Los agentes sociales se citan para enero

La oferta de diálogo que los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios, Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CC OO), enviaron el miércoles a Mariano Rajoy, Juan Rosell y los partidos de la oposición recibió respuesta rápida del presidente de la patronal CEOE. El jueves descolgó el teléfono y habló con los líderes sindicales quedando emplazados a una reunión en la semana siguiente a Reyes, si no hay contratiempos. Las fiestas navideñas y algunos desplazamientos de los responsables han impedido que el encuentro sea antes.

Junto a la invitación al diálogo, los sindicatos remitieron al líder empresarial el documento de Propuestas sindicales para promover el crecimiento, el empleo y la cohesión social ante la crisis de la economía española, el mismo que han mandado al presidente del Gobierno. Tras la prevista reunión con Rosell, los sindicatos esperan que Rajoy tenga esta vez en cuenta su petición y convoque a los agentes sociales. No obstante, ni en el discurso de balance anual del viernes ni en la rueda de prensa mencionó ese asunto, por lo que no dejó ninguna esperanza.

Rosell aprovechará para, a su vez, entregar a los sindicales el documento que está elaborando la patronal sobre el estado actual de la situación económica. Es decir, podrán contrastar sus propuestas para hacer frente a la crisis y buscar puntos comunes. Aunque las diferencias entre patronal y sindicatos son evidentes, la rapidez de la respuesta de Rosell demuestra que existe voluntad de diálogo. Además, hay mensajes que, sobre todo en tiempos como estos, pueden compartir perfectamente como el llamamiento para potenciar una economía productiva, fortalecer la exportación, impulsar la inversión en tecnología, ganar en competitividad, reforzar el Estado de Bienestar, situar el empleo en el centro de las políticas, contar con un marco de relaciones laborales competitivo con calidad de vida de los trabajadores, tener un sistema fiscal más potente y más justo, un calendario de reducción del déficit compatible con la participación del sector público en la economía, vigorizar los mecanismos democráticos y recuperar el diálogo social.

Pero una cosa son las intenciones y otras las concreciones. Desde la patronal se ha criticado a los sindicatos porque “para ellos, la solución de todo es gastando más, mientras para ellos es gastando mejor”. Una presión conjunta, sin embargo, tendría un efecto multiplicador en las peticiones que ambas partes quieren poner en la mesa del Ejecutivo y que, por una razón u otra, no han sido atendidas como quisieran.

Precisamente en la carta a Rajoy, Toxo y Méndez subrayan que desde “los primeros síntomas” de la crisis presentaron alternativas “con la vocación de contribuir a amortiguar sus consecuencias”. Para los sindicatos, se han aplicado políticas centradas exclusivamente en el ajuste “que no han dado ningún resultado” y vaticinan más destrucción de empleo en 2013. La ausencia de diálogo fue la causa de las movilizaciones, aunque esperan que ahora “dada la gravedad de la situación actual, sean tenidas en cuenta sus propuestas para iniciar el diálogo y concertación que es lo que nuestro país necesita”.
Por eso, para los sindicatos resulta muy importante que la patronal haga un movimiento a favor del diálogo social tras los últimos acontecimientos que han ido en sentido contrario. “El depósito de energía social está con el piloto rojo desde hace tiempo y vamos a abordar un año sin reservas emocionales”, en palabras de un dirigente sindical.

Para el presidente de los empresarios, por su parte, no deja de ser una oportunidad clara de retomar la iniciativa y reforzar su liderazgo después de haber anunciado la modificación de los estatutos de la patronal, que han generado críticas desde algunos sectores de la organización, y haber mostrado una actitud calculadamente ambigua sobre los movimientos soberanistas de Cataluña.

Se da la circunstancia de que los últimos primeros de año suelen ser pródigos en impulsos al diálogo social. En enero de 2011 se firmó el acuerdo sobre pensiones y a principios de febrero de 2012, el de la Negociación Colectiva, ya con este Gobierno y antes de que aprobase la reforma laboral. Precisamente, los sindicatos achacan a la promulgación de esa reforma que no se haya avanzado ni respetado aquellos acuerdos. “Lo interesante es que la patronal pueda comprometerse tanto en la Negociación Colectiva como en la defensa del acuerdo de pensiones”, aseguran fuentes sindicales. La patronal cree, por su parte, que es momentos de abrirla de par en par y mirar cuál es la problemática, de buscar la forma de ganar competitividad. 

 

 

La revolución de Rosell

Desde que se conocieron las propuestas de Juan Rosell sobre los cambios de estatutos de la CEOE —él mismo difundió entre los miembros del comité ejecutivo y de la junta directiva la carta que envió el viernes de la semana pasada a Jesús Serafín Pérez Díaz, el vicepresidente encargado de realizar la modificación de los estatutos, con dichas propuestas de cambio—, el ambiente en el entorno de la patronal se ha crispado. Las buenas intenciones de Rosell de modernizar la patronal se han topado con rechazos desde algunas esferas porque hay medidas que no son del agrado de todo el mundo por una u otra razón.

Además, como la mayor parte de esas propuestas se conocieron por la citada carta y no hubo oportunidad de debatirlas ni en el comité ejecutivo ni en la junta directiva de dos días antes, las llamadas para felicitar las fiestas navideñas se han convertido en una oportunidad para evaluarlas. Incluso se ha ido más allá y se han establecido encuentros con participación de representantes de la organización que pueden fraguar en una posición común ante las próximas reuniones previstas para mitad de enero, cuando previsiblemente se podrán discutir las propuestas con detenimiento.

El ambiente hasta entonces no se presume precisamente amable. El interrogante es si alguien va escenificar el descontento y cómo lo va a poner en limpio; pero parece que, una vez puesto de manifiesto, quienes tengan aspiraciones a desempeñar un papel alternativo —si los hay— estarán calibrando cuál es el momento de emerger. Las fuentes consultadas afirman que en el comité y la junta de diciembre ya hubo varias intervenciones críticas contra las propuestas que se adelantaron entonces, sobre todo porque estaban condicionadas por el escándalo de la detención de Gerardo Díaz Ferrán, y pedían que se separaran de esa crisis.

La verdad es que el caso del anterior presidente ha actuado como una acelerante de los cambios que Rosell venía anunciando desde que le sustituyó y que ahora, según ha comentado a sus cercanos, quiere impulsar para realizarlos “sí o sí”. Según su entorno, está tranquilo ante esa amenaza de marejada, sobre todo porque los principales dirigentes le han arropado. Aunque reconocen que hay cierto malestar en temas de gobernanza, sostienen que las críticas vienen de sectores minoritarios que no quieren perder poder en sus patronales. “Lo que hizo Rosell fue poner sobre la mesa una serie de ideas para que se estudien de cara al cambio de estatutos, pero no ha dicho en ningún momento que va a imponerlas en los nuevos estatutos, sino que se propongan y se discutan”, dice un importante dirigente, que muestra su fidelidad al presidente, y añade: “Si queremos hacer una patronal dinámica y moderna, hay que hacer cosas así”.

Las propuestas del 12 de diciembre se referían a limitar a dos mandatos de cuatro años cada uno la presidencia, reducir el comité de 45 a 20 miembros, la posibilidad de presentar moción de censura a instancias del 25% de la asamblea (820 miembros) y la de destituir al presidente en caso de ser imputado. Las ideas que Rosell envió después a Pérez Díaz amplían los límites de mandato al comité y a la junta; pone como tope no haber cumplido 70 años para ser elegido; exige un mínimo del 25% (y a largo, del 50%) de mujeres en la junta (200 miembros); suspende la condición de vocal a representantes de empresas en concurso de acreedores; reduce las vicepresidencias a ocho (dos de ellas natas por ser presidente de CEPYME y de la organización de autónomos CEAT) y la posibilidad de elegir un vicepresidente primero, sea ejecutivo o no.

La intención de Rosell es que los cambios se produzcan aguas abajo en todas las patronales de la confederación “porque si no, esto no cambia nunca”. Esta es una de las facetas que ha generado más rechazo. “Si quiere cambiarlo en la gran patronal, que lo haga; pero que no lo imponga en el resto”, incide un directivo. También critican que la exigencia de no estar en concurso de acreedores criminaliza esa figura y que la posibilidad de que con un 25% de la junta se pueda hacer una moción de censura origina desestabilidad. Sobre el 25% de mujeres, aseguran que es imposible y ridículo proponerlo porque no las hay en cargos directivos del resto de patronales y sobre los 70 años advierten de que puede ir dirigida a algunos de los posibles aspirantes. J

La oportunidad de Argentina y Gas Natural (o viceversa)

El conflicto de Repsol con el Gobierno argentino acaba de vivir un capítulo más. Y no de los suaves. Chevron e YPF han firmado un acuerdo según el cual la firma estadounidense explotará el yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén argentina, desembolsando 1.000 millones de dólares a lo largo de 12 meses. El acuerdo le otorga a Chevron, que pone la pasta y la tecnología, el derecho de exclusividad ante un posible futuro acuerdo definitivo. El acuerdo demuestra que el gigante norteamericano ha hecho muy poco caso a la demanda judicial que Repsol puso en un tribunal de Nueva York recientemente por haber firmado un protocolo de intenciones a sabiendas de que había sido expropiada la empresa española por el Estado de Argentina y que Repsol ha reclamado ante la Corte de Arbitraje Internacional del Banco Mundial, Ciadi.

Además, se avecina otro episodio que tampoco es baladí. Se trata del contrato de suministro de gas en Argentina al que Gas Natural, que controla Gas BAN y que lo lleva ganando durante los últimos años, se presenta para su renovación. Esta circunstancia ha generado mucha polémica porque el vicepresidente de la gasista es Antonio Brufau, presidente de Repsol y persona non grata para el Gobierno de Cristina Fernández de Kichner desde que se expropió YPF a la firma española, y este se opuso en el consejo a la que se presentase a la licitación en las condiciones esgrimidas debido al conflicto que tiene Repsol por la expropiación. Los responsables de Gas Natural, con sus presidente y consejero delegado, Salvador Gabarró y Rafael Villaseca, a la cabeza decidieron seguir adelante alegando que la empresa no es una filial de Repsol, sino una participada. Eso sí con más del 30%. En realidad, tanto Gas Natural como Repsol son filiales de La Caixa, que es la traza las directrices de ambas y ha colocado a los presidentes.

Para Brufau habría sido un triunfo en toda regla que Gas Natural no se hubiera presentado al concurso de Argentina porque daba la razón a los argumentos que esgrime frente al Gobierno argentino. Por contra, este tiene la oportunidad de demostrar que el conflicto que mantiene con Repsol es exclusivamente con Repsol y no con el resto de empresas españolas, con las que, como es el caso de Gas Natural, ha tenido buenas relaciones, aunque tengan una ligazón tan cercana. En ese sentido, la adjudicación del contrato a la gasista española, si cumple los requisitos como  mejor oferta (como ha sido los últimos años), sería una señal considerable en ese lío y un mensaje incluso al Ejecutivo español. Lo contrario (es decir, considerar que Gas Natural va en el mismo barco que Respol) rompería muchas esperanzas de arreglo. De momento, no ha puesto impedimentos para que se presente al concruso, cosa que sía ha hecho con Gaz de France y British Gaz, entidades que tienen demandas interpuestas en el Ciadi contra Argentina. Y eso es una señal.

El decálogo de Zoido

"La crisis ha tenido consecuencias directas para los ahorradores, las familias han perdido casi un tercio de su riqueza desde 2006, el patrimonio neto de los hogares (activos menos deuda) ha pasado en este periodo de 991.883 millones de euros a 702.549 millones al cierre del primer trimestre". Son palabras del  presidente de Bolsas y Mercados Españoles (BME), Antonio Zoido, que presentó, en la comida tradicional de Navidad con los periodistas, el decálogo, también tradicional, sobre la situación de la Bolsa, en el que introdujo algunas recetas para hacer frente a dicha crisis.

Los efectos del descenso en las familias ha llegado a la Bolsa, como lo demuestra que en el quinto año consecutivo de crisis financiera las empresas españolas cotizadas han perdido en ese tiempo 400.000 millones de euros de valor bursátil. El riesgo España ha pesado sobremanera, pese a que muchas de las empresas cotizadas son líderes a nivel internacional. Hay un dato que conviene destacar: en una de cada cuatro cotizadas, la facturación en el exterior supera el 75% del total.

Según Zoido, las reformas emprendidas por el Gobierno, la reestructuración bancaria y la disposición del BCE a comprar deuda -reflejada en el último discurso de su presidente, Mario Draghi-, han conseguido "cierta estabilización". Ante eso, resulta "imprescindible" que se adopten medidas que impulsen el desapalancamiento, apuntó. "Tenemos la oportunidad única de cambiar la estructura de financiación de las empresas hacia un modelo con mayor base en los mercados, buscando un equilibrio con más capital y menos deuda", puntualizó antes de criticar las posiciones a corto."El tamaño de la Bolsa no cambia con respecto a un año antes, la capitalización total, a final de noviembre, era de 900.000 millones de euros, el volumen de operaciones ha descendido un 10% y el efectivo un 26%, en gran parte como consecuencia de la crisis, las dudas sobre el futuro de España y la prohibición a las posiciones cortas", reseñó. También tuvo alguna crítica directa al impuesto a las transacciones financieras (tasa Tobin), sobre las que el Gobierno español se ha mostrado partidario.

Pese a todo, los valores de Telefónica, Santander y BBVA han sido los más contratados y más líquidos del Euro Stoxx 50, lo que refleja que se los inversores internacionales se han quedado. es más, siguen siendo los principales propietarios de acciones de las cotizadas, con el 38% del valor, dos puntos por debajo del récord de 2009. Las familias, por su parte, copan el 24%, dos puntos más que el año pasado.

 

Según Zoido, la Bolsa española es la segunda de Europa en ampliaciones de capital, por detrás de Londres, habiendo canalizado 30.000 millones hasta noviembre. Además, las empresas han mantenido su política de remuneración, con un reparto de más de 25.000 millones de euros en dividendos hasta noviembre. El scrip dividend es la fórmula de pago que va creciendo, y ya llega a 8.200 millones del total citado. Zoido destacó también la evolución del nuevo sistema de contratación SIBE, que ha multiplicado por 10 la velocidad del anterior sistemea informático. 

Ya van nueve puntos. El décimo va de peticiones: "Las previsiones son difíficles, pero es necesario perseverar en el saneamiento y reequilibrio de la estructura financiera de las empresas españolas; en especial, la financiación a empresas de menor tamaño requiere innovaciones y cambios de diverso tipo que demandan el compromiso y la intervención pública y privada. Y en ese proceso los mercados han de jugar un papel relevante". 

 

 

Rosell quiere al menos el 25% de mujeres en la junta de CEOE

El presidente de CEOE, Juan Rosell, envió el viernes una carta a Jesús Serafín, vicepresidente y responsable de cambiar los estatutos, en la que recoge sus propuestas sobre la gobernanza de la presidencia de la patronal y “reflexiones sobre otros aspectos relacionados con el funcionamiento de los órganos de gobierno”. Asimismo, le emplaza para que en “enero o febrero” presente las propuestas definitivas a la junta directiva.

El caso de Díaz Ferrán está latente. La junta directiva aprobó el pasado miércoles limitar la presidencia a dos mandatos de cuatro años cada uno, la posibilidad de interponer moción de censura contra el presidente a instancia del 25% de la asamblea con voto secreto, la de destituir por votación al presidente si es imputado y que si el presidente tiene retribución esta sea aprobada en junta y publicarse en el informe de auditoría. 

A esas propuestas, Rosell añade las siguientes propuestas: un mínimo del 25% de mujeres en la junta directiva para llegar al 50% a corto plazo (ahora solo hay 10 de 220 miembros); límite de dos mandatos de cuatro años para los miembros de la junta y del comité ejecutivo; no haber cumplido 70 años al ser elegido; suspender temporalmente a vocales cuyas empresas estén en concurso de acreedores o similares; reducir las nueve vicepresidencias a ocho, dos de ellas natas (Cepyme y CEAT, patronales de pyme y de autónomos) y con posibilidad de nombrar un vicepresidente primero, sea ejecutivo o no; reducir el comité ejecutivo a 20 miembros más cinco de elección directa del presidente (ahora son 45); organizar las vocalías de la Asamblea General (800 miembros) en grupos de 10 que tengan un representante en la junta; reuniones del consejo de presidentes de sectoriales y territoriales cuatro veces al año.

Se supone que Jesús Serafín, que es un hombre bien mandado aunque con criterio propio bastante acusado, recogerá las peticiones del patrón para incorporarlas a los nuevos estatutos. Rosell también mandó la carta a los vocales del comité ejecutivo y de la junta directiva "por si tienen que hacer alguna aportación" y "para que el proceso de refromas sea lo más abierto y paerticipativo posible". 

La semana grande de Pepe Hidalgo

Juan José Hidalgo, el inefable fundador y presidente del grupo Globalia que empezó en esto de ser empresario llevando trabajadores en un taxi desde Salamanca a Suiza, acaba de tener su semana grande. A sus 72 años y en menos de tres días se le han acumulado varios acontecimientos positivos. Recibió primero la noticia de que Iberia (Globalia es un grupo turístico que participa en el sector aéreo a través de Air Europa) quiere cerrar varias líneas en las que él puede hacerse fuerte, sobre todo en Cuba y Santo Domingo. Luego, en un golpe de mano en pleno puente de la Constitución con todos los ingredientes de sorpresa y nocturnidad incorporados, compró Orizonia, cuando había trascendido que este grupo en dificultades se lo quedaba Barceló.

Hidalgo no podía permitir que prosperase esta operación porque le dejaba atrasado en el sector de viajes y hoteles. Al contrario, la unión le convierte en tercer grupo europeo. Pocos sabían que Globalia llevaba dos semanas negociando en secreto con los responsables de Orizonia (participada por varios fondos de inversión). Pero, además, tenía ganas de resarcirse y saldar una afrenta. No hace mucho tiempo Orizonia había tratado de comprar Globalia, después de quedarse con el que se consideraba brazo derecho de Hidalgo, José Duato, con el que ahora se reencuentra Hidalgo. Orizonia, quizá avizando problemas en el cambio generacional de Globalia (los tres hijos de Hidalgo están en el consejo de la empresa), llegó a ofrecer 1.000 millones de euros que el empresario salmantino rechazó categóricamente. Ahora él la compra por 60 y la asunción de 140 de deuda.

Ahora le toca vengarse. Pero, además (y eso se puede leer como otra venganza sobrevenida), Hidalgo ha adquirido un pleito contra Gerardo Díaz Ferrán, su enemigo público número uno desde hace tiempo, que junto a su socio, Gonzalo Pascual, le negó el pan y la sal y le ninguneó siempre que pudo utilizando el poder desde los puestos de mando en la patronal turística, así como en CEIM y CEOE. Orizonia fue una de las cuatro entidades (las otras son AC, Meliá y Pullmantur) que interpuso la demanda contra los propietarios de Marsans por impago de 45 millones que ahora ha llevado a la cárcel a Díaz Ferrán. Se da la circunstancia de que Hidalgo, al que Marsans le debía dos millones, no se sumó a la aquella demanda conjunta pese a dicha manifiesta rivalidad.

Dice gente cercana que no quiso hacer leña del árbol caído; pero lo cierto es que ahora tiene la ocasión moral de saldar una deuda con su viejo enemigo que le consideraba como un advenedizo y nunca le permitió entrar en la élite empresarial de la capital. Hidalgo se replegó, pero como le resulta difícil estar callado, no dejó de lanzar críticas por los favores que sus rivales recibían de la Administración —como la venta de Aerolíneas Argentinas—, llegando incluso a aventurar problemas futuros. Se cumplieron como una maldición y Pepe Aviones —apelativo que recibe en el entorno sectorial— saboreó su primer desquite cuando Díaz Ferrán tuvo que salir pitando de la patronal.

La incontinencia verbal también le acarreó problemas con Iberia, a la que atribuyó favores por recibir la nueva terminal de Barajas (T4). Hidalgo no tuvo muy en cuenta que era la compañía que más aviones y pasajeros movía y siguió reclamando cada vez que podía un trato similar. Ahora, con la decisión de la antigua compañía de bandera nacional de cerrar frecuencias (Hidalgo también ha tenido que hacer ajustes en su aerolínea), ha vuelto a insistir en la T4 y ha anunciado que pretende beneficiarse de las rutas que dejará su rival, sobre todo las de Cuba y Santo Domingo, lugar donde tiene montada una especie de segunda sede y pasa largas temporadas.

El futuro de Iberia en entredicho

Cuando Iberia y British Airways alcanzaron un acuerdo de fusión en 2008 se hicieron grandes elogios a las negociaciones llevadas a cabo por los responsables de Iberia (entocnes presidida por Fernando Conte), al lograr que la sede social del grupo fusionado, International Airline Group (AIG), se mantuviera en Madrid y que el propio Conte siguiera de presidente (le sustiuyó Antonio Vázquez en junio de 2009). Sin embargo, no todo eran parabienes. En realidad, según la mayor parte de los expertos y de los que no veçian con buenos ojos la operación, lo importante es que la sede operativa se quedaba en Londres y que el consejero delegado, Willie Wash, se quedaba con el poder ejecutivo. Para estos el futuro de Iberia quedaba en entredicho y se hicieron apuestas sobre los años que tardaría en producirse su desaparición.

Algo de esto es posible que se hayan planteado los sindicatos cuando han decidido desconvocar la huelga que habían programado para cinco días de esta Navidad contra el plan de reducción de plantilla (4.500 personas) y reducción de vuelos. Aunque hay que aplaudir el ejercicio de responsabilidad que han tenido los diversos colectivos que forman la compañía con los ciudadanos, la amenaza sigue para después de las fiestas. En el fondo, los trabajadores saben que sobre ellos pende la espada que maneja desde la capital británica el impacable Wash, que ya ha advirtió de que poco servirían las protestas en España para el futuro de Iberia. La reestructuración seguirá pese a quien pese y proteste quien proteste. 

El asunto ha salpicado al Gobierno de Mariano Rajoy, que ya ha empezado a cuestionar la viabilidad de AIG y ha plantearse una posible disolución del acuerdo de fusión. En el Ejecutivo hay partidarios para todos los gustos. Desde los que piensan que para mantener Iberia como una compañía española lo mejor es romper la fusión, hasta los que creen que el futuro de las antiguas compañías aéreas de bandera es agruparse como se hizo en su día y que, en un mundo globalizado, no hay por qué desandar el camino andado. Pero otra cosa es que, en el camino, Iberia deje der tener personalidad y eso no lo ven bien. De hecho, la supresión de algunas fecuencias ha levantado mucho polvareda en el entorno de la Administración.

No hay que olvidar, en ese sentido, que una de las cláusulas del acuerdo es que el 50,1% del capital de Iberia debe estar en manos de accionistas españoles hasta enero de 2016. Es decir, a partir de entonces puede sufrir variaciones hacia abajo. Antes no, a no ser que se decidan cosas de mayor alcance si triunfan las teorías nacionalistas. Mientras tanto, el principal accionista, Bankia, que tiene el 13% del grupo IAG ha decidido desprenderse de esa participación para sanear sus cuentas, lo que puede hacer perder uno de los socios de referencia sorbe todo si, como se presume, se reparte entre diversos compradores.

 

La última ofensiva de Repsol

El grupo Repsol ha encadenado en dos días una nueva ofensiva contra la expropiación de YPF. Primero, el lunes, hizo efectiva la denuncia contra Argentina ante la Corte Arbitral Internacional (CIADI) —organismo dependiente del Banco Mundial— con la que venía amenazando desde que se produjo el hecho. Después, el martes, presentó ante un tribunal federal de Estados Unidos en Nueva York una demanda contra Chevron por el acuerdo que cerró con YPF y que, a su juicio, vulnera la legalidad porque lo hizo con conocimiento de que el Estado argentino es un representante ilegítimo.

La empresa española, que trata de echar atrás el Memorandum of Understanding (MOU) firmado por el gigante estadounidense e YPF, solicitó al tribunal la anulación del acuerdo y una compensación económica no precisada por los daños que sufra debido a la actuación de Chevron, dispuesta a hacerse con una parte de los activos de YPF. La demanda ha recaído en el juez Thomas Griesa, en cuyo juzgado recayó también en mayo la demanda civil colectiva de Repsol contra el Estado argentino por la expropiación del 51% de YPF. Repsol presentó otra demanda contra Chevron en España en noviembre por competencia desleal al utilizar activos de Repsol para competir con ella.

El acuerdo, firmado en septiembre, contempla “explorar oportunidades de desarrollo de hidrocarburos no convencionales” en el área de Vaca Muerta, en la provincia argentina de Neuquén. Según Chevron, la demanda de Repsol no tiene base jurídica ni contra la matriz ni contra Chevron Argentina.
La petrolera que preside Antonio Brufau, sin embargo, piensa lo contrario y está dispuesta a mantener la llama viva todo el tiempo que haga falta y ejercer las acciones que sean necesarias para luchar contra la expropiación. En ese sentido, también tiene abiertos frentes en Argentina, donde ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad, y en la propia EE UU, donde presentó otra por vulneración de la normativa del regulador bursátil de ese país. Y realizará nuevas acciones si es preciso.

Aunque la actitud mostrada hasta ahora augura pocos visos de entendimiento, en fuentes del entorno de la petrolera se tiene cierta esperanza de que el Gobierno de Cristina Fernández de Kichner inicie un acercamiento. Cuenta a su favor con los aprietos que está atravesando la entidad, cuya reputación ha sufrido una caída considerable, según el ranking de prestigio de RepTrak Pulse Argentina 2012, perdiendo 11,2 puntos y pasando de 63,9 (reputación media/moderada) a 52,7 (reputación débil/vulnerable) y el incierto futuro del acuerdo con Chevron, pese a que esta asegura que mantiene el compromiso para contribuir a que Argentina logre su objetivo de volver a la autosuficiencia energética.

Mientras descarga las baterías en los tribunales y se juega el prestigio internacional, Brufau prepara el último consejo de administración del año, que se celebrará previsiblemente el 19 de diciembre. Esta reunión supondrá la oportunidad de hacer un repaso al año, que no ha sido precisamente el mejor para la entidad y para su presidente, a quien el asunto de Argentina puso en entredicho después de haber salido victorioso del enfrentamiento que tuvo en el seno de la compañía con el que el presidente de Sacyr (entonces su principal accionista) y vicepresidente de la petrolera, Luis del Rivero.

Al final, Del Rivero se vio obligado a abandonar Sacyr y sus responsables firmaron la paz, además de reducir el capital, lo que permitió que La Caixa, con Isidro Fainé al frente, volviera tomar preponderancia. Del Rivero, que desde entonces sigue con sus negocios, reapareció en la pelea comprando un paquete de acciones de YPF y acudiendo a su junta de esta empresa, lo que se entendió como un intento de venganza.

Por otra parte, para el consejo es muy posible que hayan avanzado las negociaciones de venta de la división de gas natural licuado (GNL), que forma parte de su plan estratégico. La venta, por unos 3.000 millones de euros, incluye los activos en Canadá, Perú y Trinidad y Tobago.

Al margen, nada se ha sabido sobre una respuesta a la carta enviada por Mariano Rajoy, al rey Abdullah bin Abdulaziz al Saud en la que le decía que considerase la entrada en el sector energético español y, más en concreto, en las empresas Repsol y Gas Natural Fenosa, ambas participadas por La Caixa, y proponía a Fainé como interlocutor. 

Las recetas del profesor Terceiro

Conviene leer completo el discurso del profesor Jaime Terceiro al recoger el Premio de Economía Rey Juan Carlos -la versión que aparece en la página web del Banco de España y no la que leyó el premiado, que tuvo que ajustarse a la media hora que le dio la organización- ante un auditorio en el que había un ministro (Alberto Ruiz-Gallardón), varios exministros, exaltos cargos y muchos que pudieron haber sido ministros y altos cargos. Terceiro, ingeniero aeronáutico y economista con doctorado en ambas materias, cumplió las expectativas que había generado al recibir un premio que cumple su décimocuarta edición y que han recibido personas como Luis Ángel Rojo, Julio Segura, Enrique Fuentes Quintana o Andreu Mas-Collet. Estructuró el discurso en tres partes: una primera para hablar de él, lo que explica el premio; una segunda, en la que abordó temas de actualidad sangrante como la educación y la sanidad, y una tercera para hablar de las cajas, una cuestión que le preocupa desde que fue presidente de Caja Madrid y donde el PP no le dejó seguir arreglando cuando le retiró de la presidencia en 1996.

Empezando por este último punto, Terceiro escribió en los años en que era presidente sobre la necesidad de reformar el sector y de reducir el poder político, algo que se ha hecho con 15 años de retraso, al menos. No era el único que pensaba así, pero muchos de ellos no querían enfrentarse a los poderes públicos. Terceiro lo dejó claro: cuando se redujeron los representantes políticos en los consejos de las cajas se aumentaron los impositores, lo que en definitiva venía a ser lo mismo, por quién les mandaba, salvo excepciones.

Luego dejó varias sentencias para titular: "El sector de cajas de ahorros ha vivido de espaldas a la disciplina que impone el mercado y la transparencia que exige el comportamiento de sus gestores; "el mal gobierno corporativo, que la indefinición jurídica y de derechos de propiedad generaron, hizo posible que pésimos gestores permanecieran en algunas cajas durante demasiado tiempo, con el resultado que todos conocemos"; "aunque algunas actuaciones de determinados gestores y consejeros de cajas hayan podido estar de acuerdo a derecho, es claro que no se han comportado con arreglo a los principios éticos más elementales"... Y remató, remedando a Borges, para referirse a los necesarios cambios en la Unión Europea y la unidad de mercado: "No sería mala idea que hombres de diversas estirpes, que profesan diversas religiones y hablan en diversos idiomas, tomaran la extraña solución de ser razonables, que resuelvan olvidar sus diferencias y acentúen sus afinidades".

En el otro punto, Terceiro se metió con la sanidad y la educación. Sería extenso, incluso, un resumen de su conferencia, por lo que conviene acudir al discurso entero. No obstante, algunas reflexiones son interesantes. "Son los gobiernos los principales proveedores de infraestructuras sociales, pero, paradójicamente, también son con demasiada frecuencia quienes más las deterioran y, por consiguiente, propician ineficiencias y falta de equidad". Eso para empezar.

"Es incuestionable que, por ejemplo, ni la educación ni la sanidad, como elementos
básicos de nuestro estado de bienestar, han sido la causa inmediata de la crisis económica
y financiera que estamos padeciendo. En todo caso, esto no debe demorar su
urgente y necesaria reforma para mejorar su eficiencia y, sobre todo, para hacerlo sostenible
en el tiempo". Pero para él, "es un riesgo deteriorar sistemas tan básicos para la
igualdad de oportunidades como son la educación y la sanidad, y no somos conscientes
de que lo estamos haciendo, bien por no disponer de la información e indicadores necesarios
para su análisis y su debate público, bien por interpretar incorrectamente dicha
información". Como, a su juicio, todo es cosa de consolidación fiscal, "la crisis no puede justificar, por sí sola, que se privaticen o desempeñen privadamente algunos servicios o se hagan públicos algunos otros".

Mas y lo que quieren los empresarios

No fueron los resultados del domingo los mejores que podía esperar el empresariado catalán. Las distintas combinaciones para formar Gobierno que tiene Artur Mas no ofrecen ningún augurio alentador. Sobre todo si prospera un pacto de coalición con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el socio que ellos no quieren ver ni en pintura en un Ejecutivo porque, para la mayoría, va contra sus intereses.

Los empresarios, en ese sentido, no han dejado de enviar mensajes a Mas sobre sus preferencias. Han tenido, incluso, oportunidad de transmitirle sus impresiones en encuentros discretos que se han celebrado esta semana. Mas, consciente de esa preocupación empresarial, se ha preocupado a su vez de conocer de primera mano sus posturas sin dejar por eso de alentar un pacto soberanista con ERC. Ha hablado, o tiene previsto hablar, con algunos empresarios y ejecutivos de los más significativos, caso de Isidro Fainé (La Caixa) o Josep Oliú (Sabadell), así como con las patronales, encabezada por Fomento del Trabajo, que preside Joaquim Gay de Montellà, con la que se vio el miércoles. El anterior presidente de la patronal catalana, Juan Rosell, actual presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), también ha estado muy activo sobre la situación.

También ha hablado con Salvador Alemany, presidente de Abertis, controlada por La Caixa, aunque en su calidad de presidente del Consejo Asesor Económico del presidente de la Generalitat. De ese consejo forman parte empresarios, profesores de universidad y expolíticos, como Luis Rullán (del entorno de La Caixa), Javier Torrá (Grupo Simón), Guillermo López Casanovas (consejero del Banco de España), Jordi Gual (jefe del Servicio de Estudios de La Caixa), Xavier Vives (IESE) o Joan Majó (exministro de Industria con el PSOE). Para completar las rondas, Mas tenía previsto entrevistarse con los secretarios generales de los sindicatos UGT y CC OO, Josep Maria Álvarez y Juan Carlos Gallego.

Mientras la gran empresa mantuvo un silencio crítico —salvo algún caso— con las posiciones soberanistas en la campaña, Mas recibió el apoyo de representantes de la pequeña y mediana empresa. Dirigentes como Miquel Valls, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona; Josep González, de la patronal Pimec, y Antoni Abad, de la patronal comarcal Cecot.

No obstante, aunque algunos pequeños empresarios (y algunos no tan pequeños) estarían confortables con una idea nacionalista, la mayor parte del empresariado cree que un pacto estable con ERC no sería acertado. “Todos saben, y también ERC, que hay condicionantes macroeconómicos que vienen predeterminados y que no son atribuibles a Madrid”, sostiene un empresario.

Al colectivo empresarial le gustaría un pacto con el PSC, aunque después del escándalo del Ayuntamiento de Sabadell y la imputación del número dos del partido, Daniel Fernández —considerado el hombre de Rubalcaba en Cataluña—, se ha torcido bastante. Algunos empresarios optan, no obstante, por esa posibilidad de acuerdo con Rubalcaba y, si no sale, prefieren que CiU gobierne en minoría.

CiU intentaría atraer, si le es posible, al PSC sobre la base de acuerdos puntuales, aunque, al parecer, sin renunciar a seguir adelante con el tema del “derecho a decidir”. Se estaría imponiendo una línea pragmática que pasa por asegurar una gobernabilidad estable que permitiera cumplir con los criterios macroeconómicos y un acceso continuado al Fondo de Liquidez Autonómica, que muchos consideran muy conveniente para calmar los arrebatos soberanistas.

En cuanto a la posibilidad del PP, se considera imposible después del alejamiento con el Gobierno de Mariano Rajoy y las descalificaciones durante la campaña. Los empresarios catalanes son muy críticos con “la actitud mostrada por Madrid”, es decir, por el Gobierno.

En esas circunstancias (parece posible si ERC vota la investidura) la vara de medir sería la aprobación de los Presupuestos y si estos cumplen con los requerimientos. Entonces los empresarios no mostrarían una vis muy crítica. Al final, su prioridad está en intentar consolidar escenarios de salida de la crisis.
Además de abordar las reformas necesarias, los empresarios también consideran que sería conveniente una gran cumbre con presencia de empresarios, sindicatos y políticos.