Recuperar la imagen del Banco de España

El cambio en el puente de mando del Banco de España (BE), con la llegada de Luis Linde y Fernando Restoy a los puestos de gobernador y subgobernador, es algo más que un relevo. Para la institución significa la oportunidad de recuperar la imagen de prestigio que había logrado a lo largo de muchos años y que se ha deteriorado en unos pocos. Pero, aunque parezca difícil, no es una tarea hercúlea. La entidad tiene una base consolidada y, aunque es verdad que la imagen se ha desvaído de forma preocupante, el prestigio sigue ahí. El resto de bancos centrales consideran al español como un ejemplo de buen hacer y no dudan en situarlo como uno de los mejores del mundo.

En ese sentido, algunos de los responsables de entidades financieras se han acercado a los micrófonos en el momento que han tenido la ocasión para reseñar esa circunstancia. Lo hizo con énfasis, por ejemplo, el presidente de Kutxa Bank, Mario Fernández, durante una intervención en el curso sobre la crisis del euro organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander el lunes: "Es una tarea urgente reestablecer la competencia del Banco de España, que es el mejor supervisor de Europa. Al margen de la figura del gobernaodr y subgobernador, hay una estructura de una extrema competencia que ha sufrido un descrédito tan grande como injusto". "Es vital reparar el daño causado a la entidad porque es injusto, no porque nos vanga bien", añadió apuntando a los pactos políticos.

El mismo mensaje envió al día siguiente Roberto Higuera, vicepresidente del Banco Popular y representante de la banca en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), una persona que tiene mucho que pintar en el asunto. Higuera también aprovechó su presencia en el citado curso para destacar la categoría del BE y la necesidad de recuperar la buena imagen.

No van a ser lo últimos. Parece haberse instalao en el sector la idea de que la reconstrucción empieza por ganar fuerza desde el organismo supervisor y la toma de posesión de los nuevos mandos es el momento del comienzo. En ese sentido, el pacto entre Gobierno y oposición para formar el tándem que gobernará el BE es elogiable, aunque tenga algunos matices dignos de destacar como el hecho de que se haya elegido un gobernador de 67 años que deberá dejar el cargo dentro de tres por jubilación, lo que asegura el nombramiento de otra persona de la confianza del PP para los siguientes seis. Pero, al margen de eso, tanto Linde como Restoy tienen un perfil profesional que encaja perfectamente en la idea de recuperar la conexión con el cuerpo de inspectores, rota de forma drástica con Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), y mejorarla con los otros colectivos. Tanto Linde como Restoy conocen la casa y saben cómo hacerlo. Por eso, y porque el prestigio sigue siendo un activo de la entidad, no resulta tan complicado recuperar la imagen y achar a andar de nuevo. Eso no quiere decir, sin embargo, que estén todos los problemas resueltos ni que todos dependan del BE. El Gobierno tiene que hacer que España esté más presente en Europa.

 

Batalla campal en las Mutuas

No todo son rescates financieros, primas de riesgo y dictadura de los mercados. Hay más cosas importantes bajo el sol que quedan escondidas tras esa vorágine. Eso sucede en el mundo de las Mutuas de Accidentes de Trabajo, un sector que mueve anualmente 10.000 millones de euros (el 1% del PIB) y en el que se avecina una batalla campal. La patronal CEOE quiere ternerlas bajo control y las mutuas no quieren que nadie las controle. Para Juan Rosell, presidente de la patronal, es una obsesión desde que llegó al cargo en diciembre de 2010, mientras que para las mutuas supone una intromisión que puede conducir a su politización, con consecuencias similares a las de las cajas de ahorros.

Aunque el conflicto proviene de antes, se recrudeció cuando se supo que en enero pasado la CEOE había firmado un documento con los sindicatos —derivado del pacto de pensiones— según el cual se repartirían a partes iguales el 40% de las juntas directivas de las mutuas, quedando el resto de representantes para las empresas asociadas, que ahora tienen el 100%. Como consecuencia de ese documento, los responsables de las mutuas, que consideran que la incorporación de miembros sin la condición de empresa asociada iría contra la letra de la ley y obligaría a cambiarla, </CW>forzaron una reunión urgente con Rosell.

El encuentro, según fuentes consultadas, fue muy tenso. Posteriormente, la asamblea de mutuas logró la dimisión como presidente de la patronal sectorial Amat (Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo), Pedro Barato, al que consideran el artífice del acuerdo. En la votación para reprobar a Barato, se puso de manifiesto la división que hay en el sector: de las 20 mutuas existentes, 13 votaron contra Barato, que tuvo el apoyo del resto, encabezado por Fremap, de la que es consejero. El puesto de Barato lo ocupó el veterano empresario catalán Juan Echevarría Puig, con el que precisamente Rosell hizo sus primeros pinitos políticos en 1980.

Esa es la fotografía actual del sector. El asunto se trabaja desde los tiempos de Octavio Granado como secretario de Estado de la Seguridad Social en el anterior Gobierno y ha recobrado vida con su sustituto, Tomás Burgos. Granado quiso modificar el status quo de las mutuas, pero se encontró con la oposición frontal de un equipo muy profesionalizado. Las ideas de Granado coincidieron, al menos en este punto, con las de la CEOE, por lo que apoyaba el desembarco de los agentes sociales en los órganos de gobierno de las mutuas, donde ahora se sienta un máximo de 20 personas (19 de empresas asociadas y una de los trabajadores). Estos solo cobran dietas y las mutuas esgrimen que el siguiente paso sería “poner una remuneración de los consejeros para obtener ingresos y puestos que sostengan la superestructura de la patronal”.

La patronal, sin embargo, sostiene que su interés radica “en la necesidad de modernizar las mutuas, que haya buena gobernanza y libre afiliación para las empresas, así como que puedan aprobar las altas a la Seguridad Social”, que ahora deben tramitarse en este organismo. Esta es la verdadera razón de ser y se da la circunstancia de que en este aspecto están de acuerdo todos los implicados (patronal, sindicatos y mutuas) con matices, ya que la gestión de las altas ayudaría a reducir el absentismo laboral. Pero la patronal, además, cree que ayudaría mejorar las finanzas. Las fuentes patronales cuantifican que el control de las altas por las mutuas representaría un ahorro de más de mil millones, lo que reduciría las cuotas de las empresas. Los sindicatos, que asisten a la pelea como convidados, defienden que se estreche la colaboración con la Seguridad Social, pero la última palabra la tenga la tenga esta.

Para la patronal el cambio que propone supondría que “las mutuas, que ya funcionan bien, funcionaran mejor”. Pero las mutuas consideran que presiona al Gobierno para que acelere esa medida para dar entrada de representantes de la patronal y sindicatos antes de cambiar la ley. Asimismo, critican que el objetivo es entrar en el corazón de las mutuas para gestionar los excedentes, que en 2011 fueron 880 millones. Además subrayan que “la separación de titularidad perjudica a los mutualistas, las  corporativiza y politiza, burocratiza su actividad, incurre en conflicto de intereses y pone en riesgo su eficacia. Los excdentes de las mutuas  han permitido dotar al fondo de la Seguridad Socialhasta alcanzar un saldo de más de  4.650 millones.

Otra consecuencia sería el inicio de un proceso de fusiones, que la patronal ve inevitable y las mutuas, seguramente incendiario.

Rescate o secuestro

Dice el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que no habla de las condiciones del rescate porque no hay rescate. Montoro negó, en una interpelación socialista en el Congreso de los Diputados, que se vaya a necesitar ningún rescate "mientras el Gobierno mantenga el pulso de las reformas" y rechazó que el préstamo de hasta 100.000 millones de euros que aprobó el Eurogrupo el pasado 9 de junio para recapitalizar la banca sea tal cosa. En parecidos términos se han expresado responsables de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), cercana al PP, para la que "hablar de rescate ni es necesario ni realista", en palabras de su director, Javier Zarzalejos.

Las órdenes de partido para negar cualquier posibilidad de rescate, por muy evidente que sea, parecen claras. Y  sobre todo, después de que en medios británicos hablaran de un rescate por valor de 750.000 millones de euros para España e Italia al alimón y de que el primer ministro italiano, Mario Monti, compañero de fatigas, propusiera que el Fondo Europeo de Rescate compre bonos soberanos de los países en crisis.

A Mariano Rajoy le temblaron las piernas. El presidente español dejó la cumbre del G-20 en la localidad de Los Cabos (México) atosigado por esa idea tras pasar dos días codeándose con los grandes líderes mundiales. Va a tener razón la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, quien subrayó que, como un rescate es lo que cualquier Gobierno quiere evitar, "el presidente Rajoy, arrastrado por la presión mediática, compareció y mintió a todos los españoles, haciendo un daño sin precedentes a la credibilidad de su Gobierno, a la de España y a su propia capacidad como gobernante al presentar el rescate como un éxito, un préstamo sin condiciones para el Estado español y conseguido gracias a sus presiones a las autoridades europeas”.

Así están las cosas. Unos atacan. Otros lo niegan. La confusión se ha adueñado de los ciudadanos. Rajoy, que en efecto sacó todo el pecho que pudo el pasado día 10 de junio, un día después de que el Eurogrupo acordarse el citado préstamo que él no llama rescate y poco antes de volar a la bonita ciudad de Gdansk (Polonia) para ver el España-Italia, se ve obligado 10 días después a esconder sus propias palabras. El rescate que era bueno, ya no lo parece tanto; la prima de riesgo sigue dando sustos y no hay quien calme los mercados por mucho que Barack Obama repita que cualquier problema de Madrid es como si lo tuviera Pittsburgh o Milwaukee. 

Todo es un desbarajuste, mientras se está a la espera de que las consultoras Roland Berger y Oliver Wyman desvelen los resultados de sus auditorías y se sepa cuál es la cantidad que, a su juicio, necesita la banca española. El FMI lo cuantificó en 40.000 millones y se estimaba que estas consultoras lo iban a cifrar en 60.000 millones y el Eurogrupo la subió a 100.000. Ahora, al menos en algunas partes del poder, se asegura que se necesitan más. Posiblemente sea verdad que esto no es un rescate: parece más bien un secuestro.

 

Cristina Fernández tiene un problema

La reunión del G-20 que comienza mañana en Los Cabos (Baja California, México) es la primera cumbre mundial a la que acude Cristina Fernández de Kirchner después de la expropiación de YPF al grupo español Repsol. “Ya veremos si le cantan el alirón, la abroncan o simplemente la ignoran”, afirma un observador argentino. Parece seguro que será lo segundo. La presidenta argentina, que seguramente se cruzará con Mariano Rajoy por aquellos lares, se enfrenta a la casi segura reprobación del resto de países por una actuación que consideran lesiva. La Unión Europea, al menos, va con las armas cargadas y pedirá medidas contra Argentina.

Fernández, consciente de su protagonismo, ha contraatacado pidiendo explicaciones a España por el veto al biodiesel argentino. Además se presenta con la incorporación del grupo Slim con el 8,4% del capital de YPF, que quiere utilizar como divisa para convencer a los inversores internacionales. Así lo reconoció Miguel Galuccio, el presidente de YPF: “Es una clara señal al mercado financiero internacional”.

Pero, aunque no lo parezca, Fernández se presenta a la reunión con el ánimo alterado por las dificultades que está encontrando en el mercado internacional para colocar YPF. Los problemas estriban en que YPF necesita mucha inversión (del orden de 7.000 millones de euros anuales durante los próximos cinco) para desarrollar el megaproyecto de Vaca Muerta porque, por sí sola, no puede financiarlo. Ya, en su momento, Repsol negoció con Exxon y las conversaciones se encontraban prácticamente cerradas cuando estalló la expropiación. Posteriormente, en sus contactos con multinacionales, los nuevos responsables de YPF se han topado con que estas ponen unas condiciones leoninas.

Esas condiciones se resumen en cinco puntos: exigencia de un marco jurídico estable, con la firma de contratos de al menos de 20 años; estar en precios de mercado; asegurar la repatriación de divisas una vez cumplidos los pagos de tasas y demás en Argentina; contar con saldos exportables, es decir que no todo el producto se quede en el país, y tener una indemnidad absoluta ante cualquier acción legal de Repsol.

Los cuatro primeros puntos son asumibles, aunque no sean de su gusto; pero el último no depende de la Administración argentina, que no puede garantizar de ninguna manera que el grupo español no ponga demandas contra la expropiación que le da el 51% de YPF al Estado argentino y las provincias. De hecho, la empresa presidida por Antonio Brufau ya ha interpuesto ante la justicia argentina un recurso de inconstitucionalidad en contra. Asimismo, Repsol inició a mitad de mayo los trámites para denunciar a Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, con el envío por parte de Brufau a Fernández de una declaración de controversia.

Desde ese momento se abre un periodo de seis meses para que Repsol y Argentina negocien. Pasado ese tiempo y si no hay acuerdo, Repsol presentará una demanda pidiendo el arbitraje. El grupo español considera que se han violado varias partes del Tratado de Promoción y Protección de Inversiones, firmado por Argentina y España en 1991.

La incorporación de Slim podría levantar perspicacias sobre un posible arreglo, por sus relaciones en España, pero los implicados lo descartan. Este no deja de ser un cambio de manos de un paquete que estaba en manos de la familia Eskenazi y que ha llegado a manos del grupo mexicano por impago (Inbursa, el banco de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, era uno de los principales acreedores, según fuentes financieras).

Además, Repsol podría iniciar querellas en Argentina y EE UU. La compañía española y Texas Yale Capital Corp —firma de asesoramiento en inversiones financieras que tiene acciones de YPF en Wall Street— presentaron una demanda en Manhattan alegando que Argentina no está cumpliendo con la obligación contractual que asumió cuando vendió acciones en Nueva York de lanzar una oferta por las acciones en el caso de que el país retomara el control de la compañía petrolera. Mientras tanto, la Comisión Europea baraja la opción de denunciar a Argentina ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Ante todo eso, resulta difícil convencer a las multinacionales a las que se han dirigido: Exxon, Chevron, Total, Petrobras, Wintershell... Quedan posilidades en China (Sinopec, socia de Repsol en Brasil, también parece dar la espalda) y los gigantes rusos.

La pelea está en su punto álgido. Sería difícil encontrar una vía pacífica. Fernández acudirá mañana a México; pero ya se verá si lo hace a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz en noviembre, en la que su ausencia sería el hecho más destacado. Hoy por hoy no parece dispuesta; pero va a recibir muchas presiones, internas y externas</CW>. Si acude es que algo habrá cambiado.

Goirigolzarri acelera su hoja de ruta

Con el objetivo de llegar a la junta general de accionistas del día 29 de junio —en el límite del plazo legal— con el mayor número posible de deberes hecho, el equipo de Bankia encabezado por José Ignacio Gorigolzarri va haciendo camino y limpiándolo de obstáculos. Tiene que luchar contra los líos que existen alrededor de la entidad y de su antecesor, Rodrigo Rato, y contra los que no puede —ni debe— hacer nada pese a que alteran el funcionamiento diario.

Goirigolzarri tiene previsto presentar a la junta tanto las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha como un plan estratégico para su aprobación por los accionistas. En ese sentido se enmarcan los ajustes del equipo y del consejo de la entidad, que en la actualidad tiene 11 miembros tras los nombramientos del histórico Alfredo Lafita y Álvaro Rengifo y la dimisión de Wahnon Levy. Seguramente, se ajustará a un número máximo de 14 frente a los 19 que había en la anterior etapa.

A ello responde también el ajuste de los consejos de las empresas participadas decidido el jueves y que supone que habrá un 75% menos de representantes. La medida supone que los vocales, que en la actualidad ascienden a más de 1.000, no reciban retribución y que cuando la haya vaya a parar a las arcas de Bankia. La medida, dadas las circunstancias que atraviesa el banco, resulta muy cabal, ya que supone un ahorro de siete millones. Según la decisión del jueves, todos los representantes de Bankia van a ser ejecutivos o miembros de la alta dirección, pero no del consejo de administración de Bankia y la remuneración será para Bankia. Pero va a hacer rechinar a muchos de los voluntariosos consejeros que recibían en algunos casos suculentas remuneraciones.

El problema mayor reside en la representación en los consejos de administración de las grandes empresas participadas. Goirigolzarri repartirá responsabilidades entre la gente de su confianza del equipo ejecutivo, en el que ha sido bastante respetuoso con gente que estaba en el equipo anterior. En ese sentido, se espera la salida de Rodrigo Rato del consejo de Iberia, aunque lo más probable es que sea después de la junta general de accionistas para evitar cuestiones administrativas.

Aparte de Iberia, las otras dos empresas que forman el podio de participadas del grupo son Iberdrola y Mapfre. En Iberdrola, cuya participación proviene de Bancaja, ha habido un baile de consejeros: tras el abandono de José Luis Olivas (expresidente de Bancaja y exvicepresidente de Bankia) entró en el consejo Francisco Pons, que también ocupó la vicepresidencia de Bankia de la que ha dimitido renunciando a cobrar cualquier remuneración. Lo normal es que Pons se vaya. No se sabe quién será su susituto, aunque es seguro que Ignacio Sánchez Galán, presidente de la eléctrica, querrá que sea uno de los pesos pesados de la nueva cúpula. Bankia es el tercer accionista de Iberdrola, con cerca del 6%, y Galán siempre la ha mimado.

En cuanto a Mapfre, le gusta mucho a Goirigolzarri. El consejo de la aseguradora, aceptó recientemente la renuncia de Rato, poco después de que dimitiera de sus cargos como presidente ejecutivo de Bankia y de su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA). En este caso, dado que la única in versión considerada estratégica de Bankia es Mapfre, lo lógico es pensar que se produzca una excepción la regla citada y que sea el propio Goirigolzarri quien ocupe el puesto, lo que además consolidaría la confianza entre las dos entidades y la vocación de permanencia de la nueva Bankia.

Las otras participadas importantes son NH Hoteles, Realia, Indra, el grupo SOS, donde un pacto de accionistas colocó recientemente a Óscar Fanjul al frente, y el Banco de Valencia, que está en proceso de subasta por parte del Banco de España. No obstante, todo está por ver y por definir. Hay que esperar, precisamente, a la política de participadas que trace el equipo de Goirigolzarri y en el que tendrán mucho que decir las autoridades reguladoras.

En materia de participadas, Goirigolzarri mantiene la política que bebió en su etapa del BBVA, entidad en la que fue consejero delegado y donde los consejeros en participadas no eran ni son precisamente los que ocupaban los puestos de responsabilidad en la matriz. El BBVA también decidió, en su etapa, desprenderse de la mayor parte de sus participaciones después de haber sido uno de los bancos más industriales.

En cuanto a la fusión informártica, cuando se decidió la fusión, se acordó que el sistema informático que se utilizaría sería el de Caja Madrid, puesto que era la más grande de las cajas. El otoño pasado se comenzó con Caja Ávila, la más pequeña, para probar. Luego llegó el turno a Bancaja y se completó con éxito. Pero el prceso no ha terminado y, por eso, Goirigolzarri ha encargado a los técnicos que aceleren el proceso para que las otras (Rioja, Segovia, Canarias y Laietana) y, sobre todo, sus clientes puedan beneficiarse de las ventajas que supone tener un mismo sistema. Está previsto completarlo a lo largo del año. La integración tecnológica es el más complejo de todos los pasos de la fusión, ya que supone traspasar el dinero de todos los clientes.

El patio de Bankia no es particular

El entorno de Bankia anda muy revuelto desde que se conoció el informe del consejo de Caja Madrid "sobre el plan de recapitalización por importe de 22.000 millones de euros" para la entidad, que ha sido pasto de los medios de comunicación durante el fin de semana. No era para menos. El informe, que se difundió entre los consejeros que asistieron a la reunión del pasado el miércoles 27 de mayo, es un ataque en toda regla al "Ministerio de Economía, al Banco de España y sus asesores" y no había que desperdiciarlo.

Gracias al plan, sostiene el informe, Bankia quedará en "una situación financiera magnífica", ya que es una "inyección brutal", "que se hace a costa de fondos públicos", que causa "un grave perjuicio a los actuales accionistas" de la entidad, que lo que hace "es provisionar pérdidas futuras por inversiones excesivas pasadas". En fin, toda una panoplia de alabanzas, a lo que se suma el encargo de una valoración de los activos de la caja, lo que parece una declaración de guerra (por cierto, parece que Price Waterhouse ha puesto pegas porque no quiere tener conflicto de intereses ante posibles contratos en Bankia). 

Ha quedado claro que para el equipo defenestrado la decisión fue una ignominia y pocos dudaban de que Rodrigo Rato no respondiera a ella. Lo mejor fue aprovechar su permanencia en la presidencia de la ya antigua caja de ahorros madrileña para hacerlo, sabiendo además que tenía a su favor la mayoría del consejo. Todos los consejeros estaban avisados de que en la reunión de marras se iba a repartir el informe. Faltaron cinco de sus 22 miembros, cuatro de la cuota del PP (entre ellos, gente tan representativa como Mercedes de la Merced o Estanislao Rodríguez Ponga, que seguramente no quisieron que su partido se lo tomara como una afrenta) y uno de Izquierda Unida (José Antonio Moral Santín, que estaba en Ponferrada junto a su padre hospitalizado, aunque ya se ha expresado ampliamente de su posición a favor del contenido del informe). Es decir, por lo menos 18 a favor.

Esa es una cuestión principal, porque crea una especie de situación ingobernable en el seno de la entidad. En el informe intirvenieron los equipos técnicos de Caja Madrid, que da la casualidad que son los mismos que los de Bankia. No hay más que ver que el secretario del consejo de la caja es Miguel Crespo, que también lo es de Bankia, y además fue ratificado en ese cargo por el nuevo equipo gestor. Aunque no existe incompatibilidad legal, sí existe moral, sobre todo después de verse las diferencias que hay entre los dos consejos. Por ese motivo, los servicios jurídicos analizan ahora la posibilidad de nombrar a otro secretario para la caja.

Otra cosa que se quiere acelerar es la celebración de la Asamblea de la Caja, con el objetivo de proceder al relevo en la presidencia y poder hacer la conversión en fundación, que se encargaría de la obra social, el monte de piedad y gestionar algunos activos. En esa asamblea, que se celebraría en cualquier caso después de la junta, se espera que Rato dimita de presidente de la caja; pero hasta entonces hay tiempo para actuar, y poder hacer y deshacer. La fundaciuón Esta se encargaría de la obra social y de gestionar el Monte de Piedad, así como de otros activos (inmuebles, pinacoteca...).

Los últimos actos del gobernador

Posiblemente uno de los últimos actos oficiales que habrá tenido Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO) como gobernador del Banco de España antes de que deje el cargo el 10 de junio será la recepción que hizo a una delegación del regulador bancario chino de la Comisión de Regulación Bancaria de China (CRBC). El grupo lo componían un total de 20 funcionarios encabezados por el vicepresidente de la institución, Wang Zhaoxing. Invitados por el Banco Santander, su estancia en España ha sido de 15 días, durante los que han acudido a distintas plazas fuertes del país, así como a entidades e instituciones. En este periplo se han visto con su anfitrión, Emilio Botín, así como con una representación del BBVA, que preside Francisco González.

El objetivo de esta larga y numerosa visita era conocer de cerca el funcionamiento del sistema financiero español y, principalmente, atraer el capital chino a España. La autoridad reguladora puede servir de vehículo especial para convencer al Gobierno y a los grupos de aquel país para realizar inversiones en entidades españolas.

Así, con ese magnánimo propósito, la bandera de la República China ha estado ondeando en la Ciudad Financiera del Santander durante la citada quincena. Y, seguramente, la delegación china habrá sacado provecho de su estancia en España. La casualidad ha querido que hayan sido huéspedes en unos días clave para la economía española, con los mercados sacudiendo la credibilidad del sistema financiero, la prima de riesgo subiendo día a día y la Bolsa cayendo con la misma frecuencia, en pleno proceso de la intervención de Bankia y de relevo en la presidencia de Rodrigo Rato por José Ignacio Goirigolzarri y, para rematar, la dimisión de MAFO del cargo de gobernador pocos días después de haberse entrevistado con él.

Precisamente, aunque la reunión con el gobernador tuvo mucho de carácter protocolario, la situación de Bankia ha sido uno de los asuntos en el que los chinos pusieron mucha atención. La búsqueda de inversores para ayudar a salir del marasmo a Bankia puede encontrar en el capital chino una solución a medio o largo plazo. Pero se presume que el panorama que se les ha ofrecido en España no ha sido la mejor carta de presentación que se podía esperar. O, tal vez, puede convertirse en una oportunidad única para entrar en una entidad con menos esfuerzos que si su estado de salud fuera bueno y que, según sus anteriores administradores, ha recibido unas ayudas "brutales".

De momento, son el Santander y el BBVA los que tienen negocio en China. El primero se convirtió el pasado abril en la única entidad financiera española y latinoamericana que puede operar en la moneda local (ahora llamada renminbi), lo que permite realizar directamente operaciones con clientes corporativos establecidos en el país. La licencia se la dio, precisamente, la CBRC a través de su sucursal en Shanghái y entonces cerraron el compromiso de la visita. Por su parte, el BBVA cuenta desde 2009 con una posición estratégica en China a través del Citibank, el segundo banco del país, del que tiene el 15% del capital. También está Telefónica a través de su alianza con China Telecom, donde César Alierta es consejero. Pero la firma pionera en China fue Alsa, cuyo actual presidente, Jorge Cosmen, se sienta precisamente en el consejo de la nueva Bankia. 

Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO) dedicó el pasado fin de semana a madurar su dimisión solo y comentándola con amigos muy cercanos. Valorado que no tenía mucho sentido resistirse a los deseos del Ejecutivo a que abandonase, empezó la semana con la firme idea de llamar al presidente, Mariano Rajoy. Pero, estratégicamente, esperó a que el Congreso de los Diputados decidiese si debía comparecer o no, como era su deseo. El rodillo del PP lo evitó, quizá temeroso de que salieran cosas y casos que no iban a ser muy de su gusto. Porque MAFO no es el único culpable. “Que la policía falle no exime al delincuente de haber cometido un delito”, dice un observador refiriéndose a la responsabilidad de los Gobiernos regionales, la mayor parte del PP, en las cajas. Eso, probablemente, y otras cosas quería decir MAFO en el Congreso.

Pero, al día siguiente de su dimisión, pudo resarcirse, al menos en algo, en la comparecencia que tenía en el Senado para tratar asuntos del Banco de España. Pese a subrayar que respetaba el deseo del Gobierno, le dio tiempo para repartir alguna que otra perla contra el este y el ministro de Economía, Luis de Guindos, al que echó todas las responsabilidades de la intervención de Bankia. “Es la primera crisis bancaria que no ha gestionado el Banco de España”, dijo en clara referencia a las intromisiones del ministro y el ninguneo al que ha sido sometido durante estos cinco meses de cohabitación. También aprovechó para poner en duda el plan de reducción del déficit de Rajoy (“existen riesgos de desviaciones a la baja, dada la debilidad del consumo privado”, “hay una elevada incertidumbre en los ingresos previstos por el trato especial a las rentas no declaradas”) abordando, ya que no lo hacía de Bankia, temas de política económica, que son los que más le gustan.