Reforma, demandas y contrarreforma

“Sabíamos que con la reforma [eléctrica] no íbamos a hacer precisamente amigos”. José Manuel Soria se despachó así ante muchos representantes del sector que querían escuchar sus razones. Lo tiene igual de claro que las demandas que le van a caer si no cambian algunas medidas: de las empresas tradicionales, agrupadas en Unesa, que se sienten frustradas e ignoradas, y las firmas de renovables, que han visto cómo sus sueños dorados se han resquebrajado por un ajuste que tachan de “exterminio”.

Las baterías están cargadas, se masca la rebelión en el mundo del kilovatio, alentados además por los grandes consumidores (siderúrgicos, cementeros...), que se quejan del ya próximo aumento de la tarifa. Durante estos días han salido a la palestra varios responsables —y seguirán saliendo— para presionar al Ejecutivo, con calificativos de “disparate” y cosas parecidas: “Ningún Gobierno le ha puesto el cascabel al gato y ahora nos pasan el muerto a las empresas”; “el Gobierno mete la mano en la cartera de las empresas”; “no es que el Estado ponga 900 millones de euros [de los Presupuestos] para los costes extrapeninsulares, es que deja de poner 900 [sobre los 1.800 necesarios]”; “lo han cuadrado con martillo”. Cosas así.

Y, entretanto, en medio de ese río revuelto, aparece el PSOE con una contrarreforma que, sobre todo, encuentra puntos en común con los colectivos de renovables (las asociaciones de eólicas, termosolares, cogeneración y fotovoltaicas), que no en vano tuvieron su época dorada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, y que, en menor medida, con las cinco grandes tradicionales (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, E.ON y EDP), que son las que más alboroto han montado con la reforma del PP. 

La reforma alternativa socialista, de la que se ha encargado Hugo Morán, persigue “un ambicioso desarrollo” de las energías renovables, además de plantear actuaciones que recuperan algunas de las políticas trazadas en el Marco Legal y Estable de los años noventa. Es decir, combina planteamientos de los últimos Gobiernos de Felipe González y la superioridad de las energías renovables por las que apostó Zapatero.

El desarrollo de las energías renovables propuesto es, desde luego, ambicioso. Podría alcanzar, dice, una cobertura de la demanda de electricidad ligeramente inferior al 40% en 2020 y entre el 60% y el 70% en 2030. Para los socialistas debe mantenerse la curva de aprendizaje y el ritmo de inversión en renovables, que en su opinión es la que va a constituir una de las bases de la reindustrialización de España. La propuesta plantea, entre otras medidas, crear un mercado de subastas por cada tecnología para las nuevas inversiones en renovables y potencia firme que permita determinar su régimen retributivo, mantener el mercado spot de la electricidad, libertad de establecimiento a precios de mercado y restaurar para las inversiones realizadas los principios regulatorios bajo los que fueron efectuadas.

La apuesta en renovables tiene sus razones: independencia energética; tecnología e innovación; creación de tejido industrial, empresas y empleo; mejora de la balanza de pagos; contención de la contaminación y aumento de la competitividad. Y, al respecto, subraya: “Desde que comenzó a reducirse el uso de centrales de gas, las cinco grandes eléctricas han cuestionado el papel de las energías renovables, culpabilizándolas del déficit de tarifa. Si asumiéramos este análisis, estaríamos abortando una de las pocas oportunidades que se le presentan al país en medio de la crisis: dirigir su necesaria reindustrialización hacia un sector con expectativas de crecimiento en todo el mundo y uno de los pocos en los que España tiene ventajas competitivas, tanto por disponer de abundantes recursos naturales como de tecnología y know how propios”.

Y es que, según datos de 2011, la capacidad real de potencia instalada de renovable está muy por encima de la planificada (un 22%), que en el caso de la fotovoltaica se dispara a un 976% (de 400 a 4.000 megavatios) y en la termosolar, un 385%. Una fuerte inversión que ha servido de experiencia para el resto del mundo, que ahora tiene unos costes más bajos. Por ejemplo, el de las turbinas eólicas se ha reducido un 48% desde 1984, es decir, una curva de experiencia del 95%, y los módulos fotovoltaicos tienen en 2011 un coste de apenas el 7% del de 1984 (curva de experiencia del 79%). J

La polémica originada por la reforma eléctrica entre productores y consumidores ha obligado al ministro de Economía, Luis de Guindos, a unirse en su defensa a ultranza. Junto a su homólogo de Industria, José Manuel Soria, y el secretario de estado de Energía y factótum de la reforma, Alberto Nadal, tuvo que trasladarse a la City londinense para vender a los fondos de inversión las bondades de las medidas y ganar apoyos. Los tres mosqueteros, que se reunieron con varios de esos fondos con la mediación de Goldman Sachs, quieren, sobre todo, frenar las posibles acciones legales contra España. Más de uno echó en falta al titular de Hacienda, el cuarto mosquetero, Cristóbal Montoro, que habría podido dar su punto de vista.

Margallo apuesta por Euskadi y Cataluña

Tras los primeros pasos en el extranjero, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, quiere impulsar ahora la Marca España dentro del país. Las prioridades del nuevo Plan de Acción para 2014 se siguen volcando en la diplomacia económica que tanto le gusta al ministro Margallo y en contribuir a la internacionalización de la empresa, así como del turismo y la cultura, y todo lo que la rodea (gastronomía, deporte, moda, patrimonio...).

Este segundo plan de acción incluye el último trimestre de este año y una de las características consiste en que se va a difundir por las comunidades autónomas la imagen de España que ya se ha comenzado a desarrollar fuera. Incluso, ya se ha adelantado a esta semana con un seminario en Valencia, que servirá como rampa de lanzamiento, además de prueba para los siguientes eventos. El adelanto se debe también, y principalmente, a que Exteriores necesita incluir la campaña en los Presupuestos Generales del Estado, que se cierran en septiembre, y tener convencido a su colega de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El plato fuerte, no obstante, se servirá con las visitas al País Vasco y Cataluña, territorios gubernativamente hostiles en los que la Marca España no va a encontrar precisamente facilidades. Aunque todavía no tiene fecha, Margallo quiere hacerlo cuanto antes e implicar, como ha hecho en Valencia, a los empresarios de las áreas. El formato ya se estrenó en Valencia con la presencia de empresarios destacados en la comunidad. El seminario se tituló El potencial exterior de la Comunidad Valenciana y Marca España y se desarrolló en cuatro mesas (turismo, transporte, industria agroalimentaria e industria transformadora).

En los casos del País Vasco y Cataluña son zonas con fuerte presencia de empresas exportadoras e innovadoras en varios sectores, muy involucradas en el desarrollo de marca. Según fuentes ministeriales, han mostrado un alto interés por conocer y participar en la campaña. Otra cosa es el apoyo institucional que reciban de los Gobiernos autonómicos, que también han lanzado o preparan sus propias campañas de marca, que sin duda irán en paralelo a las de la Marca España y que entrañan el peligro de convertirse en competidoras más que en complementarias. En el caso vasco, en concreto, el monto del gasto de la campaña Marca Vasca se cifra en 140 millones de euros en cuatro años.

Este segundo plan de acción, en cuya ejecución participa el Alto Comisionado de la Marca España que dirige Carlos Espinosa de los Monteros, también incluye la promoción de la I+D+i. Resalta la participación de las Fuerzas Armadas en misiones internacionales de paz, entre otras actuaciones. Para ello aprovechará la celebración de eventos como el VI Congreso de la Lengua Española y la XXIII Cumbre Iberoamericana, ambas en Panamá en octubre de este año; el Tricentenario de la Real Academia Española (finales de este año), el 25º aniversario de la Agencia Española de Cooperación, la candidatura olímpica de Madrid, el año del Greco (2014) o la candidatura de España al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2015-2016).

Hasta ahora los mensajes lanzados en el exterior se han centrado en el objetivo de afianzar una imagen de España en 2020 como potencia económica y política (como integrante de los primeros países del mundo); país tradicional y moderno, combina cultura y tradición con tecnología e innovación); sólido y solidario; diverso; flexible, abierto al cambio, y fiable. Para sostener esta ofensiva, que en los primeros atributos es difícil de sostener en plena crisis, se ha basado en el portal web de la Marca España, la red de embajadas, la diáspora (españoles en el exterior y extranjeros amigos de España), con planes pilotos en Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido; y los voluntarios, entre los que se puede contar con la campaña realizada por el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), formado por grandes empresas españolas con las que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reunió el pasado martes y tuvo oportunidad de comentar estos extremos sobre la Marca España.

La ‘media jornada’ de Alberto Nadal

A Alberto Nadal le gusta decir que trabaja media jornada. “Doce horas diarias como poco”, añade jocoso. Y es que desde que asumió el cargo de secretario de Estado de la Energía en enero pasado se ha dedicado en cuerpo y alma a la reforma eléctrica que el viernes aprobó el Consejo de Ministros. Aterrizó en Industria para hacer esta reforma después de que durante el año anterior su antecesor en el cargo, Fernando Martí, y el ministro, José Manuel Soria, no lograran dar con la tecla precisa para encontrar la solución de poner fin a un déficit de tarifa que amenazaba con pulverizar el sector y que, con cifras de 2012, acumulaba una deuda superior a los 26.000 millones.

Este Gobierno ha tenido el atrevimiento que ningún anterior supo o quiso tener de enfrentarse a él, solo poniendo parches, mientras las inversiones primadas en instalaciones de energía renovable crecían exponencialmente y provocaban que la factura eléctrica se elevara a lo más alto de Europa salvo las islas Chipre e Irlanda. Y ya se sabe que llevar electricidad a las islas es más caro.

Ya el año pasado, decidió medidas, entre las que se incluía un crédito extraordinario de 2.200 millones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Aquel primer paso necesitaba completarlo con una reforma, que también exigían las empresas, en ese afán de pedir reformas para todo mientras movían sus lobbies para presionar a Industria ante los fundados temores de que la reforma no les iba precisamente a beneficiar. De paso, se han enfrentado entre ellos en una guerra de buenos y malos, mientras se quejaban de que Nadal apenas les había escuchado.

Con esta reforma, Nadal espera acabar con el déficit para siempre. Otra cosa es que lo consiga. La literatura que acompaña a la reforma (marco normativo que garantice la estabilidad financiera, reducción de costes...) justifica la actuación. Sin embargo, pese a sus esfuerzos de hacer una reforma equilibrada —a sabiendas de que compañías tradicionales, renovables, consumidores y Hacienda (otra vez los consumidores) iban a salir perdiendo—, le han llovido las críticas y, probablemente al Estado le lluevan las demandas judiciales y de arbitraje a nivel internacional, sobre todo de inversores en renovables. Pero, Industria asegura tener argumentos para defenderse y salir airoso en base a dos sentencias del Tribunal Supremo que le avalan.

Al final, Nadal ha logrado poner a todos los colectivos en el mismo lado, junto a grupos de izquierda y consumidores. No ha dejado contento a nadie, salvo (y con matices) al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ganó la batalla que mantuvo con Soria al conocer que pedían 1.800 millones a los PGE. Montoro dijo que no había margen apelando al compromiso de reducir el déficit público. Retrasó la aprobación dos semanas, pero consiguió que los PGE solo aportarán 900 millones, la mitad de lo que se le pedía para los costes extrapeninsulares.

La reforma compensa esa merma con mayor una aportación de las empresas y también con un tarifazo del 3,2% en los bolsillos de los consumidores, que siempre son los paganos. Hay que valorar, en todo caso, que no cargaran sobre los consumidores todo el recorte, que según sus estimaciones, habría sido del 19%; y que Montoro no haya permitido que se dispararan los gastos presupuestarios. Algo es algo, pero faltaría más que lo hubiera repercutido con la que está cayendo en plena crisis y, sobre todo, sabiendo que entre 2003 y 2011 la tarifa de la luz subió un 63%.

En el paquete de damnificados se incluye a las entidades financieras, con las que Nadal ha tenido que hablar para decirles lo que se aproximaba. Los bancos y cajas participaron en la búrbuja fotovoltaíca, que creció paralela a la inmobiliaria y que propició un renacimiento de la cultura del pelotazo. Es significativo que haya 55.000 instalaciones renovables y que, de ellas, más de 50.000 sean parques fotovoltaicos o solares.

Otra cosa es que casi la mitad de la tarifa (un 48%) son extracostes, es decir, que no pertenece estrictamente a la tarifa (primas, impuestos, herencias del pasado...). “En puridad solo habría que pagar lo que forma la tarifa”, dijo en su intervención en FAES. “El argumento es técnicamente correcto; pero si lo sacas de la tarifa hay que ponerlo en algún sitio, es decir, en los Presupuestos”, según un experto del sector. Y Nadal a completar la jornada.

Nueva visita española a Israel

Este fin de semana una delegación española encabezada opor el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, y compuesta por 50 empresarios visitará Israel. La misión se enmarca en las relaciones emprendidas por los dos países para estrechar lazos comerciales y, sobre todo, en la construcción de la línea de alta velocidad y otras obras de infraestructuras, así como en empresas de tecnología e innovación. Eso explica que acudan principalmente empresas constructoras y del sector tecnológico.

Ahora parece la hora de la verdad para lograr importanets contratos después de que en diciembre pasado ya visitara Israel una delegación encabezada por la ministra de Fomento, Ana Pastor, y entonces ya se dijo que las constructoras españolas, algunas de la cuales acababan de lograr el contrato para el AVE Medina La Meca en Arabia, tenían serias opciones para llevarse los contratos, consistentes en una línea de alta velocidad que une el Mar Rojo con el Mediterráneo (en concreto, Tel Aviv con Eilat), cuya inversión se estima en unos 3.000 millones de euros. A este proyecto se suma la ampliación del metro de Tel Aviv y obras en el puerto de Ashdod, en cuya primera ampliación ya participó la empresa Dragados (de ACS).

Por otra parte, la empresa de ingeniería Ineco, adscrita al Ministerio de Fomento, ha diseñado 18 proyectos de infraestructuras en distintos ámbitos de ingeniería civil, que se pueden poner en marcha de forma inminente.

La participación en esta nueva misión permite, además, consolidar la presencia de empresas españolas de los sectores de TIC y Economía Digital establecidas en Israel con el respaldo de las instituciones del Estado. Precisamente, se celebra pocas fechas después de que Telefónica haya anunciado que tiene previsto ampliar su presencia en Israel, uno de los principales centros globales en innovación en el mundo digital. Telefónica Digital, división de internet y nuevas tecnologías, va a relanzar los trabajos en la sede de Jajah, empresa israelí adquirida por la firma española en 2010.

El modelo israeli de innovación constituye un referente internacional. Israel dedica el 4,8% del PIB a I+D+i con unos recursos que se reparten en 30% públicos y 70% privados. El sector de la alta tecnología representa una muy alta porción de las exportaciones, más del 35%. Su economía crece en torno al 4% y el desempleo apenas existe, representando una excepción en la zona geográfica en la que se encuentra.

Las buenas relaciones de España con Israel se reflejan también en el acuerdo firmado la pasada primavera entre el Gobierno de cicho país y el de Extremadura de José Antonio Monago sobre innovación y tecnología. En este caso, demuestra el interés por desarrollar y exportar su tecnología a zonas de distintos países, en este caso a la comunidad extremeña. En la primera reunión, celebrada en Extremadura y proseguida en junio por una visita a Israel, estuvo presente García-Legaz, lo que le permitió estrechar lazos con los responsables israelíes y entablar el encuentro de este fin de semana. 

El dilema de las autopistas

El asunto de las autopistas de peaje le está apretando a la ministra de Fomento, Ana Pastor. Esta semana ha cobrado fuerza en el tradicional seminario que la patronal del sector, Aseta, celebra en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, que suele ser una especie de catapulta para poner en órbita sus cuitas. En esta ocasión son la crisis que atraviesan las autopistas de la segunda generación (las que se adjudicaron tras llegar el PP al Gobierno en 1996, principalmente las radiales de Madrid) y la implantación de la euroviñeta, o pago por uso.

El primer tema se ha convertido en una patata caliente para Pastor, por si no tenía pocos problemas con la deuda del departamento (se reconocen 40.000 millones de euros). En ausencia de la ministra, el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, dibujó un panorama que asusta: “De las 22 concesiones, 9 están en una delicada situación, y de estas, 6 en concurso de acreedores. Hay 10 constructoras, 52 bancos y miles de socios involucrados”.

La situación de las autopistas con problemas proviene del bajo tráfico, fruto de unos cálculos sobreestimados, y de los sobrecostes de las expropiaciones, como consecuencia de una sentencia del Supremo de 2008 que elevó de 400 a 2.300 millones su coste. Hay que añadir obras adicionales y una estructura financiera agresiva, lo que hace que la banca tenga mucho que decir.

Todo eso, que ya es bastante, se agravó por la crisis. El Gobierno adoptó medidas para evitar el concurso de acreedores como las cuentas de compensación y los préstamos participativos, cuya evolución depende de los ingresos generados. Estos préstamos tienen la ventaja, en términos de contabilidad nacional, de que se consideran inversiones financieras y no influyen en el déficit.

Ante eso, Fomento está obligado a tomar una solución urgente, para la que ha manejado tres alternativas: prorrogar los préstamos y aumentar las cuentas de compensación; no interferir en las concesiones y dejar que los concursos de acreedores sigan su curso, o crear una empresa pública con una participación minoritaria de las nueve concesionarias y mayoritaria del Estado que se quedaría con las concesiones y reestructuraría los créditos. Es decir, una especie de banco malo de las autopistas. Esta solución evitaría los litigios a los que llevaría la segunda alternativa.

“Somos conscientes de la situación y tenemos que buscar un sistema viable o liquidar las empresas; el momento es crucial. Fomento no quiere imponer ninguna alternativa, pero sí garantizar la viabilidad del sistema concesionario, lo que es un reto porque depende del futuro de la colaboración público-privada y atraer capital es prioritario”, subrayó Niño ante representantes de las empresas y de los partidos políticos, que vieron en esas palabras un ultimátum a las empresas.

Pero las empresas no están conformes con la propuesta de Fomento, que ha ofrecido a constructoras y concesionarias una participación del 20% (por la transformación de las inversiones y deuda extraordinaria en capital). Las empresas reclaman un 49% o que se les abonen los casi 500 millones que consideran que la Administración les adeuda por la construcción de las autopistas.

El sector, según José Luis Feito, presidente de Aseta, no ha pedido el rescate ni ha planteado esta empresa. Lo que propone la patronal, en definitiva, es que el peaje no se aplique como un mecanismo estrictamente financiero como en la actualidad, sino que el usuario pague una tarifa variable que refleje el ahorro de tiempo, la seguridad y los costes sociales, entre otros indicadores. Para el sector, la renegociación de los contratos de concesión tiene consecuencias negativas para contribuyentes y usuarios, porque han de pagar más por el aumento de las tarifas o la ampliación de plazo de concesión o por el otorgamiento de los préstamos a un tipo de interés fuera de mercado.

Los políticos participantes en el seminario están de acuerdo en que se debe buscar una solución rápida; y mientras Rafael Simancas (PSOE) exige una solución que satisfaga a todos, Andrés Ayala (PP) la ve lejana tras subrayar que lo peor es que no se alcance un acuerdo. Simancas añadió que, ya que no es posible una rentabilidad económica, haya una rentabilidad social “abriendo al tráfico libre” las autopistas de peaje.