Extremadura, entre Mérida y Jerusalén

El pasado miércoles el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, y el embajador de Israel en España, Alon Bar, firmaron La Declaración de Cáceres en la ciudad extremeña. Este acuerdo persigue fomentar el crecimiento económico y la generación de empleo, especialmente para los jóvenes. Las dos comunidades se han comprometido, además, a promover una Iniciativa Conjunta de Innovación y acciones encaminadas a establecer un marco estable que facilite la financiación de la cooperación en investigación e innovación mediante la movilización conjunta de instrumentos de financiación promoviendo la participación de pyme.

Fue un día grande para Monago, que quiere ser “el presidente de la I+D+i extremeña” y convertir su tierra en una cuna de innovación y tecnología. Ha logrado hacerlo con uno de los países que lo lleva como bandera y que le ha permitido sortear la crisis con solvencia. Extremadura, con más del 35% de paro, e Israel, con casi pleno empleo, son dos caras opuestas. Lo mismo podría decirse de España en su conjunto (27% de paro) con respecto a Israel. Pero ha sido la comunidad extremena, una de las más laceradas por la crisis y el desempleo, la que ha llevado a cabo esta iniciativa.

El Gobierno de Mariano Rajoy, del mismo color que el extremeño y al que todo esto le ha pillado a contrapié pensando en otro tipo de medidas para luchar contra la crisis, ha estado bastante al margen de las negociaciones de Monago. Este se preocupó mucho en subrayar, y en repetidas ocasiones, que el acuerdo era tanto para Extremadura como “para el conjunto de España”. Seguramente, para limar posibles asperezas. De hecho, el Ejecutivo mostró su interés a los postres y envió a la puesta de largo del acuerdo al ministro de Industria, José Manuel Soria, y al secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.

En algunas esferas del Gobierno y del PP se perfila a Monago como “un verso suelto”. El presidente extremeño actúa con una autonomía calculada. Aunque algunas de sus acciones se explican por el pacto con IU que le dio la llave para llegar al Ejecutivo, Monago no ha dejado que la disciplina de partido le determine. Si tiene que reconocer los logros de sus adversarios, lo hace, como es el caso de este acuerdo que comenzó a fraguar Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y no duda en invitar a Felipe González para impartir con él un desayuno informativo sobre la economía extremeña (será el 6 de mayo en Badajoz).

Y si tiene que disparar contra compañeros del Gobierno central o de otras comunidades autónomas del PP, no suele pararse en barras. Algunas de sus frases en la presentación del acuerdo llevaban segundas intenciones. “El único camino sostenible es la innovación permanente y no inventar nada que no se pueda vender”, resaltó en su discurso del miércoles, que terminó con una crítica a la preponderancia que se da al arco mediterráneo: “Ellos tendrán el arco, pero yo tengo las flechas”.

El acuerdo nace con vigor e Israel lo apoya con fuerza (el propio presidente, Simon Peres, mandó un mensaje grabado en el que alentó a invertir en tecnología como lo hizo Israel hace 25 años para reducir su dependencia agrícola). El embajador, que lleva en el cargo desde 2011, destacó precisamente la alianza de su país en apoyar a Extremadura “como socio comprometido con la innovación y el crecimiento” y para que pueda compartir las mejores experiencias de Israel y potenciar su tejido empresarial extremeño. Y, de paso, aumentar su presencia internacional. Así lo demostró la presencia de expertos en capital riesgo y en asesoría al Gobierno.

El compromiso conjunto persigue, además del crecimiento y el empleo, el establecimiento de acuerdos comerciales, la integración de cadenas productivas, la transferencia de tecnología, el intercambio de investigadores (varios acudieron a Extremadura esta semana) o instrumentos de financiación.
Otro de los objetivos es la inversión en el campo de la educación superior, investigación e innovación. También se contempla favorecer la coordinación entre las instituciones públicas y privadas de ciencia, tecnología e innovación aprovechando las sinergias. Y, por último, coordinar acciones que fomenten el espíritu empresarial y la valorización económica de la investigación científica y tecnológica en las universidades, centros de investigación y empresas de ambos lados.

La Declaración de Cáceres coincide con el 65 aniversario de la creación del Estado de Israel y el 25 del establecimiento de relaciones diplomáticas con España. Al acto asistió el expresidente Rodríguez Ibarra, invitado por el actual, Monago, quien reconoció que su antecesor tuvo el empeño, en 2004, de estrechar las relaciones con Israel, apelando a la necesidad de buscar el desarrollo económico en una comunidad deprimida y a los lazos históricos que tienen ambas comunidades (Extremadura cuenta con un destacado legado judío, aunque no se refleje en su gastronomía, muy ligada a los productos del cerdo, prohibido en la religión judía). Tras un periodo dormido, Monago retomó el impulso que ha dado lugar a la citada declaración y que aspira a que no quede en saco roto.

 

Las cartas de triunfo de Brufau

Se acaba de cumplir un año de la expropiación de YPF a Repsol por parte del Gobierno argentino de Cristina Fernández de Kirchner y no se conocen avances. Lo que no quiere decir que algo se pueda estar moviendo por sotavento. Eso lo sabrán los principales actores de esta especie de culebrón mercantil que comenzó el 16 de abril de 2012, cuando se produjo el “expolio”, según lo calificó el presidente de Repsol, Antonio Brufau, que se vio obligado a replantear la estrategia y, entre otras acciones, vender los activos de gas a Shell por 5.000 millones.

Desde entonces, las autoridades argentinas han tratado de encontrar socios que pongan los cerca de 6.000 millones de euros necesarios para explotar el macroyacimiento de Vaca Muerta, pero todos los intentos realizados —han firmado dos acuerdos, uno con Chevron y otro con la argentina Bridas, y otro de suministro con Dow Chemical y escarceos con Irán— se han estancado por una u otra razón. Cada tranco ha dado a Brufau cartas de triunfo para ganar la partida, confiando más en el arbitraje internacional y en los diversos procesos judiciales que ha abierto y en los que reclama, si no la reversión, una compensación de 8.500 millones de euros.

También explica, en alguna medida, su resistencia a un acuerdo. Al ejecutivo de Mollerussa no le gustó que Isidro Fainé, como presidente de La Caixa, principal accionista de Repsol, se entrevistara en dos ocasiones con Fernández (una en diciembre, otra en febrero) para buscar una solución. En las últimas semanas ha vuelto a plantearse un posible encuentro. Sin embargo, La Caixa, según fuentes de su entorno, parece dejar que Brufau lleve la manija.

Al Gobierno argentino, a la vista de la evolución, podría interesarle un acuerdo, como le piden desde organismos nacionales críticos con la expropiación; pero, ahora, a las puertas de unas elecciones, en octubre, es posible que no le resulte muy popular después de todo el lío que montó y de que la mayoría de la población apoyase la medida. Eso sin olvidar que siempre puede tener alguna carta bajo la manga.

No parece pensar así el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi (IAE), una institución de prestigio en el campo energético en la que participan, entre otros expertos, ocho exsecretarios de Energía. Este think than fue muy crítico con la expropiación de YPF de la misma manera que lo había sido en su día con su venta a Repsol. El IAE  calificó el mecanismo de la expropiación como “claramente hostil y confiscatorio” y predijo “altos niveles de litigiosidad y desprestigio internacional”. Ahora, sostiene que “el primer aniversario de la expropiación muestra las grandes debilidades de una medida precipitada, mal diseñada y peor implementada, lo que tiene consecuencias políticas, económicas y energéticas”.

Una de esas debilidades es la falta de decisión del Gobierno de cerrar el conflicto. La expropiación está todavía, un año después, sin pagar (si se cumplen dos años, revierte al expropiado) y, lo que llama más la atención, YPF está sin tasar. Esto genera grandes inconvenientes para la empresa y para el país, y se refleja en los litigios con Repsol en los tribunales de Nueva York, en los europeos de Madrid y en nuestra propia justicia, dice el comunicado. “Impide a YPF”, continúa, “acceder a la financiación internacional y consolidar alianzas con empresas petroleras de primer nivel que puedan aportar recursos humanos, capital y tecnología para el desarrollo de los yacimientos no convencionales”.

Otra debilidad “radica en la urgencia de la economía argentina por revertir la declinación de la producción y de las reservas de gas natural y petróleo, reducir el déficit comercial energético y generar recursos para la inversión”. Según el IAE, “toda la expectativa política se colocó en YPF, aunque ella solo maneje el 30% de los recursos de hidrocarburos nacionales”. Es decir, YPF no puede por sí sola cumplir esos objetivos y lograr el autoabastecimiento.

“El entorno institucional no es tampoco una fortaleza”, añade. Según el centro de análisis, que destaca “la improvisación que caracterizó al nacimiento de la nueva YPF”, el decreto que supuso la creación de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas es “inconstitucional” al alterar el espíritu de la norma que dice reglamentar. Y termina: “Si Argentina no rectifica el rumbo de su gestión energética, se encamina a profundizar su fracaso. Esto será intolerable para la economía nacional y lo pagaremos caro todos los argentinos”.

De la CECA a la... AEB

El pasado marzo, la Asamblea General de la Asociación Española de Banca (AEB) aprobó unos cambios en sus estatutos según los cuales ya se pueden incorporar como socios los nuevos bancos resultantes de la reconversión de las antiguas cajas de ahorros. La modificación ha sido un paso más en la evolución del sector financiero, que han tenido su máxima expresión en la conversión en bancos de las cajas.
Por tanto, las antiguas cajas, ahora integradas en la CECA (siglas que responden a Confederación Española de Cajas de Ahorros), solo tienen que desenchufarse de esta entidad y enchufarse a la AEB.

Otra cosa es lo que ocurra con la CECA. Una fusión seca entre esta y AEB no se considera necesaria, al menos a corto plazo, y lo más probable es que no se produzca, dejando que la confederación de cajas vaya a su ritmo. También adaptó sus estatutos, creando Cecabank, entidad a la que han ido a parar los activos de la CECA, que queda como un cascarón en el que siguen los bancos procedentes de cajas porque quedaron como miembros de pleno derecho de la organización.

La transición a la AEB parece lo más lógico; pero, seguramente, esperarán a que se aclare el panorama y se resuelvan algunas incógnitas sobre el control de los nuevos bancos, normalmente a través de fundaciones, que podrían seguir como socias de las CECA. Está por ver si el presidente de un banco puede ser también el de la fundación que es el principal accionista. En esa tesitura se mueven principalmente La Caixa (con Caixabank), Unicaja, Kutxa Bank e Ibercaja; aunque no se libran el resto de bancos creados a partir de cajas cuyas fundaciones han quedado con menos poder: Bankia, Liberbank, BMN, Caja3, NovaCaixaGalicia y Catalunya Banc.

El proceso tiene en vilo a Isidro Fainé, ya que a su condición de presidente de La Caixa y Caixabank une la del mismo cargo en la CECA y Cecabank. Fainé ha estado muy encima de los movimientos dados desde el colectivo de cajas, y, como responsable de la tercera entidad española, ha sido muy activo en el acercamiento a la AEB, entendiendo que bancos (nueovs y viejos) tienen los mismos problemas y preocupaciones. De hecho, tanto Fainé como José Ignacio Gorigolzarri, presidente de Bankia, han mantenido reuniones con máximos representantes de los bancos (Santander, BBVA, Popular, Sabadell...) para discutir actuaciones y trazar, en su caso, las estrategias en las relaciones con el Gobierno y las respuestas a la sociedad, como en el asunto de las preferentes o los desahucios, que se han convertido en sus fantasmas cotidianos.

Precisamente, a eso parece responder la contratación de Juan José Toribio, veterano economista que ha trabajado en el mundo financiero (ha pasado por el Santander, La Caixa, el Banco de España, el Ministerio de Economía, el FMI e IESE), como asesor técnico “para la prestación de servicios en temas financieros y de relaciones institucionales”.

El verdadero objetivo perseguiddo por los bancos con esta incorporación, que comenzará su trabajo de forma inmediata, es defender su imagen en general y en particular. El fichaje de Toribio fue ampliamente debatido en el seno de la AEB. El aparato era partidario de mantener un perfil bajo y, por tanto, no incorporar a nadie, mientras los bancos preferían mostrar beligerancia.

La figura del asesor técnico trata de ser, en definitiva, un complemento al presidente, cargo que ocupa Miguel Martín, y pueda responder públicamente a los ataques que están recibiendo en los últimos tiempos. A juicio de los bancos, la patronal del sector debe tener una voz unívoca, que además pueda sustituir (o al menos aliviar) las respuestas individuales de cada entidad. Es decir, no puede estar callada en un momento como el actual, y debe participar en los debates y conseguir mayor influencia de la que que tiene en la actualidad. Y Toribio, que tiene experiencia de comunicador como contertulio en varias cadenas, cuenta con sus bendiciones.

Homenaje a Julio Segura

Cuando Julio Segura asumió el cargo de presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2007 introdujo, en su discurso, un múltiple deseo: "¿Cómo espero que me recuerden cuando me vaya? La prensa, con alivio por mi tendencia a minimizar titulares. La casa, como alguien cuya primera preocupación fue el futuro de la institución, que mejoró su funcionamiento interno e incrementó su eficacia. La industria, como alguien difícil y poco dado a la vida social pero previsible, simétrico en el trato de los supervisados y con sentido común. El Gobierno, como un servidor público leal con las responsabilidades que le encomendaron. Los restantes supervisores, como un cooperador siempre dispuesto a resolver los conflictos de interés, pero sin renunciar en un ápice a sus competencias. ¿Cómo aspiro a marcharme? Con mi prestigio profesional, sea el que sea, intacto, porque es mi único activo. Con el respeto de supervisados, personal de la casa, colegas y políticos hacia alguien que hizo su trabajo lo mejor que pudo y que cometió un porcentaje de errores aceptable, distribuidos aleatoriamente y ninguno de ellos sustantivo".

Gran parte de todo ello lo ha conseguido. El prestigio de este catedrático de Teoría Económica ha tenido siempre un reconocimiento generalizado, tanto de sus cercanos y como de los que no lo eran. En esa admiración se encuadra el homenaje que le ha tributado un montón de colegas y amigos el pasado lunes con motivo de su 70 cumpleaños. Una gripe inoportuna impidió que se celebrara una fiesta sorpresa el mismo día de su nacimiento, el 8 de marzo. Por eso él subraya que lo contrario, que gracias a la gripe se evitó el sofocón de acudir a un acto y enterarse allí mismo que era en su honor.

El evento, celebrado un mes después de aquella fecha escogida y con conocimiento del homenajeado, contó con la intervención de Maurici Lucena, Rafael Repullo, Carlos Solchaga y Fernando Restoy, así como la del propio homenajeado, y asistieron un importante ramillete de colegas, discípulos y amigos. Muchos de ellos participan en el libro conjunto que bajo el título Ensayos sobre Economía y Política Económica que vio la luz precisamente ese mismo día y que, al menos de momento, solo estará en la red.

El libro está estructurado en las materias a las que Segura se ha dedicado a lo largo de su carrera: la política industrial, las instituciones y los reguladores, la regulación bancaria, las crisis fiscales y financieras, la economía laboral, la educación y la faceta política. Ha sido coordinado por Lucena (portavoz del PSC en el Parlamento catalán) y Repullo (director del Centro de Estudios Monetarios y Financiero (CEMFI) y fue financiado por todos los participantes. La obra reúne una pléyade de conocidos economistas y autores. Además de los dos coordinadores y el exministro de Economía socialista y el actual subgobernador del Banco de España, figuran Claudio Aranzadi, Ignasi Nieto, David Vegara, Pilar Sánchez Núñez, Pablo Martín Aceña, Gabriel Fernández Bobadilla, Elena Huergo, Ana Martín, Lourdes Moreno, José Carlos Fariñas, Jordi Jaimeandreu, Monserrat Martínez, Xavier Torres, Francisco Comín, José Manuel González Páramo, Óscar Fanjul, Emilio Ontiveros, Samuel Bentolila, José Luis Malo de Molina, Vicente Salas, Manuel Arellano, Olympia Bover, Andreu Mas-Collel, Mercedes Caberra, Carlos Arenillas, Antonio Gutiérrez y Joaquín Almunia.

Además de profesor de la facultad de Económicas de la Univeridad Complutense, donde estudió y fue discípulo distinguido de Luis Ángel Rojo y Gonzalo Arnáiz, Segura dirigió la Fundación Empresa Pública del antiguo Instituto Nacional de Industria (INI), fue consejero y miembro de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, consejero y presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el último cargo antes de jubilarse. También fue muy activo contra el franquismo, militó en el PCE y fue miembro de su Comité Central hasta que fue expulsado.  

La refundación del Círculo de Empresarios

En los años de la Transición, cuando todo se estaba adaptando, los empresarios también quisieron ponerse al día. Hubo varias iniciativas para crear una estructura empresarial fuerte, integrada en la nueva realidad. De aquella preocupación nació el Círculo de Empresarios (CE), impulsada por unos 50 ejecutivos, algunos ministros y altos cargos durante el franquismo. La influencia fue inmediata y, con el apoyo de UCD, se convirtió en alternativa a la también naciente CEOE para convertirse en la gran patronal. Luego convivirían y el CE tomó el marchamo de élite que le correspondía en la que se juntaba lo más granado de la aristocracia empresarial madrileña (salvo excepciones) y ejecutivos comprometidos, que pretendían adaptarse al presente para afrontar el futuro y sin olvidar (demasiado) el pasado.

Con el paso de los años, el CE fue perdiendo influencia, tanto en el ámbito político (con el PSOE ya no mandaba tanto) como incluso en el empresarial. El lobby se quedó poco a poco en la marginalidad, quizá por la propia actitud de sus dirigentes muy proclives a al pensamiento liberal y pese a que la CEOE, dirigida por José María Cuevas, no cumpliera satisfactoriamente las exigencias de las grandes corporaciones.

Ahora, 36 años después de su creación, los tiempos son propicios para recuperar aquella pujanza; pero, sobre todo, a la vista de la irrupción de otras organizaciones, como el Instituto de Empresa Familiar (IEF) y del Consejo Empresarial de la Competitividad (CEC), de los que precisamente forman parte descendientes de sus impulsores (léase Entrecanales o Del Pino, alejados del CE), y de que la CEOE ha iniciado una modernización, con todo lo que eso significa, que amenazan con dejarle más al margen todavía.

De ahí proviene la reconversión comenzada recientemente, coincidiendo con el relevo en la presidencia, que ha asumido por primera vez una mujer, que además lleva un apellido de aquella ilustración empresarial, Mónica de Oriol y de Icaza, nieta del preboste eléctrico del franquismo, José María de Oriol, hija del arquitecto Miguel de Oriol y de la empresaria Carmen de Icaza y sobrina del que fuera presidente de Iberdrola, Íñigo de Oriol.

La nueva responsable, precisamente, tiene que saber combinar el pasado con la idea de modernidad que quiere imprimir. Lo ha tomado con ganas y, a juzgar por sus primeros pasos, difícilmente aceptaría que el CE patrocinara un texto como aquel de Lorenzo Bernaldo de Quirós en el que aguerrido economista propuso que la mujer suscribiera a sus expensas un seguro de maternidad que evitara a las empresas la carga del obligado periodo vacacional posterior al parto y que, incluso, aludiera a la menopausia como “fecha de caducidad de la mujer”. Fueron cosas del pasado (2000) y aquello el CE lo pagó.

Ha incorporado a Antonio Oporto (expresidente de Alstom Ibérica) como secretario general y formado una nueva cúpula. Lo que pretende, además de adaptar la estrategiae, es “recuperar el papel como centro de pensamiento y voz de prestigio de la sociedad civil, así como tomar posición como un centro de pensamiento de los más relevantes de Europa”.

Una declaración de principios cuyo reto es alejarse de apriorismo ideológicos, que tanto les marcó. El primer paso ha sido los cambios de estatutos, aprobados en Asamblea el 21 de marzo. Lo más significativo es la creación de la figura de socio patrocinador, que introduce la novedad de que puedan ser socios las empresas y no solo las personas físicas. Además, la duración máxima de la presidencia y de las vocalías de la Junta Directiva se reduce a seis años, con mandatos de tres (ahora eran ocho años con mandatos de cuatro) y la creación de un Comité Ejecutivo de ocho miembros. Este comité se reunirá con la periodicidad que considere oportuna y la Junta Directiva, una al trimestre. Hasta la Junta Directiva, integrada por 28 miembros más los presidentes de honor (que son seis), se reunía una vez al mes.

Junto a estos cambios, Oriol ha creado un Comité de Estrategia en el que. como el suyo, aparecen apellidos ilustres del empresariado: Joaquín Ayuso, Elena Pisonero, Antonio González-Adalid, Javier Vega de Seoane, Nuria Vilanova, José María López de Letona y Olarra, Tomás Pascual Gómez-Cuétara, María Benjumea y Alberto Terol. Estos grupos presentarán este mes o en mayo una propuesta de cambio.

La llegada de Mónica de Oriol a la presidencia del Círculo de Empresarios se espera como una revolución en una organización que no ha logrado desanclarse del todo del pasado, pese a los esfuerzos de alguno de sus dirigentes. El primer presidente fue Santiago Foncillas, un abogado del Estado con mucho currículum (secretario general del INI, consejero delegado de Telefónica y presidente de Campsa), que entonces ocupaba la presidencia de Westinghouse España. Le sucederían otros notables: José Joaquín de Ysasi-Ysasmendi (1984-1992); el actual Alto Comisionbado para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros (1992-2000); Manuel Azpilicueta (2000-2004) y Claudio Boada Pallarés (2004-2012), hijo de otro ilustre de la transición empresarial, Claudio Boada, expresidente del INI, del INH y del Banco Hispano Americano.