Relaciones turbias de Pemex y Repsol

No ha dejado buen sabor de boca en Repsol la intromisión de Pemex en el conflicto que enfrenta a la petrolera española con el Gobierno argentino por la expropiación del 51% de YPF. Pemex, que cuenta con el 9,4% del capital de Repsol, se siente con derecho legítimo a buscar soluciones. Además, el Gobierno mexicano de Peña Nieto ha reconocido su interés en expandirse por América del Sur, Argentina en concreto, y Pemex es su brazo armado. Por eso, se entiende que su presidente, Emilio Lozoya, se trasladara a España, después de entrevistarse con Miguel Galuccio, primer ejecutivo de YPF, para trasmitir la propuesta de acuerdo al presidente de Repsol, Antonio Brufau. Al encuentro, en Barcelona, asistieron el presidente de La Caixa, Isidro Fainé, cuya actitud siempre ha sido propicia a un acuerdo, y el de Sacyr, Manuel Manrique.

Brufau, por otra parte, había anunciado en la reciente junta general de accionistas de la petrolera que estaba dispuesto a negociar, pero siempre bajo las premisas de que Repsol recibiera una compensación justa por la expropiación. “No queremos recuperar YPF; queremos que se nos pague lo que corresponde”, dijo. En la reclamación en la corte de arbitraje del Banco Mundial (Ciadi), Repsol valoró en 10.500 millones de dólares esa compensación, es decir el doble de lo que se valora la oferta presentada por YPF.

Con ese caldo de cultivo se celebró el consejo ordinario de Repsol el miércoles. Brufau logró el apoyo unánime contra la oferta trasladada por Pemex, incluido el representante de esta. “Mejor un buen pleito que un mal acuerdo”, se defendió. Algunas fuentes han subrayado que en la propuesta faltaba la valoración independiente que Pemex había solicitado a las auditoras Ryder Scott y DeGolyer, expertas en reservas petrolíferas.

Ahora, salvado el escollo, espera un cambio de actitud. Para Repsol hay un elemento positivo en toda esta historia: Argentina ha venido a reconocer que está dispuesta a pagar al menos 5.000 millones, aunque hayan sobrevalorado activos, cuando lo coherente, teniendo en cuenta el discurso de Cristina Fernández de Kichner, era mantener que no se iba a pagar la expropiación. Quizá por eso, el Gobierno argentino ha subrayado que  no había hecho ninguna oferta firme.

Según la oferta, YPF ofrecía crear una joint-venture con activos de Vaca Muerta (6,4% del yacimiento) con el 51% para YPF; 47% para Repsol y 2% para Pemex. El valor es de 5.000 millones de dólares (3.500 por los activos y 1.500 en capital, de los que Repsol no podría disponer ya que se destinarían a la inversión). Además, preveía una inversión de 20.000 millones en los próximos 10 años. Es decir, obligaba a Repsol a poner casi 10.000 millones y no recibir ningún retorno hasta 2024.

Inasumible para el consejo, que se basó en los informes internos de Repsol, que aseguran que los activos estbana sobrevalorados. En ese consejo se preguntan por qué Pemex se ha embarcado en una operación tan polémica. Según algunos observadores, parece más responder a una maniobra estrictamente política entre los Gobiernos mexicano y argentino, en la que también han querido involucrar al español. El ministro de Industria, José Manuel Soria, recibió una llamada de su homólogo mexicano, y el presidente, Mariano Rajoy, también ha estado al tanto por boca de Fainé.

La actuación de Pemex, en cualquier caso, ha vuelto a enturbiar las relaciones con Brufau, que no eran lo que se puede decir fluidas desde que el grupo mexicano sindicó sus acciones con la Sacyr de Luis del Rivero para descabalgarle de la presidencia. Además, Pemex ha situado la participación en Repsol como disponible para la venta. Cuesta pensar en una Repsol sin el tradicional socio mexicano, que aterrizó a través de Petronor cuando esta empresa, en la que Pemex llegó a tener el 30%, fue absorbida por Repsol. Parece, no obstante, que solo se desprendería de la mitad de sus acciones, es decir, del paquete que adquirió cuando el acuerdo con Sacyr. Pero no se descarta que, si las cosas se enconan y “Repsol impide que pueda invertir en Argentina”, acabe vendiendo todo.

Fainé optó por no acudir al consejo de la petrolera del miércoles para preparar la asamblea general de la entidad financiera que se celebraba un día después. Llamó la atención una ausencia tan notable en un consejo de tanta importancia; pero Fainé dejó a Juan María Nin, su segundo en la caja, como abanderado. Es conocida la propensión de Fainé de alcanzar un acuerdo antes de alargar un pleito. Ha seguido su propia agenda y presionado a Brufau para acabar con el conflicto. En noviembre del año pasado y en febrero de este año se reunió con una entrevista con Cristina Fernández y para acercar posturas. Coincidía la perseverancia de Fernández de aglutinar a teóricos enemigos de Brufau y el objetivo de Fainé de alcanzar un acuerdo antes de mantener un pleito muy largo. El intento no prosperó y Fainé decidió retirarse del primer plano. Pero siempre ha estado en la retaguardia atento a todos los movimientos y mantenido informado a Mariano Rajoy, de sus intenciones para el futuro de Repsol.

Los cachorros afilan las uñas

Después del protagonismo que han tenido las empresas familiares con sus reuniones con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y otros altos cargos de la Administración, los jóvenes también quieren tener su cacho. Están preparados para ejercer y, al igual que sus mayores, quieren que el Gobierno les escuche a la hora de aplicar reformas para luchar contra la crisis. Se preocupan  por   el futuro  de sus empresas, sometidas a los devaneos de la crisis y de las medidas que, sobre todo en materia fiscal, ha tomado el Ejecutivo, y también exigen  grandes pactos de Estado.

De todo eso hablarán en la reunión que la próxima semana tendrán en Ibiza más de 150 miembros del Forum Familiar, el área del Instituto de la Empresa Familiar (IEF) creada para los herederos de las empresas socias que tienen entre 25 y 40 años. La finalidad principal del Forum Familiar, que tiene más de 300 miembros, es ofrecer un mayor conocimiento de los retos que plantea la gestión de este tipo de compañías, así como convertirse en un foro para el intercambio de experiencias para fortalecer el liderazgo en las empresas familiares.

No es la primera vez que se juntan los jóvenes cachorros de las empresas familiares (algunos ya no tan cachorros), pero sí es la primera vez que se convoca un congreso. El propio presidente del IEF, José Manuel Entrecanales —miembro de la tercera generación empresarial de su linaje tanto por el primer apellido (en la actualidad, dominante en la empresa Acciona) como por el segundo (Domecq), aunque en esta rama no ejerza—, ha impulsado este tipo de reuniones, sobre todo que se celebre este congreso con vocación de continuidad. Es decir, los jóvenes ya no tendrán que acompañar a los patriarcas a los congresos o las asambleas que celebra el instituto anualmente.

Las tres principales ideas alrededor de las cuales gira el encuentro del Forum son el relevo generacional, la innovación y el emprendimiento, todos muy en paralelo con la agenda del Gobierno. Precisamente el plato fuerte donde quieren poner el acento es la mesa redonda, el sábado 29 de junio, bajo el título Suceder e innovar. Es decir, mezcla de tradición y renovación. El relevo es una de las cuestiones que siempre ha preocupado  en el entorno familiar empresarial, sobre todo a partir de la tercera generación, que es cuando aparecen los principales problemas por la dispersión de la propiedad entre los nietos del fundador. Es frecuente que estos acaben vendiendo la empresa ante la imposibilidad de mantener un gobierno sin que haya desencuentros.

Para la mesa redonda se han escogido dos de los anfitriones más representativos,  imagen de la marca Ibiza: Abel Matutes Prats, vicepresidente del Grupo Matutes, y Ricardo Urgell, propietario del imperio Pachá. Ambos son dos ejemplos antagónicos: el sucesor que ya actúa como tal y el que prepara su relevo.

Matutes júnior es el ejemplo de heredero innovador. Tiene 36 años y en estos momentos está de moda tras haber dado la vuelta al concepto de ocio en la isla y transformado el negocio hotelero de la familia (eran hoteles de tres estrellas con clientes alemanes que venían con turoperadores masivos) en una serie de beach club de lujo. Cuenta con el respaldo de su padre y patrón (el exministro y excomisario europeo, además de consejero del Banco Santander, Abel Matutes Juan) y del consejo del grupo en este proceso de transformación del negocio familiar.

El caso de Urgell —formado por más de una veintena de salas de fiesta en cuatro continentes, restaurantes, tiendas de ropa y joyas, una discográfica, un hotel, una revista, una emisora de radio, una televisión y hasta su perfume— es el del empresario de éxito que fue capaz de innovar hace ya más de 30 años y que debe abordar el relevo generacional.

En el comité ejecutivo del Forum Familiar aparecen apellidos pata negra del empresariado español: David Rodés (Mediaplanning), José María Quintero (Uriach), Guillermo Gaspart (Husa), Elena Pérez-Maura (Grupo Maritim TCB), Antonio Conejero (Siro), Borja Pascual (Leche Pascual), Beatriz Molins (Cementos Molins), María Victoria González-Gordon (Gonzalez Byass), Borja Solans (Pikolín), Jonathan Andic (Mango), Olegario Soldevila (Inma), Hugo Serra (Catalana de Occidente), María del Mar de Ros Raventós (Codorniu) y José Fernández-Álava (IEF). 

La reforma eléctrica echa chispas

El ministro de Industria, José Manuel Soria, suele contar estos días a sus allegados que se teme una lluvia de pleitos en cuanto se apruebe la reforma eléctrica, que está en capilla. Apunta que va a haber lío, y la cercanía de la nueva normativa y el temor de que cambie mucho el statu quo sectorial han movilizado a todos los sectores involucrados, desde las compañías tradicionales (agrupadas en Unesa) a las de energías renovables, pasando por las productoras independientes de régimen ordinario que forman la tercera vía y que en su mayor parte son extranjeras europeas.

Las presiones han ido creciendo en las últimas semanas (comparecencias, documentos que teóricamente maneja el ministerio, filtraciones interesadas...), pero se han encontrado con una actitud refractante de Soria y, sobre todo, del principal encargado de la reforma, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, que se mantiene en una burbuja preparando el parto, ajeno a todo lo que se publica. Solo han roto el silencio en comparecencias parlamentarias, en las que apenas han desvelado algunos detalles. Es el caso de los cambios anunciados para el sistema extrapeninsular, que ha supuesto un enfrentamiento con Endesa, hasta la fecha única operadora en las islas.

Eso es de lo poco que se sabe de la reforma, que se espera para antes de que acabe junio. La reforma se aceleró tras la llegada de Nadal al cargo después de un año de desorientación de su antecesor, Fernando Martí, que pese a proceder del consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) nunca llegó a tomar el pulso al sector. Se trata de una reforma de carácter integral que permita la sostenibilidad del sistema con la debida previsión de cambios económicos, tecnológicos y de demanda, así como el aumento de la competencia y garantía del suministro. Recogerá medidas para lograr el equilibrio entre los ingresos y gastos y articular mecanismos de estabilización y revisión de las retribuciones periódicamente, de manera que pueda solucionarse el enquistado déficit de tarifa, que en la actualidad se eleva a 28.000 millones.

Las primeras en levantar el teléfono fueron las firmas de renovables, en las que participan muchos fondos de inversión extranjeros, además de empresas nacionales (caso de Acciona). Por ese motivo, se movilizó el embajador de EE UU en España, Alan Salomon, y representantes del Gobierno de dicho país han visitado Madrid para negociar, como el subsecretario de Estado de ese país José W. Fernández, preocupados por el futuro de esas millonarias inversiones.

Por su parte, los productores independientes piden estabilidad regulatoria, rentabilidad para cada tecnología por sí misma y proporcionalidad. Asimismo, proponen un sistema de retribución para los ciclos combinados, que se consideran necesarios, apostando porque los incentivos sean revisados de forma que repercutan en el uso de otras tecnologías. En la actualidad, las centrales de ciclo combinado carecen de margen para lograr un retorno de la inversión, porque el factor de carga es muy bajo.

La teoría es parecida a la del lobby Unesa, que ya no tiene el peso que tenía en otros tiempos. Tal vez por eso las eléctricas tradicionales han utilizado otro lobby, el Club de la Energía, que preside Rafael Villaseca, consejero delegado de Gas Natural. En la presentación del informe sobre Regulación y política energética en España, que no por casualidad vio la luz en plena ebullición de vaticinios y rumores sobre la reforma, Villaseca recordó al Gobierno que “la estabilidad de la regulación, su coherencia, eficacia, consistencia y sencillez, acompañada siempre de una adecuada memoria económica de las posibles consecuencias que cualquier decisión pueda tener, deben estar continuamente presentes en todo proceso de creación normativa”. Una declaración de principios. Regulación y mercado, según Villaseca, “deben estar sujetos a una política energética o estrategia nacional, que además debe estar coordinada con otras políticas, sobre todo la económica o la industrial”.

Precisamente, el informe denuncia que el déficit de tarifa es consecuencia de la decisión de subordinar la política energética a la general y que “sus posibles soluciones constituyen un caso de estudio adecuado para reflexionar sobre el grado de eficacia de la regulación”.

El sector está a la espera. Desde los grandes grupos eléctricos agrupados en Unesa, ahora reducidos a cinco (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, E.on y EDP-Hidrocantábrico), que controlan la mayor parte de la producción y distribución; las renovables, agrupadas en diversas asociaciones (eólicas, fotovoltaicas, solares, biomasa…), entre los que hay muchos fondos internacionales, que en muy poco tiempo han visto cómo el reino de Jauja se desvanecía al reducirse las subvenciones prometidas años atrás; y la tercera vía que constituyen los productores independientes, en su mayor parte extranjeras que forman APRIE (la francobelga GDF Suez, la irlandesa ESB, la suiza Alpiq, la japonesa Osaka Gas y Global 3 Energía, controlada por Ahorro Corporación) y que canaliza más de 2.000 millones de euros de inversión y 4.000 megavatios.

La patronal enmienda la ley de Cámaras

El anteproyecto de la nueva Ley de Cámaras de Comercio que el Gobierno aprobó el  10 de mayo provocó un incendio en  la patronal. La nueva ley no ha gustado demasiado, y varios dirigentes empresariales la criticaron abiertamente en la junta directiva del 22 de mayo. Se quejaban de que confiere a las cámaras, que estaban heridas de muerte tras suprimir el anterior Gobierno el recurso  cameral obligatorio, un papel muy activo en el proceso de internacionalización y competitividad de la empresa, así como en la formación dual de jóvenes, que desplaza a las  patronales. A su juicio, es “como contar con un sindicato vertical, pero como sindicato”.

Para apagar el fuego, el presidente de la patronal, Juan Rosell, decidió constituir un grupo para elaborar las alegaciones pertinentes, que el día 27 fueron enviadas al secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz. Este grupo lo  formaron, entre otros,  dirigentes que reúnen la doble condición de presidentes de patronal y de cámara —Arturo Fernández (Madrid), Severino García Vigón (Oviedo) o Carlos Tejedor (Segovia)— lo que no convenció del todo a los críticos por considerar que son juez y parte.

Tras reconocer que el anteproyecto “presenta aspectos positivos” (las cámaras se potencian como entidades de prestación de servicios y se elimina definitivamente la cuota obligatoria), el informe subraya que “se aparta frontalmente de la posición de CEOE” y “no representa en modo alguno la deseable articulación entre Cámaras y organizaciones empresariales”. Fuentes consultadas, tanto del entorno patronal como del  cameral, aventuran, no obstante, que la propia evolución de las cámaras, sobre todo por la falta de financiación, llevará a una convergencia real entre patronal y cámaras, cuyos dirigentes coinciden con frecuencia. En ese sentido, prevén que  las 88 actuales se reduzcan a una cuarta parte, aunque en algunos casos haya que superar inquinas de años.

Según la patronal, que pide que se remita al Consejo Económico Social (CES) antes de hacerlo al Consejo de Estado, el anteproyecto se aparta de los principios que siempre ha defendido: que las cámaras carezcan de representatividad que pueda interferir en la de las organizaciones empresariales, que sus funciones no se solapen con las de estas y que en sus órganos de gobierno participen de manera significativa las patronales. Por eso, no entiende que se diga que su contenido “haya sido consensuado con las principales organizaciones empresariales, lo cual no es cierto”. Rosell quería dejar clara esta cuestión, que se le había reprochado en la junta del día 22.

Las alegaciones van más allá.En cuanto a la representatividad, y pese a que la afiliación es obligatoria y no voluntaria, el texto concede mucha autoridad a las cámaras en los intereses generales de la actividad económica y empresarial, “con lo que se produce un esencial solapamiento con las organizaciones empresariales”. “La CEOE no alcanza a comprender como a un ente público se le conceden facultades de representación de empresas ptivadas”, subraya la carta de Rosell.

Tampoco entiende la patronal que las grandes empresas estén representadas “en exceso” en la futura Cámara de España, sustituta del Consejo Superior de Cámaras, (24 vocales sobre 61) y que las patronales solo tengan nueve, lo que va en perjuicio de las pyme. En ese sentido, ha pedido que, tanto en los plenos de las cámaras territoriales como en la de España, exista un 40% de puestos (es decir, 24) para “la organización intersectorial y territorial más representativa del territorio”.

En paralelo, sostiene que “debe quedar minorada la presencia de los órganos tutelantes [las comunidades autónomas], en tanto en cuanto no garantizan aportaciones económicas para las cámaras”. También debe quedar reducida la presencia de órganos públicos “con el fin de que no se politicen las actividades de las cámaras”. La patronal se muestra conraria, además, a que en el supuesto de liquidación, el destino del patrimonio creado cocn aportaciones dinararias de las empresas sea decidido por los tutelantes.

Abundando en el solapamiento, la patronal “denuncia la publificación de actividades que se califican de funciones público-administrativas cuando tradicionalmente han sido ejercidas por entidades privadas”. Esto supone, a su juicio, una especie de “nacionalización de esas actividades”.