Guindos se hace fuerte en la City

El pasado miércoles, 20 de noviembre, fue un día grande para Luis de Guindos. Y no, precisamente, por ser el segundo aniversario del triunfo del PP que le llevaría a ocuparse del Ministerio de Economía y Competitividad, sino porque fue uno de los invitados estrella a la conferencia anual que organiza Goldman Sachs en el hotel Four Seasons de Londres.

El banco de inversión estadounidense celebra todos los años por estas fechas una gala privada a la que invita a personajes destacados del universo económico de Europa. Este año, bajo el título Global growth and the role of Europe (Crecimiento global y el papel de Europa), consideró que el ministro español era la persona apropiada para dar la última conferencia del evento que abrió el expresidente francés Nicolas Sarkozy y en el que también intervinieron el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim; el alcalde de Londres, Boris Johnson, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney.

Para Guindos, que conoce bien la City londinense por su paso por Lehman Brothers y otros cargos, supuso un reconocimiento gratificante, sobre todo después de que unos días antes el poderoso banco de inversión entonara un clamoroso mea culpa reconociendo que había cometido “muchos errores” (también aciertos) en sus previsiones sobre España. Goldman Sachs había pedido el rescate de España para solucionar sus problemas de financiación. Ahora, en su último informe (titulado precisamente Mea culpa or mea maxima culpa) destaca las reformas emprendidas, que “han tenido un impacto positivo antes de lo esperado”. Asimismo, el informe reconoce que ha sorprendido el crecimiento y la contención de la inflación, cuestión en la que también engloba al onjunto de la Unión Europea.

Todo eso, y algunas alabanzas más, justificaban la presencia en la capital británica de Luis de Guindos, que fue recibido por el primer ejecutivo de Goldman, Lloyd Blankfein. Este le pudo reiterar personalmente las disculpas y reconocer que habían sido muy exagerados con sus vaticinios. Luego le presentó Olaf Díaz-Pintado, director general de Goldman Sachs en España, que aparece con él en la foto.

El acto contó con unos 150 invitados, representantes de grandes empresas europeas. Entre ellos, estaban los españoles José Manuel Entrecanales (presidente de Acciona), Marc Puig (presidente de Antonio Puig) Matías Rodríguez Inciarte (vicepresidente del Banco Santander) e Íñigo Meirás (vicepresidente de Ferrovial). También asistieron primeros ejecutivos de grupos punteros europeos como Gesina, Adidas, Basf, Benetton, Prada, Qatar Fundation, ABB, Nestlé, Novartis, Arcelor, BP, British Gas, Glaxo, KKR, Pearson, entre otros.

Luis de Guindos habló durante unos 15 minutos. Bajo el título de Reformas estructurales y competencia global, abordó las tareas que le han tocado dirigir en estos dos años de mandato: las reformas estructurales, la correción de los desequilibrios, el sector exterior, los retos de la Unión Europea... Después recibió en torno a una media docena de preguntas centradas en esos temas, algunas de ellas no exentas de alguna carga de profundidad contra la línea de flotación española.

Se le cuestionó sobre los frenos que puede suponer la austeridad en el despegue económico. También se incidió sobre el escaso ritmo reformista mostrado en los países del sur de Europa y los problemas que puede suponer la deflación y la devaluación interna de España. No faltó la referencia a la evolución de la deuda y al déficit público, con especial incidencia en las comunidades autónomas. Y, por supuesto, se le preguntó sobre el grave problema del desempleo, sobre todo el juvenil. Como colofón, también se le invitó a hablar de la reestructuración financiera, en la que el ministro ha intervenido directamente.

Y lo hizo. Defendió el rescate bancario y el desarrollo que ha tenido el reajuste financiero en España, subrayando “la obligación de tomar medidas”. Sobre el déficit, hizo hincapié sobre la “prioridad de reducirlo” y de la deflación aseguró que “era coyuntural”. En el tema del desempleo, el ministro pronosticó que “se empezará a crear empleo a partir del año que viene”, en línea con lo que también predica el presidente del Gobienro, Mariano Rajoy, aunque el ministro no dijo cuántos empleos.

A la espera de las agencias de califciación

Entre tanto salto a Bruselas y alrededores, viajes a otros destinos (muchos de ellos transatlánticos), comparecencias y asistencias (que no es lo mismo) en el Parlamento y otras tareas propias del cargo, al ministro de Economía, Luis de Guindos, le debió parecer ideal la invitación de Goldman Sachs de acudir a Londres a participar en su conferencia anual ante un público distinguido. No solo tenía la oportunidad de hacer un alto en el camino; sino que era la mejor ocasión, en un púlpito pintiparado, de lanzar la proclama reivindicativa de la recuperación en la que tanto insiste el Gobierno. Ahora, lo que Guindos espera, tras la mejoría de la prima de riesgo y de las cifras macroeconómicas, es que tire el consumo de los hogares y convencer a las agencias de rating para que lo reflejen en la calificación de la deuda española, degradada a peldaños peligrosos en lo peor de la crisis y fundamental para ganar confianza en los mercados internacionales.

3-D: cita del comisario con las eléctricas

Ha tardado algo más de lo esperado, pero al final el comisario de la Energía, Günther Oettinger, ha convocado para el día 3 de diciembre, martes, a las 10 grandes compañías eléctricas europeas que el pasado octubre presentaron en Bruselas un manifiesto conjunto poniendo en solfa la política energética europea. A juicio de las eléctricas es necesario un cambio en esa política porque actualmente no garantiza la seguridad de suministro y provoca un encarecimiento de la factura que pagan empresas y ciudadanos.

La reunión, a la que en principio se contaba también con los ministros del ramo de los siete países a los que pertenecen las compañías, abordará sus reivindicaciones. Según las empresas, el 56% de la factura que se paga en Europa no tiene nada que ver con la generación de energía o las redes, sino que responde a decisiones políticas erróneas que se han tomado en diferentes países. En el caso de España, corresponden a primas a las renovables (21%), impuestos (otro 21%) y otras subvenciones (déficit, costes extrapeninsulares, carbón nacional..., 14%).

Es uno de los argumentos que esgrimen los representantes del grupo de eléctricas, que piden que se reduzcan o supriman las ayudas a las renovables, sobre todo a las no maduras (fotovoltaicas y termosolares). Entre ellos están Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y Rafael Villaseca, consejero delegado de Gas Natural Fenosa. El grupo fue impulsado por el presidente de GDF Suez, Gérrard Mestrallet, y además de los citados lo componen los italianos Paolo Scaroni (ENI) y Fulvio Conti (Enel), los alemanes Johannes Teyssen (E.ON) y Peter Teryum (RWE), el holandés Gertjan Lankhorst (GasTerra), el sueco Oystein Loseth (Vattenfall) y el checo Daniel Benes (CEZ Group). Endesa y E.ON España están a través de sus matrices, Enel y E.ON. La quinta española, Hidrocantábrico, no figura al no estar su propietaria, Electrecidade de Portugal (EDP). No figura el gigante Électrecité de France (EDF), debido posiblemente a que su capital es mayoritariamente estatal o a que el grupo lo lanzó su competidor nacional.

Además de reclamar “un enfoque más sostenible de la promoción de las energías renovables con el fin de reducir los costes y de favorecer una mayor convergencia entre los Estados miembros”, pondrán sobre la mesa la denuncia del cierre de plantas de ciclo combinado, que afecta, según sus cifras, a unos 50.000 megavatios de potencia, equivalente a unas 50 plantas nucleares medianas. Esta cantidad “podría duplicarse en los próximos meses”, según Mestrallet, quien advirtió de que habría problemas de abastecimiento y apagones si hay inviernos muy fríos. A ello se añade el rechazo al modelo de retribución que se quiere imponer a la distribución de energía, esencial para que sigan invirtiendo.

En ese sentido, el grupo exige un diseño del mercado que incorpore un enfoque europeo coordinado de los mecanismos de capacidad en el que todos los activos que contribuyan a la seguridad del suministro reciban una remuneración justa. Asimismo, solicita un mercado europeo del carbono capaz de incorporar tecnologías respetuosas con el medio ambiente y de proporcionar una perspectiva fiable mediante el establecimiento de objetivos ambiciosos y realistas de emisiones de gases de efecto invernadero para después de 2020. También demanda el fortalecimiento de las políticas destinadas a incentivar la inversión en tecnologías prometedoras como, por ejemplo, el almacenamiento de energía, las nuevas energías renovables, la captura y el almacenamiento de carbono, el uso de redes y contadores inteligentes y el shale gas.

Las empresas de renovables también han reaccionado y presionado a Bruselas, a sabiendas de que se manejan informes sobre los modelos de ayudas a estas energías y se considera reducir el plan marcado para llegar a conseguir que el 20% de la energía que se produzca en 2020 sea con energías renovables. Las firmas de renovables piden que se actúe contra las nucleares y la gran hidráulica. Asimismo, se han quejado de que los cambios suponen una vulneración de los principios de confianza, rentabilidad razonable y seguridad jurídica, que, en el caso de España, se refleja en un recorte del 37% de los ingresos previstos. Merma que puede llevar, dicen, a la suspensión de pagos de muchos inversores y “a arruinar a 50.000 familias”.

La productiva visita de Almunia a Madrid

El vicepresidente europeo se reúne en un solo día con la vicepresidenta del Gobierno, el gobernador del Banco de España y el presidente de la Comisión de la Competencia

El comisario de Competencia y vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, aprovechó a fondo la visita que hizo a principio de semana a Madrid. Además de sondear el clima que reinaba en torno al PSOE, ante la conferencia política de este fin de semana, por la que volvió el viernes a la capital, el que fuera secretario general del partido cubrió su agenda con asuntos de su actual cargo y condición en Europa. En menos de 24 horas se reunió con el presidente de la nueva Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), José María Marín Quemada; el gobernador del Banco de España, Luis María Linde; y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Por ese orden. Y también tuvo tiempo, incluso, de acudir a otros eventos de ese día.

El encuentro con más contenido, por su diversidad, fue el que tuvo con la vicepresidenta. Sáenz de Santamaría está muy encima de todas las cuestiones europeas que afectan a España y, por eso, tenía mucho interés en verse con el representante español en la Comisión Europea, que sin duda es el que mejor le puede explicar lo que se cuece en los diferentes sectores más allá de lo que lo hagan los ministros de los diversos ramos. La visión general del vicepresidente europeo, seguramente, le sirvió para recibir una panorámica general con bastante mejor precisión que la de los compañeros del Gobienro. Al menos, desde un punto de vista más objetivo.

Con el gobernador, Almunia tuvo oportunidad de repasar el grado del cumplimiento del proceso de reestructuración del sector financiero. Sobre todo, de cómo se encuentran las entidades ante el análisis de la calidad de activos al que tienen que someterse primero ante el BCE y, posteriormente, ante la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Y, probablemente, del lío que se había montado con el nombramiento de José María Roldán, destituido por Linde como director del BE, como presidente de la Asociación Española de Banca (AEB) y la intromisión del ministro de Economía Luis de Guindos.

El primer encuentro que tuvo Almunia, en cualquier caso, fue con Marín Quemada, que el día 7 cumplió su primer mes al frente de la CNMC. El Gobierno de Mariano Rajoy decidió integrar en una sola comisión las antiguas comisiones de Competencia, Energía, Telecomunicaciones y Correos, con el objetivo de ahorrar dinero y ganar eficacia, según el proyecto ideado por Guindos, quien colocó a su frente a un hombre de su entera confianza como Marín, que dejó su cargo de consejero del Banco de España para asumir la responsabilidad.

Para Bruselas la integración de todas las antiguas comisiones en la CNMC no supone ningún problema, ya que cada país miembro tiene libertad para realizar las labores supervisoras siempre y cuando cumpla con las exigencias y el funcionamiento sea eficaz. En ese sentido, lo que preocupa a Almunia, y así se lo hizo saber a Marín, es que el nuevo organismo pierda prestigio adquirido en Europa por la desaparecida Comisión Nacional de la Competencia (CNC), estando entre las que mejor funcionamiento ha tenido tradicionalmente entre los 28. Algo de lo que no pueden presumir las otras comisiones extintas.

El presidente de la nueva macrocomisión es consciente de que tiene que hacer la integración sin malgastar el crédito adquirido en años pasados y, en ese sentido, recibió del comisario todo tipo de colaboración y ayuda para que los viricuetos europeos no sean adversos. Precisamente, una de sus primeros movimientos fue visitar la capital comunitaria al frente de una delegación del organismo, previo envío do una carta de presentación a todas las instituciones europeas.

Otra de las tareas que tiene Marín por delante es la de preservar la independencia. Es decir, mantenerse al margen de cualquier posible intromisión gubernativa. Los primeros pasos no han sido precisamente fáciles. Nada más llegar tuvo que apagar el incendio que provocó el nombramiento de Beatriz de Guindos, sobrina del ministro, como directora del área de competencia. De Guindos, que era subdirectora del área de Industria y Energía de la CNC, dimitió al día siguiente, lo que supuso que no la pudiera sustituir Micaela Arias-Cañete, hija del ministro de Agricultura, Miguel Arias-Cañete, precisamente, uno de los nombres que se baraja para sustituir a Almunia como comisario el próximo año.

La industria catalana espera a Soria

Ocurrió durante el XVI Congreso de la Empresa Familiar celebrado esta semana en Jerez de la Frontera. Ante la pregunta de si la independencia de Cataluña sería buena para la empresa, un empresario catalán contestó saliendo por la tangente: “El ministro de Industria todavía no ha visitado el cinturón industrial de Barcelona, que probablemente sea el más denso de España, y eso que ya lleva casi dos años en el cargo”. El empresario, por supuesto, pidió guardar el anonimato.

La respuesta, aunque aparentemente no tuviera nada que ver con la pregunta, encerraba una enorme carga de profundidad sobre el asunto. El proceso soberanista iniciado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, no gusta a los empresarios más representativos del universo catalán; pero si desde Madrid se les hace poco caso o ninguno (esa ausencia de visitas o cosas similares), es muy probable que cada vez lo acepten con resignación. O como algo irremediable.

En el citado congreso, que se desarrolló desde el 27 al 29 de octubre en la ciudad andaluza, se concentró una parte de lo más granado de la burguesía empresarial española y catalana, reunidos por el Instituto de Empresa Familiar (IEF), en el que el 40% es catalán. Las empresas que forman esta organización, junto a las agrupaciones regionales adheridas, representan el 27% del PIB nacional.

La cuestión catalana palpitó durante todo el Congreso, como se demostró en la intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que pidió diálogo y consenso y apeló a la Constitución “que se han dado todos los españoles”. Sin embargo, los asistentes prefirieron ocultar esa evidencia, dejando que corriera. O también en la intervención del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que quizá se refería a la polémica cuando dijo que “la estabilidad política y jurídica es fundamental para la recuperación”.

El asunto aprieta pero no ahogó. Para los empresarios catalanes lo importante es el mercado y saben que está fuera de Cataluña. Por eso, y quizá con la boca pequeña, subrayaban que “es un tema secundario que no nos tiene que preocupar”. En los corrillos que formaban en las pausas para el café o en los comedores y cenáculos lo que predominaba era más la crisis y la salida de la misma, las decisiones sobre política fiscal, la reforma de la Administración y la solución a los problemas de financiación.

El IEF se cuidó mucho de no incluir ninguna pregunta sobre el asunto en la encuesta interactiva a la que acostumbra en cada Congreso y en la que toma el pulso a la situación política y económica. Ese sondeo deparó un suspenso en casi todo por parte de los más de 450 asistentes al acto. Los políticos siguen dejando mucho que desear y la situación económica mejora aceptablemente, aunque todavía sigue en números rojos. Bastante peor han ido las cosas para las reformas eléctrica y de la Administración, que no llegan al dos sobre nueve. Y también suspende la Ley de Emprendedores y solo el proyecto de ley de garantía de unidad de mercado recibe un apoyo clamoroso.

La vicepresidenta, que llegó al congreso al día siguiente de conocerse esas calificaciones, se sometió a las exigencias de los empresarios familiares que le pidieron, por boca de su presidente, José Manuel Entrecanales, cuatro cosas muy concretas para reactivar la demanda interna y salir de la crisis: revisar el marco fiscal, mayor inversión pública, mejora de la disponibilidad de financiación y profundizar en las reformas.

La cosa tributaria es prioritaria para los empresarios, que en sus peticiones coincideron en poner como más urgente la reducción de los tipos del impuesto de sociedades y las cotizaciones empresariales a Seguridad Social. En parecida dimensión, exigen reducir las diferencias impositivas entre las comunidades autónomas, converger hacia una fiscalidad empresarial homogénea a nivel europeo y que revierta la subida del IRPF a la situación anterior al diciembre de 2011 (es decir, a como estaba antes de que el PP llegara al Gobierno). Así se lo transmitió Entrecanales, que, además de subrayar que la inversión necesita un marco fiscal y regulatorio estable, recordó que desde ese momento se hayan realizado más de 50 cambios normativos de las figuras tributarias.