Año nuevo para la gran patronal

Tiempo de cambios en la patronal CEOE. Con la inminente salida de José de la Cavada de la dirección de Relaciones Laborales y la jubilación de Rafael Aldama de la de Asuntos Legales, el presidente de la confederación empresarial, Juan Rosell, da por prácticamente cerrada la reorganización de la cúpula directiva. Estos cambios, que se habían convertido en una de sus obsesiones desde que llegó al cargo hace tres años, le permite tomar impulso para lograr la modernización.

De la Cavada, que llegó al cargo en 2008 con Gerardo Díaz Ferrán en la presidencia, se ha caracterizado por sus declaraciones polémicas y extemporáneas, así como por las relaciones tensas con sus colaboradores. Ello le supuso que fuera demandado dos veces por acoso laboral y que su puesto haya estado en el alero en varias ocasiones.

Durante la etapa de Díaz Ferrán, propuso un modelo de contrato para jóvenes sin indemnización por despido (algo que él no va a perdonar ahora), que aquel se vio obligado a desmentir, aunque le había servido de globo sonda. Ya con Rosell al frente, De la Cavada criticó los cuatro días de permiso que el Estatuto de los Trabajadores otorga por defunción de un familiar de primer grado cuando es necesario pernoctar, alegando que “los viajes no se hacen ya en diligencia”. Todo un carácter.

Aunque está en el punto de mira de Rosell desde hace tiempo, ha tardado más de lo previsto en sustituirle, hecho que previsiblemente se producirá en los próximos días. Seguramente cuando el presidente encuentre su relevo entre los varios nombres que baraja para el puesto, que es muy importante en el funcionamiento de la organización, ya que lleva consigo la representación de la CEOE en el diálogo social con los sindicatos.

Además del nuevo director de Relaciones Laborales, el organigrama queda completo con Narciso Casado, como director de Internacional; Javier Calderón, Formación; Bernardo Soto, Fiscal; Bernardo Aguilera, Economía y Edita Pereira, Jefe de Gabinete. Estas tres responsabilidades estaban bajo el control del vicesecretario general, cargo que estaba vacante desde que Alberto Nadal se incorporó a la Secretaría de Estado de la Energía hace ahora un año.

La tarea ejecutiva queda encabezada por el secretario general, José María Lacasa, del que dependen directamente la gerente, Ana Plaza, y el director gorporativo, que ocupa Manuel Echanove, incorporado el pasado verano de Telefónica. La estructura organizativa de la patronal ha quedado así adelgazada notablemente frente a los 14 directores que había antes. Asimismo, en estos tres años, la plantilla ha pasado de 210 a 130 personas, aunque el objetivo es dejarla en 100, cifra que se considera suficiente para el funcionamiento de la CEOE.

Además de esos cambios, Rosell también quiere recortar el número de vicepresidentes de la patronal para dejarlas en cinco (una de ellas ocupada por el presidente de Cepyme, Jesús Terciado). En ese camino ya se ha producido la baja de Jesús Serafín Pérez Díaz, expresidente de la patronal de Alimentación y Bebidas, y ahora espera que pase lo mismo con la de Santiago Herrero.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) fue imputado el pasado día 20 por la juez titular del juzgado de instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, junto a otros directivos (entre ellos el secretario, Antonio Carrillo, y el vicepresidente Juan Salas), por una presunta estafa en la venta de viviendas de protección oficial (VPO) que no se han terminado. La juez, que les ha citado para marzo, investiga por qué no se terminó la promoción, pese a que los compradores adelantaron de media 20.000 euros y que había financiación más que suficiente, incluida unas subvención de la Junta. los subcontratistas denunciantes les reclaman medio millones de euros.
Como consecuencia de ello, Herrero ya ha anunciado que no se presentará a la reelección en la presidencia de la CEA. Para sustituirle, Herrero ha postulado a Javier González de Lara, presidente de los empresarios malagueños, cuyo nombre ha sido contestado por algunas corrientes internas de la CEA.

El ingenioso Hidalgo

Según el diccionario la palabra ingenio admite varias acepciones (facultad de discurrir o inventar con prontitud, intuición, artificio y maña para conseguir algo...). En todas encaja Juan José Hidalgo, que se encuentra ante una de las etapas más trascendentales de su vida, pese a haber empezado a que ya ha superado los 72 años y a haber empezado a hacer negocios casi de juvenil trasladando emigrantes desde Salamanca a Suiza (y viceversa). Ahora este hombre se ha propuesto dar un meneo a su grupo.

El presidente de Globalia (agrupa Air Europa y Viajes Halcón, entre otras empresas) lleva un tiempo revolucionado, con muchos frentes abiertos: la más que posible salida a Bolsa de Globalia; la apertura de nuevas rutas a distintos lugares del continente; la decisión de un juez de la República Dominicana de dictar su busca y captura, posteriormente retirada, y la separación matrimonial y la relación con sus tres hijos, que también pueden influir en la composición del accionariado de la compañía.

De momento, Hidalgo ha encargado a la entidad N+1 que realice una valoración del grupo. Pero antes tiene previsto dar entrada a nuevos socios en su accionariado. Estos comprarían los paquetes de títulos del Banco Popular (9,9%) y Unicaja (7,5%), compañeros de viaje durante una larga trayectoria y que ya han anunciado su intención de salir de Globalia; así como los de la esposa de Hidalgo, que tiene un 5% de la compañía. No se descarta que a la salida de los accionistas citados se sume también la de las hijas del empresario, que cuentan con el 5% cada una, y la de su hermano, Antonio, que tiene el 10%.

Eso significaría que estaría en movimiento el 42,5% del capital de Globalia. El resto se encuentra en manos de Hidalgo, con el 52,5%, y el grupo Matutes, que el pasado verano adquirió el 5% al hijo del presidente, Javier. Hidalgo ha asegurado que no piensa reducir su participación al menos hasta después de salir a Bolsa. En todo caso, cualquier movimiento va a depender del precio que se fije en esa valoración y que algunos expertos han cifrado en 800 millones, una cantidad que, según el empresario, es tres veces menor de lo que él cree que vale.

Hidalgo asegura contar con inversores interesados de Rusia, China y Estados Unidos. Pero no quiere desvelar ninguno de sus nombres. La evolución de esos contactos puede determinar algo tan importante como la salida a Bolsa.

Hasta aquí los posibles cambios accionariales. Mientras tanto, la compañía Air Europa, que ha sabido aprovechar el cierre de rutas de Iberia, continúa abriendo conexiones. La última ha sido esta semana con la ciudad brasileña de São Paulo. Hace unos meses inauguró dos frecuencias semanales con Montevideo y tiene previsto hacerlo en los próximos meses con Puerto Rico, así como con Santiago de Chile, Asunción y Córdoba (Argentina), que tendrán enlace con Salvador de Bahía (Brasil). En los planes de Hidalgo también figuran Moscú y China, donde ha alcanzado un principio de acuerdo con Eastern China para hacer un vuelo diario con código compartido entre Pekín y Madrid.

A más largo plazo quedan Colombia y México, pendientes sobre todo de la entrega de nuevos aviones, tal como le aseguró Hidalgo al ministro de Industria, José Manuel Soria, durante la entrega de los premios Tintero y Secante de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en la que ambos fueron reconocidos por su fluidez informativa, el pasado 9 de diciembre. Soria, que en su momento no ocultó el enfado con la decisión de Iberia de quitar rutas, recibió con muy buena cara la noticia de China, donde negoció que compañías de aquel país conecten con España para traer turistas.

Y hablando de Iberia, Hidalgo ha desvelado que estuvo en dos ocasiones a punto de entrar en el capital de Iberia. La primera en 2001, cuando tenía preparada una opa de exclusión de acuerdo con el entonces presidente, Javier Irala, y su consejero delegado, Ángel Mullor. Y la segunda en 2007, cuando pretendió, con un grupo liderado por Gala Capital, adquirir la aerolínea  en una operación que abortó Caja Madrid, según ha desvelado el propio Hidalgo. Caja Madrid se hizo fuerte  adquiriendo después las acciones de El Corte Inglés, BBVA y Altadis hasta llegar al 23%.
 
Por otro lado, Hidalgo, que es cónsul honorario de la República Dominicana en Baleares, se encontró el 13 de diciembre con una orden de busca y captura de un juez dominicano por no haber acudido a declarar en una demanda. Hidalgo no conocía la citación, por lo que recurrió. El juez le ha emplezado el 4 de febrero. La demanda fue interpuesta por un exmarine estadounidense de origen cubano llamado Sandalio Suárez, que le reclama 1,4 millones de euros por invasión de un trozo de playa en Punta Cana cuya propiedad asegura.

España echa un cable a la OMC

Sucedió en Bali, durante la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC), pero pasó desapercibido. Cuando todos los países estaban enfrascados en discusiones por las dificultades que ponía India para alcanzar un acuerdo, con llamadas de Angela Merkel y David Cameron al primer ministro indio incluidas; el secretario de Estado de Comercio español, Jaime García-Legaz, se entrevistaba con la viceministra de Comercio cubana, Ileana Núñez.

La reunión se celebró la mañana del jueves, día en el que estaba prevista una cena para desatascar los impedimentos indios. Pero nadie había dado importancia a la otra amenaza de veto que se cernía por parte del llamado bloque bolivariano (Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba y otros países del Caribe). La representante cubana le refirió al español que era el único que había pedido verla y que el citado bloque tenía mucho que decir porque el texto del acuerdo no incluía el levantamiento del embargo de EE UU a Cuba, lo que es un incumplimiento de las reglas del comercio mundial.

García-Legaz se lo hizo saber en la cena al representante estadounidense, Michael Froman, con el que había coincidido en el reciente Foro España-EE UU delebrado en Miami. También se lo comunicó al presidente de la conferencia, el indonesio Gita Wirjawan. Pero, a juzgar por las reacciones, no se lo tomaron demasiado en serio. El interés estaba puesto en India, con la que se habían acercado posturas para un acuerdo inminente, motivo por el que se convocó un Consejo de Ministros, al que asistieron el titular de Agricultura español, Miguel Arias Cañete, y García-Legaz.

Ambos advirtieron del peligro bolivariano, que se hizo efectivo cuando en el Plenario de la cumbre, celebrado a las 12 de la noche y cuando el obstáculo indio estaba superado. La representación cubana intervino para confirmar lo que los españoles habían adelantado. Y el acuerdo se volvió a trabar, lo que amenazaba con dictar el acta de defunción de la OMC. El brasileño Roberto Azevedo, que se había mostrado eufórico tras el principio de acuerdo con India, cambió el rictus y no tuvo más remedio que volver a remangarse.

Fue una noche de idas y venidas. Tras asegurarse, a las tres de la mañana, que no había acuerdo, Legaz y Cañete se esforzaron en convencer al bloque bolivariano de que su actitud era un error y que les iban a culpar de cargarse la OMC. La intermediación sirvió para que se reiniciasen las conversaciones y para que, a las ocho de la mañana, se levantase el veto con la introducción de un párrafo que dice que sigue vigente el artículo 5 del GATT sobre el principio de discriminación que permite aplicar la denuncia contra Estados Unidos por el embargo.

A las 10 de la mañana se formalizó definitivamente. India había logrado un plazo de cuatro años para encontrar encaje a los programas públicos de alimentos baratos a los pobres. Cuba, hacerse notar y destacar que el embargo del país vecino del norte es contrario a la normativa internacional y que no va a cejar en sus denuncias, que también afectan al comercio de otros países.

Azevedo pudo vender un acuerdo que garantiza el futuro del sistema multilateral de comercio y resucita a la OMC después de no lograr avances después de ocho cumbres desde la celebrada en Doha en 2001 (Seattle, Cancún, Hong Kong y Ginebra, donde se han celebrado varias).

El acuerdo, firmado por 159 países, es el primero de alcance global que se firma desde la creación de la OMC en 1995. El pacto simplifica los trámites aduaneros, impulsar las exportaciones y se traduce en un aumento del comercio mundial que se calcula en un billón de dólares (730.000 millones de euros) y permitirá la creación de 21 millones de empleos.

Presicamente, para esta cumbre se había decidido trocear la agenda de Doha en paquetes, y el de Bali tenía tres capítulos: comercial, estableciendo la figura de agentes autorizados y eliminando la burocracia; agrario, disciplinando las subnvenciones obligatorias, y el de desarrollo, dando facilidades de acceso a los países menos desarrollados a los más desarrollados.

Los incendios de Montoro

Mientras el ministro de Industria, José Manuel Soria, se encontraba en Bruselas con el comisario de la Energía europeo, el alemán Günther Oettinger, defendiendo la reforma eléctrica, su colega de Hacienda, Cristóbal Montoro, convocaba de urgencia a los responsables de las cinco eléctricas convencionales para apagar el fuego que él mismo había encendido. En aras a no elevar el déficit público, Montoro logró que el PP introdujera en el Senado unas enmiendas que imposibilitan algunas medidas de la reforma (crédito extraordinario, costes extrapeninsulaes, céntimo verde), lo que supone llevar al déficit de tarifa un total de 3.600 millones.

Se trataba, por tanto, de que esa cifra que se niega a cargar sobre los Presupuestos del Estado no cayera sobre las compañías, que habían puesto el grito en el cielo, y de paso de que no repercutiera directamente en el recibo de la luz. La solución fue titulizar (es decir, colocar entre inversores) esa deuda, como se hizo con la ya acumulada durante años en el sector eléctrico a través del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), y crear una comisión interministerial (con Economía e Industria) para estudiar un nuevo mecanismo de titulización.

A partir de aquí comienza la polémica. Lo lógico habría sido que este hubiera esperado a que aquel estuviera en España para hacer la reunión con las eléctrica, con presencia de ambos. También habría sido normal que el encuentro se hubiera celebrado en la sede de Industria e, incluso, con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, presente. Y también que hubiera asistido un representante de Economía, que a la postre es quien gestiona el FADE a través del Tesoro. Pero no, Montoro convocó a los interlocutores eléctricos en su más noble despacho de la calle de Alcalá.

El malestar era evidente, pese a que algunas fuentes del entorno del Gobierno sostienen que todo estaba coordinado y que Soria era conocedor de los pasos de Montoro. Todo siguió la misma pauta con la que se introdujeron en el último minuto las enmiendas en el Senado (“con nocturnidad y alevosía”, tacharon las eléctricas) sorprendiendo incluso al propio Soria, que no tuvo más remedio que hacer acopio de paciencia y asegurar que el cumplimiento del déficit público es sagrado, además de tratar de disipar a las empresas. Para más inri, estuvo precedida por una conversación entre Montoro e Ignacio Sánchez Galán (presidente de Iberdrola), tras llamada del ministro, para allanar el camino.

Un desbarajuste. Galán, convertido para el ministro en primus inter pares, se las ingenió para que sus colegas de las otras eléctricas no se mosquearan. Al fin y al cabo, todos están en el mismo carro y lo que interesaba en ese momento era evitar la catástrofe. Montoro les pidió que no pusieran recursos contra la ley y que no amenacen con dejar de hacer inversiones, cuestión que también es más lógico que se haga desde Industria.

Pero tampoco, Montoro siguió a lo suyo. En el otro frente, el de Economía, tampoco gustó a la gente de Luis de Guindos que no se contara con ellos para el asunto de la titulización. El FADE lo gestiona la Dirección General del Tesoro, que pertenece a Economía, y la nueva fórmula que se arbitre para los 3.600 millones, que será algo parecido (una especie de FADE II, ya que se ha liquidado el FADE, que tenía pendiente de pago un monto de 23.159 millones a finales de noviembre), también la tendrá que asumir.

Al final, queda la imagen de una reforma que ha entrado en una deriva de falta de credibilidad y parcheo difícil de modificar. El propio Soria ha hablado de déficit y de superávit en varias ocasiones desde que se aprobó en julio. La esencia de la reforma era dejar el déficit de tarifa con el contador (y nunca mejor dicho) a cero y lograr que los precios se redujeran paulatinamente. Las eléctricas se quejan de que más del 50% del precio de la luz (y no solo en España, lo han denunciado las eléctricas europeas en Bruselas esta misma semana en la reunión que tuvieron con Oettinger un día antes que Soria) proviene de “decisiones erróneas” que no tienen que ver con la generación y distribución eléctrica y sí con impuestos y subvenciones. La sensación es que la reforma de julio va a ser una solución transitoria que ni Montoro, al que se le ha encendido otro fuego en la Agencia Tributaria, va a poder arreglar.

Montoro y Soria tendrán que comparecer juntos, si la Mesa del Congreso de Diputados así lo aprueba, anteb la Comisión de Industria de la Cámara Baja para explicar la política energética del Gobierno y sus intenciones respecto de los precios de la electricidad y el déficit de tarifa. Así lo ha pedido el PSOE que quiere saber la razón porla que el titular de Industria, “que tiene atribiuaida la competencia en política energética, ha sido reemplazado por el ministro de Hacienda en las recientes decisiones del Gobierno sobre esta materia”. Si se produce, tendrán la oportunidad de ponerse de acuerdo en las afirmaciones que hagan en sede parlamentaria.

Los deberes de Brufau

Desde el jueves, un día después de que el Consejo de Administración de Repsol decidiese respaldar el acuerdo entre Argentina y España (con México como testigo) para zanjar el conflicto con YPF, el presidente de la petrolera española, Antonio Brufau, puso en marcha la maquinaria para diseñar la operación. Bajo su supervisión, lo integrarán el director financiero, Miguel Martínez, y el vicesecretario general, Miguel Klingenberg, la persona que ha estado encargada de las actuaciones de Repsol sobre YPF durante los 18 meses de combate, con sus respectivos equipos y el asesoramiento de Deustche Bank.

Repsol no quiere perder tiempo y se ha puesto a hacer los deberes. Quiere tener todo preparado para empezar a negociar cuanto antes con los representantes que nombre el Gobierno de Cristina Fernández y alcanzar un acuerdo definitivo en las primeras semanas de 2014. El mandato consiste en tener bien atados todos los extremos y en buscar la mejor fórmula que garantice el cobro de la compensación comprometida por el Ejecutivo argentino.

Esos fueron los deberes  (garantías, seguridad y rapidez) que exigió el consejo, cuyos miembros, empezando por Brufau,  saben que cualquier  decisión errónea  o perjudicial para la empresa puede resultar cara. Si no se cumplen las garantías y Repsol se queda sin cobrar, pueden llover las demandas de  accionistas, que les podrían llevar al banquillo. Por eso, el miércoles varios consejeros  (todos curtidos en muchas batallas) incidieron en que hay que poner todas las cautelas posibles, estudiar detalladamente la oferta argentina (un bono a 10 años, con un interés del 8,75%, amortizable en seis cuotas a partir del quinto año), que, entre otras cosas, obligará a aprobar una ley, y buscar alternativas si es necesario.

El consejo también quiso apoyar de forma explícita la gestión de Brufau ante los ataques furibundos que el director general de Pemex, Emilio Lozoya, había lanzado contra Brufau después de tratar de desmontar todas las afirmaciones que había vertido sobre remuneraciones y evolución de la empresa. Los consejeros son conscientes de que cuando respaldan la gestión están apoyando también la suya, porque siempre la han respaldado como máximo órgano de administración, incluido Pemex hasta el consejo del miércoles. Ese día, su representante, Arturo Henríquez, un hombre que no suele participar en los debates, no solo votó en contra, sino que además pidió que se supiera.

La actitud de Pemex constituye todo un misterio. Nadie entiende la razón por la que desató la tormenta contra Brufau y tampoco lo ha explicado, más allá de que la acción de Repsol ha perdido valor. Tampoco ha explicado si contrató los servicios del despacho Cuatrecasas y Crédit Agricole para, al parecer, convocar una junta extraordinaria en Repsol.

Según algunas fuentes, se debe al rechazo que se produjo en junio a la primera propuesta de acuerdo para YPF que Pemex avalaba. Esas fuentes sostienen que está interesada en la explotación de Vaca Muerta. Sin embargo, en el sector se habla de dificultades y de que la reforma energética de México busca atraer capitales y no exportarlos. Además, según esas fuentes, Pemex tiene su Vaca Muerta en Eagle Ford, al norte del país, por lo que no entienden ese posible interés.

Es previsible, por otra parte, que el Ejecutivo argentino encargue la negociación a Carlos Zannini, considerado brazo derecho de la presidenta para cuestiones legales, y que incluya al presidente de YPF, Carlos Galuccio. También se da por segura la participación del nuevo ministro de Economía, Axel Kicillof, que ha pasado, al menos aparentemente, de ser el inspirador de la expropiación a ser el pacificador. Kicillof hizo el jueves unas declaraciones en las que reconocía que “era imposible” no compensar a Repsol porque “no sería legal”. Algo que contrasta con las que hizo al poco de la expropiación sugiriendo que Repsol no iba a recibir ni un peso.

Seguramente ha influido la presión jurídica que ha recibido de Repsol en distintos frentes (ante la corte de arbitraje internacional Ciadi; ante un juzgado de Nueva York, donde Repsol acusaba al Estado argentino de haber eludido una opa; ante la Justicia argentina, acusada de haber vulnerado la Constitución, y ante la española) en los que Argentina tenía todas las de perder.

Esa cuestión también se manejó en el consejo de Repsol. Entre otras cosas, porque la cifra fijada de 5.000 millones de dólares (3.700 millones de euros) está por debajo del valor en libros de los activos expropiados (5.400 millones de euros) y es la mitad de la que habían exigido. Sin embargo, a la hora de determinar qué es lo mejor para la compañía, ha pesado más el hecho de despejar incertidumbres que de continuar con un proceso, que por mucho que se esté seguro de que el fallo sería a favor, puede durar años. Ese es el mensaje que quiere mandar la empresa al mercado y a los accionistas.