En la búsqueda de fórmulas para aligerar cargas y enfrentarse a la crisis, la patronal CEOE ha propuesto al Gobierno un cambio normativo que permita a empresas y empresarios compensar sus deudas tributarias y con la Seguridad Social (SS) con las certificaciones y facturas que, a su vez, les sean debidas por las Administraciones públicas. La medida, para ser efectiva, debería permitir compensar cualquier deuda desde cualquier Administración.
La forma de extinción que plantea permitiría que una entidad autónoma o local que haya contraído deudas con un empresario o profesional que, a su vez, debe satisfacer un tributo estatal o cotizaciones de SS pueda acogerse a la compensación, puesto que la cantidad compensada contra el Tesoro Público será recuperada por este mediante la reducción de las transferencias que la Administración central debe realizar a las entidades autonómicas y locales.
La propuesta, que ha sido enviada por Juan Rosell al Gobierno en un documento de 11 páginas, se basa en “el significativo incremento” experimentado en la presión fiscal, que ha agravado, a juicio de la patronal, los problemas de liquidez que ya arrastraban las empresas, y, por otra parte, en que las Administraciones han acumulado importantes deudas con las empresas. Estas deudas se volvieron a incrementar, además, con el establecimiento del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, por un lado, y con las medidas de liquidez de las Administraciones, por otro.
Según el documento, probablemente uno de los últimos —si no el último— en los que intervino Alberto Nadal antes de dejar su cargo de vicesecretario general de la CEOE para pasar a secretario de Estado de Energía, “se hace necesario instaurar un sistema que permita la reducción de la deuda acumulada y mejore la liquidez de las empresas garantizando en muchos casos su viabilidad y evite la financiación irregular de las Administraciones públicas a costa de las empresas”.
Las cantidades a transferir se cifran en un total de 40.557 millones de euros para 2013, de los que el 60,2% estará destinado a las comunidades autónomas, y el 39,8% restante, a las administraciones locales, siendo un porcentaje significativo de los ingresos de ambos (entre el 60% y el 70%), por lo que su importe hace que resulte perfectamente posible acudir a esta vía como método de compensación entre Administraciones.
En relación con las deudas tributarias, la compensación ya está contemplada en la Ley General Tributaria (LGT), por lo que la patronal considera que “es totalmente posible”. En cuanto a las deudas con la SS, “son susceptibles de extinción total por compensación, aunque solo contra las prestaciones abonadas en virtud de la colaboración obligatoria con la SS”, según la normativa.
“Por tanto”, según el documento, “para que el mecanismo de compensación sea posible, sería necesario ampliar el régimen actual sobre la compensación de deudas por cuotas, eliminando la dualidad existente y acercando el régimen al contenido en la LGT”. Para la patronal, “no tiene sentido e introduce complejidades innecesarias que el régimen de compensación sea distinto en ambas normativas, ya que los intereses protegidos son equivalentes”. Por eso proponen que la SS adopte la regulación contenida en la LGT, “más flexible y adaptada a las circunstancias actuales”.
En opinión de la patronal, la medida es oportuna, ya que conseguiría mejorar la liquidez de las empresas permitiendo el mantenimiento o la creación de empleo y contribuiría a reactivar la economía. También considera que es de justicia, ya que reduciría el periodo de pago de las deudas a proveedores evitando que las empresas se usen como financiadoras de las Administraciones públicas, que es lo que ocurre actualmente. A su juicio, “esta práctica constituye una verdadera imposición encubierta y genera ineficiencias, puesto que, al provocar el retraso en el pago, crea una mayor tensión de tesorería para los proveedores y fuerza a estos a obtener mayor financiación del mercado a unos costes más altos de los que necesitaría la Administración”.
La propuesta, abunda, no supone reducción de ingresos públicos. “El impacto no es tal si se considera que estaría constituido por la eliminación de una fuente de financiación irregular y se vería compensado por la actividad que esos fondos generarían en el sector privado, lo que redundaría en mayores ingresos públicos a corto plazo”.
P. D.
El Tártaro, el restaurante de Díaz Ferrán, ya no da de comer
La crisis también se ha cebado con El Tártaro, el restaurante regentado por la familia de Gerardo Díaz Ferrán, que ha sido clausurado. El cierre metálico lleva echado ya varios días y el interior está vacío, mientras en el exterior se acumulan amarradas con una cadena las mesas y sillas de la terraza, quizá esperando un nuevo dueño. El Tártaro, situado en la madrileña calle de Velázquez y cuya fachada se ve en la foto de Carlos Sotillos, muy cerca de la sede de la CEOE, era el lugar frecuentado por el expresidente de la organización empresarial —hoy en prisión— para cerrar transacciones y dar algún que otro sablazo, sobre todo después de haber dejado la patronal.
Hay 3 Comentarios
esperemos que estas leyes sirvan para algo, porque al final todo queda en promesas
Publicado por: Pedro | 20/01/2013 12:59:07
Parece justa la compensación de deudas entre empresa y estado. Y sería tambien justo que la CEOE pidiera perdón y compensase a la sociedad por mantener y protejer durante mucho tiempo un tramposo como jefe electo.
Marta
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Publicado por: Marta | 20/01/2013 11:13:39
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Publicado por: Adela | 20/01/2013 9:55:14