las fusiones financieras

La reestructuración financiera dio otro paso esta semana hacia su nueva configuración definitiva con la integración de Banca Cívica en CaixaBank. Está previsto que el 31 de mayo como muy tarde, es decir, justo en dos meses, las entidades presenten sus planes de integración y el mapa quede más o menos repintado. Y burla burlando, como los endecasílabos de Lope de Vega a Violante, ya van unas cuentas delante. A la operación de CaixaBank con Cívica la precedieron Ibercaja con Caja 3·  BBVA con Unnim, el Banco Sabadell con la CAM y el Banco Popular con el Pastor, además de confirmarse la de Unicaja con Caja España y Caja Duero después de pasar unas fechas dubitativas.

El viejo mapa financiero español, repleto de cajas de ahorros, es cada vez más un objeto de recuerdo. Ahora ya solo quedan 16 entidades (18 si se cuentan las reducidas cajas de Ontinyent y Pollença) y si no se cuentan las cooperativas de crédito, que también existen y están en sus particulares negociaciones.
Para la citada fecha seguramente se habrá reducido en dos más por la absorción de Catalunya Caixa y Banco de Valencia, ambos en proceso de subasta por el Banco de España.

La entidad catalana presidida por Adolf Todó tiene de plazo hasta otoño al igual que NovaCaixaGalicia (NCG), ambas controladas por el Banco de España a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB); pero los responsables de aquella han manifestado que quieren adelantarlo. De hecho, el viernes dieron el banderazo de salida con la presentación de resultados. No es del mismo parecer NCG, que ha creado su “banco inteligente” (EVO) y no tira la toalla.

En lo que queda de baile, la incógnita radica en quiénes van a ser los que salten a la pista. Hay un grupo que tiene boletos seguros: Santander, BBVA, Caixabank, BBK Bank, Ibercaja y BMN. Otros se han colocado, por si acaso, pero están en proceso de digestión de las compras (Sabadell y Popular) o tienen que medir bien sus poderes (Liberbank y Bankia), que, incluso, podrían entrar en el grupo de las compradas.

Todo apunta a que la carrera va a proseguir por el Banco de Valencia, por el que ha mostrado interés BMN, que podría formar un trípode interesante con Liberbank de unos 150.000 millones de activos. El grupo encabezado por la antigua Caja Murcia quiere ampliar su red por un territorio que considera natural como es la Comunidad Valenciana y, de momento, parece que ningún competidor le sale al paso. Pero Carlos Egea sabe que no se puede quedar tranquilo. No se descarta el Sabadell, que con la CAM dio un gran salto a esta región y que con el Valencia completaría el asalto.

En cuanto a Catalunya Caixa (CX), se ha convertido en un bocado apetitoso por su implantación en Cataluña. Y aquí aparecen BBK Bank, que se está quedando sola, y el Santander, que en todo caso está a la expectativa. Pero se espera que salte a por la presa en cuanto vea la ocasión. Desde luego, a la entidad cántabra no le vendría nada mal CX, sobre todo después de haber comprado Unnim el BBVA. Además, aunque a Emilio Botín no le obsesione el tamaño (es el triple más grande que Unnim, con 76.000 millones en activos) y no quiera crecer por crecer, le permitiría recuperar el primer lugar en el podio.

¿Y la gran caja gallega? José María Castellano y César González-Bueno tratan de arreglar la entidad para ponerla de largo y, pese a los deseos del ministro de Economía, Luis de Guindos, y los banqueros de adelantar el proceso, no la quieren soltar antes de octubre. Pero ellos saben que NCG tiene todas las opciones para convertirse en un campo de batalla en el que se van a medir las fuerzas de las principales entidades. Van a estar todos los que puedan digerir una entidad con 76.000 millones de activos. No se sabe muy bien en qué orden: CaixaBank, BBVA, Santander, Sabadell... y Bankia.

La entidad que preside Rodrigo Rato tiene esa carta guardada en la manga, aunque la digestión del ladrillo no le está resultando precisamente fácil como para meterse en más aventuras. La fusión, por otra parte, está bien vista desde algunas partes del PP, que consideran que se crearía la gran caja del PP.

El Banco Santander aún no ha participado en la reestructuración bancaria, y todo el sector está a la expectativa. A Emilio Botín le gusta sembrar la duda conscientemente cuando se encuentra en plena batalla. Seguramente ya tiene la estrategia diseñada, pero no va a desvelar por qué flanco (o flancos) del campo va a lanzar sus ataques. Se ha limitado a asegurar que el banco tiene claro que no le interesa “crecer por crecer” y se ha comprometido con sus accionistas a “hacer compras que generen valor”, seguir reduciendo la exposición al sector inmobiliario y crecer de forma orgánica, dando crédito. Lo dijo en la junta del viernes. Con esas premisas, dejó claro que “la contribución de España a los resultados del grupo \[hoy, el 13%\] será una de las mayores sorpresas positivas en los próximos años”. ¿Se refería a la adquisición de una entidad que suponga un crecimiento operativo notable? ¿por quién va a tocar la campanilla? ¿o dar la campanada? Es posible que su apuesta por Unnim, que se llevó el BBVA, fuese un fuego fatuo. De momento, no ha negado que le interesen Catalunya Caixa y NovaCaixaGalicia, pero podría haber otras. Probablemente habría que volver a leer a Sun Tzu en El arte de la guerra.