Un plan de 35.000 millones

Aunque el cierre del déficit público en 2013 (6,6%) se acerca a los objetivos previstos para el año, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, podrá echar mano de las desinversiones en empresas y entes públicos para completar el cumplimiento previsto para la legislatura, el 4,2%. La desinversión y la gestión concesional se convierte así en un vehículo clave para los objetivos del Gobierno, que lograría la entrada de ingresos extraordinarios, así como la reducción de aportaciones recurrentes; la mejora del servicio y la competitividad y la anticipación a presiones externas desde Bruselas.

Este proceso reportaría en torno a 32.000 millones de euros, a los que se añadirían otros 3.000 por menos aportaciones estatales a empresas y entes públicos y el ahorro de 2.000 millones anual por cese de aportaciones, según un informe que maneja el Gobierno elaborado por Roland Berger, firma especializada que ha trabajado para el Ejecutivo en asuntos como el de la valoración de los bancos.

“La situación actual de las finanzas exige medidas de reducir el déficit y la deuda [94% del PIB]”, según Jorge Delclaux, consejero delegado de la filial española, que recuerda que la comisión para la reforma de las Administraciones Públicas planteó en julio de 2013 la elaboración de un nuevo plan que debía ser la continuación del elaborado un año antes y cuyo impacto fue muy limitado. A su juicio, las razones para la desinversión radican en la ausencia de justificación de la presencia del Estado, en evitar la concurrencia con empresas privadas, en la posibilidad de mejorar la gestión e incrementar la calidad de productos y servicios y en asegurar la superviviencia de la empresa ante la imposibilidad de que el Estado continúe.

Esa es la cuestión. En la actualidad, el Estado cuenta con 220 entes públicos empresariales, de los que 171 son sociedades mercantiles, 13 entidades públicas empresariales y 36 entidades de derecho público. Según el estudio, 190 son sociedades no estratégicas. El principal paquete de empresas está adscrito al departamento que dirige Montoro, seguido por el Ministerio de Fomento. Del total cifrado, unos 14.000 millones procederían de la venta del 60% de Loterías del Estado, cuya privatización ya estuvo a punto de producirse en 2011, poco después de la llegada al poder del PP.

Asimismo, existen varias empresas industriales y firmas cotizadas dentro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente de Hacienda. Entre las primeras figuran Correos, Tragsa, Hispasat, Enusa, Equipos Nucleares y Navantia. Y entre las segundas, EADS, Red Eléctrica, Ebro, Enagas, IAG e Indra. Todas son participaciones minoritarias, pero aportarían en torno a los 4.300 millones. La lista se amplía con las empresas de Patrimonio, entre las que destaca Paradores. En todos los casos, el Gobierno deberá decidir cuáles considera estratégicas y son susceptibles de reducir su presencia de forma parcial o total.

El mismo mensaje cabe para las empresas adscritas a Fomento. Ahí aparecen Adif, Renfe, Puertos del Estado, Ineco y Aena. Esta ha sufrido muchos vaivenes en los dos últimos años, con distintas intentonas y fórmulas, aunque la ministra del ramo, Ana Pastor, ha reiterado que a ella no le gusta nada la segregación de aeropuertos como plantean muchos interesados. El estudio no se mete en esa disputa.

Las sociedades en las que Estado puede reducir las aportaciones son en su mayoría también las empresas de transporte junto RTVE, Red.es y otras. Donde no se prevé desinvertir es en entes como el CDTI, ICEX, IDAE, Salvamento Marítimo o la empresa minera Hunosa.

Existen, por otra parte, sectores en los que se produce una situación alterada de la competencia por la presencia del Estado en el mercado. Según el estudio, hay ejemplos ilustrativos como los mercados cautivos (por encomiendas de gestión o contratos marco como ocurre en Tragsa, Efe o Ineco) cuyo perjuicio derivado es una ausencia de competencia que redunda en el precio y en la calidad del servicio recibido; el doble papel del Estado como regulador y operador (otra vez aparecen Renfe y Adif), lo que redunda en la faltad e indpeendencia y frena la entrada de competencia, y empresas públicas que compiten con privadas creando un perjuicio sobre la libre competencia, caso de Navantia, sobre todo en la reparación de barcos civiles.

Acelerón para vender Catalunya Bank

La carrera por la compra de Catalunya Bank (antigua Catalunya Caixa) se encuentra en el punto de aceleración. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Banco de España, tiene todo preparado para iniciar el proceso de venta de la entidad intervenida por la que han mostrado interés la mayor parte de los grandes bancos españoles desde que el año pasado el FROB encargase la ejecución del cuaderno de venta a N+1 y se formalizase el proceso.

El objetivo del organismo que preside Fernando Restoy, subgobernador del Banco de España, es llegar al verano con el asunto arreglado. El proyecto contempla que de la entidad intervenida queden desgajados antes los activos problemáticos, sobre todo los referidos a la cartera de créditos, cuya horquilla oscila entre 6.000 y 10.000 millones de euros, y las oficinas que tiene fuera de Cataluña (en torno a 200). Una vez separados del tronco principal esos activos contaminados y las oficinas, para los que se buscaría un destino, la entidad se presentaría saneada y lista para su colocación con unos activos que se situarían en torno a los 35.000 millones.

El FROB no ha decidido todavía la fórmula para realizar la venta, si será mediante una subasta, negociaciones directas u otro tipo de operación; pero lo que sí tiene claro es que, toda vez que se hayan dado todos los pasos, sacará un valor positivo por ella. Esta circunstancia contrasta con otras operaciones de desinversión hechas con otras entidades intervenidas (CAM, Banco de Valencia, Novacaixagalicia…), en las que el saldo entre las ayudas otorgadas y la venta dio siempre valor negativo.

El organismo tendrá que decidir en breve plazo después de escuchar las opiniones del banco de inversión que preside Santiago Eguidazu contratado como asesor, si quiere que el desarrollo sea rápido. El FROB no quiere repetir los obstáculos de otras operaciones y, sobre todo, que pase más tiempo, ya que la entidad catalana ha ido perdiendo clientela y deteriorando su imagen, pese a que en Cibeles se muestran contentos con la gestión llevada del nuevo equipo encabezado por Carlos Pla.

La puja, que también estará abierta a bancos extranjeros, se convertirá en la última batalla de esta etapa de reestructuración financiera que ha vivido el sistema español. En principio se espera que presenten oferta los tres grandes. Lo que parece totalmente descartado es repartir la antigua Catalunya Caixa (fruto de la fusión de las cajas Catalunya, Tarragona y Manresa) entre los tres grandes (Santander, BBVA y Caixabank), posibilidad que se llegó a contemplar. Ahora aparece como favorito el Santander, que, junto a Bankinter, es el único que no ha participado en el proceso de integración que se ha llevado a cabo con las cajas de ahorros. Motivo este por lo que también la opción Santander es muy bien vista por el Banco de España.

El banco que preside Emilio Botín siempre ha condicionado su participación en una compra de Catalunya Bank a la rentabilidad. El interés por parte de la entidad cántabra radica principalmente en la expansión por territorio catalán, ya que aportaría unas 500 oficinas que, además, tienen poca redundancia con su actual presencia. De esa forma, además, podría contrarrestar la desventaja que tiene en esa comunidad con la preponderante Caixabank y BBVA, que adquirió Unnim (fusión de las cajas de Terrasa, Sabadell y Manlleu). No obstante, el Santander tiene capacidad para crecer por si solo en Cataluña si no sale la operación de Catalunya Bank.

Con esta operación se completaría el proceso de saneamiento del sistema bancario español que llevó a la intervención de varias entidades financieras y a la transformación de las antiguas cajas. El cambio ha dado lugar a que, de las 45 que existían al inicio de la transformación sectorial, ahora todas estén integradas de una forma u otra, salvo las excepciones citadas, en las entidades que quedan (Santander, BBVA, Popular, Sabadell, Bankinter, Caixabank, Bankia, Liberbank, Ibercaja, BMN, Novacaixagalicia, Kutxabank y Unicaja, que recientemente ha cerrado la incorporación de Ceiss, consecuencia de la fusión de las cajas castellanas España y Duero).

Las preocupaciones capitales del presidente

Con cafés con leche, té o poleo-menta (a gusto del consumidor), Mariano Rajoy y su ministra de Empleo, Fátima Báñez, recibieron a las 9,30 de la mañana de ayer a los agentes sociales (los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Jesús Terciado) en La Moncloa. El clima ya no es el mismo que el de los primeros meses de Gobierno de Rajoy, que tardó meses en reunirse con los sindicatos y la primera vez lo hizo por separado y en la sede del PP, y las tensiones han dejado paso a unas relaciones relajadas. Se puede decir que “aquel PP del día de san José de 2012 no es el mismo del de 2014”, en palabras de uno de los asistentes.

No obstante, el mensaje del presidente fue directo: “O esto lo hacemos entre todos o no lo hacemos”. Para Rajoy lo importante es recuperar la demanda interna y la competitividad. Y desgranó las siete preocupaciones que le atosigan y aprietan la economía española: los test de estrés que el BCE hará a la banca española y cuyos resultados se conocerán en octubre; el déficit, del que está convencido de que no se va a cubrir, aunque vaya mejor; las tensiones cambiarias, por la crisis del rublo ruso; la inflación, que es muy baja; el crecimiento; el empleo neto y el precio de la electricidad, que es un pasivo para la economía productiva no para la financiera y que se añadió al paquete tras apuntárselo los líderes sociales. En el planteamiento parecen todos de acuerdo, otra cosa son las soluciones que se apliquen.

Sobre la mesa también se expuso el asunto salarial, que, sin embargo, no parece ser una de las preocupaciones capitales de Rajoy. Los sindicatos alcanzaron con la patronal un acuerdo en febrero de 2012, poco antes de promulgarse la reforma laboral, en el que se impusieron la contención salarial. Ahora, aunque el ministro de Economía, Luis de Guindos, sostiene que es preciso seguir por ese camino, los sindicatos creen que ha llegado el momento de reconsiderarlo.

Precisamente, mientras el presidnete estaba reunido con los líderes sociales, el titular de Economía intervenía en un desayuno organizado por la agencia Efe y KPMG en el que desgranó la situación de economía española y las palancas que, a su juicio, existen para catapultarla: mejora de la competitividad, desendeudamiento, reforma fiscal e integración europea. En la reforma fiscal, precisamente, se detuvoun rato para hacer hincapié en que, tras la propuesta de los expertos, la pelota está ahora en el Gobierno, cuya misión es bajar los impuestos de los ciudadanos como prometió. No obstante, subrayó con tino que los impuestos "no solo son instrumentos recaudatorios, sino elementos capaces de producir incentivos adecuados para el ahorro y la inversión". El objetivo es ayudar a la economía a crecer y repetir los resultados positivos experimentados en el último trimestre del año, cuando la mejora fue de un 0,2% y acabar el año en 1% y el próximo en el 1,5%.

Para entonces, probablemente, Guindos no esté en el Ejecutivo y se haya ido a presidir el Eurogrupo, a lo que España opta y al actual ministro no le desagradaría después de haber cumplido un periodo de reformas y muchas tensiones. Eso significaría que, si se confirma la recuperación, no recogería los frutos; pero, a cambio, llevaría a cabo la unión bancaria europea, "el acuerdo más importante después de Maastricht", para Guindos.     

Pero, los problemas siguen apretando: elevado déficit público, alta tasa de paro y fuerte endeudamiento privado. El ministro lo reconoció. Ante eso, hay que aplicar las palancas citadas. 

Guindos no acostumbra a rehuir las pregunats y esta vez no fue excepción. En es sentido se encmarca su respuesta a las preguntas sobre el nombramiento de José María Roldán (exdirector del Banco de España) como presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), sobre el que se había mostrado contrario. Guindos, al respecto, dijo que lo importante es que se modifique la ley de incompatibidades que el propio Banco de España ha iniciado. También advirtió de que la patronal bancaria “puede nombrar a quien quiera”, si bien es preciso que se asegure la interlocución con la Administración.

Para rematar lanzó una carga de profundidad para zanjar el asunto: "El ministro no trata con el presidente de la AEB, sino que es más bien el secretario de Estado de Economía”.

Y un aviso de cajón: Si Magdalena Álvarez resulta finalmente imputada en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, habrá que aplicar el código ético del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y tendrá que dimitir como vicepresidenta. "Vamos a esperar", concluyó el ministro.

 

 

 

Los líderes sociales fijan sus retos

Los líderes sindicales y de la patronal no quieren dejar pasar el tiempo y la oportunidad para tratar algunos temas que en estos momentos han alcanzado cierta importancia y empiezan a tener urgencia. Por eso, los secretarios generales de Comisiones Obreras (CC OO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT), Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, y el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, se reunieron el jueves y debatieron sobre la formación, que tantos dolores de cabeza les está dando a unos y otros, y del acuerdo nacional sobre empleo que vence a finales de este año.

En este segundo asunto, que se encuentra en fase embrionaria, los sindicatos han querido dejar muy claro desde el principio que la situación ya no es la misma que la que existía cuando se firmó el acuerdo en enero de 2012 para un plazo de tres años. Entonces se decidió realizar una contención de los salarios, los precios y del reparto de beneficio; es decir, una devaluación interna.

Mientras para la patronal rigen las mismas líneas directrices que entonces, dando incluso mayor protagonismo a las federaciones para acuerdos sectoriales, los sindicatos señalan que de los tres objetivos que sustentaron el acuerdo solo se ha cumplido el referente a los salarios. Por ello, su planteamiento es que se debe discutir una política que no puede responder al mismo escenario de recesión que primó en aquel momento. A su juicio, en el horizonte de los próximos años se debe dar un papel más activo a los salarios.

El momento escogido para la firma no fue por casualidad. El PP acababa de formar Gobierno y preparaba una reforma laboral que no tardaría en aprobar desoyendo las advertencias sindicales y el buen clima con que se había alcanzado el acuerdo con la patronal. De hecho, fue el primer gran acuerdo que firmaban con Rosell al frente de la organización. El acuerdo que ahora comienza a negociarse coincidiría con las elecciones en la patronal, prevista para el próximo mes de diciembre, cuando se cumplirían los cuatro años de Rosell en la presidencia.

En el otro asunto, existe en principio un punto de partida más coincidente, sobre todo en desterra la imagen de corrupción con que se ha identificado en los últimos tiempos a la formación por algunos casos sonados. Los sindicatos también reseñan que la formación debe estar interrelacionada con la Negociación Colectiva como algo natural. No obstante, según denuncian, no forma parte de los planes del Ejecutivo. A su juicio, el Gobierno se limita a descargar la responsabilidad sobre las empresas.

En la actualidad, se destina el 0,7% del salario bruto (0,6 por parte de las empresas y 0,1 por parte de los trabajadores) a formación. La cifra total se acerca a los 1.800 millones (frente a los 30.000 millones que manejan en Francia o Alemania) que recauda la Seguridad Social y que luego devuelve como carácter finalista respondiendo al principio de unidad de caja y para trabajadores en activo. Sin embargo, se destina a bonificaciones y desempleo. Por ello, parece necesario, según los interlocutores, que el sistema de formación se reoriente.

Rosell se ha reunido recientemente con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y le ha transmitido ese mensaje mostrando además su rostro más beligerante. El dirigente empresarial, que se ha mostrado disconforme con que el Gobierno haga política con este asunto, le recordó que son las empresas y los trabajadores los que pagan la formación y aprovechó para solicitar que se canalicen incentivos fiscales y se reduzcan las cotizaciones, eterna canción de las empresas que no acaba de tener eco en la Administración.

Además, propone “la autonomía colectiva” en la formación, de manera que las empresas puedan ejecutar la formación y, si no ven capacitadas, puedan acudir a los centros patronales y sindicales. Con la posibilidad también de que, en el ámbito autonómico, se puedan desarrollar planes de formación complementarios. 

P.D.: 

La patronal y los sindicatos coinciden en reclamar mayor coordinación entre educación y formación (o entre los ministerios de Educación y Empleo), que brilla por su ausencia. En ese sentido, el objetivo consiste en “facilitar la permeabilidad entre el sistema educativo y el mundo laboral, a través de la consolidación de estrategias que conecten la formación reglada y la dirigida a ocupados y desempleados”, según el documento que maneja la CEOE. En ese sentido, reclama la formación profesional reglada, para lo que resulta necesario la implantación de la Formación Dual. asimismo, exige garantizar alternativas formativas; mejorar el conocimiento de idiomas y elevar el nivel de educación financiera, entre otras medidas.

¿Es necesario un gran pacto eléctrico?

En un breve lapso de tiempo han coincidido las peticiones de las patronales CEOE y Cepyme y de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) de que se alcance un gran pacto de Estado en el sector eléctrico. Han tenido poca repercusión, pero las exigencias de ambos colectivos no han pasado desapercibidas en el Ejecutivo (no se sabe muy bien el orden de importancia, si las empresas presididas por Juan Rosell y Jesús Terciado o si los directivos que preside Isidro Fainé). En todo caso vienen a cuento por la polémica que se ha generado en el sector eléctrico a raíz de la reforma sectorial promulgada por el Gobierno y, de forma añadida, por el cambio del sistema de fijación de precios que llevó a las compañías eléctricas a desatar amenazas sobre la reducción de inversiones e, incluso, del desvío de inversiones fuera de España.

El caso más sonado fue la proclama lanzada por el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, defendiendo la posición preponderante de Reino Unido, Estados Unidos, México y Brasil sobre España en su plan de expansión y crecimiento (posición que al Gobierno no gustó y que el pasado lunes el ejecutivo salmantino compensó en su intervención en el Global Forum Spain celebrado en Bilbao, donde también se habló de pactos de Estado). El resto de responsables del sector no se quedaron a la zaga. Habrá que esperar el mensaje que manda Fulvio Conti, primer ejecutivo de Enel, sobre su filial española Endesa en la presentación de resultados del grupo el próximo miércoles en Roma. No se espera que eche flores, precisamente.

Ante eso es lógico preguntar si es necesario ese gran pacto de Estado y, sobre todo, si hay tiempo para ello, toda vez que la reforma ya ha pasado el trámite parlamentario y que el Gobierno defiende la reforma a capa y espada. El debate, no obstante, sigue abierto y se escucha en los pasillos del Congreso de los Diputados y en todos los foros empresariales.

La petición está en las líneas prioritarias que han enviado las patronales al Gobierno para que incluya en el Programa Nacional de Reformas 2014 y en forma parte de la lista de peticiones (o agravios) de la CEDE, conocidas esta semana en un estudio titulado La energía que precisamos, en el que critica la injerencia política sobre las actividades reguladas del sector energético como elemento más perturbador de su eficiencia antes de reclamar el gran pacto.

Las organizaciones empresariales, por su parte, entran a saco en la polémica entablada entre las eléctricas y el Ministerio de Industria y, sobre todo, ante las amenazas de aquellas de reducir sus inversiones en España. En ese sentido, en el citado informe de prioridades de 42 páginas (a la reforma energética destinan solo dos entre una docena de temas que van desde la consolidaciñon fiscal a la internacionalización pasando por la reforma laboral) señala que “es necesario alcanzar un agran acuerdo nacional, en forma de Pacto de Estado, que permita avanzar en las decisiones adecuadas con un marco temporal lo suficientemente amplio para posibilitar las inversiones que resulten necesarias”.

Además, el informe patronal hace suyas las demandas que hace la patronal sectorial Unesa, cuyo presidente, Eduardo Montes, es miembro del comité ejecutivo de la CEOE. Entre otras exigencias, reclama que se posibilite la extensión de la vida de las centrales nucleares (en tanto reciban el informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear); eliminar el mecanismo de restricciones de garantía de suministro (obligación de consumo de carbón nacional en cantidades preestablecidas); apostar por las renovables siempre que se centre en el apoyo continuado al desarrollo de I+D+i nacional que posibilite crear un tejido industrial nacional (es decir, potenciar las tecnologías que aporten una ventaja competitivia real); hacer contratos bilaterales entre generadores y consumidores intensivos en energía; impulsar la cogeneración de alta eficiencia; evitar la introducción de nuevos tributos en los llamados impuestos mediambientales sobre las empresas, que, en todo caso, deben ser neutrales (es decir, desplazar la carga fiscal del tributo vigente al medioambiental de nueva creación), y promover la coordinación entre comunidades autónomas para evitar la proliferación de legislaciones diferentes que regulen el mismo objeto.