La visión económica del CEC

“La recuperación económica española ganará fuerza durante 2014 y 2015”, según el informe del Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) que este grupo tiene previsto presentar en los próximos días. Este documento, bautizado en principio como CEC: visión económica 2014-15, forma parte del compromiso de apoyo adquirido con la Corona y el Gobierno por parte del grupo que preside César Alierta y conforman 18 empresas. Su publicación coincidirá con un momento en el que el Ejecutivo se encuentra en una fase de despegue propagandístico ante los próximos compromisos electorales, con cuestiones como la reforma fiscal o las previsiones de crecimiento. En 2012, este grupo ya dio un respaldo al Gobierno con un primer informe en el que ponía en valor España como atractivo para invertir y lo difundió por el mundo.

El nuevo informe prevé “un crecimiento durante los próximos dos años con una contribución positiva tanto de la demanda interna como del sector exterior dentro de un escenario de recuperación moderada, donde el PIB de la economía española crecería en torno al 1,3% en 2014 y al 2% en 2015”. Además, subraya que el superávit por cuenta corriente y la recomposición en la balanza financiera refuerzan la capacidad de financiación frente al resto del mundo y el atractivo como país y el avance en la corrección de los desequilibrios. Al tiempo, reclama continuar con el proceso de transformación de la economía.

Como partida destaca que en 2013 se produjo un punto de inflexión de la economía española, asentado en la evolución de las exportaciones, que han crecido “consistentemente”. En ello ha tenido mucho que ver “la diversificación regional y de productos” y “la mejora de la competitividad por el fuerte crecimiento de la productividad, junto a la moderación salarial”.

Sostiene, además, que “la inversión consolidará su recuperación en 2014”, gracias a la capacidad de financiación generada por el sector privado no financiero (hogares y empresas) y la mejora de la posición financiera, sobre todo en el impulso de la inversión en bienes de equipo. También destaca un cambio en la inversión inmobiliaria, con “una mejoría de los fundamentales relacionados con la compra de vivienda en los próximos dos años”, con un repunte de la inversión extranjera.

En consumo privado y empleo “se observan señales mixtas provenientes de los datos de afiliación a la Seguridad Social que estarían apuntando a que la tendencia de creación de empleo se habría acelerado y, los de la Encuesta de Población Activa, que habrían continuado mostrando una destrucción de empleo”. En ese sentido, estima que la tendencia positiva continúe y que se incremente el empleo un 0,6% en 2014 y un 1,3% en 2015.

En un segundo apartado resalta “la mejora histórica de la balanza comercial”, que anticipa superávits del 2%-3% en el periodo 2014-2015 y “la mejora en la calidad y cantidad de los flujos financieros”. Las exportaciones, junto con el ajuste de las importaciones, han supuesto un vuelco de más de 84.060 millones en la balanza comercial desde 2007 (8,1% del PIB). En ese punto, incide en que España “sigue siendo muy atractiva para la inversión extranjera productiva” y que el regreso de la confianza “se consolida en jugadores clave”, como las agencias de rating, la OCDE y el FMI.

Para el CEC, “prosigue el claro avance en la corrección de los desequilibrios”, con reducción del endeudamiento privado, de las empresas no financieras, el ajuste inmobiliario y la reestructuración del sector bancario. Pero subraya que “el Estado debe continuar con su política de ajustes y modernización, adecuando los niveles de endeudamiento y evitando ahondar en el efecto expulsión al sector privado”.

Por último, recalca el proceso de transformación de la economía. “Hay margen para aumentar el grado de apertura”, afirma, con una reducción del peso de la construcción y un patrón de crecimiento que genere capacidad de financiación externa. Asimismo, exige “la aplicación de reformas estructurales destinadas a mejorar el funcionamiento de los mercados, particularmente el de trabajo, e impulsar el cambio de modelo productivo”; consolidar las reformas en marcha (financiera, laboral, control del gasto) y avanzar en las pendientes (energía, crecimiento industrial y educación). Tema este en el que “hay numerosos puntos de mejora”.

¿Renacimiento inmobiliario?

“Claramente, hay liquidez y va a ser ilimitada; y hay posibilidades de compraventa porque muchos fondos con dinero están ansiosos de comprar y muchos propietarios con activos listos para la venta, además hay mucha demanda embalsada y los bancos están empezando a dar créditos”. El primer ejecutivo de una inmobiliaria se expresaba esta semana con ese optimismo sobre la situación actual del sector. Reflejaba lo que a su juicio es la situación actual, en la que las empresas empiezan a ver la luz cada vez más nítida al final del largo túnel que han tenido que atravesar durante prácticamente un lustro.

De las afirmaciones se deriva que en muy poco tiempo está llegando dinero fresco, sobre todo de fondos internacionales, y cerrándose operaciones que hace solo unos meses eran inimaginables. La última ha sido la adquisición por parte de la firma estadounidense Castlelake de suelo por 80 millones de euros a la Sareb, cuya presidenta (Belén Romana) afirmaba esta misma semana en un desayuno informativo de la sociedad, constituida con activos provenientes de la banca y participada por entidades financieras.

Pero, pese a la esperanza justificada por esos datos, no hay que echar las campanas al vuelo. Es verdad que hay liquidez y oportunidades; pero es difícil cruzar operaciones. La razón es que los fondos ofrecen cantidades a la baja para quedarse con buenos activos. Inevitablemente se producen contradicciones, porque las inmobiliarias no quieren vender barato y exigen mejorar la oferta y el tira y afloja no siempre acaba bien.

A eso hay que añadir que la deflación de salarios no hace previsible que se puedan cerrar muchas operaciones entre los particualres y los bancos, con miedo permanente. Siendo verdad que las entidades financieras se muestran más flexibles, han salido muy escaldadas de la crisis y no quieren repetir. Es decir, aunque se están dando créditos, no va a haber financiación para cualquier cosa.

Esos son los retos con que se enfrenta ahora el sector, que está ante la oportunidad de comenzar desde cero después de una reconversión forzada y lograr un crecimiento sostenido en el futuro, que según algunas previsiones será del entorno del 2% en los próximos años. Las predicciones del mercado es que este renacer que se ha producido en las capitales más activas se va a extender pronto como una mancha de aceite por el resto del país.

En el sector, los restos de la batalla son todavía muy evidentes, con muchas empresas en concurso de acreedores o en liquidación, en el caso de que no lo hayan sido ya, por lo que ya no volverá a ser lo que era en mucho tiempo. Muchos de sus directivos han rebasado o están cerca de alcanzar la edad de jubilación, por lo que lo único que hacen ahora es gestionar el enterramiento de sus empresas.

El consenso generalizado es que ya se ha tocado fondo y que las empresas vivas —es decir, aquellas que han conseguido superar la crisis— son las que van a protagonizar la nueva etapa. En ese sentido, los inmobiliarios se sienten curados de espanto y están seguros de que no van a caer en una burbuja como la que les explotó por su propia ambición.

En ese esquema hay dos grupos de inmobiliarias, las patrimoniales y las promotoras. Entre las primeras figuran Colonial (revitalizada tras la entrada del grupo de Juan Miguel Villar Mir), Testa (de Sacyr), Metrovacesa (controlada por los bancos y que está en venta), que han sufrido un proceso de reestructuración y, en algunos casos, de jibarización. Entre los promotores sobresale la antigua clase media que ha sobrevivido mejor como Pryconsa, Hercesa, Ferrocarril Inmobiliaria, Amenabar o Inmobiliaria del Sur. Este es un sector muy atomizado y con sociedades cuyos propietarios son poco conocidos, con radio de acción muchas veces circunscrito a una comarca.

Una gran parte de esas empresas forman parte del G-14 (Grupo Ferrocarril, Hercesa, Level, Martinsa, Metrovacesa, Montebalito, Nozar, Quabit, Realia, Restaura, Reyal Urbis, Vallehermoso), que constituyeron como un lobby en los tiempos de gloria (es decir, no hace muchos años).

En la hora de un nuevo pacto de rentas

El Gobierno está empeñado en lograr cuanto antes otro pacto de rentas que sustituya al que se encontró a principios de 2012, recién estrenado en el poder y que los sindicatos habían propiciado para frenar la reforma laboral que luego promulgó. El actual acuerdo tiene vigencia hasta final de año, y con el objetivo de renovarlo,  entre otros, Mariano Rajoy convocó el pasado 18 de marzo a los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, y los presidentes de las patronales CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Jesús Terciado, para incluirlo en la nueva ola de reformas previstas para completar la legislatura y cumplir con las exigencias de organismos europeos e internacionales (entre otras, sobre la reforma laboral), que no dejan de insistir.

Sin embargo, pasado mes y medio desde entonces, apenas ha habido algún movimiento que no sea bipartito (entre sindicatos y patronal). O, como dijo Méndez, “está inédito” en la relación con el Gobierno. Por eso están a la espera de que, una vez pasadas las elecciones europeas, Rajoy mueva ficha, aunque muy probablemente no se produzca hasta después de la cita con el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, para hablar de la reforma fiscal, que esperan de manera inminente.

Los agentes sociales contemplan un nuevo pacto desde perspectivas muy distintas a las de 2012, cuando la crisis era lacerante y el posible rescate se daba por hecho. El compromiso de los sindicatos de moderar salarios y de las empresas de contener precios, se cumplió a medias. Es decir, se moderaron los salarios y poco los precios. Además, el Gobierno también incumplió su promesa de no subir impuestos, con lo que al final la devaluación interna perjudicó básicamente a los asalariados. La evolución de la inflación permite ahora no ser demasiado exigentes en salarios; pero bajo la premisa de que no puede haber una pérdida de poder adquisitivo como la que se produjo en el anterior pacto.

La patronal, por su parte, ha tenido tres fases, pasando de pedir una prórroga del anterior pacto, a lo que los sindicatos no están de ninguna manera dispuestos, a proponer un acuerdo partiendo de cero, para acabar con la oferta de alcanzar un acuerdo general que sirva de paraguas para negociar después por sectores. Precisamente, en esa línea se manifestó el viernes Rosell en las Jornadas del Círculo de Economía celebradas en Sitges (Barcelona). Rosell dijo que algunas empresas pueden “incrementar los salarios” en los sectores que ya han conseguido dejar atrás la crisis y recuperado “actividad y beneficio”. “Ojalá podamos”, sentenció.

Esta posibilidad, que permitiría a cada sector plantear un salario acorde a su situación económica, está más en consonancia con el planteamiento de los sindicatos, que consideran un periodo de tres años de vigencia para el nuevo pacto, teniendo en cuenta sobre todo que será el de la recuperación. Pero, mientras tanto, no está despejada la incógnita sobre el futuro de la reforma laboral y si el Gobierno pretende dar otra vuelta de tuerca como le piden desde distintos organismos.

Precisamente, en la reforma se detine el Informe sobre la democracia en España 2014, de la Fundación Alternativas dirigido por Joaquín Estefanía. Según el estudio, “no solo ha disminuido la tasa de temporalidad, sino que ha aumentado la rotación de contratos, y tampoco ha reducido, sino todo lo contrario, el paro de larga duración”. “Ha optado por la vía drástica de tratar de desarticular la negociación colectiva, es decir, simplemente de que los sindicatos pierdan poder muy en la línea de las peticiones extremas de la patronal”, añade. Y termina: “Ha favorecido la devaluación salarial interna, aunque no se sabe todavía qué parte se debe a la reforma y cuál a la intensidad de la crisis”.

El informe sostiene que “para un futuro inmediato se está pronosticando un crecimiento homeopático que poco ayudará a la creación de empleo y dependerá, en gran medida, del comportamiento de la economía mundial”. También destaca que “la evolución del mercado de trabajo no está siendo particularmente positiva, la mayor parte de la mejora se debe a la disminución de la población activa y la escasa contratación nueva sigue siendo abrumadoramente temporal”, incide.

“Las reformas han de ser realistas, factibles presupuestariamente y sostenibles en el tiempo, justificar su necesidad y objetivos, favorecer una distribución de la renta tolerable y explicar que no hay reformas en las que todos ganen”, según el informe, que subraya que el Gobierno ha optado por una agenda, condicionada por organismos internacionales, con mayor peso en reducir el déficit público y en las reformas laboral y financiera, de la que dice que “el diagnóstico de la crisis financiera y de sus efectos sobre el sistema financiero fue erróneo y pecó de optimista, y la reforma tuvo elementos de imprevisión e improvisación”.

Sostiene que “la recuperación del crédito aún tardara en llegar” y que la reforma de las pensiones es correcta pero no suficiente, por lo que, “si no se reforma convenientemente el sistema público será sustuituido por el aseguramiento privado”. Sobre la reforma fiscal, mantiene que “ es urgente porque el actual sistema da muestras claras de insuficiencias y ha acumulado ineficiencias que afectan a su neutralidad”.