Desde el jueves, un día después de que el Consejo de Administración de Repsol decidiese respaldar el acuerdo entre Argentina y España (con México como testigo) para zanjar el conflicto con YPF, el presidente de la petrolera española, Antonio Brufau, puso en marcha la maquinaria para diseñar la operación. Bajo su supervisión, lo integrarán el director financiero, Miguel Martínez, y el vicesecretario general, Miguel Klingenberg, la persona que ha estado encargada de las actuaciones de Repsol sobre YPF durante los 18 meses de combate, con sus respectivos equipos y el asesoramiento de Deustche Bank.
Repsol no quiere perder tiempo y se ha puesto a hacer los deberes. Quiere tener todo preparado para empezar a negociar cuanto antes con los representantes que nombre el Gobierno de Cristina Fernández y alcanzar un acuerdo definitivo en las primeras semanas de 2014. El mandato consiste en tener bien atados todos los extremos y en buscar la mejor fórmula que garantice el cobro de la compensación comprometida por el Ejecutivo argentino.
Esos fueron los deberes (garantías, seguridad y rapidez) que exigió el consejo, cuyos miembros, empezando por Brufau, saben que cualquier decisión errónea o perjudicial para la empresa puede resultar cara. Si no se cumplen las garantías y Repsol se queda sin cobrar, pueden llover las demandas de accionistas, que les podrían llevar al banquillo. Por eso, el miércoles varios consejeros (todos curtidos en muchas batallas) incidieron en que hay que poner todas las cautelas posibles, estudiar detalladamente la oferta argentina (un bono a 10 años, con un interés del 8,75%, amortizable en seis cuotas a partir del quinto año), que, entre otras cosas, obligará a aprobar una ley, y buscar alternativas si es necesario.
El consejo también quiso apoyar de forma explícita la gestión de Brufau ante los ataques furibundos que el director general de Pemex, Emilio Lozoya, había lanzado contra Brufau después de tratar de desmontar todas las afirmaciones que había vertido sobre remuneraciones y evolución de la empresa. Los consejeros son conscientes de que cuando respaldan la gestión están apoyando también la suya, porque siempre la han respaldado como máximo órgano de administración, incluido Pemex hasta el consejo del miércoles. Ese día, su representante, Arturo Henríquez, un hombre que no suele participar en los debates, no solo votó en contra, sino que además pidió que se supiera.
La actitud de Pemex constituye todo un misterio. Nadie entiende la razón por la que desató la tormenta contra Brufau y tampoco lo ha explicado, más allá de que la acción de Repsol ha perdido valor. Tampoco ha explicado si contrató los servicios del despacho Cuatrecasas y Crédit Agricole para, al parecer, convocar una junta extraordinaria en Repsol.
Según algunas fuentes, se debe al rechazo que se produjo en junio a la primera propuesta de acuerdo para YPF que Pemex avalaba. Esas fuentes sostienen que está interesada en la explotación de Vaca Muerta. Sin embargo, en el sector se habla de dificultades y de que la reforma energética de México busca atraer capitales y no exportarlos. Además, según esas fuentes, Pemex tiene su Vaca Muerta en Eagle Ford, al norte del país, por lo que no entienden ese posible interés.
Es previsible, por otra parte, que el Ejecutivo argentino encargue la negociación a Carlos Zannini, considerado brazo derecho de la presidenta para cuestiones legales, y que incluya al presidente de YPF, Carlos Galuccio. También se da por segura la participación del nuevo ministro de Economía, Axel Kicillof, que ha pasado, al menos aparentemente, de ser el inspirador de la expropiación a ser el pacificador. Kicillof hizo el jueves unas declaraciones en las que reconocía que “era imposible” no compensar a Repsol porque “no sería legal”. Algo que contrasta con las que hizo al poco de la expropiación sugiriendo que Repsol no iba a recibir ni un peso.
Seguramente ha influido la presión jurídica que ha recibido de Repsol en distintos frentes (ante la corte de arbitraje internacional Ciadi; ante un juzgado de Nueva York, donde Repsol acusaba al Estado argentino de haber eludido una opa; ante la Justicia argentina, acusada de haber vulnerado la Constitución, y ante la española) en los que Argentina tenía todas las de perder.
Esa cuestión también se manejó en el consejo de Repsol. Entre otras cosas, porque la cifra fijada de 5.000 millones de dólares (3.700 millones de euros) está por debajo del valor en libros de los activos expropiados (5.400 millones de euros) y es la mitad de la que habían exigido. Sin embargo, a la hora de determinar qué es lo mejor para la compañía, ha pesado más el hecho de despejar incertidumbres que de continuar con un proceso, que por mucho que se esté seguro de que el fallo sería a favor, puede durar años. Ese es el mensaje que quiere mandar la empresa al mercado y a los accionistas.
Hay 2 Comentarios
Arturitof, no busques delincuentes tan lejos de casa,los tenemos aqui, al lado tuyo, pero en formación mafiosa...
Publicado por: TRosko | 02/12/2013 12:28:33
Se miré como se miré no deja de ser un expolio, y Repsol aplica aquello de " de lo perdido saca lo que puedas".
Gobierno argentino , delincuentes !
Publicado por: arturof | 01/12/2013 19:16:28