Los promotores presionan a Pastor

La ministra de Fomento, Ana Pastor, tiene desde hace varias semanas encima de la mesa un documento, no muy extenso, de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) en el que esta hace una serie de propuestas para el próximo Plan de Vivienda que el ministerio tiene que aprobar para el próximo cuatrienio (2013-2016). El sector esperaba que Fomento lo tuviera listo para octubre con el fin de poder calibrar su alcance y tratar de introducir algunas medidas si fuese preciso antes de su entrada en vigor. Sin embargo, hasta la fecha no ha tenido noticias más allá de algunas declaraciones sin demasiado contenido de la ministra y algunas largas cambiadas.

La APCE no ha recibido ninguna respuesta de Fomento. pero no deja de moverse. También ha pedido reuniones con los ministerios de Economía y Hacienda para hablar de otros temas, además del plan, que también afecta a ambos departamentos. En ese contexto, José Manuel Galindo, presidente de la patronal, se reunió hace un par de semanas con Cristóbal Montoro, a quien planteó temas de fiscalidad, vitales para el sector. Falta un encuentro con los responsables de Economía, con los que hay que abordar el banco malo, en el que van a acumularse los activos inmobiliarios de las entidades financieras. Y eso importa mucho al sector.

Todo depende de la importancia que se quiera dar a un sector como el de la vivienda, que en otro tiempo no muy lejano era la locomotora de la economía nacional. A juicio de Galindo, no es que “la economía vaya a salir de la crisis por el sector inmobiliario; pero tampoco saldrá sin él”. Es decir, forma parte del tren como un vagón necesario sin necesidad de ser la locomotora.

Sabiendo que la vivienda es básica y en la actual coyuntura de dificultades presupuestarias, falta de financiación y caída de la actividad y el empleo, Pastor avanzó la semana pasada en Barcelona (en el salón Meeting Point) la intención de fomentar la rehabilitación y el alquiler como vías para dar una respuesta a los problemas. Pero no llega a publicar el plan. El sector aplaude esa orientación, aunque “siempre que no menoscabe la vertiente de la compraventa”. APCE cree indispensable que, además, se cuente con un plan de financiación que lo haga viable y se pueda producir una vivienda “accesique y asequible”.

En ese sentido, para que sea asequible, propone optimizar los factores que conforman los costes: el suelo (simplificar y acortar trámites y plazos y reducir el porcentaje de reservas), la ejecución (adecuar la normativa autonómica y local a la estatal), los financieros (reducir plazos de gestión y disminuir las coberturas exigidas ante la imposibilidad de los bancos de conceder ayudas) y la fiscalidad y las tasas (bonificar coyunturalmente las tasas y los impuestos y adecuar el pago de impuestos a la materialización).

Desde el lado de la demanda, plantea acomodar el nivel de ingresos, la capacidad de ahorro y la posibilidad de obtener financiación del demandante al precio de venta o renta. Hay dos maneras de acceder a una vivienda, el alquiler o la compra. Ante la restricción presupuestaria y la falta de financiación, el Plan de Vivienda puede ayudar con medidas fiscales como tener un IVA superrreducido y adecuar el pago del IVA al ritmo del préstamo de la vivienda, entre otras.

En la actualidad, la proporción entre venta y alquiler es de 83/17 a favor del primero y un stock de vivienda nueva de 680.000. Para que se fomente el alquiler, el sector propone que se facilite la salida del stock de vivienda protegida posibilitando el paso de venta a alquiler y viceversa y flexibilizando las condiciones actuales como los límites de edad. Asimismo, propone reducir a un año el plazo para ejercer la opción de compra y reestructurar las modalidades de préstamos.

Tan principal como eso es que el plan sea “realista”, además de “ágil, flexible y coordinado”. Y, en este punto, es el que quiere que Fomento ponga el acento, en el sentido de que se canalice un Plan de Financiación, para el que piden que haya un 95% de cobertura en vez del 80% actual, ampliar a más de cuatro años el plazo de carencia de la amortización y crear una Comisión de Seguimiento que verifique el cumplimiento de los objetivos. Y como añadido, otra petición: “Destinar un porcentaje de la ayuda pública para la reestructuración bancaria a la financiación del plan”.

Una amnistía fiscal que no avanza

Hay que detenerse, en medio de tanta información, en los datos aportados por los inspectores de Hacienda. Según ellos, va a ser imposible alcanzar la cifra de 2.500 millones de euros que el Ministerio de Hacienda preveía que afloraran por la amnistía fiscal decidida por el Gobierno a propuesta de Cristóbal Montoro. A muy pocas fechas de que expire el plazo, que probablemente mirarán si cabe ampliarlo a la vista de los resultados, solamente se han formalizado 50 millones de euros, es decir un 2%.

Es muy probable que se deba a que los defraudadores esperen hasta el último momento para regularizarse; pero resulta gracioso, al hilo de ello y por no buscar otros calificativos, que la información ofrecida por el Telediario de TVE terminara la noticia en su edición de las tres de la tarde del miércoles echando parte de la culpa al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE. A su juicio, esa posibilidad echa para atrás a los llamados a arrepentirse. No se puede con ellos.

Mientras tanto, el pleno del Senado ha aprobado el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal con la mayoría aplastante del PP y sin admitir ninguna de las 121 enmiendas presentadas por el resto de los grupos parlamentarios, por lo que continuará su trámite en el Congreso. De las 121 enmiendas rechazadas, 43 corresponden a Entesa, 35 a CiU, 25 al Grupo Mixto, 17 al PSOE y una al PNV.

Por otro lado, y es algo que conviene tener muy en consideración, el presidente de la Asociación del gran Consumo (Aecoc), Javier Campo, introdujo en su discurso de inauguración del Congreso sectorial que celebra estos días en Barcelona una dura crítica a "la tolerancia excesiva al fraude" que existe en la Administración española. En ese sentido, ha afirmado que "mientras se están haciendo ajustes, no se puede hacer una amnistía fiscal". Lo dijo dentro de una queja general, en la que también habló del absentismo laboral, los ataques a supermercados y el exceso de subvenciones. Lo dice el representante de un colectivo que agrupa a 25.000 empresas, la mayor parte de ellas pyme, y supone un porcentaje del PIB que supera el 20%.

 

Ignacio González marca territorio

El flamante presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, quiere marcar su territorio de forma autónoma y cuanto antes. No se aleja mucho de su antecesora, Esperanza Aguirre, con la que ha sido vicepresidente  y su principal ariete político todo el mandato de esta; pero trata de imprimir su sello personal, que se centra en la economía y en las relaciones con los agentes sociales como principal palanca para demostrar que también tiene discurso y que, como al parecer le gusta la pelea, marcar distancias incluso con los suyos.

La primera reunión que tuvo fue con los representantes de la patronal y los sindicatos. Y el jueves aprovechó un encuentro con empresarios de patronales de capitales europeas organizado por su amigo Arturo Fernández, presidente de la madrileña CEIM, para lanzarse al ruedo. Fue su primera aparición pública fuera de la sede parlamentaria y las visitas protocolarias al Rey Juan Carlos y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En su intervención, además de atacar con virulencia al Gobierno catalán de Artur Mas por “la deriva independentistas llena de falsedades” y a los socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero por “eliminar el equilibrio presupuestario y cambiar el modelo de financiación consencuado por todos”, dejó varios recados en materia económica, sobre todo en financiación y en impuestos, que iban dirigidos también a sus correligionarios del PP.

En el caso de la financiación, uno de sus caballos de batalla, fue rotundo. “Madrid sufre la injusticia de un sistema impuesto por el Gobierno socialista, fruto de un pacto político de Zapatero con el tripartito catalán para beneficiar a Cataluña y Andalucía, que hace que solo este año reciba 1.000 millones menos de lo que le corresponde”. Por eso ha pedido que le arregle el lío a Rajoy, con el que no solo habló de Eurovegas, algo que está poniendo muy nerviosos a los dos por si vienen mla dadas. 

Segundo mensaje: “Con la misma firmeza que defiendo una mejor y más justa financiación para Madrid; también proclamo nuestro firme compromiso con no aumentar los impuestos”. Ante un público repleto de empresarios, dijo lo que él creía que estos querían oír: “No lo hacemos porque seamos unos dogmáticos ultraliberales, sino porque la experiencia nos ha demostrado que no subir impuestos y, cuando se puede, bajarlos, es la mejor receta para generar inversión y confianza”.

Madrid, como el resto de comunidades autónomas, gestiona, como impuestos propios y de gestión directa en recaudación, los de Transmisiones, Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, Juego, impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos. Ademas, tiene el tramo autonómico del IRPF, que en Madrid está rebajado. De esto se jacta González, que presume de haber sido los primeros en bajarlos y de ser la primera economía de España con una recaudación tributaria mayor que las de otras comunidades con mayor población y presión fiscal como Cataluña y Andalucía.

González ha hecho cuentas y le compensa no subir impuestos como hacen o van a hacer el resto de comunidades, la mayoría gobernadas por el PP. Y no le compensa porque, además de ser “la mejor receta económica para atraer inversiones”, la mayor parte de la recaudación de la subida de impuestos va a las arcas del Estado. Por eso se lo exigió a las comunidades el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; pero González no está dispuesto a entrar por ese aro, lo que supone un acto de rebelión que no ha sentado nada bien al ministro y a muchos colegas.

Además de todo eso, González lanzó más guiños a los empresarios, a los que pidió ayuda y de los que recibió el compromiso de corresponderle. Estos son: destinar recursos para pyme y autónomos; prestar los servicios públicos esenciales y cumplir el objetivo de déficit establecido por el Gobierno.

Por otro lado, González dejó ver algunas de sus obsesiones política. “La débil defensa de los intereses nacionales en el exterior durante el gobierno socialista y los acontecimientos interplanetarios están también detrás de la grave crisis económica y social que azota nuestro país”. La obsesión antiindependentista se junta con la antisocialista en este párrafo del discurso ofrecido ante empresarios europeos, presumiblemente ávidos por conocer los movimientos catalanistas y otros menesteres internos. González propone una respuesta contundente desde el respeto a la soberanía nacional.

A su juicio, rompe la fortaleza que hay que mostrar dentro de Europa como “un país solvente y responsable” y culpa de todo a los socialistas. Para el autodenominado liberal González, “la crisis no se ha producido por haber favorecido la iniciativa privada ni por un exceso de libertad; sino por un exceso de intervencionismo, de regulación, de sobrepeso del sector público y de incremento desmesurado del déficit”. Como consecuencia, ve muy cercana “la destrucción de la clase media”, una visión apocalíptica que se agrava “porque además padecemos una crisis política, institucional y de ideas”, que atribuye a los socialistas.

El Gobierno (a través de Báñez) se acerca a los empresarios

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, se somete mañana miércoles a un veredicto particular con la visita a la junta directiva de la patronal CEOE. Son tiempos de alejamiento y después de las críticas recibidas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el Gobierno en su conjunto por las medidas adoptadas y las que prometieron y no han adoptado, conviene poner buena cara a los empresarios para limar asperezas. Por eso, la presencia de la ministra no deja de ser una muestra de acercamiento (más que de valentía) a un colectivo que nunca les ha sido hostil y que se siente defraudado.

Aunque ya estuvo en un encuentro con el presidente de la patronal, Juan Rosell, y el secretario general, José María Lacasa, no deja de llamar la atención que haya tardado más de 10 meses en asistir a una junta directiva, el órgano más numeroso (en torno a 220 personas) después de la asamblea, que se reúne todos los meses. Está previsto que Báñez acuda a la una de la tarde, es decir con poco tiempo para que los empresarios la puedan enseñar los dientes demasiado.

Los empresarios, que no esperan novedades en las palabras que les ofrezca la ministra, tratarán de que se vaya de la sede con sus mensajes claros. Rosell está preparado para ello y de, de la misma forma que elevó la voz para alabar las primeras medidas adoptadas por el Ejecutvio sobre todo en materia laboral, erigirse en portavoz de las quejas. No se descarta que alguno de los presentes solicite intervenir para clamar algún "no podemos más". Ya se verá si la organización deja abierta esa posibilidad. 

Además no es esta ministra el centro de las diana de las quejas empresariales. Lo es más el titular de Economía, Luis de Guindos, responsable de medidas que les aprietan y de no facilitar el acceso al crédito, por ejemplo, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro, que precisamente fue el primero en visitar la patronal, quizá por aquello que trabajó en la casa (en el Instituto de Estudios Económicos, el think tank de la patronal). Y, seguramente, les gustaría más que acudiera Guindos y someterle a presión. Pero, de momento, se tendrán que conformar con Báñez, que inevitablemente recibirá algún disparo. Aunque sometida a las medidas de ahorro decididas por Guindos, es la responsable directa de no haber bajado un punto las cotizaciones sociales como había prometido el PP, incluso por escrito. Y, además, es un miembro del Gobierno que se va a poner a tiro.

 

El peso de las auditoras

Una de las lecciones de la crisis en las que existe coincidencia es que a la velocidad a la que se requieren los datos y se toman las decisiones, la información financiera histórica no es suficiente. Así se piensan las cosas en el sector de la auditoría. Hasta ahora se hacía la foto de una compañía; pero el rol de auditor tiene que cambiar, se reclama algo más y lo mismo que la información que dan las empresas, los auditores tienen que evolucionar.

Consciente de ello, el comisario europeo de Mercado Interior y Servicios Financieros, Michel Barnier, puso en marcha en 2010 un proyecto de regulación del sector de la auditoría. Entre las principales medidas propuestas se encuentra la de dotar de un mayor peso a los comités de auditoría de las empresas para favorecer la transparencia y supervisión de la información financiera que llega a los mercados, además de otro tipo de cambios estructurales en el sector como la rotación obligatoria, la limitación de servicios o la auditoría conjunta.

Gobiernos, multinacionales y asociaciones sectoriales de la auditoría han criticado de forma frontal las nuevas medidas al entender que no mejoran la competencia, ni favorecen la calidad de las auditorías, suponiendo, en algunos casos, un aumento de costes para las empresas. Sin embargo, el hecho de que los comités de auditoría adquieran mayor protagonismo sí ha tenido un consenso generalizado.

En la actualidad, el proyecto de Barnier sigue su proceso legislativo en el Parlamento Europeo, con posiciones encontradas respecto a la oferta inicial de la Comisión, que ha hecho cambiar algunas cosas, como la rotación. Mientras Barnier proponía cada seis años, el Parlamento respalda que sean 25 años con la obligación de hacer un concurso cada 10 y, si se mantiene el auditor, justificar las razones de la permanencia. Este debate también está abierto en Estados Unidos coordinado por el regulador americano (PCAOB).

En paralelo, los mercados reclaman mayor protagonismo de los comités de auditoría para reforzar el Buen Gobierno Corporativo. En este sentido, resultan positivas las medidas encaminadas a definir la función de esos comités, su composición y el perfil de sus integrantes. Es decir, que tengan conocimientos de alta contabilidad, auditoría, información financiera..., así como aquellas medidas que impliquen mayor coordinación con la auditoría externa e interna. También se tiende hacia una mayor transparencia de su cometido de supervisión y vigilancia de la información financiera y del control de riesgos. Todo ello incide en el objetivo de que los mercados dispongan de información financiera de calidad para su toma de decisiones.

La respuesta podría llegar facilitando que el auditor proporcione seguridad y confianza más allá de la información financiera, que si bien es esencial, debe ser completada con una visión holística de la empresa, que incluya el modelo de negocio y la estrategia, la política de riesgos, e información sobre la gobernanza. Para ello, la labor del comité de auditoría, coordinada con el auditor, resulta clave.

En este contexto, se suma el proyecto internacional de Informe Integrado (Integrated Reporting) que trata de dar respuesta a esta demanda de más completa información cualitativa de las empresas —no solo qué hace una empresa, sino cómo lo hace— y que esa información sea fiable a través de la labor del auditor, cuyo informe será necesariamente más narrativo y prospectivo. Empresas como Telefónica, BBVA, Inditex, Indra y Enagás se han incorporado a este proyecto piloto.

En definitiva, “hay que pasar de la foto fija al video”, como señala Hilario Albarracín, socio responsable de Auditoría de KPMG en España, que añade: “A partir de los valores de independencia o rigor, es necesario que el ámbito de actuación del auditor evolucione y proporcione una opinión sobre una situación dinámica y no estática como hasta ahora”.

“Los auditores queremos que se mejore la información financiera como recoge el proyecto de Barnier, pero no otras cosas que son ineficaces como la rotación tal como se ha demostrado en Italia [único país en la que es obligatoria]”, completa Rafael Cámara, socio responsable de regulación de Deloitte y presidente del Instituto de Censores (miembro de la Federación Europea de Expertos Contables).

Bernier tenía intención de que la reforma del reglamento de auditoría, recogida en un green paper en 2010, estuviera lista en la primavera del próximo año para su primera lectura. Sin embargo, tal como han ido evolucionando las cosas desde que presentó su proyecto, parece que ello no sucederá y que se puede extender hasta entrado 2014, lo que supondría coincidir con las elecciones europeas. Barnier no ha logrado el apoyo del Parlamento y será necesario que se pongan de acuerdo. De momento, lo que tiene es una batería de 170 enmiendas —tantas como artículos tenía su reforma— presentadas por el diputado tory Siiad Karin, mucho más cercanas a las posiciones de las auditoras.

Espacio aéreo fragmentado

Europa aún dista de crear un espacio aéreo único. Lo ha reconocido el vicepresidente y comisario de Transportes, Slim Kallas, y lo ha difundido la Comisión Europea en un ejercicio de transparencia encomiable que no siempre se da. Pero, evidentemente, el anuncio de Kallas va procedido por una llamada de atención para arreglar un asunto que hace más de 10 años era uno de los proyectos estrella europeos. Asimismo, ha adelantado una serie de nuevas propuestas legislativas para acelerar su implantación y la puesta en marcha de expedientes de infracción para los que no cumplan a partir de la primavera de 2013. 

La realidad dice que cielo único ha fracasado. Los datos son muy tozudos y ponen a las autoridades europeas contra las cuerdas por incumplimiento. Un espacio único triplicaría la capacidad y reduciría a la mitad los costes del tráfico aéreo, la seguridad sería 10 veces mayor y disminuiría un 10% la contaminación. Por su parte, las ineficiencias derivadas de un espacio fragmentado ocasionan unos costes suplementarios de casi 5.000 millones de euros al año, añade kilómetros a la distancia, lo que supone consumir más combustible y a generar más emisiones, y obliga a pagar derechos de uso más altos y provocar mayores retrasos. En Estados Unidos, con el mismo espacio aéreo y más tráfico, los costes son casi la mitad.

Kallas asegura que el asunto "es demasiado importante como para que podamos fallar" tras subrayar que "nos hemos quedado muy atrás respecto a nuestras ambiciones originales". Lo primero que tendrían que ver, él y las autoridades europeas, son las razones por las que se ha producido esta situación. posiblemente se derive por la poca capacidad y el precio alto. Pero, quizá demasiado confusos con los problemas económicos derivados de la crisis, no se han detenido a observar esta cuestión.

Las propuestas incluirán medidas para reforzar el sistema de evaluación del rendimiento, se crearán nueve bloques funcionales de espacio aéreo (FAB), se constiruirá un Administrador de red para Europa y se aplciará una reforma más profunda de la prestación de servicios de navegación aérea, en la que colaborarán los reguladores nacionales.

Todo esto se produce en paralelo a los problemas que acarrean las compañíoas aéreas y, a lo mejor, es ahí dónde hay que buscar la explicación, o al menos una aproximación a una explicación coherente. El sector aéreo vive convulso, en medio de fusiones entre las antiguas compañías de bandera que persiguen ahorros de costes y de una pelea continua interna con las aerolíneas de vuelos baratos o low cost, que precisamente en estos 10 últimos años han revolucionado el sector. La solución es complicada.

Indignados de cuello blanco

De un tiempo a esta parte se palpa un alejamiento manifiesto entre la empresa y la clase política (si es que se le puede llamar clase), quizá influidos por la actitud ante la crisis y la búsqueda de soluciones. Es un distanciamiento que afecta tanto al Gobierno del PP como al resto de grupos, que se han encontrado con un colectivo inesperado de cuello blanco que también está indignado.

La mejora de esta relación es una tarea que implica al Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuyo acercamiento a los empresarios deja mucho que desear: le costó varios meses recibir al presidente de la patronal, Juan Rosell, y reunirse con sus representantes; acaba de contestar al Círculo de Empresarios que no tiene tiempo para recibirles después de seis meses de espera desde que se lo solicitaron y todavía no se ha reunido con el Consejo Empresarial de la Competitividad, un grupo que reúne a 17 destacados empresarios, pese a que se comprometió a ello.

A eso se une que los empresarios apenas son recibidos en los ministerios y tienen que recurrir a la asistencia de ministros a viajes institucionales (como el reciente a Marruecos) o a la mediación de lobbies. Es verdad que la crisis y el rescate acumulan muchos esfuerzos; pero los empresarios se sienten ninguneados.

En ese sentido, los últimos desayunos organizados por Nueva Economía Forum —entidad que se ha erigido en una excepcional tribuna para conocer el pulso del país ante las tres próximas elecciones autonómicas— y, en menor medida, los de Europa Press, se han convertido en el mejor termómetro para medir la temperatura. Quizá influya la excesiva oferta de convocatorias; pero la verdad es que la gran empresa han dejado de acudir a los últimos desayunos convocados con políticos de las tres comunidades (Cataluña, País Vasco y Galicia).

La desafección comenzó con la conferencia de Artur Mas, que llegó a Madrid con el aliento de la multitudinaria manifestación celebrada en Barcelona el 11 de septiembre en los pulmones y recibió un plantón casi generalizado de la mayoría de los grandes empresarios catalanes, que expresaban así su rechazo al independentismo, y de Madrid, que también. Después han pasado por ese foro los principales candidatos a las elecciones vascas (Íñigo Urkullu, del PNV; Patxi López, del PSE-PSOE, y Antonio Basagoiti, del PP, por ese orden) y gallegas (Pachi Vázquez, del PSG-PSOE, y Alberto Núñez Feijóo, del PP). Únicamente estaban arropados, y muy arropados, por sus compañeros de partido; pero por escasos empresarios.

En otros tiempos era bastante impensable que, en citas como las que se han encadenado las últimas semanas, la afluencia de empresarios no fuera masiva, sobre todo teniendo en cuenta que estaban presentes bien el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, bien el jefe de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. Y si va el jefe, también van los ministros; y siempre hay un reservado para departir en momentos previos.

Algunas empresas importantes han tenido la representación de los presidentes de sus patronales sectoriales (eléctrica, Eduardo Montes;  construcción; Baldomero Falcones (también de FCC)..., el de la bancaria, Miguel Martín, ha bajado la frecuencia) o por directivos de sus empresas. “Es una ausencia crítica”, coinciden varios de esos empresarios, que no quieren desvelar su identidad y que reconocen su desazón con los políticos y la caída de la calidad que se ve en el Parlamento. No están contentos y esas ausencias es una forma de protestar al Gobierno.

Aunque aplaudieron las primeras medidas, no encajaron bien otras, como la subida del IVA, la reforma eléctrica (penaliza a la industria) o el rescate bancario. El descontento se plasmó en la última reunión de la CEOE, en la que muchos dirigentes pidieron una actitud crítica con el Gobierno de la misma forma que habían alabado aquellas. Así que la patronal enseñó los dientes con motivo de Presupuestos del Estado, porque “se sigue aumentando la carga fiscal, sobre todo de las empresas, la austeridad del gasto se concentra en las partidas ligadas a la actividad productiva y no se introducen cambios esenciales en la gestión de los servicios públicos”. Asimismo, destacó que no se introduzcan medidas de carácter estructural ni que se haya avanzado en la duplicidad entre las Administraciones Públicas.

La CNMV estrena inquilina

La tarde del jueves, superado ya el trámite del examen parlamentario para evaluar su ideonidad como presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez se trasladó a la actual sede del organismo (será ella quien estrene la nueva) para entrevistarse por primera vez con su antecesor en el cargo, Julio Segura, e iniciar el traspaso de poderes y papeles. Volverán a verse el miércoles, cuatro días antes de que se produzca el relevo. Hasta entonces, la flamante presidenta no habrá dejado de estudiar a fondo la atiborrada Ley del Mercado de Valores y sus anexos, así como los documentos que le ha entregado Segura.

Rodríguez, de 63 años, lleva 40 en la función pública (ha sido interventora general del Estado, secretaria de Estado de Presupuestos, ministra de Medio Ambiente y presidenta de la Asamblea de Madrid). También accedió a la Asamblea General de Caja Madrid representando a las amas de casa de la Comunidad de Madrid. Arrastra el tic político que le ha dado una militancia de 20 en el PP, lo que le puede connotar un carácter presidencialista que debe evitar; pero llega con las ganas de una juvenil y de “cumplir con la obligación del cargo”. Eso quiere decir que le toca tomar el pulso a la casa; familiarizarse con un proceder muy técnica que solo conoce desde la distancia y que, normalmente, lleva tiempo, y tener una idea de qué reformas necesita el organismo.

En ese sentido, Segura le ha dejado un exhaustivo compendio de temas (unos 50), alguno de mucha actualidad y ejecución inmediata como los expedientes sancionadores abiertos a las entidades que emitieron participaciones preferentes en 2009 (un tema que ya forma parte del discurso de Rodríguez). Segura también le habrá hablado del testimonio que dejó escrito el pasado verano en la clausura de un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander que, al menos, le puede servir de contraste para elaborar su hoja de ruta. En ese discurso, Segura destacaba, entre otros, los fallos regulatorios y supervisores, acumulados en más de dos décadas de CNMV, que han favorecido desequilibrios y desigualdades, al tiempo “que han puesto de manifiesto la importancia de que existan autoridades supervisoras independientes que controlen el mercado financiero y anticipen los problemas”.

Segura se refería también a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para modernizar la CNMV. Destacaban tres: necesidad de incrementar las inpecciones in situ de las entidades supervisadas, la conveniencia de que la CNMV goce de mayor capacidad normativa y las deficiencias del sistema institucional en los relativo a la gobernanza y sus dotaciones de personal.

En el primer punto, recomendaba tener más conexión con las entidades de crédito.  En el segundo, la sugerencia es obvia si se tiene en cuenta que la CNMV solo puede dictar normas si está previsto en las de rango superior (leyes, reglamentos u órdenes ministeriales); es decir, limita su capacidad para responder con rapidez a problemas como el caso de las preferentes. En definitiva, le falta capacidad reguladora.

En cuanto a la falta de autonomía frente al poder político y económico, implica tener capacidad para realizar las funciones de supervisión, inspección y sanción y contar con medios humanos y materiales adecuados. Es decir, la CNMV necesita mayor independencia y que le permita asemejarse al Banco de España (BE).  Y, como remate, queda la decisión sobre el modelo twin peaks con dos supervisores financieros, uno dedicado a la solvencia y otro a la vigilancia de las normas de conducta, lo que supone la desaparición de la Dirección General de Seguros, cuyas tareas se repartirían entre el BE y la CNMV. 

‘La Gloriosa’ aterriza en el organismo supervisor

Lourdes Centeno ocupará la vicepresidencia de la CNMV.  Centeno, abogada del Estado, forma parte de La Gloriosa, promoción denominada así por la cantidad de altos cargos que ha dado al Gobierno de Rajoy. De esa generación es el presidente de RTVE, Leopoldo Rodríguez Echenique, e Ivan Rosa, marido de Soraya Sáenz de Santamaría, que pertenece a la promoción siguiente y es la impulsora. Centeno, que procede la Secretaría General Técnica de Economía, tiene fama de trabajadora; pero deberá emplearse a tope para conocer los temas de la estabilidad y supervisión financiera, entre otras cosas porque su cargo lleva consigo la pertenencia a los organismos internacionales de la materia. Cosa que también le toca a Elvira Rodríguez, que tuvo que convencer a los diputados de la Comisión de Economía, que precisamente presidía hasta el lunes, de que no presentaba riesgos de que puedan actuar con falta de objetividad o parcialidad. Rodríguez, por cuyo nombramiento el Gobierno (no ella) recibió fuertes críticas de la oposición por no proponer a algún experto en cuestiones de supervisión, tiene ante sí el reto de demostrar que su nombramiento ha sido acertado y que su gestión no va a estar mediatizada. Recibió el apoyo del PP, CiU, PNV y Coalición Canaria y la oposición de UPyD, Amaiur y PSOE, cuyo portavoz, el exministro Valeriano Gómez, recordó que el PP vetó a Soledad Núñez para subgobernadora del Banco de España por haber sido alto cargo y que no aceptó al anterior presidente, Julio Segura, por haber colaborado en la redacción del programa económico socialista.

Feijóo no se arrepiente de la fusión de las cajas gallegas

Asegura el presidente de la Xunta de Galicia y candidato del PP a renovar en el cargo, Alberto Núñez Feijóo, que no se arrepiente de haber impulsado la fusión de las cajas gallegas "porque hay que tomar decisiones" y creyó, en su momento, que era lo mejor. Feijóo, que intervino en un desayuno organizado por Nueva Economía Forum en Madrid, también dijo que volvería a rechazar una integración en Bankia, porque habría sido peor, "como se ha demostrado". El fiasco de la fusión de las cajas gallegas es una de las losas que arrastra Feijóo en la precampaña gallega y su principal rival, Pachi Vázquez, ha aprovechado para reclamar un banco gallego para fomenatr las inversiones en la región y sacar los colores al presidentre, que se defiende como puede y debe.

Desde luego tiene razón cuando dice que la integración con Bankia no era la solución. Eso se ha visto después. Sin embargo, el asunto proviene de antes de que existiera Bankia, y seguramente Feijóo no quiere acordarse. De cuando se empezaban a plantear las fusiones interregionales de cajas de ahorros y, en concreto, Caja Madrid -entonces presidida por Miguel Blesa- propuso al Banco de España (BE) la fusión con Caixa Galicia y la CAM. Era agosto de 2009 y los comienzos de los escarceos para la necesaria y retrasada reforma del sector (otro expresidente de Caja Madrid, Jaime Terceiro, acaba de recibir el premio Rey Juan Carlos de Economía por ser precursor de los necesarios cambios en las cajas, entre otras cosas) y Feijóo, que llevaba muy poco tiempo en la presidencia gallega se opuso rotundamente. Ideó la integración de las dos cajas gallegas (la citada y Caixa Nova), que, con el tiempo daría lugar a NovaCaixaGalicia y ahora a NovaGalicia Banco.

La operación, según se aseguró entonces, contaba con el visto bueno del BE y del PP, partido reinante en las tres comunidades de las cajas implicadas (Madrid, Galicia y Comunidad Valenciana). Daría lugar a una entidad mayor que La Caixa; pero ninguna de las tres estaban muy boyantes que digamos (como se ha demostrado). En cualquier caso, Feijóo reaccionó tan rápido diciendo que las cajas gallegas se fusionaban entre ellas (Caixa Nova no quería y Caixa Galicia tenía poco que decir) o no se fusionaban, que apenas dio tiempo a que el gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO) se expresara con claridad. Incluso se había hablado de que había otras entidades interesadas en crecer en Galicia y, en concreto, de La Caixa y el Sabadell, pero MAFO se plegó al poder político o no pudo hacerlo frente.

Y de aquellos polvos vinieron estos lodos: NovaGalicia Banco es la segunda entidad que más ayudas va a recibir del fondo. Feijóo puede achacar ahora que "no hay que imputar las necesidades de capital a un banco que acaba de nacer, sino a los errores de gestión de las cajas que conformaron ese banco" (tiro directo al corazón de los anteriores gestores) y subrayar que los problemas de la entidad gallega se deben a la "falta de rigor" en la reestructuración del sistema financiero español (esta vez a MAFO y al Gobierno socialista). Ya solo se puede arreglar con ayudas públicas; pero el caso es sostenella y no enmendalla.