El triunfo pírrico de Luis de Guindos

Para Luis de Guindos la dimisión de Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO) ha supuesto un triunfo que se suma a la marcha de Rodrigo Rato de la presidencia de Bankia. Obsesionado por la crisis financiera en general y por la de Bankia en particular, ya tiene las dos cabezas que perseguía para ejemplarizar la actividad del Gobierno. Pero, de estas batallas no sale precisamente con un halo victorioso. Han sido más bien unas victorias pírricas, de las que también sale malparado, por lo que se ha dejado en ellas. Eso sí, ahora ya puede coordinar la política financiera sin los posibles obstáculos de un gobernador ingobernable y un presidente de Bankia que no admitía imposiciones.

El ministro de Economía habría querido, sin duda, que MAFO se hubiera ido antes, probablemente al día siguiente de asumir el cargo; pero casi ya estaba resignado a que el gobernador acabase su mandato oficial. Es decir, esperar hasta el 12 de julio, que es la fecha prevista. Al final, la virulencia de la crisis de Bankia y las presiones ejercidas sobre MAFO desde el Ejecutivo  han colmado el aguante del gobernador, al que le habría gustado más haber comparecido en el Parlamento para hablar de Bankia y luego dimitir. Precisamente, el mismo día de su decisión, el PP había rechazado esa posibilidad, así que se precipitaron los acontecimientos y MAFO consideró que era el momento de anunciar la marcha al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a quien le interesa que cuanto menos se hable del asunto mejor. Tiene mucho que callar, porque los responsables de las comunidades autónomas gobernadas por el PP pusieron muchas trabas a la reestructuración de cuyo fracaso culpan a MAFO.

Algo ha tenido que cambiar para que MAFO decidiera la dimisión. Le dijo a Rajoy que se va el día 10 de junio porque al día siguiente se acaba el plazo para que las entidades financieras presenten los planes para cumplir con las exigencias de la reestructuración. Así la siguiente etapa la puede abordar desde el principio su sustituto. La lógica es aplastante; pero eso mismo lo podía haber dicho hace semanas. Cansado de los ninguneos del ministro, al final ha planeado el abandono a su gusto a sabiendas de que fuera cuando fuera él ya no iba a salir bien parado. Es decir, le ha devuelto al ministro los desplantes y, en definitiva, solo se va un mes antes de la fecha oficial.

Su actuación en la reforma financiera no va a quedar como un ejemplo; pero no fue el único culpable. Ni el Gobierno anterior, ni el actual, ni los de las comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por el PP, supieron trazar unas directrices acertadas y son tan culpables o más. 

Rebelión en el Banco de España

“Creíamos que no había hueco para hacer más tonterías; pero sí, lo había”. Un veterano banquero se expresaba con fina ironía en una conversación informal sobre las decisiones adoptadas por el Gobierno del PP en el sector financiero. El banquero resumía el malestar del sector por la falta de un esquema definido, decisiones desacertadas, bandazos y “destrozos institucionales nunca vistos”, como el que ha llevado la sumisión del Gobierno español a las autoridades europeas en casos como la contratación de auditores para evaluar el sistema financiero. A su juicio, que coincide con el del Banco de España (BE), esa decisión lleva a un descrédito y desconfianza de la institución y, como consecuencia, puede conducir a la creación de un gran banco público porque ningún inversor va a querer acudir a la subasta de entidades semiintervenidas por la incertidumbre existente.

Las críticas al Gobierno han llegado a un punto límite esta semana. La banca en general —grandes, medianas y pequeñas entidades— se opone a esta posibilidad y exigen que se acelere el proceso de subasta.

La irritación ha ido en aumento hasta el punto de que en el BE, aunque oficialmente mantiene que “no hay nada que decir”, no resulta difícil pulsar el malestar. El conjunto de funcionarios que trabajan en la institución, desde los inspectores hasta los miembros del Servicio de Estudios, se sienten maltratados y ninguneados y no han tardado en elaborar escritos. Uno de esos escritos fue presentado por el delegado de personal en el consejo de la entidad el miércoles. En él se queja de la actuación del Gobierno, subraya la identificación de los trabajadores con la institución y le piden que rectifique. Sin embargo, cuando lo leyó ya se había ausentado el director general del Tesoro, Íñigo Fernández Mesa, consejero por cargo y principal destinatario como correo del ministro de Economía, Luis de Guindos.

La Asociación de Inspectores del Banco de España ha elaborado otro escrito que ha remitido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que reparte leña para el gobernador, Miguel Ángel fernández Ordóñez (MAFO), del que piden que se vaya ya. La difusión de la carta ha supuesto una escandalera dentro y fuera d ela entidad, pero en definitiva recalca el malestar que reina en el colectivo de inspectores desde hace tiempo, primero con la cúpula directiva de la institución, después con el anterior Gobierno y ahora con el actual.

En la carta, de cuatro puntos, los inspectores afean la actuación y subrayan que ha situado “el prestigio de una centenaria institución tan prestigiada como el BE en el nivel más bajo de su historia”. Sostienen que “la desconfianza creciente en la capacidad y voluntad del BE por gestionar con rigor y firmeza la crisis afecta directamente a la credibilidad exterior del sistema financiero español cerrand los cauces de financiación principales”.

En el primer punto piden que “exija la debida rendición de cuentas por las actuaciones del BE en el ejercicio de sus competencias supervisoras y reguladoras ante el Parlamento mediante una comisión de investigación”, convencidos de su “impecable labor”.

En el segundo punto, solicitan “proceda a introducir los cambios normativos necesarios que pemritan el control de la actividad supervisora que garanticen la independencia técnica”. Recuerdan que 2006 —con Jaime Caruana de gobernador, que nadie lo olvide— alertaron de los desequilibrios que se acumulaban en el sistema y de sus consecuencias.

En tercer lugar, piden que se organice “una exhaustiva revisión de las entidades de crédito que incluya la valoración de la cartera de activos, pero no que no olvide los otros riesgos inherentes a la actividad” y dicen que la deben hacer los propios inspectores, en clara alusión a la contratación de audiores externos.

Y, por último, aprovechan para instar al presidente a que “inicie las acciones precisas para proceder al urgente relevo de los dos órganos rectores unipersonales del BE”. Es decir que presione a MAFO y a Javier de Aríztegui para que dejen sus cargos de gobernador y subgobernador antes del plazo legal del 12 de julio, una derivada que no ha caído muy bien en otros colectivos del BE por considerar que no hay razón para mezclar las cosas.

Para esa fecha Guindos tendrá que haber elegido la persona que sustituya a MAFO y, según sus palabras, pactarlo con el PSOE. En esa carrera ha ganado enteros el ex director general del BE Luis Linde, nombrado el viernes consejero del BE y que no está mal visto por el PSOE. Pero Guindos propone y Rajoy dispone.

El BE tiene bien ganado un prestigio a nivel internacional que el Gobierno se puede llevar por delante. “Dicen que quieren introducir confianza y lo que introducen es descrédito, que es la base de la desconfianza”, sentencia un inspector. “Las auditorías que han encargado son innecesarias y máxime cuando las tienen que tener listas en solo un mes, no entendemos nada, y además, lo único que van a hacer e suna nueva prueba de estrés con los mismos resultados”, apunta al tiempo que reseña que las auditoras van a tener acceso a la información confidencial del BE.

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Dos ministros solos

 

Dos de los ministros del área económica del Gobierno, Luis de Guindos (Economía) y José Manuel Soria (Industria), salieron a la palestra para hablar -cada uno por su lado- de todo los que les incumbe y algunas cosas más que forman parte del paquete político, que, con todo lo que está cayendo, también toca. Fue una coincidencia, pero un día después del paseo en barco por Chicago de Mariano Rajoy y Angela Merkel y después de que el viernes hubiera noticias que atacaban directamente al corazón del PP por los incumplimientos de las cuentas de tres comunidades autónomas gobernadas por dicho grupo desde hace unos cuantos lustros (Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León), era preciso dar una vuelta de tuerca en las alabanzas a las medidas del Ejecutivo y menosprecio a la herencia recibida.  

Llamó la atención, y mucho, que a las intervenciones no acudiera ningún compañero de Gabinete -como suele ocurrir en estas ocasiones, aunque se supone que tendrían poderosas razones de agenda-, y apenas del aparato de Génova (solo Carlos Floriano en la de Soria), y muy pocos de los principales empresarios de los sectores más dependientes. En estas fechas, el financiero y el energético, respectivamente. En la de Guindos no hubo apenas banqueros (solo el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, que patrocinaba el acto organizado por Cinco Días; el de la patronal AEB, Miguel Martín, y el de Banco Mare Nostrum, Carlos Egea) y en la de Soria ni un eléctrico, a excepción -si se cuenta como tal- de José Folgado, presidente de Red Eléctrica (por cierto, Soria no dijo ni palabra de los conflictos de Red en Bolivia ni de Repsol en Argentina) y de Santiago Bergareche (Cepsa).   

Cosas que pasan. Pero, aunque solos, los dos ministros cumplieron. Tanto Guindos como Soria -aplicados alumnos y compañeros de carrera y profesión, son técnicos comerciales del Estado- resaltaron las obras iniciadas por el Gobierno del PP en materia económica en los cinco meses que lleva al mando y atacaron al rival. Las medidas aprobadas sacarán a España del marasmo más temprano que tarde, vinieron a decir y, según sus previsiones, a final de año empezarán a verse síntomas de una incipiente bonanza. Será fundamental para que el consumo resurja y la economía tire. Destacaron el importante papel que está jugando la exportación y la existencia de empresas que llevan la marca España por el mundo. Y es verdad. El problema es que eso se tiene que traducir en la creación de puestos de trabajo, que es lo que realmente levanta el ánimo de los ciudadanos. 

Las intervenciones coinciden con las buenas perspectivas que maneja también el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) sobre la economía española, que echan un capote al Gobierno. Dicho informe, que se presentará el miércoles 23 de mayo, prevé que el cuarto trimestre de este año se logre el crecimiento nulo (es decir, que se deja de decrecer) después de caídas trimestrales anteriores importantes y gracias al aumento de las exportaciones. El CEC, que cuenta en su seno con las principales empresas del país y por tanto buenos gabinetes de estudios, también vislumbra una reducción del paro a medio plazo (17,4% cuantifica) y el cumplimiento del déficit, pese a los aumentos inesperados de última hora. Según Guindos, a final del año que viene erl défciit será del 3% del PIB.

También se habló de consenso. El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha ofrecido para ir de la mano en Europa. Pero en el PP no lo tienen muy claro. Guindos primero fue comedido ("me gusta mirar al futuro, aunque ya sé que regodearse en el pasado tiene sus atractivos"); luego lanzó un órdago ("quiero recuperar el consenso" para el nombramiento del gobernador del Banco de España, que se perdió en el nombramiento de Miguel Ángel Fernández Ordóñez); criticó a este sin nombrarle (destacó la colaboración de los servicios técnicos del Banco de España, pero no del gobernador) y mostró muchas dudas sobre su oferta de consenso ("no sé si la oposición está en disposición de recoger la propuesta; pero pondría de manifiesto que algo que se hizo mal se consigue arreglar"). Al final atacó la invitación de Rubalcaba: "son llamamientos que tienen más de anuncio que de realidad; entiendo que la oposición debe ser consciente de la herencia que dejó. Si coge mi propuesta sobre el Banco de España sería muy bueno; pero la verdad es que el apoyo de la oposición ha sido escasamente reseñable".

 

El argumentario anticrisis de Alierta

El Consejo para la Competitividad prevé que la economía tocará fondo este año, que se alcanzará el objetivo de déficit y que se reducirá el paro al 17,4% a medio plazo

Tenía argumentos el presidente de Telefónica, César Alierta, para, durante la junta general de accionistas de la compañía, lanzar un soplo de aire fresco. Alierta, que también es presidente del Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), manejaba un informe realizado por este lobby que sostiene que la situación económica de España no es tan penosa como refleja el sentimiento generalizado y los devenires diarios de la prima de riesgo y la Bolsa. El CEC, que forman 17 de los principales grupos españoles, ha aprovechado para elaborar el informe los servicios de estudios de instituciones de prestigio como los de los bancos Santander y BBVA, de Repsol o de la propia Telefónica.

El informe responde al compromiso de hacer una diagnosis adquirido con el Rey el pasado marzo, cuando este les pidió que arrimaran el hombro para crear empleo y sacar a España de la crisis. El resultado ha sido este Argumentario Spain's Equity Story 2012, cuyo primer destinarario ha sido Mariano Rajoy y que previsto hacer público en próximas fechas.

Según el informe, que se extiende en una cincuentena de páginas, “España tiene perspectivas de crecimiento y una posición externa sostenible”. Asimismo, sostiene que “la economía tocará fondo en el cuarto trimestre de 2012”. Antes, a partir del tercero, el mayor dinamismo en Europa permitirá que el sector exterior compense la demanda interna hasta hacer nula la tasa de crecimiento trimestral en el cuarto. El conjunto del año acabará con una caída del 1,4%, mientraa las exportaciones c recerán el 3,4%. En este contexto, se refleja el impacto que tendrá la inyección de 57.000 millones a través del ICO para acelerar los pagos a proveedores.

El informe respalda la reforma laboral, que “alinea el mercado laboral español al europeo, en flexibilidad y costes, lo que permitirá revertir la situación hacia finales de año”. El impacto de dicha reforma podría situar el paro, según sus previsiones, en el 17,4% en el medio plazo. La citada inyección del ICO tendrá un impacto positivo de entre 75.000 y 100.000 empleos. Además, y pese a la caída del empleo total, un 30% de la fuerza laboral (3,8 millones de personas) se encuentra en sectores con crecimiento del empleo (principalmente los relacionados con el turismo, la consultoría y las actividades de I+D). Asimismo, destaca el dinamismo en el franquiciado, con un aumento de establecimientos y un 3,9% de empleo generado (hasta 241.000) y un 7% en facturación hasta alcanzar el máximo histórico sectorial de 2008.

En esa optimista visión influye también que “España está viviendo una mejora de la competitividad y productividad sin precedentes, lo que sostiene el crecimiento exportador y permite mantener el liderazgo en sectores clave como el turismo y despuntar en otros servicios de valor añadido”. En efecto, los costes laborales unitarios se reducen un 4,3% desde principios de 2008 y casi un 6% desde el máximo de 2009, lo que contrasta con el aumento del 6,5% en la zona euro y del 9% en Alemania. Asimismo, se ha corregido el diferencial de la inflación con la zona euro, que ahora es favorable a España.

El turismo sigue siendo un bastión para reforzar el liderazgo mundial. Hubo un crecimiento del 12,7% anual en 2011 de pernoctaciones de extranjeros y en servicios no turísticos las exportaciones crecierton en 11.300 millones, que fue del 16% entre los principales países, en línea con Francia y por encima de Alemania.Pero no solo es el turismo. En ese sentido, “la gran internacionalización de la empresa española ha permitido alcanzar posiciones de liderazgo a nivel mundial en sectores clave”. Además resalta que “nuestra plataforma hacia Latinomérica hace que exista mucho potencial por desarrollar” y que ofrece “un atractivo indudable al país” y es uno de los factores que produce la elevada inversión extranjera directa.

El informe destaca también que la deuda externa es sostenible con una posición deudora internacional (neta) de España del 42% del PIB. Esa deuda se reduce al 16% si se excluyen los títulos respaldados por hipotecas. El sector público supera el 30%, mientras la deuda del sector privado derivada de hipotecas equivale al 26%. Según el estudio, “no debería ser motivo de preocupación para los inversores ya que dicha deuda se irá pagando sin problemas con el ahorro en curso”. Se espera que solo sea negativa en dos puntos porcentuales del PIB y casi nula excluyendo el componente energético. “Ha habido un ajuste histórico en cuenta corriente que continuará a futuro, contribuyendo a la reducción de nuestra dependencia con el exterior sostenible la deuda externa”.

Por otro lado, estima que “es posible alcanzar los objetivos de déficit público con la ayuda de venta de activos”. Hasta ahora las medidas anunciadas suponen casi 58.000 millones y el informe propone vender activos inmobiliarios por valor de 10.000 millones. Además, el Estado mantiene participaciones financieras en empresas y activos adicionales valorados en 30.000 millones, lo que también podría reducir deuda vía recompra de bonos.

Según el informe del CEC, la consolidación y reestructuración del sector bancario avanza a buen ritmo y las pérdidas están acotadas, “siendo el sistema capaz de resistir caídas próximas al 50% en precio de la vivienda, gracias a las elevadas provisiones existentes”. El stock de vivienda nueva se situó a finales de 2011 en torno a 680.000 unidades, habiendo permanecido estable en los últimos tres años (la reducción en viviendas terminadas ha ido acompañada por la de transacciones). Se espera que la sobreoferta de viviendas tarde entre tres y cuatro años en absorberse hasta alcanzar un equilibrio, estimado entre 200.000 y 250.000 viviendas nuevas. Por ello, “la prima de riesgo país no debería exceder de los 150 puntos básicos”.

La primera arenga de Goirigolzarri

El miércoles, el nuevo presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, reunió a los 300 principales ejecutivos de la entidad para trazar la nueva hoja de ruta. Acababa de reordenar la cúpula, de la que han desaparecido algunos históricos de Caja Madrid y Bancaja, como Ildefonso Sánchez Barcoj o Miguel Ángel Soria, y han aterrizado antiguos compañeros del BBVA, como José Sevilla y Antonio Ortega, que como Goiri vivían una prejubilación de lujo. Goiri, que es compresivo, ha mantenido en el puesto de consejero delegado a Francisco Verdú, aunque este ha perdido atribuciones en beneficio de aquellos dos. También se quedan Francisco Pons como vicepresidente (el repuesto de José Luis Olivas como cuota valenciana ya en tiempos de Rodrigo Rato) y Miguel Crespo, un hombre de Rato, en la secretaría general. Pero en el nuevo organigrama, al que se ha incorporado Amalia Blanco como directora de Comunicación,  no había sitio para Juan Chozas (responsable de recursos humanos) y algunos otros fichajes del anterior presidente.

Goiri sabía en ese momento de la primera arenga que el comportamiento bursátil era uno de los peligros que se cernía sobre la entidad, quizá el más temido porque es el reflector más potente que hay y al que, cuando toma carrera, es casi imposible de frenar. Una solución es que se paralice la cotización; pero esa potestad la tiene la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y esta consideró que no había razón alguna para hacerlo ya que no existía ninguna anomalía en el flujo de información. De todos modos, no se sabe qué es peor, que la acción siga cayendo o que sea suspendida. El otro peligro es la retirada de depósitos, que también cundió en el mercado.

Y así ocurrió. Bankia entró en caída libre. Ante esa debacle, hubo una especie acción concertada entre el Gobierno y la entidad, del que también se hizo partícipe al sector, en un intento de tranquilizar a clientes y accionistas. Así que mientras el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, manifestaba que no se estaba produciendo la salida masiva de depósitos, Bankia sacaba un comunicado -quizá con algo de retraso, casi a las tres de la tarde- en el que subrayaba la existencia de un nuevo equipo gestor "con acreditada experiencia en el sector financiero" desde el pasado miércoles 9 de mayo. En el transfondo de las declaraciones de Latorre latía el miedo de contagio al resto del sector financiero. Al fin y al cabo, Bankia es un problema en sí mismo, pero no deja de ser un reflejo del sistema español, cuestionado en la Unión Europea hasta el punto de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha cedido a las presiones dando vara de mando al Banco Central Europeo sobre el Banco de España. 

En el comunicado tranquilizador Goiri -también grabó un video con el mismo objetivo- esgrimió precisamente la existencia del nuevo equipo para lograr la confianza de los depositantes y accionistas, lo que transmite el convencimiento de que la imagen que ha dejado el equipo de Rato roza la mínima consideración. "Los depositantes de Bankia pueden estar absolutamente tranquilos sobre la seguridad de los ahorros que han confiado a la entidad", comienza el comunicado. Después enumera una serie de argumentos para recuperar la confianza: normalidad en la red de oficinas, seguridad de que el saldo de depósitos no registrará cambios sustanciales en los próximos días, compromiso del Gobierno para aportar el capital necesario para realizar los saneamientos precisos y manifestación del Banco de España de que “Bankia es una entidad solvente que sigue funcionando con absoluta normalidad y sus clientes y depositantes no han de tener motivo de preocupación”.

Aunque ya había restado parte de la caída, la actuación debió aportar algo, ya que el título de Bankia pasó de caer casi un 30% a cerrar en 14%. La acción vale 1,42 euros, lo que da un valor total de 2.839 millones de euros a la entidad, lo que supone una pérdida de más del 62%, que es una caída considerable.

Es curioso, ahora que Bankia ha sido nacionalizada, resulta que vale menos. No es la primera vez, ni será la última, que entra el pánico, por otra parte lógico, y los pequeños inversores se lanzan a vender para no perder más (aunque las pérdidas sean virtuales mientras no se venda). La paciencia es algo que está reñida con el pánico. Es algo que no resulta extraño en la Bolsa. El miedo a que siga cayendo tras taponarse la herida al cierre del jueves está muy presnete en la sede de la torre inclinada de la madrileña plaza de Castilla. Y también al corralito que, por contagio, temen todos los ciudadanos, que no se fían de las llamadas a la calma y las explicaciones que lo hacen muy lejano.

 

Está pasando, lo estás viendo

Paul Krugman ha armado una buena con un artículo publicado en su blog de The New York Times. El premio Nobel predice con claridad una situación en la que prevé una serie de situaciones que, encadenadas, pueden tener consecuencias castastróficas. Dice que lo primero que puede pasar es la salida de Grecia del euro (probablemente el próximo mes). A ello seguirían retiradas masivas de fondos en Italia y España con destino a Alemania. Como consecuencia de ello, se establecerían controles para impedir las transferencias de dinero o para limitar las retiradas de dinero en efectivo. Alternativamente o al mismo tiempo, se pòdrían producir inyecciones de capital por parte del Banco Central Europeo (BCE) a los bancos para un colapso. Ante ello, Alemania tiene la alternativa de aceptar las inyecciones de capital público en los países citados, condicionadas a que España tenga respaldo a su deuda para evitar que se dispare la prima de riesgo y que se eleve el objetivo de inflación en la eurozona o el fin del euro.

Más o menos esto lo viene diciendo a lo largo de los últimos meses, y además no es el único. Lo que pasa que esta vez lo ha explicado tan claro y con una cadencia tan previsible que ha puesto nervioso a todo bicho viviente en esta parte del mundo. El repique que ha tenido en los medios españoles (sobre todo en las redes sociales, donde tampoco ha faltado el sentido del humor) ha sido tan intenso que este Krugman se ha hecho tan famoso como la prima de riesgo y es motivo de conversación, sea en un foro de expertos o en la tertulia de un barra, como si fuera candidato a llevarse el balón de oro o el próximo fichaje de  campanillas. En esas conversaciones también se ha incorporado la palabra corralito, esa suerte que se se hizo famosa en Argentina hace más o menos diez años con el fin de controlar las retiradas de dinero y que no se sabe si frena el pánico o lo provoca más grande.

El caso es que la alarma que se ha generado está justificada porque las cosas van mal y la confianza se ha perdido hace tiempo. Los ánimos están muy calientes y cualquier chispa enciende la alarma. Pero esto es lo que hay, lo que está pasando y, como decía el slogan de una televisión hermana, los estamos viendo. Y de cerca. El riesgo de la deuda soberana española alcanzó el lunes su máximo nivel desde que existe el euro con un diferencial de 478 puntos básicos (casi cinco puntos porcentuales) con la alemana, recordando aquellos tiempos de los noventa en que, con la peseta como divisa, andaba por esos derroteros (y por encima) con el marco. Aunque entonces el pánico no era tan grande porque la situación no era tna crítica. El tipo de interés del bono a diez años se disparó hasta el 6,3%, nivel que no tocaba desde noviembre, cuando superó el 7% y se pensaba que no se iba a repetir la historia.

Pero las cosas han ido a peor y en eso se basa el Gobierno de Mariano Rajoy para justificar las medidas que ha venido aprobando. "España ha tomado todas las medidas que estaban en su mano", predicó el ministro de Economía, Luis de Guindos, al llegar el lunes a Bruselas para la reunión del Eurogrupo. "Necesitamos la cooperación de toda la zona euro y una respuesta conjunta, porque la salida de Grecia del euro sería un fracaso para todos", añadió sin perder de vista el impacto en España. Seguramente el Gobierno no estará muy  contento con los vaticinios de Krugman. Cuando gobernaban los socialistas, los populares esgrimían las predicciones del premio Nobel como no podía ser menos; pero ahora, se ve de otra forma. Supone un misil a la línea de flotación de la nave cuando se está tratando de enderezar. Porque si Grecia sale del euro, el riesgo de contagio es enorme y se necesitará un apoyo a ultranza del BCE para evitar que se convierta en una primera pieza caída de un dominó y produzca una debacle indeseable.

Precisamente los analistas subrayan que al final esa será la decisión y que el BCE tendrá que inyectar más dinero, por otra parte como dice Krugman. Pero lo que se pregunta todo el mundo (en las redacciones, en los bares, en las paradas de autobuses, en las fábricas que funcionan...) es si la situación es tan grave como para alarmarse e ir corriendo al banco a retirar fondos. Los expertos aseguran que no es para tanto, que se puede aguantar.

La aversión al riesgo y la pérdida de capitales constituyen los principales riesgos para España, además de una escalada de la presión en la deuda hasta un nivel insostenible. El problema radica en esa posible fuga de capitales, que es lo que mide la pérdida de confianza internacional en España. Se empeñan en decir que no existen grandes temores de que los grandes inversores se vayan; pero los grandes depósitos extranjeros ya se han marchado en gran medida y no vienen desde hace tiempo. España lleva casi un año con salida neta de capital, superando los 125.000 millones de euros. Y de ahí a hablar de corralito no tanto. De momento no se espera, porque, según los expertos, hay margen para evitarlo. No hay que olvidar que el problema sería no solo español,  ya que todas las economías periféricas están a la intemperie en ese sentido. Conviene saber, no obstante, que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) tiene un límite de 100.000 euros.

 

 

 

 

 

 

 

Las ultimas horas del banquero Rato

El domingo pasado, ya cayendo la noche en Madrid, se produjo el último intento de Rodrigo Rato por salvar su plan de reflotamiento de Bankia y seguir su corta carrera de banquero. Fue un segundo encuentro con los presidentes de las tres principales entidades financieras (Emilio  Botín, por el Banco Santander; Francisco González, por el BBVA, e Isidro Fainé, por La Caixa) y el ministro de Economía, Luis de Guindos, tras la reunión celebrada el viernes anterior en la sede de Economía. Entonces, aunque su plan había sido vapuleado, habían quedado algunos asuntos y se decidió trasladar la discusión al domingo por la tarde, con tiempo suficiente para madurar cosas y descansar cada uno en su lugar, aunque manteniéndose con las líneas telefónicas abiertas por si acaso. Y al Banco de España (BE) le dejaban al margen.

Rato insistió en que el plan, que los responsables de Bankia habían elaborado tras el acuerdo con el BE un mes antes, era la solución adecuada. También surgió la posible fusión con otra caja (¿Catalunya Caixa?) e incluso con algún inversor extranjero. Pero no le sirvió de mucho. No hubo acuerdo, sobre todo por la oposición del ministro, antiguo subordinado suyo cuando era vicepresidente del Gobierno con José María Aznar. Los grandes banqueros subrayaron, además, el peligro de dar más ayudas tras los fuertes saneamientos en el sector. Alguien dijo que la única solución era poner dinero y, además, que probablemente esa posibilidad estaba bloqueada porque Rato estaba ahí, motivo que llevó a poner sobre la mesa la necesidad de relevo en la cúpula.

Esta fue la principal razón que empujó a dimitir a Rato, quien salió del encuentro prácticamente con la decisión tomada, aunque no se la transmitiría al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (al cabo de la película del fin de semana), hasta la mañana siguiente tras comunicárselo a Guindos. Para estos dos supuso un alivio, ya que venían presionando  desde hace tiempo —los informes del FMI y de Deloitte habían empeorado la situación— a su antiguo compañero  para que se  fuera y les costaba planteárselo abiertamente.  

En la reunión del viernes ya se había barajado el nombre de José Ignacio Goirigolzarri y también el de Ángel Corcóstegui, dos ilustres prejubilados de la banca. Los dos fueron segundos de González y Botín, respectivamente, y la salida de ambos no fue precisamente con pompa y circunstancia, pese a que se fueron con opíparas jubilaciones. En principio, se trató de que el elegido asumiera el mismo rol que había tenido anteriormente (es decir, consejero delegado) y se pedía a Rato el compromiso de ceder su cargo tras la junta de accionistas de junio.

La idea no era del agrado de Rato, que precisamente ya había tratado de fichar a Goiri para ese puesto cuando formó el equipo de Bankia. Pero entonces a Goiri le afectaba la cláusula de no poder ser contratado por la competencia por un periodo de dos años, que acabó en septiembre de 2011. Mientras Corcóstegui, que asegura estar muy tranquilo con su actual situación, ni se lo llegó a plantear, Goirigolzarri dejó claro que quería ser primer ejecutivo.

Para Rato la solución pasaba por aprobar el plan, que tenía previsto presentar el pasado viernes al cierre de los mercados. No se esperaba el rechazo. El plan preveía provisionar este año 9.700 millones de euros de los años 2012 a 2015, lo que supondría unas pérdidas de 5.500 millones. Necesitaba nuevas ayudas públicas de 6.300 millones, a través de bonos convertibles, que habría que sumar a los 4.465 ya recibidos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como participaciones preferentes. Además, tenía previsto canjear las preferentes y la deuda subordinada, con lo que el incremento se habría quedado en mil millones. Para lograr fondo, además del canje, vendería activos.

Pasada la marejada han llegado los lamentos. Por ejemplo, de que el Consejo de Ministros haya puesto en marcha planes que Rato venía reclamando y que habrían evitado, a su juicio, la situación actual. O que, a lo mejor habría sido bueno una fusión con La Caixa (“quería una absorción, no asumible”). También se critica a Deloitte por bajar la valoración de 12.000 a 9.000 millones en seis meses. Hay quien sostiene que corrigió el error que había cometido en la valoración inicial de Bancaja y Banco de Valencia.

Precisamente los siete presidentes de las cajas de ahorros que constituyeron Bankia posaban en marzo de 2010 felices ante el logotipo de la nueva entidad nacida de la fusión de aquellas tres meses antes. Ahora los tiempos han cambiado. Es evidente que con otra situación económica se habría digerido mejor, pero a lo mejor se pecó de delirios de grandeza. Los dos principales líderes, Rodrigo Rato y José Luis Olivas, ya son historia en la entidad. Su caída constituye un paso definitivo para acabar con el poder político en las antiguas cajas, una de las lacras que han perjudicado la reestructuración del sector. Y, unida al fracaso de la caja gallega propicada por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, supone el fiasco de la gran caja del PP. Pero eso parece importarle poco a Luis de Guindos, que se muestra poco vulnerable por los dirigismos partidistas a la hora de ejecutar. por otro lado, ya no quedan políticos al frente de las antiguas cajas. Son gestores profesionales, aunque fueran colocados por políticos. La diferencia es que les permitieron hacer o se impusieron a las exigencias de los políticos. De uno y otro bando.

La decisión de Rato y el futuro de Bankia

Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua que uno de los significados de elucubrar (en su tercera acepción y en desuso) es "trabajar velando y con aplicación e intensidad en obras de ingenio" frente a las dos anteriores que dicen que es "elaborar una divagación complicada y con apariencia de profundidad" o "imaginar sin mucho fundamento". Pues bien lo que está pasando en Bankia se corresponde más con esa tercera acepción, aunque hay quien podría aproximarlo a cualquiera de las otras dos. En todo caso, las cosas en la entidad, constituida a partir de siete cajas de ahorros encabezadas por Caja Madrid y Bancaja (segunda y tercera en la antigua clasificación sectorial), están que arden.

El pasado fin de semana las elucubraciones fueron palpables. Los rumores hervían por los comederos de alto copete de Madrid. Que si estaban reunidos en el Ministerio de Economía el ministro Luis de Guindos y su plana mayor estudiando la fórmula para sacar la entidad adelante; que estaban en contacto permanente con el Banco de España (BE) para ultimar un plan de saneamiento; que lo que se estaba preparando era una intervención; que se volvía a hablar de una fusión sin descartar una entidad extranjera; que si Rodrigo Rato (presidente de la entidad) estaba considerando tirar la toalla... Muchas posibilidades, alimentadas por gente con contactos. No obstante, las fuentes oficiales confirmaron que no había ninguna reunión, que el ministro estaba pasando el fin de semana con los suyos (algo que el cargo no le permite hacerlo con frecuencia) y, posiblemente, el gobernador descansaba en su pueblo alcarreño de retiro.

Probablemente para esos momentos dominicales ya estaba todo el pescado vendido y Rato ya tenía la decisión tomada, incluida la designación de José Ignacio Goirigolzarri como sustituto. Una decisión que le quita un peso de encima al Gobierno de Mariano Rajoy y, en particular, a Guindos, que no sabía como apretar a su antiguo jefe. Las exigencias del BE y las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) de hace unas semanas, sobre todo en cuanto al cambio en la gestión (lo último que le ha dicho el BE ha sido que despolitizarala el equipo profesional) han apretado mucho el zapato al exvicepresidente del Gobierno, que ha tomado por la calle del medio. De esta forma se resuelve el asunto sobre la despolitización de la entidad, como ocurre en las nuevas entidades que han quedado tras la reestructuración bancaria.

El mensaje está muy claro y lleva implícita una crítica contra las decisiones tomadas cuando se formalizó la fusión. En el entorno de la entidad se culpa (aquí también) a la herencia recibida de la gestión de Miguel Blesa en Caja Madrid y de José Luis Olivas en Bancaja, sobre todo por el alto riesgo que tomaron estas dos entidades por el sector inmobiliario. Es verdad que el ladrillo supone un enorme lastre (la cartera de créditos inmobiliarios morosos o impagados asciende a 31.800 millones); pero también que los nuevos responsables de Bankia no han logrado disipar las dudas sobre el peso político. 

La entidad buscó un hombre con peril profesional para llevar el día a día, Francisco Verdú, procedente de la Banca March. Pero ha resultado que ha estado muy mediatizado por la situación de la entidad y su peso político, por lo que el BE nunca lo vio como una solución factible. En algunos círculos sectoriales lo ponían en comparación con la experiencia acumulada de los segundos que tienen Emilio Botín (Santander), Francisco González (BBVA) o Isidro Fainé (Caixabank). Últimamente, Rato trató de que Verdú esté más en los medios y se acerque a esa figura que representan los Alfredo Sáenz, Ángel Cano, Juan María Nin y compañía. En su día intentó que fuera Gorigolzarri, un hombre con experiencia de su etapa en el BBVA, pero este lo rechazó. Pero los acontecimientos se precipitaron. De hecho, Verdú ha aplazado las comparecencias que tenía previstas para esta semana, entre ellas una comida con periodistas.  

Las exigencias del BE obligan a Bankia a tomar medidas para fortalecer el balance y la gestión, así como llevar a cabo un plan de desinversiones que le permita obtener fondos propios. Bankia es una entidad sistémica y su intervención tendría una fuerte repercusión en el sector y en la credibilidad (ya muy tocada) internacional del sistema financiero español. Por eso, se descarta una intervención al uso. Es decir, que el BE destituya al consejo de administración y coloque unos administradores y un interventor al frente, entre otras medidas, como  ocurrió en Caja Castilla La Mancha (CCM), la CAM o, en su día, en Banesto.    

Hecha esta salvedad, el plan de saneamiento exigido por las autoridades sí supone un tutelaje. No coloca interventores, pero impone un cumplimiento. De momento, la entidad debe diseñar un plan de viabilidad que el BE pidió que fuera potente para su aprobación, lo que demuestra que también fiscaliza su actuación de cara al futuro. Es decir, va a dejar con un margen de maniobra muy vigilado a la entidad.

 

 

 

El peaje de las constructoras

El viernes 27 de abril el secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras de Fomento, Rafael Catalá, recibió en su despacho ministerial a las seis grandes empresas españolas de la construcción. Estuvieron José Manuel Entrecanales (presidente de Acciona), Baldomero Falcones (presidente de FCC), Manuel Manrique (presidente de Sacyr Vallehermoso) Juan Miguel Villar Mir (presidente de OHL), Ignacio Segura (consejero delegado de Dragados, filial de ACS) y Joaquín Ayuso (vicepresidente y consejero de Ferrovial). Había convocado a las empresas para hablar del próximo Encuentro Empresarial Latinoamericano sobre infraestructuras que se celebrará en Madrid los días 28 y 29 de mayo, en el que se abordarán cuestiones como la financiación público-privada entre otros temas; pero abordaron otras muchas cosas, propias de la problemática del sector.

El citado encuentro empresarial forma parte del calendario previo a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Cádiz en otoño y a él asistirán los ministros y responsables del sector de todos los países del área, lo que supone una oportunidad para lograr contactos o estrecharlos de cara a los previsibles desarrollos —algunos ya no tan previsibles— de infraestructuras por lo que las constructoras están muy interesadas para vigorizar su cartera de pedidos, cada vez más debilitada en España y más fuerte en el exterior. Los grandes grupos tienen presencia, mayor o menor, en Latinoamérica y conocen muy bien el mercado. Pero, el encuentro ofrece la oportunidad de fortalecer los lazos y de abrir nuevos cauces con aquellos países en los que no están o están en pequeña escala. No se dejó pasar la oportunidad también para reclamar seguridad jurídica ante la posible avalancha de expropiaciones como las de Argentina y Bolivia.

Pero, además de eso y bajo el paraguas de las jornadas, los responsables de las grandes constructoras españolas pudieron disertar (y disertaron) sobre el futuro que se avecina en el desarrollo de las infraestructuras en España y las tareas que a su juicio debe abordar el departamento tanto sobre ese aspecto como en solucionar otros derivados del pasado. Posiblemente era lo que más les interesaba plantear. No tenían a la ministra Ana Pastor de interlocutora (en ese momento estaba en el Consejo de Ministros), pero saben que Catalá ha recibido plenos poderes en la materia y se emplearon a fondo con él. En los últimos meses andan muy preocupadas por los devenires que se ciernen sobre el sector. Cuando no es la reducción de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado destinadas a obra pública son los retrasos por el pago de las deudas de las Administraciones; cuando no son los planes de privatización de los aeropuertos o de los ferrocarriles son las compensaciones por las concesiones en autopistas.
Son muchos frentes abiertos y algunos salieron en la reunión ministerial; aunque especialmente se detuvieron en los problemas de las autopistas y el programa de compensaciones que está encima de la mesa. Según responsables del sector, para solucionar el problema de las concesiones hacían falta varias medidas, alguna de las cuales ya abordó el anterior Gobierno. Tales como los créditos participativos para ofrecer mejores servicios en las autopistas de primera generación o las expropiaciones, que se solucionó de una forma razonable.

Pero las cuentas no salen, como se ve claramente en las radiales que salen de la capital o en la M-50, que circunvala Madrid y en la que se cometió un error de concepto convirtiéndose en la infraestructura más cara de España, según fuentes sectoriales. Como consecuencia de ese fracaso, salieron a la luz las cuentas de compensación, según las que cada tres años se compensaban las deficiencias de tráfico. Conceptualmente estaba bien, pero resulta que el tráfico no da para más y no basta con tres años. Las empresas propusieron que se ampliara a 20 años, pero el Gobierno actual lo ha hecho hasta 2021 (es decir, 14 años más desde el principio). Eso soluciona parte del problema, pero no todo, según el sector.