Lo que Rato se calló en el Congreso

Había mucha expectación por las comparecencias que se han sucedido esta semana en el Congreso de los Diputados para explicar la reestructuración financiera y la crisis de Bankia. Sobre todo por las del exgobernador del Banco de España (BE) Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO) y del expresidente de la citada entidad, Rodrigo Rato. El orden establecido (el martes, MAFO; el jueves, Rato) permitió asistir a un juego en el que salía con ventaja este último, ya que pudo contradecir las palabras del primero sin posibilidad de que este le replicase.

MAFO, para sorpresa de diputados y observadores, había respaldado a Rato llegando a sostener que había sido un error forzar su salida de Bankia aquel fin de semana del 5-6 de mayo (dimitió el lunes 7 de mayo) y que el plan inicial previsto por su equipo era suficiente. MAFO también dijo que la fusión con Bancaja había sido alentada desde Caja Madrid y por Rato. Sin embargo, este responsabilizó al exgobernador de la integración fusión, y, por añadidura, de su posterior fiasco, como reconociendo que era mala desde el origen.

El veterano exparlamentario de la derecha, que se mueve como nadie bajo los techos del Congreso en los se crió políticamente, manejó el debate llevándolo donde quería. Su intervención era temida desde los escaños de la derecha, conscientes de que la salida de Rato de la presidencia de Bankia había sido una afrenta para él por parte de Mariano Rajoy y del ministro de Economía, Luis de Guindos. Pero Rato, que estuvo acompañado a la entrada y a la salida por diputados del PP (y solo del PP) fue fiel a sus muchos años de carnet del partido y no hizo sangre. Tampoco elogios. Se limitó a contar verdades a medias (“fui llamado de urgencia al Banco de España, donde estaban el gobernador, José Luis Olivas [presidente de Bancaja] y el subgobernador [Javier Aríztegui]. El gobernador me conminó a negociar una integración con Bancaja”), pero no todas. Tampoco nadie se lo preguntó.

Porque si la reunión que tuvo en el BE fue cierta (otra cosa es la discrepancia entre él y MAFO), también lo fue que la fusión ya se había precocinado entre el banco central, el Gobierno y el PP, y que Rajoy estaba al cabo de la calle. Tampoco contó Rato que después de ser “conminado” por MAFO, él y Olivas vieron a Rajoy. Ni que a la sede del PP también acudió Francisco Camps, presidente entonces de la Generalitat Valenciana, para discutir la operación. Camps, que se había opuesto a un primer intento de Caja Madrid de quedarse con la CAM y había apostado por una fusión de Bancaja y la CAM (en tiempos de Miguel Blesa en Caja Madrid), salió convencido a cambio de llevarse la sede de la nueva entidad a Valencia.
Más tarde, Rato, de acuerdo con Rajoy, tuvo que convencer a Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid de la bondad de la integración y de la importancia que tenía crear una entidad de gran tamaño controlada por el PP, así como que la sede estuviera en Valencia. Hubo tiras y aflojas; pero al Aguirre se conformó, entre otras cosasporque la sede operativa estaba en Madrid.

La intervención de Rato siguió a la del excopresidente de NovaCaixaGalicia, Julio Fernández Gayoso, y precedió a la de Narcís Serra, expresidente de Caixa Catalunya, y Elena Salgado, exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Economía (se da la circunstancia de que tres exvicepresidentes de distintos Gobiernos se sucedieron en las intervenciones, aunque solo Salagado acudiera al Congreso en calidad de tal). Pero ninguna intervención aclaró las cosas, más allá de defender cada cual su actuación. Quizá añadió confusión.

Al final va a tener razón el diputado de Izquierda Plural Joan Coscubiela quien tras la intervención de Rato preguntó al aire: “¿Cómo es posible que habiendo hecho las cosas tan bien, estemos en una situación tan mala?”. Ni Rato ni los que intervinieron después aclararon las cosas a Coscubiela ni a ninguno que se interesase por el asunto. La pregunta tenía mucho fundamento a la vista de que según las sucesivas intervenciones para explicar la reestructuración financiera y la crisis de Bankia parece que no ha existido ninguna crisis bancaria, que no era necesario negociar y recibir una ayuda de hasta 100.000 millones de euros para las entidades financieras, que tampoco era necesario nacionalizar Bankia y intervenir otras entidades... J

La extraña pareja

A veces la política da sorpresas de calado. Y crea aliados que, en otros tiempos y en otros contextos, se habrían presumido inconcebibles. En la primera jornada de comparecencias para hablar de la reestructuración financiera y de la crisis de Bankia, el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), soltó una encendida defensa de Rodrigo Rato, del que dijo que había sido un error haberle destituido.  "Es un personaje importante en el contexto internacional", argumentó MAFO, que defendió el plan elaborado para y por la Bankia de Rato con la participación del Banco de España.

Fue así por las buenas. MAFO -que fue uno de los teóricos más críticos con Rato durante su gestión como vicepresidente y responsable económico de los Gobiernos de Aznar (1996-2004) y su posterior paso por el FMI y, al revés, siempre era de los preferidos por el exministro y los suyos cuando estaba en la oposición- no dudó en ofrecer su mano al expresidente de Bankia para salir juntos al baile. Se supone que el jueves, Rato, con el que MAFO asegura tener una buena relación, le devolverá la galantería.

Una extraña pareja, en todo caso, que se explica por tener un enemigo común, el Gobierno de Mariano Rajoy. La crisis de Bankia les ha unido y las circunstancias les ha hecho compañeros de viaje. A Rato el propio Rajoy le nominó para presidir Caja Madrid frente a otros candidatos del PP, entre los que, por cierto, estaba el actual ministro de Economía, Luis de Guindos. La ascendencia de Rato dentro del partido zanjó todas las discusiones, ya que Esperanza Aguirre estaba empeñada en colocar a su vicepresidente, Ignacio González. Luego vendría la fusión con Bancaja y otras cinco cajas menores para crear la gran Bankia, para muchos la gran caja del PP. La posterior entrada en barrena, por culpa del agujero inmobiliario que aportaron una y otra (Caja Madrid y Bancaja, se entiende), puso en cuestión que el Banco de España (es decir, MAFO) hubiera aprobado aquella fusión en la que se habían empeñado Rato y el PP y permitiera su posterior salida a Bolsa. Y, por otro lado, debilitó la figura de Rato. Los dos (MAFO y Rato) fueron forzados a dimitir por el Gobierno de Rajoy ya con la crisis imparable y, en particular, por un antiguo subordinado de Rato, De Guindos.  

Quizá eso explica que los dos agraviados por el Gobierno de Rajoy (uno de los suyos y otro de los otros) estén ahora en el mismo lado de la barra, aunque sea coyunturalmente. Con razón el PP se había opuesto a que MAFO compareciera en el Congreso de los Diputados, como había pedido en varias ocasiones para explicar la crisis y defenderse de los ataques del Gobierno, y también que pusiera tantas pegas a la creación de la comisión parlamentaria en la que uno ya ha asistido y el otro va a asistir.

MAFO, en cuanto su paso por el Congreso, defendió su gestión al frente del Banco de España y repartió con ganas contra el Ejecutivo de Rajoy, del que dijo que no había logrado evitar el rescate bancario. Y atizó más: "Desde que se inició la crisis del euro hasta finales de 2011, los indicadores de confianza en el sistema bancario estaban lejos de la amenaza del rescate; la Bolsa bajó menos que la alemana, francesa e italiana; la prima de riesgo en diciembre de 2011 era algo mayor que la belga y estaba 200 puntos por debajo de la italiana y 300 de la irlandesa, los ratings de los bancos fueron mejores que los de los europeos... Pero a lo largo del primer semestre de este año ha habido un proceso de hundimiento en la confianza de España". Duro y a la cabeza.

Tambores de concentración en telecos

La entrada de competidores, la asimetría con el resto del mundo y una coyuntura deprimida obliga a los grandos grupos europeos a plantear la reordenación del sector

La reciente entrada del grupo del magnate Carlos Slim, América Móvil, en la holandesa KPN (28%) y en Austria Telekom (23%) ha encendido el piloto en el sector de telecomunicaciones europeo. Puede representar un cambio de las reglas del juego y el comienzo de la reordenación del sector en la Unión Europea. Las empresas empiezan a hablar de concentraciones. De grandes concentraciones. Posiblemente, los apuntes dados la semana pasada por la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de la Agenda Digital, Neelie Kroes, sobre la necesidad de primar la fortaleza y sostenibilidad de las grandes operadoras por encima de una diseminación que debilitaría el sector, refuerza esa posibilidad.

Es un proceso que se considera lógico. Mientras que en Estados Unidos media docena de operadoras dominan el mercado y en Latinoamérica menos (una de ellas, la propia Telefónica), en Europa las compañías que se reparten con mayor o menor grado los mercados locales, regionales o nacionales superan con creces la centena. Esta diferencia no es ajena a la regulación europea que, en aras a la competencia, siempre ha favorecido la diseminación. Pero, al mismo tiempo, ha debilitado a las compañías frente a los competidores no europeos.

Esa particularidad llevó a César Alierta, presidente de Telefónica, a alertar a Kroes y otras autoridades europeas. “Lo único que puede traer consigo es la invitación a las grandes empresas de otros continentes a merendarse Europa”, insistió. Parece que esa profecía ha tomado carta de naturaleza con la doble operación de América Móvil y, precisamente, en el país de la comisaria, donde fue ministra de Telecomunicaciones. Se da la circunstancia adicional de que la estadounidense ATT posee el 24% del grupo de Slim, lo que amplifica la repercusión.

La amenaza de terceros, la citada asimetría de Europa con el resto del mundo, una coyuntura deprimida y larga y una inversión escasa, obliga a replantearse la situación. De hecho, las últimas operaciones importantes del sector europeo (alianzas de France Télécom y Deustche Telekom para operar juntas en el Reino Unido y de Telefónica y Vodafone para compartir redes) parecen responder a la necesidad de hacer frente a una situación que muchos consideran insostenible. Y abren perspectivas para aventurar operaciones de más calado.

La radiografía del sector europeo muestra una operadora global y bien colocada en el mundo, Telefónica. Arrastra un volumen alto de deuda (ratio deuda/fondos propios), pero que tiene mejor magnitud que ninguna otra, con una fuerte presencia en Latinoamérica, Reino Unido y la República Checa y cuenta con el 10% de Telecom Italia, además de su participación en China Unicom.

La italiana pasó una fase de agobio que supuso la salida de Marco Tronchetti. Ahora parece haberse enderezado con el paso por la presidencia de Gabriele Galateri di Genola y, en la actualidad, de Franco Bernabè, aunque arrastre problemas de estructura y deuda. Deustche Telekom (DT) y France Télécom (FT), por su parte, tienen que aclarar el futuro de la participación estatal y los excedentes de plantilla que, según los expertos del sector, son una rémora.

Dicho esto aparecen todo tipo de conjeturas. DT y FT pueden ampliar su alianza a la luz de su acuerdo en Reino Unido. Resultaría una compañía muy grande,aunque con volumen suficiente como para diluir los problemas particulares. Por otro lado, tendría que aclararse el significado de la alianza italoespañola. No parece excesivamente probable que la mezcla de la presencia global de Telefónica y la personalidad peculiar de Telecom Italia pueda dar muchos resultados a corto, pero ahí está el 10% que la firma española posee en la italiana.

Por otro lado está Vodafone. Mientras las citadas son compañías integradas (móvil y fijo), la firma británica solo es móvil. El hecho de que le falte una integración puede determinar su futuro. ¿Qué va a hacer sin redes fijas? Su diversificación geográfica, además, dificulta cualquier operación por la concentración de negocio que supondría una alianza con una de las operadoras citadas; por lo que tendría que mirar más a Estados Unidos.

Primas y demás familia

La cosa va de primas. La prima de riesgo se ha vuelto a desmandar el primer día en que los mercados abrieron tras las medidas aprobadas el viernes por el Gobierno y en cuanto se conocieron las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), nada halagüeñas, para España, a cuya economía -como la italiana- considera una amenaza para el mundo. El organismo internacional apenas deja un atisbo de esperanza. Prevé que en 2013 seguirá la recesión después de una caída del 1,5% este año, algo menor que lo previsto por el Ejecutivo. Un leve alivio que sirve de poco cuando a las cifras se añade que hay factores que vulneran aun más la confianza del consumidor y los mercados.  

Otra. El ministro de  industria, José Manuel Soria, anuncia un recorte de las primas comprometidas con las compañías de energía renovables, que en el caso de las fotovoltaicas supone un 19%, lo que ha generado una reacción volcánica de los inversores involucrados e, incluso, ha hecho intervenir al embajador de Estados Unidos en España, Alan Salomon, en defensa de los fondos y empresas de su país, que han metido mucho dinero en proyectos vendidos en su día con mucho bombo. Aseguran que no van a parar y que si el Gobierno no cambia acudirán a la vía legal. Ya lo hicieron el año pasado contra las medidas del Gobierno de Zapatero. Ya se verá si la presión tiene efecto y el gabinete de Mariano Rajoy cede y cambia su propósito inicial de nuevos ajustes o, por el contrario, lo mantiene contra viento y marea. Si a así, ya sabe lo que dijo el embajador: "Luego os acercáis pidiendo ayuda para lo de YPF". Toda una declaración de principios.

Pero hay otras muchas cosas que traen de cabeza a este Gobierno después de las medidas aprobadas el viernes. El ministro de Economía, Luis de Guindos, que insiste siempre que puede que España es solvente y no habrá rescate, no acaba de arreglar la reestructuración de la banca, con el que se metió a fondo nada más asumir el cargo de ministro cuantificando las necesidades del sector -cuestión que le granjeó críticas por abrir la ventana cuando nadie se lo había pedido todavía- y oponiéndose a la creación de un banco malo. Ahora, ya con unos compromisos de préstamos para la capitalización para el conjunto de la banca de hasta 100.000 millones de euros (30.000 ya a disposición), parece haber encontrado la solución: el banco malo para achar todos los activos malos y posteriormente la privatización, de forma individualizada, de las entidades nacionalizadas.

Eso al menos es lo que asegura. Y, mientras tanto, ha comenzado a citar a comparecientes para investigar el proceso de reordenación bancaria y en concreto de  la creación de Bankia. Por la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, tras acceder el PP a realizar la investigación solicitada por el PP, pasarán muchos de los responsables (el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el exsecretario de Estado de Economía José Manuel Campa, la exministra Elena Salgado, el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, entre otros), aunque hay algunas ausencias llamativas (por ejemplo, del exministro Ángel Acebes, exconsejero de Bankia), al que Rato llevó a la entidad y responsbailizó de la Comisión de Auditoría. 

Pero el Gobienro debe abordar sin demora el problema de las participaciones preferentes, ese producto del que las entidades financieras disponen desde 1999 y que colocaron entre instituciones hasta que decidieron hacerlo también entre particulares. Y ahí llegó el problema. Miles de ahorradores metieron el dinero en esos intrumentos con la esperanza de tener una alta rentabilidad; pero se han encontrado que han perdido gran parte de su valor. La Comisión de Valores había advertido de que era para inversores con conocimientos de la letra pequeña, pero eso los directores de las sucursales no se lo debieron de decir a la clientela. Tuvo un efecto contagioso que ha provocado una protesta generalziada desde hace ya varios meses y que ha obligado a muchos empleados hayan tenido que cambiar de oficina e, incluso, de ciudad.

Y si las preferentes llevan ya tiempo, ahora se han levantado los funcionarios (más de uno habrá que también haya comprado preferentes) por los recortes salariales, como la supresión de la paga de Navidad. Esto supone cercenar la capacidad de adquisición y, como consecuencia, que se resienta el consumo de los hogares, ya de por sí muy deprimido. Para remate, los pequeños comercios se rebelan también contra la liberalziación de los horarios comerciales. Se van a perder muchos puestos de trabajo, advierten.

En definitiva, se agolpan los problemas para el Ejecutivo de Rajoy. La confianza va a tardar en llegar y si a eso se une el jarro de agua fría del FMI sobre la recuperación, pues...

La mediación del embajador Salomon

Ocurrió el pasado martes. El embajador de Estados Unidos en España, Alan Salomon, abandonó el Ministerio de Industria con cara de pocos amigos. Su condición de diplomático le obligaba a intentar disimular; pero la indignación se lo impedía. Acababa de entrevistarse con el titular del departamento, José Manuel Soria, y de fracasar en su intento de frenar las medidas que éste proyectaba para el sector eléctrico y, en concreto, para las energías renovables, a las que varios inversores de su país han destinado miles de millones de dólares y cuyos retornos ven ahora muy amenazados.

El hecho de que los fondos hayan recurrido al representante del máximo poder sobre el planeta era, quizá, la última tentativa de parar unas medidas que el sector considera “discriminatorias” y califica de “expropiación”. El jueves pensaban que ya estaba todo el pescado vendido. Tras el Consejo de Ministros del viernes, sin embargo, les queda alguna esperanza de que Mariano Rajoy reconsidere la postura, en la que ha encontrado el rechazo de Hacienda por razones fiscales, ya que quiere hacer la reforma por proyecto de ley por temor a que se recurra cualquier tributo a las inversiones tecnológicas.

Además del embajador de EE UU, también se han involucrado los de Japón, Australia, Alemania y Emiratos Árabes. A su juicio, el cambio de postura del ministro en tan poco tiempo no hace más que generar controversia y cargarse de un plumazo el prestigio que España se había ganado en el sector. Esto, si no cambia lo previsto, no va a generar ninguna reacción positiva hacia España en inversores de otros sectores de ese país y de otros. ¡Buen estreno para Carlos Espinosa de los Monteros para vender la marca España!

Hasta ahora ni el peso de estos países ha cambiado el parecer de Soria, que ha recibido presiones desde diversos frentes. La Cámara de Comercio EE UU-España, que dirige Jaime Malet, emitió hace un mes un informe en el que, precisamente, pedía estabilidad regulatoria y no retroactividad. En el mismo sentido, se ha pronunciado la Asociación Fotovoltaica, cuyo presidente, Jorge Barredo, ha mantenido reuniones con varios altos cargos, entre ellos el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo. Asimismo, las principales inversoras españolas (FCC, OHL, Abengoa, Acciona, ACS, Sener, Smaca, Fotowatio e Isolux) se han movilizado y ejercido toda la influencia que tienen.

A esto se añaden las cartas que el grupo de fondos, que tiene invertidos 8.000 millones de euros en el sector fotovoltaico español (sobre un total de 25.000), ha enviado al primer ministro británico, David Cameron, y al comisario de Energía europeo, Günther Oettinger. La carta también llegó a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y, para rematar, el miércoles la pusieron en conocimiento del ministro de finanzas alemán, Wolfgang Schäuble. Mucha tela.

Para este grupo de 13 fondos llueve sobre mojado. El año pasado demandaron a España por las medidas del Gobierno de Zapatero en diciembre de 2010 contra la energía fotovoltaica. El grupo, al que representa el despacho Allen & Overy, se ha gastado dos millones de libras, lo que muestra la seriedad del proceso.
Este tipo de demandas se puede repetir ahora. Las fotovoltaicas habían considerado como asumibles la imposición del céntimo verde, una tasa homogénea de hasta cinco euros lineales por megawatio-hora y de un impuesto sobre beneficios no discriminatorio por tecnologías e idéntico para todo el sector de generación. Las medidas impositivas previstas, que en el caso de la fotovoltaica representan un 19% sobre ingresos, suponen un impacto de casi 1.200 millones de euros a las renovables (la tercera parte de las primas comprometidas).

A su juicio, además de romperse la confianza en España, se rompe la seguridad jurídica y abre la puerta a más reclamaciones, ya que representa un incumplimiento de las obligaciones de pago asumidas. Además, pone en riesgo de concurso una parte importante de los operadores (han invertido también unas 200.000 familias en pequeñas plantas) y a las entidades financieras, que han prestado 15.000 millones. Difícilmente se puede rebatir el argumento de que “es claramente un default de España con sus acreedores”.

España decidió apostar por la energía renovable para ganar independencia energética y por ser más limpia y ofrecer retornos indirectos y desde hace 20 años, los Gobiernos impulsaron las inversiones con primas que atrajeron a muchas firmas y fondos que desarrollaron la tecnología termoeléctrica y fotovoltaica. Las primas permitían la amortización de las plantas y la obtención de una rentabilidad muy razonable. Ahora, se sienten discrimadas frente a las compañías tradicionales, con las que la convivencia nunca ha sido buena. Para estas el rajonazo supone un recorte de 3.500 millones sobre unos ingresos en 2011 de algo más de 3.000 y culpan a las renovables de haber hecho crecer el déficit tarifario. Estas sostienen que los 10 años de prórroga nuclear y los 20 hidroeléctrica aseguran ingresos añadidos de 60.000 millones y arguyen que cuando ellas entraron en el sector el déficit ya era de 24.000 millones por unos precios bajos por razones políticas y unos costes reconocidos no reales.

Tiempo de (des)confianza

Pasados seis meses de desconcierto, visto lo visto estos últimos días con el Memorandum de Entendimiento para salvar a la banca española y las medidas anunciadas por Mariano Rajoy en el Parlamento, para el Gobierno del PP comienza de verdad un periodo clave para recuperar la confianza (si es que en algún momento la hubo) y enfrentarse a la crisis, que es lo que el ciudadano necesita para que fluya el dinero y empiece a consumir.

Al Gobierno de Rajoy le ha costado todo ese tiempo darse cuenta de algo que parece tan sencillo como que la confianza se consigue sabiendo dónde está, dónde quiere ir y cómo hay que hacer las cosas. Porque hasta la fecha, lo que ha ocurrido es que se han manejado media docena de cifras de déficit, lo que reflejaba una mezcla de desbarajuste e inefiencia absolutos; se han dado varias cantidades de necesidades para la banca, llegando incluso a dar cifras cuando no se había evaluado; se ha echado la culpa a la herencia recibida, pero ante Bruselas lo que importa es la imagen del país y no las rencillas entre Gobierno y oposición; en muchos casos algunos representantes del Ejecutivo se presentaron ante las instituciones europeas con excesiva prepotencia... O sea, nada bueno para ganar la credibilidad necesaria de Europa y de los mercados, que han elevado la prima de riesgo con Alemania a más de 500 puntos. Y eso es mucho.

Ahora parece que ya sabe lo que se quiere, aunque sea por la presión de Bruselas y después de que le hayan puesto fuertes exigencias. Eso es lo que le pedían desde distintos foros los empresarios, que no tardaron en enviar mensajes de apoyo. No ocurre lo mismo con los asalariados, a los que, como suele ocurrir, son los principales paganos (en esta ocasión especialmente, los empleados públicos), sobre los que Rajoy carga las tintas, por mucho que quiera insistir en que es para todos igual. Eso le va a costar nuevas jornadas de protesta, ya convocadas por los sindicatos. Justamente el mismo día en que anunciaba las medidas, dos columnas de mineros llenaban de protestas Madrid por la reducción de las ayudas al carbón. 

Al final todo incide más que nunca en que España está en manos de Bruselas. Se esfuerzan en asegurar que esto no es un rescate, aunque técnicamente no se conozca como tal. La sensación, en cualquier caso, es la misma y eso el ciudadano lo siente en sus carnes y su bolsillo. Algunos dirigentes y exdirigentes socialistas reconocen en privado que Rajoy no tenía otro remedio que tomar medidas duras, aunque critiquen -y eso lo hacen también algunos populares- que llegara al Gobierno sacando pecho y haciendo promesas que sabía de sobra que nunca iba a cumplir. La prueba es que solo seis meses después ha tenido que reconocer su error en sede parlamentaria.

Construcción de Europa: "El último día y a última hora"

Se han sentado este lunes por la tarde en Madrid, en un acto organizado por la Fundación Carlos de Amberes, el vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores belga y veterano dirigente comunitario, Didier Reynders; el secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo; su antecesor, Diego López Garrido, y el exvicepresidente y exministro de Economía Pedro Solbes, para debatir sobre el presente y el futuro -básicamente del futuro- de Europa, de la crisis y permanencia del euro y de la construcción de Europa. El encuentro fue muy interesente y la conclusión principal fue que todo se resolverá "el último día y a última hora", en palabras de Solbes que, con algún matiz que otro, el resto respaldó. Asimismo, todos apoyaron la "imprescindible" permanencia del euro, como columna vertebral de la unión, y la necesidad de mantener una Europa de "unidad y solidaridad".

Otro de los mensajes que quedaron meridianos es que "Europa es el problema, pero también la solución", según Reynders, para quien "no bastan los remedios de carácter transitorio, si no una decisión política que dé lugar a una unión, que podría ser una confederación". Cada vez se habla de una Europa federada. Reynders destacó el hecho de que todo el mundo hable de Grecia ("que es el 2% de la economía europea") y nadie hable de California ("que podría ser la séptima economía del mundo y está pidiendo ayudas"). ¿Será por eso de que por aquellos lares existe una cosa que se llama Estados Unidos de América y es un país federal? El ministro belga sacó a relucir un punto culminante: la soberanía. "No se trata de perder soberanía", dijo, "si no de compartirla y compartir es recuperar poder". Para él son imprescindibles más concertación social, económica y política, "lo que, a fin de cuentas, es federalismo". Pero da la sensación de que los enfoques se van alejando y se debe progresar, precisamente, en las ayudas bancarias y la consolidación presupuestaria, reconoció. 

Méndez de Vigo, un hombre de experiencia dilatada en la Unión, hay tres medidas que se deben adoptar: la consolidación fiscal ligada al crecimiento, resolver el problema de la deuda soberana (medidas a corto) y la elaboración de un plan que ya se ha encargado a Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, para lograr esa construcción de Europa que todos consideran imprescindiblem, pero que necesita un fuerte meneo. Según el secretario de Estado, "a la UE le ha faltado plan y narrativa para explicar el interés de seguir avanzando en la unión". "Se trata de compartir solidaridad y no ceder", reseñó. Eso requiere, reconoció, reformas de algunos tratados, pero habrá que hacerlos. "Ahora sí interesa a dónde va el tren y cuánto cuesta el pasaje", resumió. No dejó de hacer un llamamiento político, haciéndose eco de la petición de su Gobierno sobre las medidas a corto para resolver la deuda soberana y la prima de riesgo que tanto azota a España, a que "las autoridades europeas visualicen que el euro debe seguir adelante".

López Garrido, su antecesor y hoy diputado del PSOE, recalcó los principios básicos de "unidad y solidaridad". "Si esos principios fallan, el proyecto europeo no puede existir", enfatizó. Y, lo pero, es que no está claro que funcionen bien. "Hoy vivimos la divergencia sistemática, y no le pasa a un país; le pasa a media Europa, la UE está viviendo una crisis de proyecto. Se mantiene porque respondió a varios desafíos (Segunda Guerra Mundial, caída del Muro, ampliación al Este); pero si no responde a esta crisis, no sobrevivirá". Para ello, a su juicio, debe establecerse un gobierno económico (fondos de salvamento, supervisión financiera, eurobonos imprescindibles...), utilizar los resortes políticos ("la primera vez que se utilizaron fue en el Consejo Europeo de finales de junio") para abordar cuestiones como la prima de riesgo ("es insostenible y el BCE no reacciona cuando tiene los instrumentos para ello", criticó y parace que con razón) y una hoja de ruta que Europa no tiene ("no existe una definición clara para hacer una unión política, que es inevitable si queremos la unión económica", remachó). Y resulta que ninguno de los tres requisitos están compeltados, si bien sí iniciados.

Por último, Pedro Solbes, puso el énfasis en el euro como base de la unión. "Lo que hemos visto es que el diseño no era suficiente", dijo. "Hemos pasado 10 años convencidos de funcionaba bien; pero no lo valoramos correctamente". Puso el dedo en la llaga en algunas cuestiones tratadas anteriormente ("cada vez que se ha querido ir más lejos en la idea del federalismo, Alemania ha dicho que sí y Francia, que no") y destacó que los problemas están en los detalles y en le desarrollo a corto plazo. "Pero se resolverán el último día y a última hora, la construcción europea es así". Reynders remató: "Se hará tarde, dirán en España; saldrá caro, diremos en Bélgica, pero se hará". Europa funciona así. El problema es si algún día, cuando se esté al borde del precipicio, no se reacciona a tiempo y se acaba cayendo. Entonces...

Goirigolzarri se sentará en el consejo de Mapfre

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirgolzarri, ha decidido ocupar uno de los dos puestos que Bankia tiene en el consejo de Mapfre, en contra de su intención de no estar en ninguna participada. La razón de esta excepción radica en que la aseguradora es la única inversión considerada estratégica de Bankia. Goirigolzarri sustituiría a Rodrigo Rato, que presentó su renuncia al poco de dejar Bankia y BFA, que es el que tiene la participación.

El otro puesto en el consejo, al que asimismo ha renunciado es el del exvicepresidente José Antonio Moral Santín, está destinado a un alto ejecutivo. Tanto la renuncia de Rato como la de Moral Santín fueron aceptadas por el consejo de la aseguradora; sin embargo, todavía no está decidida la fecha en la que se producirá los cambios. Una vez resuelta la incógnita de la incorporación de Goirigolzarri, se estima que se aprovechará cualquier circunstancia para proceder al cambio.

Además de Mapfre, el grupo tiene participación en un ramillete de empresas (AIG-Iberia, Iberdrola, Deoleo, NH, Indra, Realia, Metrovacesa, Globalia y Mecalux, principalmente). Mientras en la aseguradora la continuidad es segura, en el resto está en duda, incluidas Iberia e Iberdrola. Todo depende del plan de desinversiones que programe el equipo de Goirigolzarri en el que tendrán mucho que decir las autoridades reguladoras. La venta podría generar ingresos que resultarían muy importantes para reforzar la situación en la que está la entidad. Hasta ahora, esa circunstancia explicaba la demora en hacer los cambios. Sin embargo, el proceso abierto esta semana contra los exadministradores de Bankia va a acelerarlos.

Goirigolzarri quiere repartir responsabilidades entre su gente de confianza que ocupa puestos ejecutivos, sin necesidad de que sean consejeros. El primer movimiento que se vislumbra es en Iberia, que en estos momentos ocupa Rato. El deseo de Antonio Vázquez, presidente de la aerolínea, es que sea Goirigolzarri. Bankia es el principal accionista y aseguraría su permanencia. La venta del paquete de Iberia se antoja complicada. Desde la alianza con British Airways se ha covnertido en una cuestión de Estado por la importancia que tiene mantener un accionista de referencia en el nuevo grupo.

En Iberdrola se sienta Francisco Pons, que también ocupó la vicepresidencia de Bankia. Pons ya ha anunciado su marcha e Ignacio Sánchez Galán, presidente de la eléctrica, ha presionado a Goirigolzarri apelando, además, a su condición de ser de Bilbao, donde tiene la sede la empresa.

Manuel Lagares, responsable de participadas que viene de la etapa anterior, está llamado a tener un papel muy activo. De hecho ya figura en los consejos de NH, Indra, Realia y Metrovacesa. El resto de consejeros serán sustituidos: Juan Llopart, que ha dejado Deoleo, saldrá de NH, al igual que José de la Riva; Estanislao Rodríguez Ponga dejará Indra y Globalia; Mariano Pérez Claver tendrá que salir de Deoleo, que tmabién dejará Santiago Alarcó, excuñado de Rato, y Realia, que también abandonará José Esteban, y García Varela, Mecalux.

Caja Madrid acelera su disolución

El último consejo de administración de Caja Madrid, celebrado el pasado lunes, decidió acelerar los trámites para que la Asamblea General de la entidad sea antes de agosto. Para ello, deberá celebrar otro consejo extraordinario en los primeros días de la semana que entra con el objeto de hacer la convocatoria de la asamblea dentro de los plazos legales previstos. Un retraso impediría realizarlo en julio, lo que implicaría retrasarlo hasta septiembre (ya que agosto se considera inhábil, en la práctica), como estaba previsto en principio.

La citada asamblea es vital para los cambios que debe abordar la caja de ahorros madrileña de cara a su futuro al margen de la evolución de Bankia y el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), del que es partícipe hasta que entre la ayuda pública, cuantificada en 23.000 millones de euros. La asamblea debe abordar dos puntos clave. Por un lado, la rendición de cuentas, que en este caso viene a ser como la liquidación de la sociedad como tal. Por otro, su transformación en fundación de carácter especial.

La dirección de la caja, todavía presidida por Rodrigo Rato y dirigida por Ildefonso Sánchez Barcoj, uno de los dos ejecutivos que despidió José Ignacio Goirigolzarri de Bankia (ha continuado en su cargo en Caja Madrid a petición de Rato y, según fuentes consultadas, con el salario mínimo interprofesional), está a la espera de recibir los informes encargados a una consultora sobre la situación jurídica de la caja, así como la valoración de los activos con que cuenta la entidad y que pasarían a la fundación que debe crearse. Asimismo, se determinaría cómo queda la obra social. Todo se someterá a la asamblea, que es la que debe aprobar su transformación en fundación y los miembros del patronato de esta.

En una situación normal, lo lógico sería que los miembros del consejo actual fueran elegidos como patronos de la fundación. Sin embargo, la imputación de todos menos cuatro por el juez Fernando Andreu el pasado miércoles en el caso Bankia va a determinar en gran medida el cambio. También será determinante, evidentemente, la posición que adopte la Comunidad de Madrid, que querrá no perder el control en la futura institución, que entre otras cosas va a tener mucho patrimonio inmobiliario y artístico y el monte de piedad.

 

La segunda dimisión de Francisco Verdú

Cuando José Ignacio Goirigolzarri aterrizó como presidente de Bankia para enderezar la entidad tras la dimisión forzada de Rodrigo Rato, decidió mantener en el puesto de consejero delegado y como miembro del comité de dirección a Francisco Verdú, a quien Rato había fichado precisamente como banquero de toda la vida para vigilar el día a día y dar la imagen de consistencia que le faltaba a la entidad. Goiri, que proviene del antiguo Bilbao, reconoció las virtudes del antiguo vizcaya, con el que había coincidido efimeramente cuando se fusionaron Vizcaya y Bilbao allá por finales de los ochenta y le confirmó sin dudarlo un momento, aunque con el mismo rango que los dos directores generales que incorporó (José Sevilla y Antonio Ortega). En realidad, solo forzó la salida del director general Ildefonso Sánchez Barcoj y del responsable de auditoría, Miguel Ángel Soria.

Verdú estaba muy tranquilo como primer ejecutivo de la Banca March, una entidad pequeña sin apenas riesgo inmobiliario, cuando le llamaron para entrar en Bankia en mayo del pasado año. La incorporación a una entidad que, tras la integración de siete cajas, formaba parte de las grandes del país le pareció un reto al que era difícil decir que no. Después, cuando comenzó a conocer con detalle las tripas de la entidad, el reto se hizo más grande y, probablemente, difícil de superar. Además, su puesto como segundo se quedó muy diluido por la personalidad de Rato y el reparto de funciones entre otros altos cargos.

El caso es que Verdú llegó a plantear su dimisión a los pocos meses de haberse incorporado al puente de mando por la falta de entendimiento con Rato, que le convenció de lo contrario, y el resto del equipo directivo. No lo hizo y el miércoles, cuando sí decidió dimitir tras conocerse la imputación por el juez Fernando Andreu, se arrepintió de no haberlo hecho entonces. Nadie le pudo sugerir lo contrario. Ha dejado buenos amigos y el reconocimiento por parte de sus subordinados y compañeros, antre ellos los que llegaron con Goiri. 

En realidad, si se mira su paso por Bankia se concluye pronto que poco pudo hacer para bien o para mal. Por ese lado, no existen dudas sobre su actuación. Los problemas de Bankia venían de bastante antes y durante su estancia en la entidad se limitó a realizar los ajustes de personal y algunas otras actuaciones, como la salida a Bolsa, cuyo folleto firmó.  Ahora, este alcoyano de 57 años, tendrá que buscarse la vida y echarle moral, que dicen que los de su tierra la tienen.