Esperando a Oettinger

Por: | 20 de octubre de 2013

Las 10 grandes compañías eléctricas europeas que han juntado sus fuerzas para reclamar cambios en la política energética comunitaria han logrado que los responsables energéticos de la Unión Europea les tengan más en cuenta después del eco obtenido la pasada semana en Bruselas con la presentación de un manifiesto conjunto. A juicio de las eléctricas, la política energética europea no garantiza la seguridad de suministro y provoca un encarecimiento de la factura.

La importancia que tiene el sector en la economía es como para tomarse en serio cualquier reivindicación y eso las eléctricas lo saben. Por eso, el comisario de Energía, Günther Oettinger, no ha tardado en anunciarles que les llamará a capítulo junto a los ministros de Energía de los siete países a los que pertenecen. No hay una fecha fijada; pero parece que, si no es esta próxima semana, será antes de que acabe octubre. Debe ser cosa de encuadre de la agenda del comisario y los ministros porque los ejecutivos están en primer tiempo de saludo.

Según el manifiesto, más del 50% de la factura que pagan hoy los europeos “no tiene nada que ver con la generación de energía o las redes, sino que responde a decisiones políticas erróneas que se han tomado en diferentes países”, en palabras del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que forma parte de ese grupo impulsado por el presidente de GDF Suez, Gérrard Mestrallet, y en el que también está Rafael Villaseca, consejero delegado de Gas Natural Fenosa (GNF).

La queja se concreta en la petición de que se reduzcan o supriman las ayudas a las energías renovables, sobre todo a las no maduras (es decir, fotovoltaica y termosolares) y en la denuncia del cierre de unos 50.000 megavatios de potencia de ciclo combinado, equivalente nada menos que a 50 plantas nucleares medianas. La cifra “podría duplicarse en los próximos meses”, según Mestrallet, para quien “las plantas no estarán listas en caso de que haya un invierno muy frío en los próximos años”. Una clara referencia a la posibilidad de desabastecimiento y apagones, a lo que se suma el rechazo al modelo de retribución que se quiere imponer a la distribución de energía, esencial para que sigan invirtiendo.

El problema de los ciclos combinados también se produce en España, donde hay 25.000 megavatios instalados y apenas se utiliza el 10% de su capacidad, mientras la reforma eléctrica aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy plantea hibernar este tipo de plantas. Las eléctricas españolas han aprovechado para presionar al Ejecutivo con el objetivo de que modifique alguno de los puntos recogidos en el proyecto de reforma eléctrica, para el que todavía falta que se desarrollen gran parte de la normativa. No obstante, a la vista de la actitud del ministro José Manuel Soria les quedan muy pocas esperanzas de que esto ocurra.

Hasta hace poco tiempo, las eléctricas europeas veían el caso español como algo aislado. Ahora parece que simplemente es una versión mucho más intensa y extremada de unos problemas que son genéricos en todos los países de la unión. La comunión de todas estas compañías con unos problemas que empiezan a ser acuciantes para ellos les ha fortalecido como lobby para ejercer toda la presión posible y conseguir una rectificación de Bruselas. Al tiempo, puede ser un acicate para que se avance hacia una política energética común a partir de la reunión con Oettinger.

Bruselas, de momento, ha anunciado que va a presentar un informe sobre los modelos de ayudas a las renovables y revisar las otras peticiones. A la vista de las advertencias de riesgo de apagones, la Comisión de Energía sopesa si reducir el plan que tenía marcado para llegar a conseguir que el 20% de la energía que se produzca sea con renovables. Este objetivo fue, precisamente, el que llevó a muchos países a establecer un sistema de ayudas para fomentar el uso de esta fuente de generación eléctrica, pero supuso que se disparara el precio de la luz. Y en España, las subvenciones concedidas a las renovables fue la principal causa del déficit eléctrico, cifrado en 26.000 millones.

Esta actitud de Bruselas,  evidentemente, no es el del agrado de las firmas de renovables, caso de las españolas Acciona o Abengoa, que acusa al Gobierno español de “expropiación” de sus termosolares. Cada cual  cuenta la feria según le va.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y el consejero delegado de Gas Natural Fenosa (GNF), Rafael Villaseca, forman parte del grupo de presión eléctrico establecido en Bruselas. El resto de directivos que estuvieron en Bruselas con los italianos Paolo Scaroni (ENI) y Fulvio Conti (Enel), el francés Gérard Mestrallet (GDF Suez), los alemanes, Johannes Teyssen (E.ON) y Peter Teryum (RWE), el holandés Gertjan Lankhorst (GasTerra), el sueco Oystein Loseth (Vattenfall) y el checo Daniel Benes (CEZ Group). Falta la pública francesa EDF y la portuguesa EDP, propietaria de Hidrocantábrico, lo que hace que sea la única firma española que no está en el lío (Endesa y está a través de Enel y la filial de E.ON a través de su matriz). Llama la atención la ausencia del gigante francés, debido posiblemente a que su capital es mayoritariamente estatal y a que el impulso de este grupo lo lanzó su competidor nacional GDF Suez.

Hay 1 Comentarios

Pero... el objetivo de los ciclos combinados no era respaldar a las renovables?

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Este blog intenta meterse en las cocinas donde se elaboran y se fraguan las noticias, dar claves sobre las decisiones de política económica y empresarial, aportar  pistas sobre las relaciones de poder de las personas que manejan los destinos del país, valorar la dimensión de la economía como determinante en la vida política y de los ciudadanos y analizar el alcance de las informaciones en materia económica.

Sobre el autor

Miguel Ángel Noceda

Miguel Ángel Noceda Llano, cántabro de Comillas, siempre ha estado ligado a la información económica. Lleva desde 1989 en EL PAÍS, donde ha sido redactor jefe de Economía y es corresponsal económico. También ha sido presidente de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y es Vicepresidente tercero de la Asociación de la Prensa de Madrid.

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