Ante un nuevo baile de concentraciones

Todo el sector financiero del país anda como loco a la esperra de los resultados de la auditoría que la firma Oliver Wyman tiene previsto presentar el próximo viernes sobre las pérdidas esperadas de 14 entidades españolas. Entonces se sabrán las necesidades de capital y las políticas que deben seguir a cambio de recibir hasta 100.000 millones de euros aprobados por Europa. El objetivo es alcanzar un sistema financiero saneado con entidades cotizadas y sin participaciones de control por parte de las cajas de ahorros (es decir, deben quedarse por debajo del 50%). Por ello se segmentó el sector en cuatro grupos.  Si no tiene necesidades de capita, las entidades estarán en el denominado grupo 0 y si las tienen se integrarán en el 1, 2 o 3, dependiendo de esas necesidades.

Las del grupo 1 son las entidades nacionalizadas (Bankia, Novacaixagalicia, Catalunya Caixa y Banco de Valencia). Las del 2 son las que no pueden conseguir el capital necesario de forma privada y sin ayudas del Estado antes de junio de 2013. Todas deberían ser reestructuradas o liquidadas y vendidas. Al final del proceso, las entidades viables deberían cotizar en bolsa, y para minimizar los costes públicos los accionistas actuales asumirían pérdidas y los poseedores de preferentes y subordinadas sufrirían quitas sobre su valor. Las autoridades tendrán hasta mediados de octubre de 2012 para presentar los planes, y recibirán las ayudas o se liquidarán entonces en el caso del Grupo 1 y a mediados de diciembre de 2012 en el caso del Grupo 2.

Por último, el grupo 3 es el que está formado por las entidades que pueden incrementar su capital por medios privados y deberán presentar sus planes de recapitalización a mediados de octubre de este año. En diciembre, se inyectarán los bonos preferentes (CoCos) a las entidades que requieran capital por encima del 2% de sus activos ponderados de riesgo (APR) y si está por debajo de ese porcentaje, no recibirá ningún tipo de ayuda. Si en junio de 2013  estas entidades no logran el capital necesario, recibirán capital público, a través de inyecciones de recursos o de la conversión de los CoCos, y deberán traspasar sus activos inmobiliarios al banco malo. 

A la vista de todo eso, y esto es son las consecuencias, se abre un proceso indefinido en el que se vislumbran nuevas operaciones de integración y que, de las 14 entidades que sobreviven en la actualidad, queden entre ocho y 10. Esas son las previsones que se manejan en el sector. Las integrantes del grupo 0 (Banco Santander y BBVA, que pasan muy por encima del corte; La Caixa, que lo hace con claridad, y Sabadell, Kutxabank y Bankinter, con más o menos holgura) se configuran como compradores de activos en liquidación, es decir de otras entidades.

Pero también puede ocurrir que algunas de las necesitadas, casos del Popular o Banco Mare Nostrum (BMN), decidan abrirse camino de la mano incluso desde el minuto cero. Es decir, que el mismo viernes, cuando se conozcan sus evaluaciones y se abra el plazo de 15 días para decir lo que quieren hacer, digan que lo que quieren es unirse.

También hay quien sostiene que el asunto puede dar al traste con alguna operación ya en marcha, pero que solamente se ha anunciado y salido en los medios de comunicación sin haber llegado a consumarse. Se trata, por ejemplo, de Unicaja con Caja España y Caja Duero o de Ibercaja, Cajatres y Liberbank. Aunque fuentes próximas a ese entorno lo descartan en ambos casos (para la segunda operación está prevista su votación para el sábado), una jugada podría consistir en que se renuncie a la fusión ahora y que, una vez destinados los activos contaminados al banco malo, se intente comprar lo bueno cuando haya pasado el tiempo fijado en las condiciones oficiales.  

 

 

 

Clamores en la patronal

El presidente dela gran patronal, el catalán Juan Rosell, saltó a la palestra el viernes por la tarde para abordar, principalmente,la cuestión independentista que hizo estallar Artur Mas. El miércoles, tanto en el comité ejecutivo como en la junta directiva de la patronal, había recibido fuertes presiones de algunos dirigentes históricos para que se defendiera públicamente la unidad de mercado (sobre todo del veterano José Antonio Segurado, con quien se había reunido un día antes, y del líder andaluz, Santiago Herrero, quien sostuvo que Cataluña no puede hacer nada sin tener en cuenta a las demás comunidades autónomas).

Rosell tomó nota, pero esperó a hablar a que se celebrara la “importante” reunión que tuvieron Mas y Mariano Rajoy el jueves, en la que el presidente del Gobierno negó al de la Generalitat el pan y la sal para negociar el pacto fiscal que reclamaba. Y así, con el horno calentito, decidió comenzar el otoño, cuya temperatura, se supone, va a ir a más en próximas fechas con temas que no son solamente los referidos a Cataluña.

La preocupación reinante es que el tema catalán se pueda convertir en freno para otras cuestiones que consideran capitales en el futuro de la organización. Tales como la reforma de la patronal que Rosell prometió cuando accedió a la presidencia hace casi dos años o que se descuiden otras exigencias que recibió en la reunión del miércoles. En efecto, un gran número de empresarios le subrayó la conveniencia de que, de la misma forma que se ha apoyado algunas de sus reformas abiertamente, la patronal mantenga una voz crítica y dura con la labor del Gobierno y censure las medidas que son negativas para la empresa. Por ejemplo, la subida del IVA o la revisión del sistema eléctrico, que no convence a nadie. En ese sentido, representantes de industrias grandes consumidoras de energía amenazaron con deslocalizar sus empresas de España por la subida que va a suponer la factura eléctrica. Y eso quieren que llegue a oídos del Ejecutivo.

En cuanto a la reforma, el objetivo de Rosell es presentarla antes de que acabe el año. Tiene todo el otoño por delante. Se la ha encargado al dirigente asturiano y vicepresidente de CEOE, Jesús Serafín. Los principales cambios se refieren a la reestructuración del staff, la adaptación de la organización a los nuevos tiempos y la modificación de los estatutos,  que apenas se han tocado en 35 años. En primer lugar, va a afectar a los órganos de gobierno empezando por los mandatos del presidente. Seguramente, contemplará dos periodos de cuatro años con la posibilidad de que se renueve un tercer mandato por cuestiones excepcionales. Este paso se propondría también para las patronales que forman la confederación y donde se dan casos de apalancamiento destacados (José María Cuevas estuvo 23 años).

Por otro lado, se trata de adaptar la composición del comité ejecutivo (en la actualidad, 48 miembros), la junta directiva (no superior a la tercera parte de la asamblea) y la asamblea general, que es el órgano supremo de gobierno y decisión de la confederación, compuesta por todas las organizaciones territoriales y sectoriales (en torno a 800 miembros). La asamblea tiene la tarea de aprobar todos los cambios, así como la de elegir al presidente, la junta directiva, que, a su vez, nombra a los miembros del comité ejecutivo. El cambio que predica Rosell consiste en incorporar a ese órgano sectores que han crecido en las últimas décadas y no están, o apenas están, representados (distribución, servicios, I+D...) y empresas individuales en detrimento de otros maduros que han perdido peso específico.

Como corolario, otra tarea consiste en conseguir financiación propia para gastos generales, dejando así de recibir fondos públicos, lo que ha supuesto recurrentes críticas incluso desde la propia Administración. En la actualidad, según fuentes patronales, recibe un 20%. Eso no quita, según esas fuentes, que pueda recibir para actuaciones concretas de colaboración con el Gobierno. Una posibilidad es aprovechar el cambio que se avecina con la reestructuración de las Cámaras de Comercio, cuyo destino es colaborar con la patronal. Eso hace que tenga que identificarse una labor concreta en el futuro.

Una asignatura pendiente de la patronal, en la que Rosell asegura que se quiere empeñar, es forjar buenas relaciones con las grandes empresas, que han vivido siempre de espaldas. En ese sentido, quiere estrechar colaboraciones con lobbies como el Consejo Empresarial para la Competencia (CEC) e incorporar empresarios de renombre a una especie de consejo asesor. Precisamente, el pasado martes Rosell fue invitado a una comida por el citado CEC, que preside César Alierta (presidente de Telefónica) y del que forman parte 17 empresas. Estaba en el candelero la polémica por el independentismo catalán y la postura crítica de la empresa catalana; pero Rosell insistió en ganar colaboradores.

Mas y los empresarios

La cuestión catalana ha seguido centrando la atención de Madrid en vísperas de la reunión del presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Mas se ha buscado la complicidad de los empresarios, sobre todo después del vacío que sintió en la conferencia que dio la semana pasada en un hotel madrileño, a la que no acudió ningún presidente de los grandes grupos catalanes (y apenas del resto de España) y de las posturas reivindicativas que salen de la patronal catalana, Fomento del Trabajo, que no son precisamente a favor de la independencia.

En ese intento, seguramente, se enmarca la comida que tuvo el martes con conocidos representantes de la burguesía empresarial catalana y algunas presiones en el entorno de Foment del Treball, que el pasado 3 de septiembre decidió organizar para octubre (se maneja la fecha del 18 jueves) un gran acto empresarial. La convocatoria se hizo antes de la manifestación independentista; pero ahora el acto se ha convertido en la mejor plataforma para reividincar la figura del empresariado catalán y fijar su postura ante los acontecimientos vividos y los cambios que se pueden plantear para el futuro. Los empresarios entienden sus peticiones e, incluso, las tienen en consideración, "pero una cosa es defender una financiación autonómica distinta y apoyar un pacto fiscal y otra muy distinta meterse en aventuras que no tienen hoja de ruta”, según un dirigente patronal.

La cuestión salió a colación, como se esperaba, en el comité ejecutivo y en la junta directiva que la gran patronal CEOE, en la que se integra Foment, celebró en Madrid este miércoles. El veterano José Antonio Segurado presionó al presidente, el catalán Juan Rosell, para que se hiciese un pronunciamiento sobre el asunto. El dirigente le contestó que no ha dejado de hacer declaraciones, aunque la patronal ha preferido quedarse al margen de comentarios. Por su parte, el presidente de Fomento y sucesor de Rosell en ese cargo, Joaquim Gay de Montellà, informó de citado acto y explicó que no ha invitado a políticos. Y cuando subrayó la capacidad del Gobierno catalán de negociar derechos fiscales, algunos dirigentes de otras territoriales, como el andaluz Santiago Herrero, le replicaron que había que tener en cuenta los derechos de las demás comunidades autónomas.

Pero la cosa no se limitó a la CEOE. Precisamente, su presidente fue el invitado a la reunión que celebró el martes el Consejo Empresarial de la Competitividad (CEC), que forman 17 empresas de primer nivel (entre ellas las catalanas La Caixa, Planeta, Mango y Havas y dirigida por el también catalán Fernando Casado). Faltó, entre otros, el presidente de La Caixa, Isidro Fainé, de viaje fuera de España. La comida prácticamente se centró en el asunto catalán y los presentes mostraron la misma preocupación que se respiraba en la patronal. Es decir, rechazo a la ruptura, aun reconociendo la capacidad negociadora en campos como el de la financiación autonómica.

En Cataluña, con más de 6.000 empresas, existen tres campos bien difenrenciados: empresas multinacionales de capital extranjero, que no quieren entrar en polémicas, pero tampoco que se rompa la unidad de mercado único; las grandes empresas catalanas, que venden sus productos en el resto de España y lo envían a la exportación, y que tampoco quieren romper la unidad, y la gran atomización de pymes, en las que hay de todo.          

Ante un caliente curso empresarial

La subida del IVA, los problemas de financiación, las reivindicaciones sectoriales y la cuestión catalana centralizan la reunión que la gran patronal celebra el miércoles

El miércoles 19 de septiembre la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) celebra su primera reunión tras las vacaciones de verano. Habrá comité ejecutivo (45 miembros) y junta directiva (más de 200) y en ellos se examinarán los temas candentes con los que se presenta el comienzo de la nueva temporada. Y no se aventura que será un camino de rosas. Se abre un curso caliente en el que la subida del IVA y los efectos de otras medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy no son, precisamente, del agrado de los empresarios.

La convocatoria, que se retrasó una semana sobre la fecha inicialmente prevista por un frustrado viaje oficial con acompañamiento empresarial a Marruecos, también servirá para evaluar la visita de Angela Merkel a Madrid (en un acto en el que la patronal española tuvo una intensa participación) y, sobre todo, los recientes acontecimientos de la manifestación catalanista de Barcelona y la posterior intervención en Madrid del presidente de la Generalitat, Artur Mas, en la que volvió a brotar con fuerza la llama independentista catalana.

El presidente de la patronal, el catalán Juan Rosell, no pudo asistir al desayuno de Mas por encontrarse de viaje y, seguramente, habrá agradecido no haber estado en Madrid para no tener que enfrentarse a la decisión de acudir o no. Cualquier decisión que tomase iba a generarle problemas. La patronal estuvo representada por los vicepresidentes Arturo Fernández y Joan Gaspart y el presidente de la patronal catalana Joaquim Gay, que pudieron apreciar la ausencia de presidentes de grandes grupos catalanes, empezando por La Caixa, grupo del que Rosell es consejero. Esa circunstancia se ha interpretado como un serio toque de atención a Mas sobre los movimientos separatistas por parte de los empresarios catalanes, muy preocupados por la deriva que pueda tomar el asunto. “Lo miran en clave empresarial, no política”, apunta un dirigente.

Salvo sorpresas, el miércoles la gran patronal pasará página sobre este asunto; pero dejará abierta una cuestión crítica a la espera de lo que diga la patronal catalana. Esta es contraria a que se creen enfrentamientos Barcelona-Madrid por las consecuencias que tiene para los productos catalanes. En la mente de todos está el boicoteo que recibieron en 2004. No obstante, muchos empresarios creen que no estaría de más que de la reunión del miércoles saliera una opinión.

Paralelamente, el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) tiene también previsto celebrar esta semana su primer encuentro y esta cuestión estará en primera línea. No hay que olvidar que una tercera parte de las 17 empresas que lo forman son catalanas.

En otros frentes, los empresarios se encuentran muy desanimados. A nivel patronal se reconoce que el Gobierno está haciendo cosas; pero lamentan que muchas de las peticiones realizadas sigan sin respuesta. Por eso, se espera que se pongan sobre la mesa muchas de las reivindicaciones que se han hecho durante los últimos meses y que siguen sin respuesta. Con el mandato de la junta directiva, la dirección de la patronal volverá a insistir en alguno de los documentos que ha entregado al Gobierno, como es el caso del relacionado con los emprededores, que la CEOE considera clave. Asimismo, insistirá sobre otras medidas concretas relacionadas con la supresión de trabas adminitrativas, el mercado único o la internacionalización de la empresa. A ello se añade las dificultades de financiación que tienen todos los sectores.

También se esperan presiones individualizadas de diferentes sectores muy castigados por la crisis como el industrial, el farmacéutico, la construcción y el turístico. En este, el verano ha paliado las diferencias internas, que son fuertes entre los grandes grupos y los pequeños. Surgieron cuando se planteó promocionar el turismo nacional frente al internacional, en el que los grandes tienen sus principales rentabilidades.

En cuanto a las constructoras, estas se encuentran en una fase de práctico parálisis por la falta de proyectos de obras públicas, tanto de la Administración central como de las comunidades autónomas. Además, los planes que se han querido poner en marcha bajo la fórmula público/privada se han encontrado con serias dificultades para recibir financiación por parte de la banca. 

Los regates de Fainé

 

Era muy esperada la presencia del presidente de La Caixa, Isidro Fainé, en la presentación del informe anual La Comunicación Empresarial y la Gestión de los Intangibles en España y Latinoamérica, elaborado por los catedráticos Justo Villafañe y María José Canel. La prensa le esperó a la entrada y a la salida y, en ambos casos, fracasó en el intentó. Se quería, y se intentó, que Fainé dijera algo sobre asuntos que le competen y que se han puesto de mucha actualidad tras el regreso de vacaciones. Tales como la carta enviada por Mariano Rajoy al rey de Arabia Saudí, Abdullah, para negociar la entrada de capital árabe en Repsol y Gas Natural (de ello se dio cumplida cuenta en este blog), de las presuntas presiones para cambiar la cabeza de la petrolera (ocupada por Antonio Brufau), de las posibles negociaciones para una integración con el Banco Popular y de la masiva manifestación catalanista en Barcelona del día anterior.

Bastantes cosas y Fainé lo sabía. Sin embargo, regateó los acercamientos de la prensa y se limitó a hablar en la tribuna de la reputación del sector empresarial, que era de lo que trataba el acto que patrocinaba La Caixa y para el que cedió el edificio de Caixaforum en Madrid. Según Fainé, “la reputación se ha visto afectada por la crisis y las entidades se enfrentan al reto de recuperar la confianza del consumidor y para ganarla una marca debe ser honesta, auténtica y cumplir siempre sus promesas, con el diálogo y la cooperación como banderas”. Del resto no tocaba hablar.

Sobre la carta al rey de Arabia, Fainé todavía no ha recibido noticias y, en consecuencia, no se sabe si el principal productor de crudo del mundo está dispuesto a abrir negociaciones. De ser así, y en la literalidad de la carta de Rajoy, Fainé sería el intercolutor apropiado para ello y, en principio, la participación que estaría en venta correspondería a la que tiene La Caixa. Es decir, el 12,5% de Repsol y el 30% de Gas Natural, así como el 33% que tiene Repsol en la gasista. Otra cosa sería el 10% que mantiene Sacyr, del que no está dispuesta a desprenderse (a no ser que le paguen satisfactoriamente) y sobre el que Fainé no parece mandar. Sobre los otros asuntos, los servicios de la entidad catalana han manifestado que no hay nada. Y sobre la Diada, nada.

En cuanto al estudio, que cumple su decimocuarta edición, este subraya que la sociedad penaliza a las empresas españolas, sobre todo en la gestión, relación con la sociedad y fiabilidad. Hace hincapié en que la relación ideal sería aquella en que las empresas mantengan su responsabilidad social voluntariamente, sin que constituya una obligación. El estudio -también se ha realizado en México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú, y en la próxima edición de 2015 se extenderá a Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido- concluye, según  Villafañe, que “las empresas para la sociedad son parte del problema, pero también parte de la solución”. En ese sentido, destaca que las claves para la mejora de la relación empresa-sociedad en España radican en la creación de empleo, la generación de trabajo estable, la contribución al desarrollo económico, compromiso social y comportamiento ético.

 

Rajoy intermedia por Repsol en Arabia

En una carta fechada el pasado 27 de julio, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, propone al “Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas del Islam y Rey de Arabia Saudí”, Abdullah bin Abdulaziz al Saud, que su país considere inversiones en el sector energético español y, más en concreto, en las empresas Repsol y Gas Natural Fenosa, ambas participadas y controladas por el grupo financiero La Caixa.

“La larga y fraternal amistad entre nuestros dos países se ha visto reforzada en los últimos tiempos a través de diversas iniciativas políticas y económico-comerciales beneficiosas para ambas partes”, comienza la misiva, que consta únicamente de tres párrafos, aunque muy precisos. “Le manifiesto mi deseo de seguir trabajando para mejorar, si ello es posible, las excelentes relaciones bilaterales entre nuestros países en todos los ámbitos”, continúa Rajoy.

Posteriormente, el primer ministro español hace referencia a contactos previos sobre este asunto mantenidos entre el rey de Arabia y el rey de España, cuya amistad es estrecha y conocida desde hace tiempo. Dice la carta: “En conversaciones mantenidas tanto con Su Majestad como con el Príncipe Heredero, Su Majestad Juan Carlos I expresó el deseo y el interés de España en que el Reino de Arabia Saudí valorase una posible inversión en el sector energético español con miras a establecer una cooperación a largo plazo que mejore la seguridad energética de nuestro país. España posee empresas con gran proyección internacional en el sector de la energía como son, entre otros, Repsol y Gas Natural Fenosa, que serían unas contrapartes adecuadas”.

Y remata: “Por todo ello, Majestad, respetuosamente me permito sugerirle que por parte del Reino de Arabia Saudí se organice un equipo de inversiones para analizar las oportunidades de negocio en España. En caso que ello sea posible, le señalo que por parte de las empresas españolas el intercolutor en las conversaciones sería el presidente de La Caixa, Isidro Fainé. Espero que esta iniciativa sea de su interés y podamos trabajar entre ambos países para desarrollarla”.

Es normal que el primer ministro intermedie en las relaciones bilaterales en busca de forjar negocios, y, máxime cuando, como se colige de la carta, proviene de contactos previos del rey Juan Carlos con su homólogo de Arabia Saudí, en los que hablaron de esta posiblidad. Esos contactos, según fuentes consultadas, se remontan a hace un año. No obstante, la fecha de envío de la misiva se produce en un momento en el que Repsol se había volcado en de buscar nuevos inversores tras la abrupta salida de Argentina tras la expropiación de su participación en YPF por parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kichner.

Llama la atención, en cualquier caso, que, aunque se hable del sector energético español en general, se recomiende directamente la inversión en un grupo concreto cuando existen otros nacionales que podrían estar interesados. En este caso, las empresas amparadas pertenecen al grupo industrial de La Caixa, que, además de ser el principal accionista, es la que ha nombrado a los dos presidentes, Antonio Brufau (Repsol) y Salvador Gabarró (Gas Natural).

Esta circunstancia puede explicar el hecho de que sea el presidente de la entidad catalana, Isidro Fainé, a quien se le encomiende la tarea de ser el negociador de los posibles acuerdos en lugar de los dos presidentes de las empresas implicadas. El grupo financiero catalán contorla el 12,5% de Repsol y en torno a un tercio de Gas Natural, en la que a su vez repsol tiene otro tercio. La posibilidad de dar entrada a nuevos inversores no ha sido descartada de forma rotunda. Mientras, los últimos descubrimientos de Repsol (acaba de anunciar un gran descubrimiento de gas en Perú) también pueden ser determinantes.

Por su parte, Arabia Saudí es el principal productor de petróleo del mundo y cuenta con las mayores reservas, lo que le convierte en un socio muy interesante. De momento, no se conoce respuesta alguna a la invitación del Gobierno español, aunque las fuentes consultadas subrayan que Arabia conoce y valora las empresas españolas y la labor del equipo encabezado por Brufau.

Alierta, Isla y Fainé `venden´ España a la prensa alemana

Tres de los principales empresarios españoles, los presidentes de Telefónica (César Alierta), Inditex (Pablo Isla) y La Caixa (Isidro Fainé) -miembros también del Consejo Empresarial de la Competitividad-, tuvieron este miércoles un encuentro informativo con una decena de periodistas alemanes, representantes de los principales medios de su país. En la entrevista, que se alargó durante más de dos horas en formato off the record, los empresarios trataron de vender España, con el objeto de transmitir una imagen de solidez del país que influya en los mercados y ayude a relajar la prima de riesgo, posiblemente una de las lacras que más pesan actualemnte en la economía española por el sobrecoste de financiación que supone. Entre otros mensajes, subrayaron que las medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy van por el buen camino, que las perspectivas para los próximos meses son mejores y que es necesario continuar en la mejora de la competitividad y reducción de gastos.

Estos tres empresarios compartirán mesa este jueves con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y la canciller alemana, Angela Merkel, en la cumbre hispanoalemana que se celebra en Madrid y en la que participa un centenar de las principales compañías de España y Alemania. Rajoy ha tenido varios encuentros bilaterales en los últimos meses con la crisis como telón de fondo; pero este con la lideresa alemana no es uno más en la cadena. Es bastante más importante. Alemania sigue siendo el centro del universo europeo y Rajoy quiere lograr el apoyo de Merkel para poder difundir a los mercados y a los inversores que Alemania confía en el futuro de España.

Para reforzar esa idea el presidente español, que se presenta ante la canciller con el mensaje de que ha hecho los deberes con la subida del IVA y las puesta en marcha de medidas y reformas estructurales como le pedían, va arropado por los empresarios de los dos países. Además de buscar el respaldo de los empresarios punteros (estaba al tanto del encuentro del citado trío con los periodistas), Rajoy se ha volcado en organizar esta cumbre empresarial con las patronales española y alemana como complemento de la meramente política y, para darle solemnidad, ha ofrecido que se celebre en la sede presidencial de La Moncloa.

El propio Rajoy se lo comunicó el pasado julio al presidente de la patronal española, Juan Rosell, quien hoy subraya en un artículo en EL PAÍS que "las miles de empresas que representamos necesitan acciones concretas centradas en el crecimiento y el empleo" y aprovecha para pedir que siga produndizando en las reformas estructurales y en alcanzar una mayor integración fiscal y bancaria en la Unión Europea. También invitó Rajoy al encuentro a los líderes sindicales, Ignacio Fernández Toxo (CC OO) y Cándido Méndez (UGT), quienes no piensan precisamente igual que Rosell y que han emplazado al presidente para que convoque un referendum sobre las medidas que apoyan los empresarios.

En cuanto a Merkel, seguramente ya está bien informada sobre la realidad española a través de las empresas alemanas radicadas en España, así como de la Cámara de Comercio Alemana en España y no necesita que le digan que Alemania es el mayor proveedor de España y que España tiene a Alemania como principal cliente. Lo importante para Rajoy es que salga confiada en España, no ponga nuevas (y duras) condiciones a España para acudir a un rescate y los mercados respondan positivamente con una caída de la prima de riesgo, como los empresarios comentaron a la prensa alemana.