Y Galán cogió su fusil

Ignacio Sánchez Galán eligió Londres, la misma ciudad en la que el pasado abril presentó el informe España país de oportunidades, para lanzar un duro y, a la vista de las reacciones, efectivo ataque a la política energética del Gobierno. Junto al economista José Manuel Campa defendió entonces el trabajo que el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), del que forma parte, elaboró para atraer las inversiones a España y, de paso, apoyar las reformas llevadas a cabo por el Ejecutivo. Galán repitió en París, Nueva York y Boston y, ya en la posterior gira española, en Valladolid y Bilbao. Y el Gobierno, claro, le estaba muy agradecido.

De repente, parece que el presidente de Iberdrola, uno de los aliados, ha pasado de héroe a villano. Desde el Gobierno, y también desde el de Castilla y León y otros estamentos, le han tachado algo menos que de traidor. Al Gobierno le ha irritado que un hombre que creía de los suyos y que ha estado al frente de la manifestación salga ahora con un ataque que pone en duda la seguridad jurídica española ante los inversores internacionales justamente ahora cuando los datos indican que España empieza a salir del agujero. A su juicio daña la marca España.

¿Se ha pasado Galán de la raya? A nadie debe sorprender que el ejecutivo salmantino haya tomado esta deriva. Es un hombre que no se calla e Iberdrola —como el resto de compañías eléctricas y también las renovables— viene criticando con energía la reforma eléctrica desde que el Gobierno de Mariano Rajoy la promulgó en julio pasado y, más recientemente, así como el nuevo mecanismo de fijación de precios que sustituirá a las subastas.

Por eso,  quiere distinguir. Hace 10 meses, Galán se enfundó la roja (por cierto, Iberdrola patrocina a la selección de fútbol) para avalar a España como país atractivo para invertir. Sin embargo, el miércoles acudió a la capital británica para hablar de lo suyo, con la corbata verde corporativa de la empresa que le paga (y no mal, precisamente: el año pasado cobró 7,4 millones de euros brutos) y de los problemas a los que se enfrenta el sector eléctrico.

En este asunto, Galán ha ido marcando los tiempos y, esta vez, ha dado un paso más aprovechando la presentación de resultados (la caída del 7% la achaca a las medidas) y del plan estratégico 2014-2016. Escogió un renombrado hotel de Londres, donde reunió a inversores y periodistas en salas separadas. Llevaba el mensaje madurado y tenía el escenario preparado a conciencia por sus servicios de comunicación. En la nota de prensa repartida entre el casi centenar de periodistas que invitó a Londres ya estaba escrito el disparo: “Las inversiones irán destinadas principalmente a los proyectos energéticos y países que disfruten de una regulación predecible y estable”. Entre ellos, no entra España, que se queda en el paquete del “resto del mundo”. Así lo explicó: “El regulador dice que sobran inversiones en redes y generación y si el regulador dice eso para qué lo vamos a hacer”.

En el ardor de la batalla, Galán descargó el fusil: “Iberdrola en los últimos años ha tenido una expansión internacional espectacular, pasando de como éramos hace 10 años, que el 99% de nuestro negocio dependía de España, a niveles del 30% en la actualidad. En este momento somos más británicos, más americanos y más mexicanos o brasileños que españoles a nivel general. No solamente por negocios, sino también por presencia de accionistas”.

Está claro. Si el negocio está en esos otros países, lo lógico es que se vuelque más en ellos. El problema es que, quizá  no midió bien la repercusión de la frase que pronto daría la vuelta a España y que hay que escucharla en su contexto. O quizá, sí. El caso es que, ante alguna pregunta inquisitiva, se revolvió en el atril: “Dios me libre. Me siento muy orgulloso de ser español y todo aquello que pueda hacer por mi país lo haré. De hecho me he pasado el año vendiendo España por medio mundo. Es un país que merece la pena”.

Trató de quitar hierro, asegurando que las relaciones con el Gobierno son cordiales “como no puede ser de otra manera a todos los niveles y con todos los estamentos”. “Cada uno hace y defiende lo que tiene que defender como cree que tiene que defenderlo”, añadió. Poco consiguió. El ministro de Industria, José Manuel Soria, le respondió con contundencia: “Iberdrola ya viene reduciendo inversiones desde 2009, por lo que difícilmente se puede deber a la reforma eléctrica”.

Y para que no quedara duda, al día siguiente, volvió a ponerse el traje de embajador de la marca España y, con César Alierta y Pablo Isla, estuvo con grandes grupos europeos en una reunión con Angela Merkel y François Hollande.

Sánchez Galán acudió a Londres acompañado con su guardia pretoriana, los hombres en los que confía los números y la estrategia. La cita lo requería y allí estaban con él, José Luis San Pedro, José Sainz Armada y Fernando Becker, todos con su corbate verde coroprativa. Los dos primeros le acompañaron en la mesa en la reunión que mantuvo con los inversores (no así en la rueda de prensa, a la que asistió solo) y ante los que también atacó la reforma eléctrica. Y fue San Pedro, el directivo más veterano (ya era alto cargo en la antigua Iberduero con Manuel Gómez de Pablos), el que avanzó que la empresa irá a los tribunales para denunciar algunas medias si las cosas cambian.

Contadores para la discordia

La Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió el 14 de enero un “informe sobre el precio del alquiler de los contadores electrónicos con discriminación horaria y con posibilidad de telegestión”. Salvo para los integrantes del sector, pasó bastante desapercibido. Sin embargo, pasado un mes ha cobrado actualidad tras conocerse la propuesta del Ministerio de Industria sobre la fijación de precios para el consumo enviada a la propia CNMC en la que se subraya que los consumidores podrán aprovechar los contadores digitales para mejorar el consumo y reducir la factura.

A partir de ahí, el revuelo que habían originado las compañías eléctricas y las firmas de renovables por la reforma del sector, ha ido a más. Desde 2006, el mercado eléctrico incorporó el contador digital con el fin de aportar más eficiencia a los consumidores. 

El cambio se impulsó con el Plan de Sustitución de Equipos de Medida, que obliga a todos los usuarios con menos de 15 kilovatios de potencia contratada a sustituir los antiguos contadores por estos otros, que permiten la discriminación horaria y la telegestión, antes del 31 de diciembre de 2018. En la actualidad, según datos de Industria, lo tienen instalado siete millones de usuarios, una cifra que ya ronda la estimación del 35% prevista para final de 2014. El nuevo mecanismo, no obstante, obligará a reprogramar muchos contadores digitales, según las empresas.

El usuario ha tenido opción de comprar o alquilar el nuevo contador. La recomendación de las asociaciones de usuarios ha sido que se opte por la del alquiler, cuyo coste fijado por ley es de 0,81 euros al mes para los contadores monofásicos y de 1,15 para los trifásicos, y obliga a las comercializadoras a correr con el mantenimiento y las incidencias. Según datos del sector, en propiedad (el coste es de 43 euros más 10 de instalación) solo lo tiene un 5% de los hogares y la mayor parte de los consumidores industriales.

Las ventajas del contador digital son visibles: permite aprovechar al máximo la energía con discriminación horaria; pago real por consumo, sin lecturas estimadas, por lo que las facturas son mucho más transparentes; el cambio de contrato o comprobación se puede hacer de manera inmediata; permite comprobar el consumo a través de internet y reduce las incidencias de suministro.

Sin embargo, no tardó en llegar la polémica, que desembocó al informe de la CNMC. El proceso fue el siguiente: los precios de alquiler estaban congelados desde la orden; el ministerio decidió aplicar esos precios a los nuevos telecontadores; las eléctricas presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo argumentando que no era lógico aplicar esos precios a los nuevos contadores digitales; el Supremo dio la razón a las eléctricas y pidió que se calculara un precio actualizado; para dar respuesta al Supremo, la CNMC elaboró el citado informe en el que reconoce que, de acuerdo a diversos estudios, lo correcto es subir el alquiler a 1,10 y 1,47 euros al mes (según sea monofásico o trifásico); sin embargo, la CNMC sostiene que, “teniendo en cuenta el entorno tecnológico poco maduro” y “que las partidas de coste disminuirán de manera significativa”, se “obtendrían unos precios de alquiler similares a los recogidos”. Es decir, se han mantenido en 0,81 y 1,15 euros.

En medio de todo surgieron las protestas de organizaciones y particulares. Según datos de Enerspain esgrimidos por Denunciascolectivas.com, el 60% de los contadores alquilados se están pagando por encima de su precio. A su juicio, se estaría hablando de 4,2 millones de clientes y pagando en torno a más de una media de 4,49 euros, es decir 226 millones de euros al año. La supresión equivale a un abaratamiento del 7% habiendo casos que podría llegar al 25%, aseguran. Las eléctricas, que han rechazado estas denuncias reiteradamente, argumentan que no tienen posibilidad alguna de modificar los precios establecidos por ley. Dificultad que aumenta con los contadores digitales.

El reparto del mercado tiene a Endesa como principal comercialziador. La filial de la italiana Enel, que cuenta con el sistema Meters and More desarrollado por su matriz, ha uinstalado torno a 4,2 millones de contadores digitales, alcanzado cerca del 45% del total. Ese sistema también lo usa E.ON, aunque solo con medio millón de usuarios. El otro sistema preponderante es el Prime que utilizan Iberdrola, Gas Natural Fenosa y EDP. 

el plazo para presentar alegaciones temrina mañana

Las compañías eléctricas tienen de plazo hasta la tarde del lunes para presentar las alegaciones a la CNMC sobre la propuesta de fijación de precios presentada por Industria. No la plaudirán. En la 11ª Jornada sobre Industria Energética organizada por el IESE y Deloitte ya dieron un adelanto. Andrea Brentan (Endesa), José Luis San Pedro (Iberdrola), Rafael Villaseca (Gas Natural Fenosa) y Eduardo Montes (de la patronal Unesa) propinaron directos a la mandíbula: improvisado, antimercado, ineficaz, insuficiente, complejo, de difícil ejecución... En la misma jornada, el ministro de Industria, José Manuel Soria, no se quedó corto: “El Gobierno defiende el interés general y no el de las empresas”. Además de ahorrar 270 millones de euros por suprimir la intermediación financiera que se ejercía en la subasta, el sistema "será más competitivo para la industria y menos oneroso para las familias" y "permitirá disponer de precios más competitivos y un suministro seguro y sostenible".

Guindos sintoniza con la gran empresa

En una semana rica en encuentros políticos-empresariales, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, hizo un hueco en su agenda para comer con el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), ese poderoso club en el que se junta gran parte del PIB nacional. El temario para hablar con el titular de Economía era abundante, centrado en el pulso económico y las perspectivas de crecimiento, y los empresarios aprovehcaron para solicitarle que mantenga el espíritu reformista. Es decir, que complete las reformas estructurales, principalmente la reforma fiscal, de las Administraciones Públicas y el mercado interior, en línea con las peticiones que han hecho los grandes bancos en la presenctación de resultados con el objeto de contener el déficit y fomentar el empleo y el consumo.

Guindos, que era la segunda vez que acudía a una comida con el CEC, se mostró moderamente optimista con las perspectivas de la economía española, de la mejora de la prima de riesgo y la evolución del déficit público, así como del proceso de integración de los mercados europeos, especialmente el financiero. Precisamente, dirigiéndose a la comida, el ministro supo que presidente del BCE, Mario Draghi, no tomaría ninguna decisión sobre tipos de interés.

Los empresarios valoraron positivamente el nivel de prudencia del ministro, acorde con el que ha tenido en sus últimas intervenciones públicas y mucho más realista de lo que transmiten otros representantes del Gobierno. Guindos ha demostrado que sintoniza bien con este grupo de escogidos empresarios, que dieron su apoyo incondicional al Gobierno cuando la crisis estaba en uno de los momentos más agitados. El CEC decidió echar un capote, quizá después de que el Rey Juan Carlos les pidiera en dos reuniones sucesivas (marzo y agosto de 2012) que arrimaran el hombro, y elaboró un informe que radiaba optimismo.

El CEC, que cuenta con los potentes servicios de estudios de los bancos Santander y BBVA y de Telefónica, previó el comienzo de la recuperación a finales de 2013 y, además, realizó una gira mundial para difundir el informe por las principales plazas financieras. Posteriormente, repitió el road show por las capitales españolas con el mismo mensaje de optimismo, por lo que Guindos no puede estar más que agradecido.

En la reunión del jueves con Guindos se abordó también la cuestión catalana, que preocupa y mucho a los grandes empresarios del CEC, donde una parte importante de sus miembros son catalanes. A estos no les gusta que se hable del “problema catalán” y que desde Madrid se hagan críticas generalistas sin entrar en el meollo de la cuestión, sobre todo económica, para buscar soluciones constructivas, y esas quejas se las transmitieron al ministro.

Precisamente, sobre este tema, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, mantenía encuentros en Barcelona con empresarios catalanes, algunos de ellos miembros del CEC (Isidro Fainé, Isak Andic, Leopoldo Rodés, así como el director, Fernando Casado), y organizaciones (la patronal Foment o el Círculo de Economía). En sentido contrario del puente aéreo, el consejero de Presidencia catalán, Francesc Homs, defendía el referéndum catalán en Madrid.

El consejo que preside César Alierta (Telefónica) tiene reuniones mensuales y, habitualmente, invitan a dirigentes políticos. Una de las primeras acciones del CEC, tras fundarse en febrero de 2010, fue pedir a José Luis Rodríguez Zapatero una reforma laboral. Pero el anterior presidente, que sí convocó a los grandes empresarios, no llegó nunca a reunirse con el CEC. Sí han compartido mantel varios miembros del Gobierno, además de Guindos (la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro), así como el presidente de la patronal, Juan Rosell, y las citadas con el Rey.

El lobby empresarial está compuesto por 18 miembros: Alierta, Emilio Botín (Banco Santander), Francisco González (BBVA), Fainé (La Caixa), José Manuel Entrecanales (Acciona), Florentino Pérez (ACS), Rafael del Pino (Ferrovial), Antonio Brufau (Repsol), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Isidoro Álvarez (El Corte Inglés), Pablo Isla (Inditex), Antonio Huertas (Mapfre), Juan Roig (Mercadona), José Manuel Lara (Planeta), Simón Pedro Barceló (Grupo Barceló), Rodés (Grupo Havas), Andic (Mango) e Ignacio Osborne (Osborne). 

Además, la cuestión catalana es uno de los temas que más preocupa a los mimebros del Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC). Posiblemente para hacer hincapié en ello, el CEC quiere volver a reunirse con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Aunque todavía no ha formalizado una solicitud, el deseo del CEC es que Rajoy reciba al grupo más pronto que tarde. El presidente tardó año y medio en responder a la primera petición del CEC, al que recibió en La Moncloa en pasado julio, después de que aquel presentara el informe. Rajoy tuvo el apoyo de las grandes empresas tras asegurar que continuará con las reformas estructurales que estos le exigen y prometer bajar los impuestos. 

Pulso petrolero trastlántico

Emilio Lozoya Austin es un economista de prestigio en México y pedigrí político (su padre, Emilio Lozoya Thalmann, fue secretario de Energía con Carlos Salinas de Gortari), que asesoró en la campaña presidencial a Enrique Peña Nieto. Cuando este ganó en 2012 manifestó: “Tengo un gran anhelo por contribuir al desarrollo de México; si Peña Nieto decide invitarme a su equipo me sentiría muy honrado”. Cinco meses más tarde, en noviembre, Peña Nieto le hacía responsable de Petróleo Mexicanos (Pemex), la joya empresarial de la república.

La tarea no era sencilla. Tenía que encargarse de la modernización del grupo para afrontar con garantías la reforma energética que el Parlamento aprobaría en 2013, así como limpiar los números rojos (al tercer trimestre del pasado ejercicio perdía 7.000 millones de dólares) y mejorar su actividad de exploración. Entre los cambios, se contemplaba la entrada de capital privado.

En estos  puntos, entra en juego Repsol, en la que Pemex tiene el 9,2% del capital, y el Gobierno español, al que Lozoya se ha cansado de pregonar (sobre todo, al ministro de Industria, José Manuel Soria) que Repsol puede participar en ese proceso y, al tiempo, Pemex de ser más activo en Repsol, donde ha trascendido que plantea la segregación de las actividades de upstream (exploración y producción) y dowstream (refino y comercialización).

El miércoles, con motivo de la reunión del consejo de administración de Repsol,  el presidente, Antonio Brufau, rompió el hielo al informar que había encargado un estudio sobre la conveniencia de segregar las actividades a raíz del interés “de un accionista”. No hizo falta que explicara de qué accionista se trataba. Todos  supieron  que se refería a Pemex, cuyo representante (Arturo F. Henríquez) prefirió que corrieran las especulaciones, mientras algunos consejeros se admiraban por esa pasión de Pemex por Repsol.

El mismo día en que se celebraba el consejo, Pemex contrataba la construcción de dos barcos (floteles) en los astilleros gallegos Navantia y Barreras consolidando las buenas relaciones con el Gobierno de Mariano Rajoy y el gallego de Alberto Núñez Feijóo que se estrecharán con la próxima visita de Peña Nieto a España.

Lozoya, que ha buscado la complicidad del Gobierno para cambiar al presidente de Repsol, se ha encontrado no solo con el rechazo de los otros accionistas del núcleo duro (Caixabank y Sacyr) y de los consejeros independientes, que ven la segregación como una pérdida de peso específico y de identidad de Repsol. El presidente de  Caixabank, Isidro Fainé, se manifestó claramente en apoyo a Brufau en declaraciones a la prensa tras la presentación de resultados el viernes.

El objetivo de Lozoya pasaba por crear dos sociedades, en la que se nombrarían dos consejeros delegados, uno procedente de sus filas (el de exploración) y otro de las del español. Se especuló también que había pedido apoyo a Juan Miguel Villar Mir, de cuyo grupo fue consejero en México.

Lozoya ha puesto mucho interés en el área de upstream desde que tomó el mando.  Había que buscar un crecimiento en el área de exploración ante las enormes posibilidades del Golfo de México y en el norte del país, en este caso en crudo no convencional similar al yacimiento argentino de Vaca Muerta, motivo final de la expropiación de YPF a Repsol por parte del Gobierno de Cristina Fernández.

Quizá esta circunstancia puede explicar el inusitado interés de Pemex en forzar un acuerdo entre estos. Pemex, que antes de llegar Lozoya ya tuvo el primer encontronazo con Brufau, al pactar con Sacyr (entonces presidida por Luis del Rivero) una sindicación de acciones para descabalgarle, medió entre las dos partes enfrentadas mientras acordaba con YPF participar en Vaca Muerta.

La intromisión no gustó nada en Repsol.  Ni La Caixa ni Sacyr (ya roto el pacto sindicado) respaldaron la propuesta.  Se dio la circunstancia de que, pese a ser el emisario de la propuesta, Pemex no votó a favor de ella. Después las relaciones se enconaron más. Cuando en diciembre pasado se alcanzó el principio de acuerdo con Argentina, Pemex volvió a ser intermediario y ha seguido estando muy encima de las negociaciones posteriores que se están llevando a cabo en Buenos Aires entre los representantes de Repsol y de YPF. 

Últimos flecos en la negociación del canal de Panamá

Mientras Repsol negocia en Argentina la indemnización por YPF con los efectos de la crisis cambiaria que exige mayores cautelas, uno de sus principales accionistas, Sacyr (9,4% del capital), se debate en disputas con el Gobierno de Panamá para continuar las obras de ampliación del Canal. El grupo español (líder del consorcio internacional Unidos por el Canal) ha pedido una ampliación del contrato tras dispararse los costes y pide una resolución “pronta y completa”. El plazo terminaba el 1 de febrero, pero se ha ampliado y la empresa que preside Manuel Manrique, que está preparado para emprender un nuevo viaje al país centroamericano, y el Gobierno de Ricardo Martinelli tienen la esperanza de cerrar un acuerdo esta misma semana.