Los líderes sociales fijan sus retos

Los líderes sindicales y de la patronal no quieren dejar pasar el tiempo y la oportunidad para tratar algunos temas que en estos momentos han alcanzado cierta importancia y empiezan a tener urgencia. Por eso, los secretarios generales de Comisiones Obreras (CC OO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT), Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, y el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, se reunieron el jueves y debatieron sobre la formación, que tantos dolores de cabeza les está dando a unos y otros, y del acuerdo nacional sobre empleo que vence a finales de este año.

En este segundo asunto, que se encuentra en fase embrionaria, los sindicatos han querido dejar muy claro desde el principio que la situación ya no es la misma que la que existía cuando se firmó el acuerdo en enero de 2012 para un plazo de tres años. Entonces se decidió realizar una contención de los salarios, los precios y del reparto de beneficio; es decir, una devaluación interna.

Mientras para la patronal rigen las mismas líneas directrices que entonces, dando incluso mayor protagonismo a las federaciones para acuerdos sectoriales, los sindicatos señalan que de los tres objetivos que sustentaron el acuerdo solo se ha cumplido el referente a los salarios. Por ello, su planteamiento es que se debe discutir una política que no puede responder al mismo escenario de recesión que primó en aquel momento. A su juicio, en el horizonte de los próximos años se debe dar un papel más activo a los salarios.

El momento escogido para la firma no fue por casualidad. El PP acababa de formar Gobierno y preparaba una reforma laboral que no tardaría en aprobar desoyendo las advertencias sindicales y el buen clima con que se había alcanzado el acuerdo con la patronal. De hecho, fue el primer gran acuerdo que firmaban con Rosell al frente de la organización. El acuerdo que ahora comienza a negociarse coincidiría con las elecciones en la patronal, prevista para el próximo mes de diciembre, cuando se cumplirían los cuatro años de Rosell en la presidencia.

En el otro asunto, existe en principio un punto de partida más coincidente, sobre todo en desterra la imagen de corrupción con que se ha identificado en los últimos tiempos a la formación por algunos casos sonados. Los sindicatos también reseñan que la formación debe estar interrelacionada con la Negociación Colectiva como algo natural. No obstante, según denuncian, no forma parte de los planes del Ejecutivo. A su juicio, el Gobierno se limita a descargar la responsabilidad sobre las empresas.

En la actualidad, se destina el 0,7% del salario bruto (0,6 por parte de las empresas y 0,1 por parte de los trabajadores) a formación. La cifra total se acerca a los 1.800 millones (frente a los 30.000 millones que manejan en Francia o Alemania) que recauda la Seguridad Social y que luego devuelve como carácter finalista respondiendo al principio de unidad de caja y para trabajadores en activo. Sin embargo, se destina a bonificaciones y desempleo. Por ello, parece necesario, según los interlocutores, que el sistema de formación se reoriente.

Rosell se ha reunido recientemente con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y le ha transmitido ese mensaje mostrando además su rostro más beligerante. El dirigente empresarial, que se ha mostrado disconforme con que el Gobierno haga política con este asunto, le recordó que son las empresas y los trabajadores los que pagan la formación y aprovechó para solicitar que se canalicen incentivos fiscales y se reduzcan las cotizaciones, eterna canción de las empresas que no acaba de tener eco en la Administración.

Además, propone “la autonomía colectiva” en la formación, de manera que las empresas puedan ejecutar la formación y, si no ven capacitadas, puedan acudir a los centros patronales y sindicales. Con la posibilidad también de que, en el ámbito autonómico, se puedan desarrollar planes de formación complementarios. 

P.D.: 

La patronal y los sindicatos coinciden en reclamar mayor coordinación entre educación y formación (o entre los ministerios de Educación y Empleo), que brilla por su ausencia. En ese sentido, el objetivo consiste en “facilitar la permeabilidad entre el sistema educativo y el mundo laboral, a través de la consolidación de estrategias que conecten la formación reglada y la dirigida a ocupados y desempleados”, según el documento que maneja la CEOE. En ese sentido, reclama la formación profesional reglada, para lo que resulta necesario la implantación de la Formación Dual. asimismo, exige garantizar alternativas formativas; mejorar el conocimiento de idiomas y elevar el nivel de educación financiera, entre otras medidas.

¿Es necesario un gran pacto eléctrico?

En un breve lapso de tiempo han coincidido las peticiones de las patronales CEOE y Cepyme y de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) de que se alcance un gran pacto de Estado en el sector eléctrico. Han tenido poca repercusión, pero las exigencias de ambos colectivos no han pasado desapercibidas en el Ejecutivo (no se sabe muy bien el orden de importancia, si las empresas presididas por Juan Rosell y Jesús Terciado o si los directivos que preside Isidro Fainé). En todo caso vienen a cuento por la polémica que se ha generado en el sector eléctrico a raíz de la reforma sectorial promulgada por el Gobierno y, de forma añadida, por el cambio del sistema de fijación de precios que llevó a las compañías eléctricas a desatar amenazas sobre la reducción de inversiones e, incluso, del desvío de inversiones fuera de España.

El caso más sonado fue la proclama lanzada por el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, defendiendo la posición preponderante de Reino Unido, Estados Unidos, México y Brasil sobre España en su plan de expansión y crecimiento (posición que al Gobierno no gustó y que el pasado lunes el ejecutivo salmantino compensó en su intervención en el Global Forum Spain celebrado en Bilbao, donde también se habló de pactos de Estado). El resto de responsables del sector no se quedaron a la zaga. Habrá que esperar el mensaje que manda Fulvio Conti, primer ejecutivo de Enel, sobre su filial española Endesa en la presentación de resultados del grupo el próximo miércoles en Roma. No se espera que eche flores, precisamente.

Ante eso es lógico preguntar si es necesario ese gran pacto de Estado y, sobre todo, si hay tiempo para ello, toda vez que la reforma ya ha pasado el trámite parlamentario y que el Gobierno defiende la reforma a capa y espada. El debate, no obstante, sigue abierto y se escucha en los pasillos del Congreso de los Diputados y en todos los foros empresariales.

La petición está en las líneas prioritarias que han enviado las patronales al Gobierno para que incluya en el Programa Nacional de Reformas 2014 y en forma parte de la lista de peticiones (o agravios) de la CEDE, conocidas esta semana en un estudio titulado La energía que precisamos, en el que critica la injerencia política sobre las actividades reguladas del sector energético como elemento más perturbador de su eficiencia antes de reclamar el gran pacto.

Las organizaciones empresariales, por su parte, entran a saco en la polémica entablada entre las eléctricas y el Ministerio de Industria y, sobre todo, ante las amenazas de aquellas de reducir sus inversiones en España. En ese sentido, en el citado informe de prioridades de 42 páginas (a la reforma energética destinan solo dos entre una docena de temas que van desde la consolidaciñon fiscal a la internacionalización pasando por la reforma laboral) señala que “es necesario alcanzar un agran acuerdo nacional, en forma de Pacto de Estado, que permita avanzar en las decisiones adecuadas con un marco temporal lo suficientemente amplio para posibilitar las inversiones que resulten necesarias”.

Además, el informe patronal hace suyas las demandas que hace la patronal sectorial Unesa, cuyo presidente, Eduardo Montes, es miembro del comité ejecutivo de la CEOE. Entre otras exigencias, reclama que se posibilite la extensión de la vida de las centrales nucleares (en tanto reciban el informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear); eliminar el mecanismo de restricciones de garantía de suministro (obligación de consumo de carbón nacional en cantidades preestablecidas); apostar por las renovables siempre que se centre en el apoyo continuado al desarrollo de I+D+i nacional que posibilite crear un tejido industrial nacional (es decir, potenciar las tecnologías que aporten una ventaja competitivia real); hacer contratos bilaterales entre generadores y consumidores intensivos en energía; impulsar la cogeneración de alta eficiencia; evitar la introducción de nuevos tributos en los llamados impuestos mediambientales sobre las empresas, que, en todo caso, deben ser neutrales (es decir, desplazar la carga fiscal del tributo vigente al medioambiental de nueva creación), y promover la coordinación entre comunidades autónomas para evitar la proliferación de legislaciones diferentes que regulen el mismo objeto.

Y Galán cogió su fusil

Ignacio Sánchez Galán eligió Londres, la misma ciudad en la que el pasado abril presentó el informe España país de oportunidades, para lanzar un duro y, a la vista de las reacciones, efectivo ataque a la política energética del Gobierno. Junto al economista José Manuel Campa defendió entonces el trabajo que el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), del que forma parte, elaboró para atraer las inversiones a España y, de paso, apoyar las reformas llevadas a cabo por el Ejecutivo. Galán repitió en París, Nueva York y Boston y, ya en la posterior gira española, en Valladolid y Bilbao. Y el Gobierno, claro, le estaba muy agradecido.

De repente, parece que el presidente de Iberdrola, uno de los aliados, ha pasado de héroe a villano. Desde el Gobierno, y también desde el de Castilla y León y otros estamentos, le han tachado algo menos que de traidor. Al Gobierno le ha irritado que un hombre que creía de los suyos y que ha estado al frente de la manifestación salga ahora con un ataque que pone en duda la seguridad jurídica española ante los inversores internacionales justamente ahora cuando los datos indican que España empieza a salir del agujero. A su juicio daña la marca España.

¿Se ha pasado Galán de la raya? A nadie debe sorprender que el ejecutivo salmantino haya tomado esta deriva. Es un hombre que no se calla e Iberdrola —como el resto de compañías eléctricas y también las renovables— viene criticando con energía la reforma eléctrica desde que el Gobierno de Mariano Rajoy la promulgó en julio pasado y, más recientemente, así como el nuevo mecanismo de fijación de precios que sustituirá a las subastas.

Por eso,  quiere distinguir. Hace 10 meses, Galán se enfundó la roja (por cierto, Iberdrola patrocina a la selección de fútbol) para avalar a España como país atractivo para invertir. Sin embargo, el miércoles acudió a la capital británica para hablar de lo suyo, con la corbata verde corporativa de la empresa que le paga (y no mal, precisamente: el año pasado cobró 7,4 millones de euros brutos) y de los problemas a los que se enfrenta el sector eléctrico.

En este asunto, Galán ha ido marcando los tiempos y, esta vez, ha dado un paso más aprovechando la presentación de resultados (la caída del 7% la achaca a las medidas) y del plan estratégico 2014-2016. Escogió un renombrado hotel de Londres, donde reunió a inversores y periodistas en salas separadas. Llevaba el mensaje madurado y tenía el escenario preparado a conciencia por sus servicios de comunicación. En la nota de prensa repartida entre el casi centenar de periodistas que invitó a Londres ya estaba escrito el disparo: “Las inversiones irán destinadas principalmente a los proyectos energéticos y países que disfruten de una regulación predecible y estable”. Entre ellos, no entra España, que se queda en el paquete del “resto del mundo”. Así lo explicó: “El regulador dice que sobran inversiones en redes y generación y si el regulador dice eso para qué lo vamos a hacer”.

En el ardor de la batalla, Galán descargó el fusil: “Iberdrola en los últimos años ha tenido una expansión internacional espectacular, pasando de como éramos hace 10 años, que el 99% de nuestro negocio dependía de España, a niveles del 30% en la actualidad. En este momento somos más británicos, más americanos y más mexicanos o brasileños que españoles a nivel general. No solamente por negocios, sino también por presencia de accionistas”.

Está claro. Si el negocio está en esos otros países, lo lógico es que se vuelque más en ellos. El problema es que, quizá  no midió bien la repercusión de la frase que pronto daría la vuelta a España y que hay que escucharla en su contexto. O quizá, sí. El caso es que, ante alguna pregunta inquisitiva, se revolvió en el atril: “Dios me libre. Me siento muy orgulloso de ser español y todo aquello que pueda hacer por mi país lo haré. De hecho me he pasado el año vendiendo España por medio mundo. Es un país que merece la pena”.

Trató de quitar hierro, asegurando que las relaciones con el Gobierno son cordiales “como no puede ser de otra manera a todos los niveles y con todos los estamentos”. “Cada uno hace y defiende lo que tiene que defender como cree que tiene que defenderlo”, añadió. Poco consiguió. El ministro de Industria, José Manuel Soria, le respondió con contundencia: “Iberdrola ya viene reduciendo inversiones desde 2009, por lo que difícilmente se puede deber a la reforma eléctrica”.

Y para que no quedara duda, al día siguiente, volvió a ponerse el traje de embajador de la marca España y, con César Alierta y Pablo Isla, estuvo con grandes grupos europeos en una reunión con Angela Merkel y François Hollande.

Sánchez Galán acudió a Londres acompañado con su guardia pretoriana, los hombres en los que confía los números y la estrategia. La cita lo requería y allí estaban con él, José Luis San Pedro, José Sainz Armada y Fernando Becker, todos con su corbate verde coroprativa. Los dos primeros le acompañaron en la mesa en la reunión que mantuvo con los inversores (no así en la rueda de prensa, a la que asistió solo) y ante los que también atacó la reforma eléctrica. Y fue San Pedro, el directivo más veterano (ya era alto cargo en la antigua Iberduero con Manuel Gómez de Pablos), el que avanzó que la empresa irá a los tribunales para denunciar algunas medias si las cosas cambian.

Contadores para la discordia

La Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió el 14 de enero un “informe sobre el precio del alquiler de los contadores electrónicos con discriminación horaria y con posibilidad de telegestión”. Salvo para los integrantes del sector, pasó bastante desapercibido. Sin embargo, pasado un mes ha cobrado actualidad tras conocerse la propuesta del Ministerio de Industria sobre la fijación de precios para el consumo enviada a la propia CNMC en la que se subraya que los consumidores podrán aprovechar los contadores digitales para mejorar el consumo y reducir la factura.

A partir de ahí, el revuelo que habían originado las compañías eléctricas y las firmas de renovables por la reforma del sector, ha ido a más. Desde 2006, el mercado eléctrico incorporó el contador digital con el fin de aportar más eficiencia a los consumidores. 

El cambio se impulsó con el Plan de Sustitución de Equipos de Medida, que obliga a todos los usuarios con menos de 15 kilovatios de potencia contratada a sustituir los antiguos contadores por estos otros, que permiten la discriminación horaria y la telegestión, antes del 31 de diciembre de 2018. En la actualidad, según datos de Industria, lo tienen instalado siete millones de usuarios, una cifra que ya ronda la estimación del 35% prevista para final de 2014. El nuevo mecanismo, no obstante, obligará a reprogramar muchos contadores digitales, según las empresas.

El usuario ha tenido opción de comprar o alquilar el nuevo contador. La recomendación de las asociaciones de usuarios ha sido que se opte por la del alquiler, cuyo coste fijado por ley es de 0,81 euros al mes para los contadores monofásicos y de 1,15 para los trifásicos, y obliga a las comercializadoras a correr con el mantenimiento y las incidencias. Según datos del sector, en propiedad (el coste es de 43 euros más 10 de instalación) solo lo tiene un 5% de los hogares y la mayor parte de los consumidores industriales.

Las ventajas del contador digital son visibles: permite aprovechar al máximo la energía con discriminación horaria; pago real por consumo, sin lecturas estimadas, por lo que las facturas son mucho más transparentes; el cambio de contrato o comprobación se puede hacer de manera inmediata; permite comprobar el consumo a través de internet y reduce las incidencias de suministro.

Sin embargo, no tardó en llegar la polémica, que desembocó al informe de la CNMC. El proceso fue el siguiente: los precios de alquiler estaban congelados desde la orden; el ministerio decidió aplicar esos precios a los nuevos telecontadores; las eléctricas presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo argumentando que no era lógico aplicar esos precios a los nuevos contadores digitales; el Supremo dio la razón a las eléctricas y pidió que se calculara un precio actualizado; para dar respuesta al Supremo, la CNMC elaboró el citado informe en el que reconoce que, de acuerdo a diversos estudios, lo correcto es subir el alquiler a 1,10 y 1,47 euros al mes (según sea monofásico o trifásico); sin embargo, la CNMC sostiene que, “teniendo en cuenta el entorno tecnológico poco maduro” y “que las partidas de coste disminuirán de manera significativa”, se “obtendrían unos precios de alquiler similares a los recogidos”. Es decir, se han mantenido en 0,81 y 1,15 euros.

En medio de todo surgieron las protestas de organizaciones y particulares. Según datos de Enerspain esgrimidos por Denunciascolectivas.com, el 60% de los contadores alquilados se están pagando por encima de su precio. A su juicio, se estaría hablando de 4,2 millones de clientes y pagando en torno a más de una media de 4,49 euros, es decir 226 millones de euros al año. La supresión equivale a un abaratamiento del 7% habiendo casos que podría llegar al 25%, aseguran. Las eléctricas, que han rechazado estas denuncias reiteradamente, argumentan que no tienen posibilidad alguna de modificar los precios establecidos por ley. Dificultad que aumenta con los contadores digitales.

El reparto del mercado tiene a Endesa como principal comercialziador. La filial de la italiana Enel, que cuenta con el sistema Meters and More desarrollado por su matriz, ha uinstalado torno a 4,2 millones de contadores digitales, alcanzado cerca del 45% del total. Ese sistema también lo usa E.ON, aunque solo con medio millón de usuarios. El otro sistema preponderante es el Prime que utilizan Iberdrola, Gas Natural Fenosa y EDP. 

el plazo para presentar alegaciones temrina mañana

Las compañías eléctricas tienen de plazo hasta la tarde del lunes para presentar las alegaciones a la CNMC sobre la propuesta de fijación de precios presentada por Industria. No la plaudirán. En la 11ª Jornada sobre Industria Energética organizada por el IESE y Deloitte ya dieron un adelanto. Andrea Brentan (Endesa), José Luis San Pedro (Iberdrola), Rafael Villaseca (Gas Natural Fenosa) y Eduardo Montes (de la patronal Unesa) propinaron directos a la mandíbula: improvisado, antimercado, ineficaz, insuficiente, complejo, de difícil ejecución... En la misma jornada, el ministro de Industria, José Manuel Soria, no se quedó corto: “El Gobierno defiende el interés general y no el de las empresas”. Además de ahorrar 270 millones de euros por suprimir la intermediación financiera que se ejercía en la subasta, el sistema "será más competitivo para la industria y menos oneroso para las familias" y "permitirá disponer de precios más competitivos y un suministro seguro y sostenible".

Guindos sintoniza con la gran empresa

En una semana rica en encuentros políticos-empresariales, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, hizo un hueco en su agenda para comer con el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), ese poderoso club en el que se junta gran parte del PIB nacional. El temario para hablar con el titular de Economía era abundante, centrado en el pulso económico y las perspectivas de crecimiento, y los empresarios aprovehcaron para solicitarle que mantenga el espíritu reformista. Es decir, que complete las reformas estructurales, principalmente la reforma fiscal, de las Administraciones Públicas y el mercado interior, en línea con las peticiones que han hecho los grandes bancos en la presenctación de resultados con el objeto de contener el déficit y fomentar el empleo y el consumo.

Guindos, que era la segunda vez que acudía a una comida con el CEC, se mostró moderamente optimista con las perspectivas de la economía española, de la mejora de la prima de riesgo y la evolución del déficit público, así como del proceso de integración de los mercados europeos, especialmente el financiero. Precisamente, dirigiéndose a la comida, el ministro supo que presidente del BCE, Mario Draghi, no tomaría ninguna decisión sobre tipos de interés.

Los empresarios valoraron positivamente el nivel de prudencia del ministro, acorde con el que ha tenido en sus últimas intervenciones públicas y mucho más realista de lo que transmiten otros representantes del Gobierno. Guindos ha demostrado que sintoniza bien con este grupo de escogidos empresarios, que dieron su apoyo incondicional al Gobierno cuando la crisis estaba en uno de los momentos más agitados. El CEC decidió echar un capote, quizá después de que el Rey Juan Carlos les pidiera en dos reuniones sucesivas (marzo y agosto de 2012) que arrimaran el hombro, y elaboró un informe que radiaba optimismo.

El CEC, que cuenta con los potentes servicios de estudios de los bancos Santander y BBVA y de Telefónica, previó el comienzo de la recuperación a finales de 2013 y, además, realizó una gira mundial para difundir el informe por las principales plazas financieras. Posteriormente, repitió el road show por las capitales españolas con el mismo mensaje de optimismo, por lo que Guindos no puede estar más que agradecido.

En la reunión del jueves con Guindos se abordó también la cuestión catalana, que preocupa y mucho a los grandes empresarios del CEC, donde una parte importante de sus miembros son catalanes. A estos no les gusta que se hable del “problema catalán” y que desde Madrid se hagan críticas generalistas sin entrar en el meollo de la cuestión, sobre todo económica, para buscar soluciones constructivas, y esas quejas se las transmitieron al ministro.

Precisamente, sobre este tema, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, mantenía encuentros en Barcelona con empresarios catalanes, algunos de ellos miembros del CEC (Isidro Fainé, Isak Andic, Leopoldo Rodés, así como el director, Fernando Casado), y organizaciones (la patronal Foment o el Círculo de Economía). En sentido contrario del puente aéreo, el consejero de Presidencia catalán, Francesc Homs, defendía el referéndum catalán en Madrid.

El consejo que preside César Alierta (Telefónica) tiene reuniones mensuales y, habitualmente, invitan a dirigentes políticos. Una de las primeras acciones del CEC, tras fundarse en febrero de 2010, fue pedir a José Luis Rodríguez Zapatero una reforma laboral. Pero el anterior presidente, que sí convocó a los grandes empresarios, no llegó nunca a reunirse con el CEC. Sí han compartido mantel varios miembros del Gobierno, además de Guindos (la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro), así como el presidente de la patronal, Juan Rosell, y las citadas con el Rey.

El lobby empresarial está compuesto por 18 miembros: Alierta, Emilio Botín (Banco Santander), Francisco González (BBVA), Fainé (La Caixa), José Manuel Entrecanales (Acciona), Florentino Pérez (ACS), Rafael del Pino (Ferrovial), Antonio Brufau (Repsol), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Isidoro Álvarez (El Corte Inglés), Pablo Isla (Inditex), Antonio Huertas (Mapfre), Juan Roig (Mercadona), José Manuel Lara (Planeta), Simón Pedro Barceló (Grupo Barceló), Rodés (Grupo Havas), Andic (Mango) e Ignacio Osborne (Osborne). 

Además, la cuestión catalana es uno de los temas que más preocupa a los mimebros del Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC). Posiblemente para hacer hincapié en ello, el CEC quiere volver a reunirse con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Aunque todavía no ha formalizado una solicitud, el deseo del CEC es que Rajoy reciba al grupo más pronto que tarde. El presidente tardó año y medio en responder a la primera petición del CEC, al que recibió en La Moncloa en pasado julio, después de que aquel presentara el informe. Rajoy tuvo el apoyo de las grandes empresas tras asegurar que continuará con las reformas estructurales que estos le exigen y prometer bajar los impuestos. 

Pulso petrolero trastlántico

Emilio Lozoya Austin es un economista de prestigio en México y pedigrí político (su padre, Emilio Lozoya Thalmann, fue secretario de Energía con Carlos Salinas de Gortari), que asesoró en la campaña presidencial a Enrique Peña Nieto. Cuando este ganó en 2012 manifestó: “Tengo un gran anhelo por contribuir al desarrollo de México; si Peña Nieto decide invitarme a su equipo me sentiría muy honrado”. Cinco meses más tarde, en noviembre, Peña Nieto le hacía responsable de Petróleo Mexicanos (Pemex), la joya empresarial de la república.

La tarea no era sencilla. Tenía que encargarse de la modernización del grupo para afrontar con garantías la reforma energética que el Parlamento aprobaría en 2013, así como limpiar los números rojos (al tercer trimestre del pasado ejercicio perdía 7.000 millones de dólares) y mejorar su actividad de exploración. Entre los cambios, se contemplaba la entrada de capital privado.

En estos  puntos, entra en juego Repsol, en la que Pemex tiene el 9,2% del capital, y el Gobierno español, al que Lozoya se ha cansado de pregonar (sobre todo, al ministro de Industria, José Manuel Soria) que Repsol puede participar en ese proceso y, al tiempo, Pemex de ser más activo en Repsol, donde ha trascendido que plantea la segregación de las actividades de upstream (exploración y producción) y dowstream (refino y comercialización).

El miércoles, con motivo de la reunión del consejo de administración de Repsol,  el presidente, Antonio Brufau, rompió el hielo al informar que había encargado un estudio sobre la conveniencia de segregar las actividades a raíz del interés “de un accionista”. No hizo falta que explicara de qué accionista se trataba. Todos  supieron  que se refería a Pemex, cuyo representante (Arturo F. Henríquez) prefirió que corrieran las especulaciones, mientras algunos consejeros se admiraban por esa pasión de Pemex por Repsol.

El mismo día en que se celebraba el consejo, Pemex contrataba la construcción de dos barcos (floteles) en los astilleros gallegos Navantia y Barreras consolidando las buenas relaciones con el Gobierno de Mariano Rajoy y el gallego de Alberto Núñez Feijóo que se estrecharán con la próxima visita de Peña Nieto a España.

Lozoya, que ha buscado la complicidad del Gobierno para cambiar al presidente de Repsol, se ha encontrado no solo con el rechazo de los otros accionistas del núcleo duro (Caixabank y Sacyr) y de los consejeros independientes, que ven la segregación como una pérdida de peso específico y de identidad de Repsol. El presidente de  Caixabank, Isidro Fainé, se manifestó claramente en apoyo a Brufau en declaraciones a la prensa tras la presentación de resultados el viernes.

El objetivo de Lozoya pasaba por crear dos sociedades, en la que se nombrarían dos consejeros delegados, uno procedente de sus filas (el de exploración) y otro de las del español. Se especuló también que había pedido apoyo a Juan Miguel Villar Mir, de cuyo grupo fue consejero en México.

Lozoya ha puesto mucho interés en el área de upstream desde que tomó el mando.  Había que buscar un crecimiento en el área de exploración ante las enormes posibilidades del Golfo de México y en el norte del país, en este caso en crudo no convencional similar al yacimiento argentino de Vaca Muerta, motivo final de la expropiación de YPF a Repsol por parte del Gobierno de Cristina Fernández.

Quizá esta circunstancia puede explicar el inusitado interés de Pemex en forzar un acuerdo entre estos. Pemex, que antes de llegar Lozoya ya tuvo el primer encontronazo con Brufau, al pactar con Sacyr (entonces presidida por Luis del Rivero) una sindicación de acciones para descabalgarle, medió entre las dos partes enfrentadas mientras acordaba con YPF participar en Vaca Muerta.

La intromisión no gustó nada en Repsol.  Ni La Caixa ni Sacyr (ya roto el pacto sindicado) respaldaron la propuesta.  Se dio la circunstancia de que, pese a ser el emisario de la propuesta, Pemex no votó a favor de ella. Después las relaciones se enconaron más. Cuando en diciembre pasado se alcanzó el principio de acuerdo con Argentina, Pemex volvió a ser intermediario y ha seguido estando muy encima de las negociaciones posteriores que se están llevando a cabo en Buenos Aires entre los representantes de Repsol y de YPF. 

Últimos flecos en la negociación del canal de Panamá

Mientras Repsol negocia en Argentina la indemnización por YPF con los efectos de la crisis cambiaria que exige mayores cautelas, uno de sus principales accionistas, Sacyr (9,4% del capital), se debate en disputas con el Gobierno de Panamá para continuar las obras de ampliación del Canal. El grupo español (líder del consorcio internacional Unidos por el Canal) ha pedido una ampliación del contrato tras dispararse los costes y pide una resolución “pronta y completa”. El plazo terminaba el 1 de febrero, pero se ha ampliado y la empresa que preside Manuel Manrique, que está preparado para emprender un nuevo viaje al país centroamericano, y el Gobierno de Ricardo Martinelli tienen la esperanza de cerrar un acuerdo esta misma semana.

Un nuevo foro llamado Almagro

Un nuevo foro de debate se ha constituido al socaire de estos tiempos de crisis económica y zozobra política, azuzados por la situación catalana. A ello responde el Foro Almagro, un grupo integrado por empresarios y profesionales de Cataluña, Madrid y otras latitudes. Este foro, que ya ha celebrado dos reuniones en la parte final del pasado año, ha sido impulsado por Emilio Cuatrecasas, presidente del bufete Cuatrecasas Gonçalves Pereira, y recibe el nombre de la calle madrileña en la que se encuentra el despacho de abogados.

Cuatrecasas contó con el apoyo de Luis Conde, el cazatalentos propietario de la firma Seeliger y Conde que fichó a Esperanza Aguirre cuando esta dejó la presidencia de la Comunidad de Madrid y que es uno de los más activos miembros de Puente Aéreo y de encuentros confraternizadores entre culturas e ideologías. Como Puente Aéreo, el Foro Almagro tiene como objetivos compartir preocupaciones y plantear soluciones, con especial incidencia en los temas de actualidad, es decir, en el asunto catalán, que ha sido la principal motivación para su constitución. Su idea pasa por profundizar en el debate, además de adentrarse en otras cuestiones de actualidad y de alcance político y económico que se consideren determinantes.

Pero a diferencia de Puente Aéreo, que cuenta con representantes del mundo empresarial ubicados en uno y otro lugar de ese puente (es decir, Madrid y Barcelona), Almagro cuenta además con la presencia de políticos y profesionales. Asimismo, mientras aquel celebra reuniones alternas en ambas ciudades a las que suelen invitar a dirigentes políticos (los últimos han sido Alberto Ruiz-Gallardón, en Barcelona, y Cristóbal Montoro, en Madrid), el nuevo foro se ha limitado, de momento, a un formato de debate abierto sin invitados de postín. No se descarta, sin embargo, que en el futuro se contemple esa posibilidad.

Lo que sí persiguen es la discreción y que no trasciendan sus reuniones, sobre todo si se da el caso de tener invitados. La experiencia de Puente Aéreo, en que se ha conocido alguna de las intervenciones, ha supuesto que tanto los componentes como los invitados se limiten a decir lo políticamente correcto y no lo que quieren saber y no se publica. Eso ha provocado que baje el interés y no lo quieren repetir.
Entre los políticos asistentes figura Esperanza Aguirre, que no dudó en incorporarse al citado foro con su actual jefe pese a seguir muy activa en el PP como presidenta del partido en su comunidad. En unas coordanadas parecidas se puede enmarcar al exministro del PP y consjero delegado de OHL, Josep Piqué, que ha vuelto por los caminos empresariales en los que se inició antes de aceptar la llamada de Aznar para formar parte de su primer Gobierno.

La cuota catalana se completa, además de Cuatrecasas, Conde y Piqué, con Artur Carulla, presidente de Agrolimen; Rafael Villaseca, consejero delegado de Gas Natural Fenosa, y el economista César Molinas, hijo del que fuera presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Alfredo Molinas.

Entre los no catalanes están, además de Aguirre, la exministra de Rodríguez Zapatero y empresaria guipuzcoana, Cristina Garmendia; el vizcaíno Jaime Castellanos, presidente de Lazard Brothers; Javier Monzón, presidente de Indra; Ignacio Garralda,  de Mutua Madrileña; Rodrigo Echenique,  de NH y consejero del Banco Santander; Mónica de Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios; Luis de Carlos, presidente del despacho Uría y Menéndez, y la asturiana Loreto Ordoñez, consejera delegada de GDF Suez.

Es decir, un ramillete de gente con un perfil discreto en su exposición pública, algunos de los cuales están en Puente Aéreo (Cuatrecasas, Conde, Piqué y Monzón), pero que busca más diversidad. No aparecen grandes multinacionales  (quizá, con excepción de Indra), que sí están en Puente Aéreo y, sobre todo, en el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), donde se juntan los presidentes de las principales —aunque no estén todas— firmas españolas.

Precisamente, fue la existencia del CEC la piedra de toque  que originó en geste que que se había quedado fuera la inquietud de crear este tipo de foros de debate y pensamiento,  que, en algunos casos, también actúan como   lobbies en defensa de sus intereses; pero de los que  también puede sacar partido el Gobierno.

P. D.:

El ‘civet’ de Luis Conde en el Ampurdán

El inquieto Luis Conde acostumbra a celebrar por estas fechas en su masía masía de Mas Anglada, en La Fonteta, en el Ampurdán un civet (guiso que generalmente se realiza con carnes de caza, y que se elabora con vino, sangre y abundante cebolla) con gente del poder económico y político que seuelen ser bastante multitudinarios. En el rol de invitados figura como estrella principal Artur Mas, que ya acudió el año pasado aocmpañado por cinco consejeros. Pero desde la perseguida neutralidad, Conde también ha contado con representantes del resto del arco parlamentario catalán, así como ilustres políticos, expolíticos, banqueros y empresarios catalanes y de fuera de Cataluña. Es el caso de Esperanza Aguirre o José Bono.

 

Jarro de agua fría de la OIT

La débil recuperación de la economía no ha ido acompañada de una mejora en los mercados laborales, según el último informe de la OIT Tendencias Mundiales del Empleo 2014. El organismo internacional señala que "el crecimiento en el empleo sigue siendo débil, en particular entre la gente joven, y que hay un número muy importante de trabajadores que ha desistido de buscar empleo y que se encuentran fuera del mercado laboral".En muchos países desarrollados, "las reducciones severas en el gasto público y el incremento de los impuestos sobre el consumo y la renta tienen un gran impacto en las empresas privadas y los hogares". Además, la falta de coordinación entre la política monetaria y fiscal ha incrementado de forma sustancial la incertidumbre del mercado laboral, haciendo que los empresarios sean reacios a contratar o hacer inversiones a largo plazo.

Este es el diagnóstico mundial, que echa un jarro de agua fría sobre España en estos momentos en que de distintos foros -la mayoría próximos al Gobierno y pese a la prudencia del ministro de Economía, Luis de Guindos- se resalta la recuperación. "España tiene un camino largo, muy largo que recorrer antes de ver mejoras reales en materia de empleo debido a que parte de una situación muy grave", según el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder.

"Sabemos que España está retornando a niveles modestos de crecimiento, pero también que los niveles de desempleo, especialmente entre los jóvenes, es muy dramático, por lo que muchos ven como única opción realista emigrar", analizó el máximo responsable de la OIT. "Hay una situación muy grave que resolver y las cifras no sólo son importantes en términos de desempleo juvenil, sino de duración del desempleo, y cuanto más tiempo está la gente fuera del mercado más difícil es regresar
a él", recordó el dirigente, que destacó que esta situación se prdouce también en Grecia.

La realidad indica que "muchos sectores presentan beneficios, pero la mayoría se van principalmente a los mercados de activos y no a la economía real, dañando las perspectivas de empleo a largo plazo” señala Joaquín Nieto, Director de la Oficina de la OIT para España.

De acuerdo con los datos de la OIT, el número de desempleados a nivel mundial aumentó en 2013 en cinco millones de personas. La cifra global de desempleados alcanzó los 202 millones, lo que representa una tasa del 6% a nivel mundial. Desde 2008, unos 23 millones de trabajadores se han quedado fuera del mercado laboral "por desánimo y por llevar mucho tiempo desempleados". En torno a 74,5 millones de personas de entre 15 a 24 años estaban desempleados en 2013, lo que supone una tasa del 13,1% de desempleo juvenil a nivel mundial. Además, alrededor de 839 millones de trabajadores vivían con sus familias con menos de dos dólares por persona al día en 2013 y alrededor de 375 millones con menos de 1,25 dólares por persona al día.

Las tendencias indican que se crearán en torno a 200 millones de empleos hasta 2018, aunque no permite absorber el creciente número de nuevas incorporaciones al mercado. "Lo que se necesita con urgencia es repensar la política. Se precisan mayores esfuerzos para acelerar la creación de empleo y para apoyar a las empresas que crean puestos de trabajo ", según Ryder.

Otro dato: en los países en desarrollo, el empleo informal es generalizado y el ritmo de las mejoras en la calidad del empleo se está desacelerando. Esto significa que menos personas están saliendo de los trabajos pobres. En 2013, el número de trabajadores en situación de extrema pobreza (que viven con menos de 1,25 dólares al día) era de 375 millones, aunque disminuyó el 2,7% a nivel mundial.

 

La reforma fiscal que exige la patronal

De regreso de Washington, donde acompañó a Mariano Rajoy durante la visita oficial, Juan Rosell tuvo la oportunidad de transmitir al presidente del Gobierno el malestar de los empresarios con el real decreto que obliga a cotizar a las remuneraciones en especie y le avisó de que la patronal iba a manifestarse en contra. Los empresarios se quejan de que la decisión es contradictoria con el programa del PP y de que no se ha consultado a los agentes sociales. Asimismo, le adelantó que la CEOE presentará una serie de peticiones para incluir en la reforma fiscal que tiene prevista.

Además de compartir el avión del presidente del Gobierno, Juan Rosell tuvo una reunión con Mariano Rajoy en los momentos previos a la comida organizada por la Cámara de Comercio de EE UU a la que acudieron los empresarios que se desplazaron con Rajoy al país norteamericano y que habían desayunado con el equipo de asesores de Barack Obama. En esa entrevista, en la que también asistieron el presidente de la institución estadounidense, Thomas J. Donohue, y el de la Cámara de Comercio EE UU-España, Jaime Malet, Rosell y Rajoy hablaron de temas comerciales, de la expansión de la empresa española y de la marca España. Las cuestiones fiscales las dejaron para hablarlas en el aire. 

El miércoles, nada más aterrizar en Madrid, el presidente de la patronal acudió a la junta directiva con una parte importante de los deberes hechos. Los miembros de la junta, además de tratar el asunto de las cotizaciones, recibieron el borrador, titulado  Propuestas para la Reforma Fiscal, para que en un plazo de entre 10 y 15 días aporten las recomendaciones y sugerencias que consideren necesarias. Posteriormente, Rosell lo elevará al Gobierno para que lo incorporé al comité de expertos constituido por Hacienda, cuyo informe espera para febrero.

El borrador, que ha elaborado la comisión fiscal constituida ad hoc, estima que “se abre la oportunidad para la creación de un marco legal estable y meditado que contribuya a superar la crisis y favorezca la competitividad”. Por eso, subraya que “es necesario fijar prioridades y delimitar con claridad las mejoras necesarias respecto al sistema actual, definiendo los principios que la deben inspirar”.

La CEOE, que critica la labor realizada por el equipo de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro, considera que el actual sistema peca de una elevada presión fiscal a la empresa, complejidad y abundancia de normas dictadas con fines contradictorios, falta de seguridad jurídica y descoordinación de las políticas tributarias centrales y autonómicas. Sobre esas cuatro deficiencias, la patronal trata de influir en el comité de expertos y pide que “se diseñe [un marco legal] con vocación de permanencia y acompañado de una profunda simplificación normativa y mejora de procedimientos para la resolución de conflictos interpretativos”.

La propuesta sostiene que la presión fiscal (Impuesto de Sociedades y contribuciones a la Seguridad Social soportadas por el empresario) está por encima de la media europea. En España el 33% de los ingresos públicos proceden del sector empresarial, mientras en Europa es de alrededor del 25%, según el informe. “En la situación actual, la reducción de ingresos motivada por la contracción de la economía no puede ser compensada con el incremento de impuestos sobre los sujetos que cumplen con sus obligaciones tributarias; sin embargo, esto se ha venido observando”, alega la propuesta patronal, en alusión a que la presión fiscal “convive con unas altas cifras de economía sumergida”. Y plantea la necesidad de “distribuir de manera justa la carga tributaria reforzando la lucha contra el fraude”.

También recalca “la introducción de constantes modificaciones, dispersas en distintas normas”. Esas modificaciones, “muchas de ellas tomadas de forma sorpresiva y con afán claramente recaudatorio a corto plazo y con entrada en vigor inmediata afectando muchas veces a decisiones de inversión, provocan una falta de seguridad jurídica y la reducción de la competitividad, además de aumentar la presión fiscal hasta extremos difícilmente soportables y perjudicar la inversión futura, nacional y extranjera”. En ese sentido, pide mejorar la colaboración con la Administración y de establecimiento de criterios interpretativos, que puedan reducir la litigiosidad, estableciendo un procedimiento de arbitraje en el ámbito tributario.

Asimismo, propone que se busque la neutralidad, que en el Impuesto de Sociedades vendría dada por la reducción del tipo nominal acercándolo al efectivo, simplificando deducciones y llegando a un 25%. En el IVA, considera necesario eliminar los obstáculos que existen para alcanzar la neutralidad. Es decir, que no suba el tipo general de este impuesto (21%) a hostelería y transporte (10%).

En el terreno de los impuestos autonómicos, denuncian que, además de los impuestos nacionales, existen aproximadamente 100 impuestos propios de las comunidades autónomas, “cifra que va en aumento”. Esos impuestos, a su juicio, “tienen un pretendido carácter medioambiental”, que no es tal porque se produce como consecuencia de no existir una política general común en la materia. “Su principal finalidad”, sostiene, “es la obtención de ingresos públicos, generando impactos negativos en la competencia y la libertad de mercado, inseguridad jurídica y una alta litigiosidad, además de incidir en la destrucción de empleo y riqueza”.

Año nuevo para la gran patronal

Tiempo de cambios en la patronal CEOE. Con la inminente salida de José de la Cavada de la dirección de Relaciones Laborales y la jubilación de Rafael Aldama de la de Asuntos Legales, el presidente de la confederación empresarial, Juan Rosell, da por prácticamente cerrada la reorganización de la cúpula directiva. Estos cambios, que se habían convertido en una de sus obsesiones desde que llegó al cargo hace tres años, le permite tomar impulso para lograr la modernización.

De la Cavada, que llegó al cargo en 2008 con Gerardo Díaz Ferrán en la presidencia, se ha caracterizado por sus declaraciones polémicas y extemporáneas, así como por las relaciones tensas con sus colaboradores. Ello le supuso que fuera demandado dos veces por acoso laboral y que su puesto haya estado en el alero en varias ocasiones.

Durante la etapa de Díaz Ferrán, propuso un modelo de contrato para jóvenes sin indemnización por despido (algo que él no va a perdonar ahora), que aquel se vio obligado a desmentir, aunque le había servido de globo sonda. Ya con Rosell al frente, De la Cavada criticó los cuatro días de permiso que el Estatuto de los Trabajadores otorga por defunción de un familiar de primer grado cuando es necesario pernoctar, alegando que “los viajes no se hacen ya en diligencia”. Todo un carácter.

Aunque está en el punto de mira de Rosell desde hace tiempo, ha tardado más de lo previsto en sustituirle, hecho que previsiblemente se producirá en los próximos días. Seguramente cuando el presidente encuentre su relevo entre los varios nombres que baraja para el puesto, que es muy importante en el funcionamiento de la organización, ya que lleva consigo la representación de la CEOE en el diálogo social con los sindicatos.

Además del nuevo director de Relaciones Laborales, el organigrama queda completo con Narciso Casado, como director de Internacional; Javier Calderón, Formación; Bernardo Soto, Fiscal; Bernardo Aguilera, Economía y Edita Pereira, Jefe de Gabinete. Estas tres responsabilidades estaban bajo el control del vicesecretario general, cargo que estaba vacante desde que Alberto Nadal se incorporó a la Secretaría de Estado de la Energía hace ahora un año.

La tarea ejecutiva queda encabezada por el secretario general, José María Lacasa, del que dependen directamente la gerente, Ana Plaza, y el director gorporativo, que ocupa Manuel Echanove, incorporado el pasado verano de Telefónica. La estructura organizativa de la patronal ha quedado así adelgazada notablemente frente a los 14 directores que había antes. Asimismo, en estos tres años, la plantilla ha pasado de 210 a 130 personas, aunque el objetivo es dejarla en 100, cifra que se considera suficiente para el funcionamiento de la CEOE.

Además de esos cambios, Rosell también quiere recortar el número de vicepresidentes de la patronal para dejarlas en cinco (una de ellas ocupada por el presidente de Cepyme, Jesús Terciado). En ese camino ya se ha producido la baja de Jesús Serafín Pérez Díaz, expresidente de la patronal de Alimentación y Bebidas, y ahora espera que pase lo mismo con la de Santiago Herrero.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) fue imputado el pasado día 20 por la juez titular del juzgado de instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, junto a otros directivos (entre ellos el secretario, Antonio Carrillo, y el vicepresidente Juan Salas), por una presunta estafa en la venta de viviendas de protección oficial (VPO) que no se han terminado. La juez, que les ha citado para marzo, investiga por qué no se terminó la promoción, pese a que los compradores adelantaron de media 20.000 euros y que había financiación más que suficiente, incluida unas subvención de la Junta. los subcontratistas denunciantes les reclaman medio millones de euros.
Como consecuencia de ello, Herrero ya ha anunciado que no se presentará a la reelección en la presidencia de la CEA. Para sustituirle, Herrero ha postulado a Javier González de Lara, presidente de los empresarios malagueños, cuyo nombre ha sido contestado por algunas corrientes internas de la CEA.