La patronal enmienda la ley de Cámaras

Por: | 02 de junio de 2013

El anteproyecto de la nueva Ley de Cámaras de Comercio que el Gobierno aprobó el  10 de mayo provocó un incendio en  la patronal. La nueva ley no ha gustado demasiado, y varios dirigentes empresariales la criticaron abiertamente en la junta directiva del 22 de mayo. Se quejaban de que confiere a las cámaras, que estaban heridas de muerte tras suprimir el anterior Gobierno el recurso  cameral obligatorio, un papel muy activo en el proceso de internacionalización y competitividad de la empresa, así como en la formación dual de jóvenes, que desplaza a las  patronales. A su juicio, es “como contar con un sindicato vertical, pero como sindicato”.

Para apagar el fuego, el presidente de la patronal, Juan Rosell, decidió constituir un grupo para elaborar las alegaciones pertinentes, que el día 27 fueron enviadas al secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz. Este grupo lo  formaron, entre otros,  dirigentes que reúnen la doble condición de presidentes de patronal y de cámara —Arturo Fernández (Madrid), Severino García Vigón (Oviedo) o Carlos Tejedor (Segovia)— lo que no convenció del todo a los críticos por considerar que son juez y parte.

Tras reconocer que el anteproyecto “presenta aspectos positivos” (las cámaras se potencian como entidades de prestación de servicios y se elimina definitivamente la cuota obligatoria), el informe subraya que “se aparta frontalmente de la posición de CEOE” y “no representa en modo alguno la deseable articulación entre Cámaras y organizaciones empresariales”. Fuentes consultadas, tanto del entorno patronal como del  cameral, aventuran, no obstante, que la propia evolución de las cámaras, sobre todo por la falta de financiación, llevará a una convergencia real entre patronal y cámaras, cuyos dirigentes coinciden con frecuencia. En ese sentido, prevén que  las 88 actuales se reduzcan a una cuarta parte, aunque en algunos casos haya que superar inquinas de años.

Según la patronal, que pide que se remita al Consejo Económico Social (CES) antes de hacerlo al Consejo de Estado, el anteproyecto se aparta de los principios que siempre ha defendido: que las cámaras carezcan de representatividad que pueda interferir en la de las organizaciones empresariales, que sus funciones no se solapen con las de estas y que en sus órganos de gobierno participen de manera significativa las patronales. Por eso, no entiende que se diga que su contenido “haya sido consensuado con las principales organizaciones empresariales, lo cual no es cierto”. Rosell quería dejar clara esta cuestión, que se le había reprochado en la junta del día 22.

Las alegaciones van más allá.En cuanto a la representatividad, y pese a que la afiliación es obligatoria y no voluntaria, el texto concede mucha autoridad a las cámaras en los intereses generales de la actividad económica y empresarial, “con lo que se produce un esencial solapamiento con las organizaciones empresariales”. “La CEOE no alcanza a comprender como a un ente público se le conceden facultades de representación de empresas ptivadas”, subraya la carta de Rosell.

Tampoco entiende la patronal que las grandes empresas estén representadas “en exceso” en la futura Cámara de España, sustituta del Consejo Superior de Cámaras, (24 vocales sobre 61) y que las patronales solo tengan nueve, lo que va en perjuicio de las pyme. En ese sentido, ha pedido que, tanto en los plenos de las cámaras territoriales como en la de España, exista un 40% de puestos (es decir, 24) para “la organización intersectorial y territorial más representativa del territorio”.

En paralelo, sostiene que “debe quedar minorada la presencia de los órganos tutelantes [las comunidades autónomas], en tanto en cuanto no garantizan aportaciones económicas para las cámaras”. También debe quedar reducida la presencia de órganos públicos “con el fin de que no se politicen las actividades de las cámaras”. La patronal se muestra conraria, además, a que en el supuesto de liquidación, el destino del patrimonio creado cocn aportaciones dinararias de las empresas sea decidido por los tutelantes.

Abundando en el solapamiento, la patronal “denuncia la publificación de actividades que se califican de funciones público-administrativas cuando tradicionalmente han sido ejercidas por entidades privadas”. Esto supone, a su juicio, una especie de “nacionalización de esas actividades”.

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Sobre el autor

Miguel Ángel Noceda

Miguel Ángel Noceda Llano, cántabro de Comillas, siempre ha estado ligado a la información económica. Lleva desde 1989 en EL PAÍS, donde ha sido redactor jefe de Economía y es corresponsal económico. También ha sido presidente de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y es Vicepresidente tercero de la Asociación de la Prensa de Madrid.

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