No es economía, es ideología

Economistas Frente a la Crisis, el colectivo de profesionales en la materia que se configuró como tal para responder a las políticas económicas adoptadas por el Gobierno e impuestas por Bruselas (o no), presentó la tardenoche del lunes su libro de identificación No es economía, es ideología. A la misma hora se presentaba también el libro de memorias del expresidente del Gobierno José María Aznar, donde seguramente hay mucha ideología. Pero eso es otra historia.

Esta, la del libro de Economistas Frente a la Crisis, trata de contestar a todos los planteamientos y dudas que se originan en este periodo de la economía española a través de 15 autores de corriente progresista que abordan la crisis financiera, el mercado de trabajo, la gobernanza de las empresas, la fiscalidad, el gobierno económico europeo, el sector eléctrico y la economía del medio ambiente desde una posición muy crítica y constructiva, pero en otra vertiente, que trata de luchar contra la ideología imperante.

De ahí, precisamente, el título del libro, que se fija en aquella frase ("es la economía, estúpido") que se atribuye a Bill Clinton -aunque es posible que la dijera otro-, para llamar la atención del personal. Y a juzgar por la asistencia a la presentación del libro (se cerraron las puertas del Instituto Francés cuando se llenó el aforo, cumpliendo las normas de seguridad a rajatabla, pero quedando una centena de personas en la calle) tiene mucho atractivo entre la ciudadanía de centroizquierda. Los intervinientes (cuatro de los autores: Josep Borrell, Juan Ignacio Bartolomé, Jorge Fabra y Antonio González) lo defendieron con ahinco bajo la siempre amena y precisa mdoeración de Miguel Ángel Aguilar y pese a que el exministro José Luis Corcuera, presente en el acto, dijera en público que no la había gustado la presentación. Pero al grano: los intervinientes explicaron que una cosa es economía y otra es ideología y que lo que se ha hecho y está haciendo ahora en este país es ideología y no economía. Y que, por eso, quieren dar una respuesta científica y no ideológica a las reformas proyectadas por el Ejecutivo.

Esa es la cuestión. Los economistas que escriben en el libro discurren por preceptos que pelean contra lo que ellos creen que son falsos y que están desmontando el estado de bienestar. El hilo conductor del libro es el análisis de la realidad y concluyen que otra política es posible frente a los dogmas implantados desde Bruselas o Alemania. Para ellos, el rescate a la banca "es inevitable"; el problema de la deuda española "era de la deuda del sistema financiero, no de la deuda pública"; el euro "es un intrumento de cohesión, no un arma al servicio de determinados países"; el sector exterior "no puede compensar la cáida en picado de la economía española"; en el empleo "una cosa es la moderación salarial y otra la depresión salarial, es decir, que no se devalúe el salario"...

Son algunas de las frases que dijeron los presentadores, que también criticaron las decisiones tributarias del Gobierno de Mariano Rajoy y las ineficiencias de la reforma laboral, que creen que el rescate es inevitable (otra cosa es que Alemania esté dispuesta a que España lo pida), que proponen cosas tan extrañas como impulsar la Negociación Colectiva, que defienden una reforma efectiva del sistema financiero, que apuestan por mantener la inversión pública, que debaten sobre la necesidad o no de que haya inflación en el norte y deflación en el sur, y que, en definitica, subrayan que "la mejor estrategia para reducir el endeudamiento es el crecimiento". Pero, ¿qué crecimiento?

El banco malo quiere estar asegurado

Las compañías de seguros se muestran reacias a entrar en el capital de la sociedad de gestión de activos pese a las presiones de la Adminsitración

Decía recientemente, el expresidente y presidente de honor de Mapfre, José Manuel Martínez, en el discurso de investidura como doctor honoris causa de la Universidad de Morón (Buenos Aires), que “el seguro contribuye con su actividad de forma relevante al desarrollo económico ya que, con datos de 2011, representa el 6,60% del PIB mundial, porcentaje que alcanza el 8,58% en los países más desarrollados; desempeña una importante función como gran inversor institucional, gracias al ahorro que conllevan los seguros de vida y pensiones, y hace posible que se acometan iniciativas que implican grandes inversiones de capital que han jugado un importante papel en el desarrollo económico y que no hubieran sido posibles sin la cobertura del seguro”.

Algo de todo esto han debido tener muy en cuenta en el Ministerio de Economía para reclamar a las empresas aseguradoras su participación en el denominado banco malo (o, como le han bautizado, Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb). Con ese objetivo, los directores generales del FROB, Antonio Carrascosa, y de Seguros, Flavia Rodríguez-Ponga, se reunieron el viernes 16 con una treintena de aseguradoras para tratar la posibilidad de incorporarse a esa entidad. Estuvo presente también la presidenta de la patronal sectorial Unespa, Pilar González de Frutos. Previamente, en reuniones bilaterales, también habían sondeado a los responsables de las principales aseguradoras, Mapfre, Mutua Madrileña, Catalana, AXA…

El objetivo de los gestores del futuro banco malo es contar con la presencia de aseguradoras en el capital, además de bancos sanos y bancos de inversión extranjeros. La propuesta se centra en que las aseguradoras se incorporen al capital del banco malo, que se cuantificará en 5.000 millones de euros (1.000 millones en acciones y 4.000 en deuda subordinada). Además prevé emitir bonos para financiarse por un valor que se calcula entre 40.000 y 60.000 millones. En ese sentido, han subrayado que existe “buena disposición” por parte de las aseguradoras a estar presentes, mientras los grandes bancos (como Santander y BBVA) se muestran muy reticentes.

Sin embargo, la respuesta recibida no marca precisamente esa buena disposición. Las aseguradoras no ven con buenos ojos incorporarse al capital porque no les presenta la oportunidad de invertir en activos actos para ello, aunque sí podrían participar en la compra de bonos, que Sareb tiene contemplado emitir con la garantía del Estado. “Si compramos deuda pública, por qué no vamos a hacerlo con bonos que están avalados por el Estado”, dice una fuente sectorial.

Por otro lado, no se contempla la posibilidad de que las aseguradoras aporten activos, cosa que solo algunas pocas podrían estar interesadas. Los activos de estas empresas suelen ser de los considerados rentables, la mayor parte están alquilados y gozan de buena salud, por lo que difícilmente podrían aportarse al banco como activos malos. Además, como se encargan de recordar en el sector, las aseguradoras no dan hipotecas, aunque podrían.

Las aseguradoras, en todo caso, tienen muy en cuenta los riesgos que entraña su incorporación, ya que podría penalizar su solvencia al destinar dinero a este negocio cuando podrían hacerlo a otros. Entre las ventajas, aparece la posibilidad de llevar a cabo inversiones a largo plazo, cuya vida se prolongará durante 15 años

La insistencia, no obstante, ha seguido durante toda esta semana, quizá por la inmediatez con la que se quiere poner en marcha Sareb (previsto, en principio, para diciembre), para el que ya se ha nombrado como responsable a Belén Romana, antigua colaboradora de Luis de Guindos cuando el actual titular de Economía era secretario de Estado de Economía y ella directora general del Tesoro. Es decir, una mujer de máxima confianza del ministro, tanto que a este le habría gustado colocarla como presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en lugar de Elvira Rodríguez.

Multinacionales extranjeras al servicio de la Marca España

La presencia de varios de los principales ejecutivos de multinacionales radicadas en España en la entrega de los premios periodísticos de AECOC en su Primera Edición a José Luis Barbería por un reportaje en EL PAÍS sobre la influencia de la marca y a Fernando Ónega por su carrera, sirvió para comentar algunos aspectos sobre la Marca España. "Está muy bien que se apoye desde el Gobierno, pero se olvidan de que somos los que representamos a empresas extranjeras en España, y que en la mayor parte de los casos somos españoles, los que mejor podemos trasladar la imagen de España a nuestros cuarteles generales", destacaba Marcos de Quinto, presidente de Coca-Cola para España y Portugal.

Es una idea que seguramente va a tener muy en cuenta el alto comisionado de la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, para elaborar sus planes. En efecto, está muy bien que se potencie la marca España a través de la presencia y el éxito de empresas españolas por el mundo, como las constructoras, las energéticas, los bancos o Telefónica (por no extender la lista, que se puede y bastante); pero tienen mucha razón y sabiduría las palabras del activo De Quinto. Qué mejor mensaje para que las multinacionales inviertan más en España que los mensajes positivos que reciban desde sus filiales en el país.

Precisamente, las empresas de la citada asociación de fabricantes y distribuidores (un colectivo que agrupa a más de 25.000 empresas y supone un porcentraje de más del 20% del PIB entre las que se encuentran importantes entidades del sector de alimentación, perfumería y otras de gran consumo) son uno de los soportes con los que cuenta la Administración para catapultar la marca España por el mundo, entre otras cosas porque hay muchas de matriz española. Además de planes de expansión, muchas de esas firmas han desarrollado programas de innovación e investigación muy acertados y eso vende mejor. Recientemente, AECOC celebró su congreso en Barcelona, en el que su presidente, Javier Campo, pronunció una encendida crítica a "la tolerancia excesiva al fraude" que existe en la Administración española. "Mientras se están haciendo ajustes, no se puede hacer una amnistía fiscal", enfatizó.

Una cuestión esta del fraude fiscal que se ha convertido en caballo de batallay que ha vuelto a la actualidad con la ocurrencia de Economía de dar residencia a los inversores que adquieran casas por más de 160.000 euros justo cuando se cumple un año de la victoria de Mariano Rajoy en las urnas. La iniciativa, anunciada por Jaime García-Legaz (secretario de Estado de Comercio) parece tener su paternidad en el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, y ha provocado cuanto menos gestos de desaprobación por parte de algunos compañeros de gabinete. Aunque posiblemente el que más ha actuado es el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha visto la oportunidad pintiparada para atacar a Guindos. Y lo ha hecho anunciando la constitución de una oficina contra "abusos fiscales" de multinacionales, lo que permite al ministro jiennense poner en escena la lucha contra el fraude fiscal en vez de facilitarlo, como parece facilitar la medida de Guindos. Es decir, un típico lavado de dinero que, desde luego, no parece ser una buena propaganda para la Marca España.   

Chispas renovables contra el Gobierno

La fricción dentro del sector eléctrico se acrecienta a medida que se acerca el fin de la tramitación parlamentaria del anteproyecto de ley de medidas fiscales en materia medioambiental y sostenibilidad energética, el próximo día 19 de noviembre. En todo el proceso no se ha movido una coma del aprobado por el Consejo de Ministros, pese a los intentos de las firmas de renovables, que recurrieron a varios grupos para presentar enmiendas que el rodillo del PP ha rechazado.

Las principales medidas incluidas en el anteproyecto son las siguientes: impuesto genérico a todo el sector sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, equivalente a un 6%, lo que según estimaciones del Ministerio de Industria supondrá una recaudación de 572 millones de euros para el régimen ordinario y 688 millones para el régimen especial (renovables); impuesto a la energía nuclear sobre el tratamiento de los residuos y su almacenamiento, por importe estimado de 396 millones; impuesto especial sobre el carbón (268 millones); impuesto verde sobre producción con gas (804 millones); impuesto verde sobre la producción con fuelóleo y gasóleo (38 millones), impuesto a la generación de energía hidráulica, por 22% del valor de la producción (304 millones) y derechos de emisión de CO2 (450 millones). A ello se suma el reconocimiento de que el Estado se hará cargo del pago de la deuda histórica derivada del déficit acumulado.

El sector de fotovoltaicas reaccionó tratando de introducir enmiendas basadas en varias consideraciones. El sector entendía que el esfuerzo que se exigía no era equivalente con el de los generadores convencionales y que la reforma perjudica notablemente los intereses de las energías renovables y particularmente de la fotovoltaica. Por eso, intentó que la situación se corrigiera en el trámite parlamentario.

En principio, las medidas parecen suficientes para solucionar definitivamente el déficit tarifario, lo cual mejorara la confianza en el sector y permitirá un crecimiento más sano a futuro. Asimismo, los generadores tradicionales sufren un impacto muy limitado pues, si no todo, una parte sustancial del coste derivado de estos impuestos será trasladado al precio de la energía eléctrica con que se compensarán los efectos.

Sin embargo, los generadores renovables no podrán trasladar dicho coste por tratarse de una tarifa fija la que perciben por su producción de energía. Consecuentemente, tendrá un impacto notable en sus cuentas de resultados. En el caso de la energía fotovoltaica, esta circunstancia es especialmente gravosa “ya que esta medida se une a las ya decretadas en el pasado y en concreto en 2010, que dieron lugar a la demanda de arbitraje internacional interpuesta por numerosos inversores internacionales”.

En aquel momento se impuso un cap a la producción de energía eléctrica con precio primado, de manera que los productores vieron mermados sus ingresos en cerca de un 30% durante 2011, 2012 y 2013. Luego bajará al 10%. Si ahora a esa medida se suma un impuesto adicional del 6%, supone que en 2013, los ingresos se verán reducidos un 36%, lo que tendrá dos efectos: la pérdida de rentabilidad y, en muchos casos, el incumplimiento de las obligaciones de devolución de la deuda que se contrajo para financiar las inversiones en 2013. Ese año se solapan ambas medidas, lo que podría suponer un grave problema para el sector fotovoltaico y también para el financiero. Por eso el sector ha pedido, a través de UPN, que se adelante el 10% a 2013, con lo que el pago sería del 16% y no del 36%. Si no, “muchas de esas empresas se verán abocadas al concurso de acreedores y los pequeños inversores a perder toda su inversión”.

Como muchos de los fondos de inversión eran estadounidenses el embajador de Estados Unidos, Alan Salomon, intervino ante el ministro de Industria, José Manuel Soria. Es de suponer que la reacción de esos inversores internacionales será extremadamente negativa, salvo que el Gobierno promueva el cambio de la regulación de 2010 que afectaba solo a las fotovoltaicas.

Las fuentes consultadas sospechan del poder del lobby eléctrico, remitiéndose a la actitud de la patronal Unesa, que ha dejado de presionar y a las palabras de Ignacio Sánchez Galán, quien recientemente afirmó que el actual Gobierno es el mejor de la democracia.

Efectos económicos de la secesión catalana

Mientras Artur Mas vende Cataluña en Rusia como una potencia exportadora y dice que “la soberanía hará más atractivo el país a los inversores”, se suceden los cálculos sobre los efectos económicos de la independencia, sobre los que se libra una particular batalla. Las elecciones del 25-N, alentadas por la multitudinaria manifestación independentista de la Diada (11-S), serán un plebiscito para el desarrollo posterior de una Cataluña independiente y se suma a los acontecimientos de índole política, económica y social que han elevado la tensión entre Cataluña y el resto de España.

Ante este escenario, los agentes económicos se han puesto a valorar los riesgos y oportunidades del hipotético suceso desde un punto de vista económico. Así, mientras algunos expertos valoran la desaparición de las transferencias fiscales y minusvaloran las consecuencias comerciales de la ruptura, otros reducen la relevancia del saldo fiscal y amplifican el efecto frontera en los flujos comerciales. En todo caso, más allá de esos dos efectos, hay que tener en cuenta las consecuencias sobre la inversión, los costes de la transición y el resultado de una hipotética situación de Cataluña fuera del espacio de la Unión Europea, entre otros que irán surgiendo, como el reparto de activos y pasivos con el resto de España.

En ese contexto se enmarca el estudio Efectos económicos de una secesión en Cataluña, elaborado por la firma Llorente & Cuenca en colaboración con el despacho Solchaga & Recio y Asociados (del exministro socialista Carlos Solchaga y el exconsejero de Andalucía, también socialista, José Recio). La nota, que se distribuirá esta semana, pretende evaluar los costes y beneficios de los tres posibles escenarios de secesión: la independencia podría desarrollarse tras un acuerdo, podría declararse de manera unilateral y podría llevar a Cataluña fuera de la UE.

En el caso de la secesión pactada, “sólo habría que considerar para analizar el resultado final el ahorro fiscal de Cataluña y los costes derivados del efecto frontera, que serían menores bajo las condiciones que llevarían a esa independencia acordada”. En este supuesto, añade, quizá el ahorro fiscal podría compensar el coste comercial y el despliegue de un nuevo Estado (aunque con notable riesgo de insostenibilidad fiscal a corto plazo), si bien para España los costes serían sustanciales.

En cuanto al ahorro fiscal al dejar de hacer transferencias al Estado, el Gobierno catalán calcula el coste en 16.409 millones transferidos en 2009 (8,5% del PIB regional); pero los expertos resaltan que es importante clarificar que de esa cifra hay que descontar 5.148 millones del coste de los servicios que el Estado presta en Cataluña y la pérdida de eficiencia en la provisión de servicios derivada de la reducción del tamaño de mercado, con lo que supondría el 4,2% del PIB regional y no el 8,5%.

El supuesto de una declaración de independencia unilateral podría conducir a Cataluña fuera de la UE o a un conflicto diplomático cuya alternativa podría pasar por una mediación de alguna institución europea, de modo que ambos territorios se mantuvieran en la Unión. En el primer escenario, el más probable a la vista de la regulación internacional, “Cataluña se vería abocada a una crisis extraordinaria que golpearía todo el tejido productivo del nuevo país con un efecto económico incuantificable”.

En el segundo, a las estimaciones sobre el ahorro fiscal, habría que sumarle los elevados costes de transición (guerras comerciales, reducción de la inversión, etcétera) y especialmente el resultado de un reparto de activos (patrimonio, Fondo de Reserva de la Seguridad Social, empresas públicas...) pasivo (deuda pública, pensiones...). La deuda pública del nuevo Estado, por encima del 120% del PIB, conllevaría una seria crisis fiscal a muy corto plazo.

En este caso, la mejora económica de Cataluña tras la independencia reside en la confianza de una mejor gestión con autogobierno pleno. Sin embargo, los autores reconocen que la valoración “está lejos de cualquier contrastación empírica y el comportamiento de las autoridades autonómicas tampoco predice un cambio revolucionario en el talento y la optimalidad del entorno institucional de una Cataluña independiente”. Para ellos la economía llega hasta donde puede y el debate sólo tiene solución política. “Y esta no es una ciencia, es arte”, concluyen. J