Tres meses infructuosos

Era de prever. El consejo de IAG -holding que agrupa a Iberia y British Airways- llega a la reunión de este viernes (extraordinaria, para continuar la no cerrada el jueves de la semana pasada) sin que la dirección de la compañía española y los sindicatos hayan logrado alcanzar ningún acuerdo sobre el plan de ajuste (o reflotamiento, en los términos que prefiere llamarlo la empresa). La última oferta empresarial ha sido rechazada por los sindicatos y si no cambian las cosas en las horas que quedan antes del consejo, este tendrá que decidir si sigue adelante. Parece firme pese a la amenaza de tormenta en el horizonte y con pinta de descargar en breve.

La propuesta ha reducido un 30% el número de despidos, de 4.500 a 3.147 personas, sobre la inicial del pasado noviembre (es decir, un 16% de la plantilla en lugar del 23%), con posibilidades de acogerse al ERE que ya tiene en marcha la empresa. La reducción salarial también será menor (entre el 11% para los trabajadores de tierra y el 23% para pilotos y tripulantes de cabinas frente al 25% y 35%) y el recorte de la capacidad de transporte de viajeros será este año del 10% y no del 15%. Pero a los sindicatos (los de tierra y cabinas iban juntos y el Sepla de pilotos por separado) no les convence. Pese a la mejora, los objetivos de rentabilidad siguen siendo los mismos y, según ellos, no se garantiza el futuro de la antigua compañía de bandera española en beneficio de British. 

A la expectativa está la ministra de Fomento, Ana Pastor, a quien los responsables de la empresa han recordado que Iberia es privada. La ministra justifica su intromisión en la preocupación que le concierne como ministerio regulador del sector aéreo y por la circunstancia, nada baladí, de la alta importancia de Iberia en la entrada de turistas al país (y por tanto su impacto en el PIB), sobre todo a través del hub de la T4 de Barajas. Pastor, que al menos logró que empresa y sindicatos alcanzaran una tregua y aparcaran la huelga prevista para Navidad con todo lo negativo que habría tenido para usuarios y la maltrecha economía del país, además ha recordado al grupo que se deben cumplirse las clausulas de fusión que hablan de equilibrio entre las dos empresas y que cualquier medida de Iberia no sea para perder tamaño y beneficiar a British. Algo que Antonio Vázquez, presidente del grupo con quien ha estado en continuo contacto, le ha asegurado que no habrá desequilibrios.

También ha hecho hincapié, la ministra, en no perder fuerza en Latinoamérica, donde Iberia es preponderante y no le gustó nada que entre las rutas cerradas apareciera Cuba y Santo Domingo. Pero no parece que la hayan hecho mucho caso. Han sido, para todos, tres meses infructuosos.

 

 

Iberia-Pastor, una relación escabrosa

El consejo de administración de IAG (el grupo que integra las compañías aéreas Iberia y British Airways) no terminó su reunión mensual del jueves después de toda una mañana de discusión. Continuará el viernes, 1 de febrero. En esa fecha habrá terminado el plazo concedido inicialmente para cerrar las negociaciones con los sindicatos de Iberia sobre la reestructuración de la empresa, punto principal (y casi único) del orden del día. Es previsible, sin embargo, que todavía sigan las espadas en alto varias semanas más, sobre todo con los pilotos, que es —siempre lo ha sido— el colectivo más conflictivo y duro de pelar. La compañía había previsto esa posibilidad y anunció que el plazo es flexible, aunque a parte del directorio no le gustara.

Esta es la fotografía fija. Pero en torno a ella se contempla un paisaje lleno de obstáculos e incidencias, motivo posiblemente por el que se extendió tanto la reunión y no se terminó. El ajuste de Iberia, que la compañía llama “plan de transformación”, ha tomado una deriva nacionalista escabrosa en la que lo que parece primar es una guerra de españoles contra británicos y a la que se ha apuntado el propio Gobierno, posiblemente más por motivos emocionales que reflexivos.

Desde que se conocieron los detalles del plan, en el cual se anunciaba el cierre de varias rutas tradicionales (como la de La Habana y Santo Domingo) y el recorte de 4.500 empleos (luego se reduciría a algo más de 3.800), se cuestionó la alianza con British Airways (BA) llegándose a plantear deshacerla y a decir que el ajuste de Iberia beneficiaba el plan de pensiones de la aerolínea británica. También se ha insinuado que existen “cláusulas secretas” que se guarda en la manga el mandamás de British y consejero delegado de IAG, Willie Walsh. Algo que la empresa niega.

El respaldo del Gobierno dio más pábulo. Tanto la ministra de Fomento, Ana Pastor, como el titular de Industria, José Manuel Soria, señalaron la inconveniencia de alguna decisiones. Quizá lo que más atormentó a la ministra fue que la empresa que preside Antonio Vázquez no le informase de la existencia del plan antes que a los inversores y la prensa. Sin embargo, su compañera, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, sí tenía datos, según fuentes de la empresa. Tampoco encajó de buena gana algunas declaraciones de Walsh sobre el plan en las que decía que hacía tiempo que no consultaba “a su madre”, que consideró para ella cuando en realidad se refiría a los sindicatos.

Ante el aumento del tono y la injerencia del Gobierno, el presidente de Iberia (también lo es de IAG) y el consejero delegado, Rafael Sánchez Lozano, decidieron salir al paso. No en tromba, porque no es su estilo; pero Vázquez ha mantenido continuos contactos con la ministra Pastor, a la que le ha rebatido las tesis manejadas por los sindicatos y, sobre todo, le ha subrayado la condición de empresa privada que tiene Iberia desde hace 12 años, lo que hace incongruente su intromisión. En el entorno de Iberia se ha encajado muy mal, además, que la ministra aplique distinto rasero. La última vez fue el jueves en un foro organizado por el diario Abc y justamente cuando el consejo de IAG estaba reunido. Pastor justificó los ajustes en empresas públicas como Aena, Renfe o Paradores mientras da indicaciones a Iberia.

Iberia, redundando en la polémica, ha recordado también que no recibe subvenciones como le ocurre al automóvil (por ejemplo) y que, además, se han incrementado las tasas aeroportuarias. Por otra parte, para la empresa, romper la fusión “no solo no es posible, sino que tampoco deseable”. “Con las pérdidas que arrastra [pierde un millón al día] y su falta de atractivo para el mercado, desaparecería o sería adquirida por cualquier fondo de inversión que la trocearía, vendería lo rentable y cerraría lo demás”, incide.

En cuanto a los fondos de pensiones de BA, afirma que “es absurdo decir que Iberia los paga”. Según la empresa, “los acuerdos de fusión determinan que no será financiado ni por Iberia ni por BA” y, además, la compañía británica “provisiona cada año el coste”.

Iberia explica que lo llama "plan de transformación" porque incluye medidas que suponen cambios estructurales en la empresa para captar más ingresos y el papel de Iberia como nexo de unión entre España, Europa y Latinoamérica. En ese sentido, prevé volar a 90 destinos de 37 países con aumento de ofertas en algunos de ellos, como Brasil, Chile, Miami o Centroamérica; incorporar ocho Airbus A330 a la flota (el primero este mes de febrero) y mejorar las cabinas de viajeros, la facturación, la puntualidad y las salas VIP. También rebaten que hayan disminuido los ingresos y aumentado los de BA.

Sobre los resultados, entre 1996 y 2010 BA ganó 6.800 millones de euros, mientras Iberia cerca de 1.500, aunque los dos ejercicios precedentes a la fusión (2009 y 2010) la compañía británica sí perdió, mientras Iberia lo hizo los tres anteriores. La compañía española atribuye las pérdidas a la falta de competitividad con unos competidores con salarios menores y productividad mayor, además del aumento del precio del combustible en medio de una severa crisis económica. En realidad, lo que sostienen es que BA hizo los deberes a tiempo y doblaba el tamaño de Iberia.

Javier de la Rosa junto a las Torres KIO

Ver a Javier de la Rosa salir de los juzgados de la plaza de Castilla, con las Torres KIO al fondo, hace recordar aquellos tiempos en los que este hombre hacía y deshacía prácticamente lo que se le antojaba con el dinero del fondo estatal kuwaití (Kuwait Investment Office) que dio nombre a los dos rascacielos inclinados. Entre otras cosas, dichas torres, cuya construcción no estuvo exenta de polémica.

Ahora el financiero catalán -como le encantaba que le llamaran, quizá porque así redimía el fracaso que tuvo cuando trabajó para Banesto en aquel proyecto que se llamó Tierras de Amería- tiene el pelo cano, aunque sigue con su melenita, y está más demacrado. Ha pasado varios años en prisión por varias de aquellas actuaciones que resultaron delictivas y ya no maneja las cantidades ajenas con las que a finales de los ochenta y principios de los noventa dio unos cuantos meneos a la bolsa española y enriqueció a unos cuantos, empezando por él. Tampoco frecuenta Madrid, como en aquellos tiempos en los que tenía una suite en el Hotel Villamagna desde donde controlaba las ramificaciones de los negocios y domesticaba voluntades.

Ahora Javier de la Rosa ha visitado Madrid para declarar sobre la denuncia que había hecho en noviembre ante la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía en la que aseguró que había recibido amenazas por disponer información sobre las supuestas cuentas del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en el extranjero. Negó todo lo adelantado (es decir, que recibió amenazas, que tenía información y que estuviera presente cuando se abrieron dichas cuentas) y lo único que admitió, según escupen los teletipos, es que en 1991 presentó a Pujol al dueño de la Banca Lombard. Él sabrá si con alguna intención.

Cabe pensar que De la Rosa ha tenido tiempo suficiente para aclarar su memoria y rectificar. Nunca se sabe. Y fue entonces, en torno a 1991 precisamente -cuando estaba en su esplendor y era uno de los representantes más sobresalientes de la cultura del pelotazo, en la que, además de De la Rosa, destacaban personajes como Mario Conde, los Albertos o Manuel de la Concha- cuando, con el respaldo de Pujol, entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, llevó a cabo el proyecto Grand Tibidabo, que también ha estado presente en el asunto que le ha hecho viajar a Madrid. ¿Quién no recuerda aquellas fotos juntos en la inauguración del parque Port Aventura en Salou? 

La ley de la compensación

En la búsqueda de fórmulas para aligerar cargas y enfrentarse a la crisis, la patronal CEOE ha propuesto al Gobierno un cambio normativo que permita a empresas y empresarios compensar sus deudas tributarias y con la Seguridad Social (SS) con las certificaciones y facturas que, a su vez, les sean debidas por las Administraciones públicas. La medida, para ser efectiva, debería permitir compensar cualquier deuda desde cualquier Administración.

La forma de extinción que plantea permitiría que una entidad autónoma o local que haya contraído deudas con un empresario o profesional que, a su vez, debe satisfacer un tributo estatal o cotizaciones de SS pueda acogerse a la compensación, puesto que la cantidad compensada contra el Tesoro Público será recuperada por este mediante la reducción de las transferencias que la Administración central debe realizar a las entidades autonómicas y locales.

La propuesta, que ha sido enviada por Juan Rosell al Gobierno en un documento de 11 páginas, se basa en “el significativo incremento” experimentado en la presión fiscal, que ha agravado, a juicio de la patronal, los problemas de liquidez que ya arrastraban las empresas, y, por otra parte, en que las Administraciones han acumulado importantes deudas con las empresas. Estas deudas se volvieron a incrementar, además, con el establecimiento del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, por un lado, y con las medidas de liquidez de las Administraciones, por otro.

Según el documento, probablemente uno de los últimos —si no el último— en los que intervino Alberto Nadal antes de dejar su cargo de vicesecretario general de la CEOE para pasar a secretario de Estado de Energía, “se hace necesario instaurar un sistema que permita la reducción de la deuda acumulada y mejore la liquidez de las empresas garantizando en muchos casos su viabilidad y evite la financiación irregular de las Administraciones públicas a costa de las empresas”.

Las cantidades a transferir se cifran en un total de 40.557 millones de euros para 2013, de los que el 60,2% estará destinado a las comunidades autónomas, y el 39,8% restante, a las administraciones locales, siendo un porcentaje significativo de los ingresos de ambos (entre el 60% y el 70%), por lo que su importe hace que resulte perfectamente posible acudir a esta vía como método de compensación entre Administraciones.

En relación con las deudas tributarias, la compensación ya está contemplada en la Ley General Tributaria (LGT), por lo que la patronal considera que “es totalmente posible”. En cuanto a las deudas con la SS, “son susceptibles de extinción total por compensación, aunque solo contra las prestaciones abonadas en virtud de la colaboración obligatoria con la SS”, según la normativa.

“Por tanto”, según el documento, “para que el mecanismo de compensación sea posible, sería necesario ampliar el régimen actual sobre la compensación de deudas por cuotas, eliminando la dualidad existente y acercando el régimen al contenido en la LGT”. Para la patronal, “no tiene sentido e introduce complejidades innecesarias que el régimen de compensación sea distinto en ambas normativas, ya que los intereses protegidos son equivalentes”. Por eso proponen que la SS adopte la regulación contenida en la LGT, “más flexible y adaptada a las circunstancias actuales”.

En opinión de la patronal, la medida es oportuna, ya que conseguiría mejorar la liquidez de las empresas permitiendo el mantenimiento o la creación de empleo y contribuiría a reactivar la economía. También considera que es de justicia, ya que reduciría el periodo de pago de las deudas a proveedores evitando que las empresas se usen como financiadoras de las Administraciones públicas, que es lo que ocurre actualmente. A su juicio, “esta práctica constituye una verdadera imposición encubierta y genera ineficiencias, puesto que, al provocar el retraso en el pago, crea una mayor tensión de tesorería para los proveedores y fuerza a estos a obtener mayor financiación del mercado a unos costes más altos de los que necesitaría la Administración”.

La propuesta, abunda, no supone reducción de ingresos públicos. “El impacto no es tal si se considera que estaría constituido por la eliminación de una fuente de financiación irregular y se vería compensado por la actividad que esos fondos generarían en el sector privado, lo que redundaría en mayores ingresos públicos a corto plazo”.

 

P. D.

El Tártaro, el restaurante de Díaz Ferrán, ya no da de comer

La crisis también se ha cebado con El Tártaro, el restaurante regentado por la familia de Gerardo Díaz Ferrán, que ha sido clausurado. El cierre metálico lleva echado ya varios días y el interior está vacío, mientras en el exterior se acumulan amarradas con una cadena las mesas y sillas de la terraza, quizá esperando un nuevo dueño. El Tártaro, situado en la madrileña calle de Velázquez y cuya fachada se ve en la foto de Carlos Sotillos, muy cerca de la sede de la CEOE, era el lugar frecuentado por el expresidente de la organización empresarial —hoy en prisión— para cerrar transacciones y dar algún que otro sablazo, sobre todo después de haber dejado la patronal.

 

 

El nuevo año de la patronal y los sindicatos

Este miércoles la patronal CEOE celebra sus ordinarias reuniones del comité ejecutivo y de la junta directiva. No está previsto, en principio, que se debata nada referentea los cambios de estatutos que el presidente, Juan Rosell, ha encaregado al vicepresidente, Jesús Serafín Pérez Díaz; pero puede que laguna voz salga a la palestra a preguntar sobre cómo va la cosa. Rosell mismo dijo que se presentarían en enero o febrero, a sabiendas (seguramente) de que en enero iba a ser muy difícil que erstuvieran a punto (él y los estatutos). Así que habrá que esperar a febrero, de  amenra que puedan sopmeterse a la aprobación de la asamblea general del próximo mes de abril. 

En esos nuevos estatutos, en cualquier caso, se quiere dar un impuslo a la fuerza representativa de la patronal dentro del mundo empresarial, perdida en muchos años a favor de lobbies formados por agrupaciones empresariales (Consejo Empresarial de la Competitvidad, Instituto de la Empresa Familiar, Círculo de Empresarios...) e incluso por organizaciones miembros de la confederación (léase la eléctrica Unesa o la de las constructoras Seopan, por ejemplo). Además introduce algunos cambios significativos (se contaron en este mismo espacio hace un mes) como reducir el número de dirigentes y de cargos, aumentar la presencia de la mujer en cargos directivos, suspender a directivos si sus empresas entran en concurso de acreedores, posibilitar que la Asamblea pueda presentar una moción de censura contra el presidente si lo pide el 25% para que no persistan casos como el del anterior presidente, Gerardo Díaz Ferrán.

Es un empeño de Rosell que ha generado calgunas críticas en el seno de la gran patronal, aunque la mayoría parece respaldarlo. Pero, a la espera de que entre en un verdadero debate, la reunión de este miércoles no lo lleva en el orden del día. lo que sií lleva es el informe económico del que se encarga José Luis Feito y que es el que suele sentar las bases de la posición de la CEOE en materia económica y se pronuncia sobre als rpevisiones económicas. será , por otra parte, la primera junta directiva sin la presencia de Alberto Nadal, que ha dejado la vicesecretaría general para ocuparse de la Secretaría de Estado de Energía después de cuatro años en la patronal (dos en el puesto citado). 

Después de esto, Rosell se prepara para reunirse con los secretarios generales de los sindicatos, Ignacio Fernández Toxo (CC OO) y Cándido Méndez (UGT), con quienes se comprometió tras recibir la carta de ambos antes de Navidad. Los líderes sindicales acompañbana dicha carta, al igual que hicieron con el presidente del Gobierno, una serie de propuestas sindicales para promover el crecimiento, el empleo y la cohesión social ante la crisis de la economía española con medidas muy distintas a las que ha aplicado el Ejecutivo y que ha llevado ya a dos huelgas generales. Méndez y Toxo esperan verse con Rosell en próximas fechas. Mientras tanto, Mariano Rajoy se ha limitado a enviarles un recibí del que no se desprende precisamente que vaya a convocar a los sindicatos ni hacerles mucho caso. Desde luego no lo hará en la petición de hacer un referéndum sobre las medidas económicas.

Mientras tanto, preparan su sucesión al frente de sus respectivos sindciatos, que este año celebran congresos confederales y elecciones. Ni en uno ni en otro existen alternativas y ambos se encuentran con fuerzas y ganas para continuar en el cargo cuatro años más. En el caso de Toxo sería su primera reelección tras haber ganado en las anteriores a José María Fidalgo con un resultado muy ajustado. Méndez, por su parte, ha superado ya los 20 años en el cargo, en el que sustiyutó a Nicolás Redondo tras la crisis del caso PSV y logró la pacificación de la organización.   

 

La otra vocación de Amancio Ortega

Cuentan los que han tratado de cerca a Amancio Ortega y acaso le han ofrecido entrar en algunos negocios distintos de los que le han hecho multimillonario que siempre contestaba: “A mí lo que me gusta es el trapo”. Era, seguramente, una forma de salir del trámite de forma educada y no comprometerse con algo que desde el principio no le gustaba o simplemente se lo quería pensar. Otras veces decía: “Deja que lo comente con mi gente”. Y ahí acababa el asunto.

Sin embargo, mientras iba viendo crecer su imperio textil por el mundo hasta convertirse en la mayor cadena de tiendas, Ortega descubrió en la inversión una vocación paralela al trapo. Primero invirtió en algunas empresas cotizadas en Bolsa y fracasó en su principal apuesta, la adquisición de Unión Fenosa, que le quitó de las manos ACS, el grupo presidido por Florentino Pérez, que luego se lo vendería a Gas Natural.

Después se decidió con mayor ímpetu por el negocio inmobiliario, un sector hundido por la crisis, lo que le hace especialmente atractivo para invertir en estos momentos para quien tiene posibles. Y de eso a Ortega parece que le sobra. La tercera riqueza del mundo (solo superada por el mexicano Carlos Slim y el estadounidense Bill Gates) ha revolucionado al sector, y todas las sociedades promotoras, así como las entidades financieras con inmuebles, han visto una gran oportunidad y se han puesto las pilas llamando a su puerta.

Pero Ortega no es fácil de convencer. Aunque con los dividendos que gana en Inditex podría comprar varias empresas que cotizan en Bolsa de sobra, él busca edificios singulares y bien ubicados en las principales capitales, centrándose hasta ahora en Madrid y Barcelona, además de algunos inmuebles en Galicia, donde tiene querencia manifiesta por ser la cuna de su riqueza. De un tiempo a esta parte y a través de la empresa patrimonial Pontegadea Inversiones, se ha hecho con la Torre Picasso en Madrid, la tienda de Apple en el barcelonés paseo de Gracia o la sede del BBVA también en la capital catalana, adquirida esta misma semana por 100 millones de euros. Además, cuenta con otros activos tanto en España como en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Italia.

Ortega comenzó esta aventura en la década pasada. Aprovechó, entre otras cosas, la puesta en venta de activos inmobiliarios por parte de entidades financieras, a las que les sobraban y necesitaban hacer caja. Aunque en años anteriores se fue haciendo con edificios en el eje de la Castellana madrileño, la primera operación significativa fue en 2007, con la compra de 10 edificios al Banco Santander por 500 millones de euros, entre ellos el de Castellana, 24, donde el banco tuvo durante un tiempo su sede en Madrid.
Un año después se hizo con 40 inmuebles de Caixa Galicia por 250 millones. También cuenta con propiedades de varios establecimientos en distintos puntos de España de la cadena hotelera NH, que sigue gestionando el negocio.

El rascacielos Torre Picasso, situado en la zona de negocios madrileña de Azca, lo adquirió en 2011 por 400 millones, un precio que, según los expertos del sector, estaba muy por debajo del de mercado, algo que pudo sacar por las necesidades de vender por parte del grupo FCC. Además, cuenta con todas las plantas ocupadas, entre ellas las de la propia empresa de Esther Koplowitz, que esta semana ha anunciado la sustitución de Baldomero Falcones en la presidencia por Juan Béjar.

La estrategia de Amancio Ortega, que hace las operaciones con el asesoramiento de distintas sociedades especializadas, es sencilla. Compra los inmuebles y mantiene en alquiler a sus inquilinos, entre ellos las propias empresas que se los han vendido. Es decir, el riesgo de mercado es muy reducido. Aunque es en menor medida, también cuenta con edificios en promoción, en los que la garantía es el propio inmueble y va destinado a clientes solventes. Excepcionalmente, los edificios propiedad de Pontegadea se los alquila a Inditex para alguna de las marcas del grupo, como ocurre en alguno de la llamada milla de oro de la capital de España en la calle de Serrano.

La empresa familiar reclama un nuevo marco fiscal para la internacionalización

El Instituto de la Empresa Familiar (IEF) no quiere perder comba en su papel reivindicativo. En ese sentido, y dado que la única salida evidente que tiene ahora la empresa española en estos momentos está en el exterior, ha reclamado al Gobierno el impulso de un marco fiscal competitivo que sea capaz de apoyar los esfuerzos de exportación y de inversión. Los responsables del IEF, que son gente que no se quiere significar políticamente y saben que no está el horno para bollos, añaden que es una propuesta a medio plazo. Aunque les gustaría que se decidiera a corto.

En ese sentido, piden deducciones fiscales para pymes por gastos de consultoría y asistencia, por participación en ferias; establecer impuestos negativos cuando no sea posible la aplicación de deducciones para la internacionalización por insuficiencia de cuota tributaria; incorporar la titularidad de activos en el extranjero como elemento de valoración de solvencia de las mpresas (ahora no se permite); incluir a los empresarios individuales y profesionales en el ámbito de la exención en el IRPF por trabajos realizados en el extranjero y aumentar su cuantía máxima (es de 60.100 euros anuales desde 1999) y revisar el ámbito de aplicación de la reducción del 50% en base imponible por los ingresos obtenidos de la explotación de elementos de propiedad industrial, incluyendo las marcas y otros activos hoy ajenos a la medida (a día de hoy afecta básicamente a las patentes). 

Son cinco de las 40 medidas que forman el Plan de Acción para mejorar la posición internacional de las empresas españolas elaborado por el instituto que preside José Manuel Entrecanales (presidente también de Acciona)  en colaboración con Equipo Económico, despacho que preside el ex secretario de Estado de Hacienda Ricardo Martínez Rico. Además de estas medidas de materia fiscal, presentadas por este y el director general del IEF, Andrés Tejero, el Plan de Acción propone impulsar la cultura de la internacionalización entre las empresas, así como la excelencia del capital humano, quizá unas facetas  que resultan imprescindibles para realizar el resto de medidas. Eso lleva consigo que se considere la innovación y la calidad como parte imprescindible para mantener una imagen de éxito en el exterior.

Es necesario, sin duda, reformar el modelo institucional de apoyo a la internacionalización y revisar y mejorar los programas e instrumentos; pero lo importante es que todo entre en un carril de normalidad y no de excepcionalidad. Es imprescindible y no resultará si no se toma en serio por mucha pomposidad que se ponga en ellas, por mucha colaboración que se pida entre el sector público y el privado y por muchas instituciones que se creen como el Alto Comisionado de la Marca España, cuya labor será buena en la medida que sea efectivo.

Dicho esto, hay que destacar la labor que el IEF -lo forman 100 grandes empresas y hay otras 1.000 de menor tamaño asociadas- aporta como un think tank en el que se vierten ideas y análisis muy valiosos para la economía española. Desde su creación hace 20 años ha tenido vocación de servicio, además de defender los intereses de las empresas familiares, supliendo o complementando la labor de la patronal CEOE. De hecho, una de las razones de su constitución fue cubrir las carencias que tenía la patronal, a la que sus respetuosos mimebros siguen pagando fielmente sus cuotas.