El ingenioso Hidalgo

Por: | 22 de diciembre de 2013

Según el diccionario la palabra ingenio admite varias acepciones (facultad de discurrir o inventar con prontitud, intuición, artificio y maña para conseguir algo...). En todas encaja Juan José Hidalgo, que se encuentra ante una de las etapas más trascendentales de su vida, pese a haber empezado a que ya ha superado los 72 años y a haber empezado a hacer negocios casi de juvenil trasladando emigrantes desde Salamanca a Suiza (y viceversa). Ahora este hombre se ha propuesto dar un meneo a su grupo.

El presidente de Globalia (agrupa Air Europa y Viajes Halcón, entre otras empresas) lleva un tiempo revolucionado, con muchos frentes abiertos: la más que posible salida a Bolsa de Globalia; la apertura de nuevas rutas a distintos lugares del continente; la decisión de un juez de la República Dominicana de dictar su busca y captura, posteriormente retirada, y la separación matrimonial y la relación con sus tres hijos, que también pueden influir en la composición del accionariado de la compañía.

De momento, Hidalgo ha encargado a la entidad N+1 que realice una valoración del grupo. Pero antes tiene previsto dar entrada a nuevos socios en su accionariado. Estos comprarían los paquetes de títulos del Banco Popular (9,9%) y Unicaja (7,5%), compañeros de viaje durante una larga trayectoria y que ya han anunciado su intención de salir de Globalia; así como los de la esposa de Hidalgo, que tiene un 5% de la compañía. No se descarta que a la salida de los accionistas citados se sume también la de las hijas del empresario, que cuentan con el 5% cada una, y la de su hermano, Antonio, que tiene el 10%.

Eso significaría que estaría en movimiento el 42,5% del capital de Globalia. El resto se encuentra en manos de Hidalgo, con el 52,5%, y el grupo Matutes, que el pasado verano adquirió el 5% al hijo del presidente, Javier. Hidalgo ha asegurado que no piensa reducir su participación al menos hasta después de salir a Bolsa. En todo caso, cualquier movimiento va a depender del precio que se fije en esa valoración y que algunos expertos han cifrado en 800 millones, una cantidad que, según el empresario, es tres veces menor de lo que él cree que vale.

Hidalgo asegura contar con inversores interesados de Rusia, China y Estados Unidos. Pero no quiere desvelar ninguno de sus nombres. La evolución de esos contactos puede determinar algo tan importante como la salida a Bolsa.

Hasta aquí los posibles cambios accionariales. Mientras tanto, la compañía Air Europa, que ha sabido aprovechar el cierre de rutas de Iberia, continúa abriendo conexiones. La última ha sido esta semana con la ciudad brasileña de São Paulo. Hace unos meses inauguró dos frecuencias semanales con Montevideo y tiene previsto hacerlo en los próximos meses con Puerto Rico, así como con Santiago de Chile, Asunción y Córdoba (Argentina), que tendrán enlace con Salvador de Bahía (Brasil). En los planes de Hidalgo también figuran Moscú y China, donde ha alcanzado un principio de acuerdo con Eastern China para hacer un vuelo diario con código compartido entre Pekín y Madrid.

A más largo plazo quedan Colombia y México, pendientes sobre todo de la entrega de nuevos aviones, tal como le aseguró Hidalgo al ministro de Industria, José Manuel Soria, durante la entrega de los premios Tintero y Secante de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en la que ambos fueron reconocidos por su fluidez informativa, el pasado 9 de diciembre. Soria, que en su momento no ocultó el enfado con la decisión de Iberia de quitar rutas, recibió con muy buena cara la noticia de China, donde negoció que compañías de aquel país conecten con España para traer turistas.

Y hablando de Iberia, Hidalgo ha desvelado que estuvo en dos ocasiones a punto de entrar en el capital de Iberia. La primera en 2001, cuando tenía preparada una opa de exclusión de acuerdo con el entonces presidente, Javier Irala, y su consejero delegado, Ángel Mullor. Y la segunda en 2007, cuando pretendió, con un grupo liderado por Gala Capital, adquirir la aerolínea  en una operación que abortó Caja Madrid, según ha desvelado el propio Hidalgo. Caja Madrid se hizo fuerte  adquiriendo después las acciones de El Corte Inglés, BBVA y Altadis hasta llegar al 23%.
 
Por otro lado, Hidalgo, que es cónsul honorario de la República Dominicana en Baleares, se encontró el 13 de diciembre con una orden de busca y captura de un juez dominicano por no haber acudido a declarar en una demanda. Hidalgo no conocía la citación, por lo que recurrió. El juez le ha emplezado el 4 de febrero. La demanda fue interpuesta por un exmarine estadounidense de origen cubano llamado Sandalio Suárez, que le reclama 1,4 millones de euros por invasión de un trozo de playa en Punta Cana cuya propiedad asegura.

España echa un cable a la OMC

Por: | 15 de diciembre de 2013

Sucedió en Bali, durante la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC), pero pasó desapercibido. Cuando todos los países estaban enfrascados en discusiones por las dificultades que ponía India para alcanzar un acuerdo, con llamadas de Angela Merkel y David Cameron al primer ministro indio incluidas; el secretario de Estado de Comercio español, Jaime García-Legaz, se entrevistaba con la viceministra de Comercio cubana, Ileana Núñez.

La reunión se celebró la mañana del jueves, día en el que estaba prevista una cena para desatascar los impedimentos indios. Pero nadie había dado importancia a la otra amenaza de veto que se cernía por parte del llamado bloque bolivariano (Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba y otros países del Caribe). La representante cubana le refirió al español que era el único que había pedido verla y que el citado bloque tenía mucho que decir porque el texto del acuerdo no incluía el levantamiento del embargo de EE UU a Cuba, lo que es un incumplimiento de las reglas del comercio mundial.

García-Legaz se lo hizo saber en la cena al representante estadounidense, Michael Froman, con el que había coincidido en el reciente Foro España-EE UU delebrado en Miami. También se lo comunicó al presidente de la conferencia, el indonesio Gita Wirjawan. Pero, a juzgar por las reacciones, no se lo tomaron demasiado en serio. El interés estaba puesto en India, con la que se habían acercado posturas para un acuerdo inminente, motivo por el que se convocó un Consejo de Ministros, al que asistieron el titular de Agricultura español, Miguel Arias Cañete, y García-Legaz.

Ambos advirtieron del peligro bolivariano, que se hizo efectivo cuando en el Plenario de la cumbre, celebrado a las 12 de la noche y cuando el obstáculo indio estaba superado. La representación cubana intervino para confirmar lo que los españoles habían adelantado. Y el acuerdo se volvió a trabar, lo que amenazaba con dictar el acta de defunción de la OMC. El brasileño Roberto Azevedo, que se había mostrado eufórico tras el principio de acuerdo con India, cambió el rictus y no tuvo más remedio que volver a remangarse.

Fue una noche de idas y venidas. Tras asegurarse, a las tres de la mañana, que no había acuerdo, Legaz y Cañete se esforzaron en convencer al bloque bolivariano de que su actitud era un error y que les iban a culpar de cargarse la OMC. La intermediación sirvió para que se reiniciasen las conversaciones y para que, a las ocho de la mañana, se levantase el veto con la introducción de un párrafo que dice que sigue vigente el artículo 5 del GATT sobre el principio de discriminación que permite aplicar la denuncia contra Estados Unidos por el embargo.

A las 10 de la mañana se formalizó definitivamente. India había logrado un plazo de cuatro años para encontrar encaje a los programas públicos de alimentos baratos a los pobres. Cuba, hacerse notar y destacar que el embargo del país vecino del norte es contrario a la normativa internacional y que no va a cejar en sus denuncias, que también afectan al comercio de otros países.

Azevedo pudo vender un acuerdo que garantiza el futuro del sistema multilateral de comercio y resucita a la OMC después de no lograr avances después de ocho cumbres desde la celebrada en Doha en 2001 (Seattle, Cancún, Hong Kong y Ginebra, donde se han celebrado varias).

El acuerdo, firmado por 159 países, es el primero de alcance global que se firma desde la creación de la OMC en 1995. El pacto simplifica los trámites aduaneros, impulsar las exportaciones y se traduce en un aumento del comercio mundial que se calcula en un billón de dólares (730.000 millones de euros) y permitirá la creación de 21 millones de empleos.

Presicamente, para esta cumbre se había decidido trocear la agenda de Doha en paquetes, y el de Bali tenía tres capítulos: comercial, estableciendo la figura de agentes autorizados y eliminando la burocracia; agrario, disciplinando las subnvenciones obligatorias, y el de desarrollo, dando facilidades de acceso a los países menos desarrollados a los más desarrollados.

Los incendios de Montoro

Por: | 08 de diciembre de 2013

Mientras el ministro de Industria, José Manuel Soria, se encontraba en Bruselas con el comisario de la Energía europeo, el alemán Günther Oettinger, defendiendo la reforma eléctrica, su colega de Hacienda, Cristóbal Montoro, convocaba de urgencia a los responsables de las cinco eléctricas convencionales para apagar el fuego que él mismo había encendido. En aras a no elevar el déficit público, Montoro logró que el PP introdujera en el Senado unas enmiendas que imposibilitan algunas medidas de la reforma (crédito extraordinario, costes extrapeninsulaes, céntimo verde), lo que supone llevar al déficit de tarifa un total de 3.600 millones.

Se trataba, por tanto, de que esa cifra que se niega a cargar sobre los Presupuestos del Estado no cayera sobre las compañías, que habían puesto el grito en el cielo, y de paso de que no repercutiera directamente en el recibo de la luz. La solución fue titulizar (es decir, colocar entre inversores) esa deuda, como se hizo con la ya acumulada durante años en el sector eléctrico a través del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), y crear una comisión interministerial (con Economía e Industria) para estudiar un nuevo mecanismo de titulización.

A partir de aquí comienza la polémica. Lo lógico habría sido que este hubiera esperado a que aquel estuviera en España para hacer la reunión con las eléctrica, con presencia de ambos. También habría sido normal que el encuentro se hubiera celebrado en la sede de Industria e, incluso, con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, presente. Y también que hubiera asistido un representante de Economía, que a la postre es quien gestiona el FADE a través del Tesoro. Pero no, Montoro convocó a los interlocutores eléctricos en su más noble despacho de la calle de Alcalá.

El malestar era evidente, pese a que algunas fuentes del entorno del Gobierno sostienen que todo estaba coordinado y que Soria era conocedor de los pasos de Montoro. Todo siguió la misma pauta con la que se introdujeron en el último minuto las enmiendas en el Senado (“con nocturnidad y alevosía”, tacharon las eléctricas) sorprendiendo incluso al propio Soria, que no tuvo más remedio que hacer acopio de paciencia y asegurar que el cumplimiento del déficit público es sagrado, además de tratar de disipar a las empresas. Para más inri, estuvo precedida por una conversación entre Montoro e Ignacio Sánchez Galán (presidente de Iberdrola), tras llamada del ministro, para allanar el camino.

Un desbarajuste. Galán, convertido para el ministro en primus inter pares, se las ingenió para que sus colegas de las otras eléctricas no se mosquearan. Al fin y al cabo, todos están en el mismo carro y lo que interesaba en ese momento era evitar la catástrofe. Montoro les pidió que no pusieran recursos contra la ley y que no amenacen con dejar de hacer inversiones, cuestión que también es más lógico que se haga desde Industria.

Pero tampoco, Montoro siguió a lo suyo. En el otro frente, el de Economía, tampoco gustó a la gente de Luis de Guindos que no se contara con ellos para el asunto de la titulización. El FADE lo gestiona la Dirección General del Tesoro, que pertenece a Economía, y la nueva fórmula que se arbitre para los 3.600 millones, que será algo parecido (una especie de FADE II, ya que se ha liquidado el FADE, que tenía pendiente de pago un monto de 23.159 millones a finales de noviembre), también la tendrá que asumir.

Al final, queda la imagen de una reforma que ha entrado en una deriva de falta de credibilidad y parcheo difícil de modificar. El propio Soria ha hablado de déficit y de superávit en varias ocasiones desde que se aprobó en julio. La esencia de la reforma era dejar el déficit de tarifa con el contador (y nunca mejor dicho) a cero y lograr que los precios se redujeran paulatinamente. Las eléctricas se quejan de que más del 50% del precio de la luz (y no solo en España, lo han denunciado las eléctricas europeas en Bruselas esta misma semana en la reunión que tuvieron con Oettinger un día antes que Soria) proviene de “decisiones erróneas” que no tienen que ver con la generación y distribución eléctrica y sí con impuestos y subvenciones. La sensación es que la reforma de julio va a ser una solución transitoria que ni Montoro, al que se le ha encendido otro fuego en la Agencia Tributaria, va a poder arreglar.

Montoro y Soria tendrán que comparecer juntos, si la Mesa del Congreso de Diputados así lo aprueba, anteb la Comisión de Industria de la Cámara Baja para explicar la política energética del Gobierno y sus intenciones respecto de los precios de la electricidad y el déficit de tarifa. Así lo ha pedido el PSOE que quiere saber la razón porla que el titular de Industria, “que tiene atribiuaida la competencia en política energética, ha sido reemplazado por el ministro de Hacienda en las recientes decisiones del Gobierno sobre esta materia”. Si se produce, tendrán la oportunidad de ponerse de acuerdo en las afirmaciones que hagan en sede parlamentaria.

Los deberes de Brufau

Por: | 01 de diciembre de 2013

Desde el jueves, un día después de que el Consejo de Administración de Repsol decidiese respaldar el acuerdo entre Argentina y España (con México como testigo) para zanjar el conflicto con YPF, el presidente de la petrolera española, Antonio Brufau, puso en marcha la maquinaria para diseñar la operación. Bajo su supervisión, lo integrarán el director financiero, Miguel Martínez, y el vicesecretario general, Miguel Klingenberg, la persona que ha estado encargada de las actuaciones de Repsol sobre YPF durante los 18 meses de combate, con sus respectivos equipos y el asesoramiento de Deustche Bank.

Repsol no quiere perder tiempo y se ha puesto a hacer los deberes. Quiere tener todo preparado para empezar a negociar cuanto antes con los representantes que nombre el Gobierno de Cristina Fernández y alcanzar un acuerdo definitivo en las primeras semanas de 2014. El mandato consiste en tener bien atados todos los extremos y en buscar la mejor fórmula que garantice el cobro de la compensación comprometida por el Ejecutivo argentino.

Esos fueron los deberes  (garantías, seguridad y rapidez) que exigió el consejo, cuyos miembros, empezando por Brufau,  saben que cualquier  decisión errónea  o perjudicial para la empresa puede resultar cara. Si no se cumplen las garantías y Repsol se queda sin cobrar, pueden llover las demandas de  accionistas, que les podrían llevar al banquillo. Por eso, el miércoles varios consejeros  (todos curtidos en muchas batallas) incidieron en que hay que poner todas las cautelas posibles, estudiar detalladamente la oferta argentina (un bono a 10 años, con un interés del 8,75%, amortizable en seis cuotas a partir del quinto año), que, entre otras cosas, obligará a aprobar una ley, y buscar alternativas si es necesario.

El consejo también quiso apoyar de forma explícita la gestión de Brufau ante los ataques furibundos que el director general de Pemex, Emilio Lozoya, había lanzado contra Brufau después de tratar de desmontar todas las afirmaciones que había vertido sobre remuneraciones y evolución de la empresa. Los consejeros son conscientes de que cuando respaldan la gestión están apoyando también la suya, porque siempre la han respaldado como máximo órgano de administración, incluido Pemex hasta el consejo del miércoles. Ese día, su representante, Arturo Henríquez, un hombre que no suele participar en los debates, no solo votó en contra, sino que además pidió que se supiera.

La actitud de Pemex constituye todo un misterio. Nadie entiende la razón por la que desató la tormenta contra Brufau y tampoco lo ha explicado, más allá de que la acción de Repsol ha perdido valor. Tampoco ha explicado si contrató los servicios del despacho Cuatrecasas y Crédit Agricole para, al parecer, convocar una junta extraordinaria en Repsol.

Según algunas fuentes, se debe al rechazo que se produjo en junio a la primera propuesta de acuerdo para YPF que Pemex avalaba. Esas fuentes sostienen que está interesada en la explotación de Vaca Muerta. Sin embargo, en el sector se habla de dificultades y de que la reforma energética de México busca atraer capitales y no exportarlos. Además, según esas fuentes, Pemex tiene su Vaca Muerta en Eagle Ford, al norte del país, por lo que no entienden ese posible interés.

Es previsible, por otra parte, que el Ejecutivo argentino encargue la negociación a Carlos Zannini, considerado brazo derecho de la presidenta para cuestiones legales, y que incluya al presidente de YPF, Carlos Galuccio. También se da por segura la participación del nuevo ministro de Economía, Axel Kicillof, que ha pasado, al menos aparentemente, de ser el inspirador de la expropiación a ser el pacificador. Kicillof hizo el jueves unas declaraciones en las que reconocía que “era imposible” no compensar a Repsol porque “no sería legal”. Algo que contrasta con las que hizo al poco de la expropiación sugiriendo que Repsol no iba a recibir ni un peso.

Seguramente ha influido la presión jurídica que ha recibido de Repsol en distintos frentes (ante la corte de arbitraje internacional Ciadi; ante un juzgado de Nueva York, donde Repsol acusaba al Estado argentino de haber eludido una opa; ante la Justicia argentina, acusada de haber vulnerado la Constitución, y ante la española) en los que Argentina tenía todas las de perder.

Esa cuestión también se manejó en el consejo de Repsol. Entre otras cosas, porque la cifra fijada de 5.000 millones de dólares (3.700 millones de euros) está por debajo del valor en libros de los activos expropiados (5.400 millones de euros) y es la mitad de la que habían exigido. Sin embargo, a la hora de determinar qué es lo mejor para la compañía, ha pesado más el hecho de despejar incertidumbres que de continuar con un proceso, que por mucho que se esté seguro de que el fallo sería a favor, puede durar años. Ese es el mensaje que quiere mandar la empresa al mercado y a los accionistas.

Guindos se hace fuerte en la City

Por: | 24 de noviembre de 2013

El pasado miércoles, 20 de noviembre, fue un día grande para Luis de Guindos. Y no, precisamente, por ser el segundo aniversario del triunfo del PP que le llevaría a ocuparse del Ministerio de Economía y Competitividad, sino porque fue uno de los invitados estrella a la conferencia anual que organiza Goldman Sachs en el hotel Four Seasons de Londres.

El banco de inversión estadounidense celebra todos los años por estas fechas una gala privada a la que invita a personajes destacados del universo económico de Europa. Este año, bajo el título Global growth and the role of Europe (Crecimiento global y el papel de Europa), consideró que el ministro español era la persona apropiada para dar la última conferencia del evento que abrió el expresidente francés Nicolas Sarkozy y en el que también intervinieron el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim; el alcalde de Londres, Boris Johnson, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney.

Para Guindos, que conoce bien la City londinense por su paso por Lehman Brothers y otros cargos, supuso un reconocimiento gratificante, sobre todo después de que unos días antes el poderoso banco de inversión entonara un clamoroso mea culpa reconociendo que había cometido “muchos errores” (también aciertos) en sus previsiones sobre España. Goldman Sachs había pedido el rescate de España para solucionar sus problemas de financiación. Ahora, en su último informe (titulado precisamente Mea culpa or mea maxima culpa) destaca las reformas emprendidas, que “han tenido un impacto positivo antes de lo esperado”. Asimismo, el informe reconoce que ha sorprendido el crecimiento y la contención de la inflación, cuestión en la que también engloba al onjunto de la Unión Europea.

Guindos
Todo eso, y algunas alabanzas más, justificaban la presencia en la capital británica de Luis de Guindos, que fue recibido por el primer ejecutivo de Goldman, Lloyd Blankfein. Este le pudo reiterar personalmente las disculpas y reconocer que habían sido muy exagerados con sus vaticinios. Luego le presentó Olaf Díaz-Pintado, director general de Goldman Sachs en España, que aparece con él en la foto.

El acto contó con unos 150 invitados, representantes de grandes empresas europeas. Entre ellos, estaban los españoles José Manuel Entrecanales (presidente de Acciona), Marc Puig (presidente de Antonio Puig) Matías Rodríguez Inciarte (vicepresidente del Banco Santander) e Íñigo Meirás (vicepresidente de Ferrovial). También asistieron primeros ejecutivos de grupos punteros europeos como Gesina, Adidas, Basf, Benetton, Prada, Qatar Fundation, ABB, Nestlé, Novartis, Arcelor, BP, British Gas, Glaxo, KKR, Pearson, entre otros.

Luis de Guindos habló durante unos 15 minutos. Bajo el título de Reformas estructurales y competencia global, abordó las tareas que le han tocado dirigir en estos dos años de mandato: las reformas estructurales, la correción de los desequilibrios, el sector exterior, los retos de la Unión Europea... Después recibió en torno a una media docena de preguntas centradas en esos temas, algunas de ellas no exentas de alguna carga de profundidad contra la línea de flotación española.

Se le cuestionó sobre los frenos que puede suponer la austeridad en el despegue económico. También se incidió sobre el escaso ritmo reformista mostrado en los países del sur de Europa y los problemas que puede suponer la deflación y la devaluación interna de España. No faltó la referencia a la evolución de la deuda y al déficit público, con especial incidencia en las comunidades autónomas. Y, por supuesto, se le preguntó sobre el grave problema del desempleo, sobre todo el juvenil. Como colofón, también se le invitó a hablar de la reestructuración financiera, en la que el ministro ha intervenido directamente.

Y lo hizo. Defendió el rescate bancario y el desarrollo que ha tenido el reajuste financiero en España, subrayando “la obligación de tomar medidas”. Sobre el déficit, hizo hincapié sobre la “prioridad de reducirlo” y de la deflación aseguró que “era coyuntural”. En el tema del desempleo, el ministro pronosticó que “se empezará a crear empleo a partir del año que viene”, en línea con lo que también predica el presidente del Gobienro, Mariano Rajoy, aunque el ministro no dijo cuántos empleos.

A la espera de las agencias de califciación

Entre tanto salto a Bruselas y alrededores, viajes a otros destinos (muchos de ellos transatlánticos), comparecencias y asistencias (que no es lo mismo) en el Parlamento y otras tareas propias del cargo, al ministro de Economía, Luis de Guindos, le debió parecer ideal la invitación de Goldman Sachs de acudir a Londres a participar en su conferencia anual ante un público distinguido. No solo tenía la oportunidad de hacer un alto en el camino; sino que era la mejor ocasión, en un púlpito pintiparado, de lanzar la proclama reivindicativa de la recuperación en la que tanto insiste el Gobierno. Ahora, lo que Guindos espera, tras la mejoría de la prima de riesgo y de las cifras macroeconómicas, es que tire el consumo de los hogares y convencer a las agencias de rating para que lo reflejen en la calificación de la deuda española, degradada a peldaños peligrosos en lo peor de la crisis y fundamental para ganar confianza en los mercados internacionales.

3-D: cita del comisario con las eléctricas

Por: | 17 de noviembre de 2013

Ha tardado algo más de lo esperado, pero al final el comisario de la Energía, Günther Oettinger, ha convocado para el día 3 de diciembre, martes, a las 10 grandes compañías eléctricas europeas que el pasado octubre presentaron en Bruselas un manifiesto conjunto poniendo en solfa la política energética europea. A juicio de las eléctricas es necesario un cambio en esa política porque actualmente no garantiza la seguridad de suministro y provoca un encarecimiento de la factura que pagan empresas y ciudadanos.

La reunión, a la que en principio se contaba también con los ministros del ramo de los siete países a los que pertenecen las compañías, abordará sus reivindicaciones. Según las empresas, el 56% de la factura que se paga en Europa no tiene nada que ver con la generación de energía o las redes, sino que responde a decisiones políticas erróneas que se han tomado en diferentes países. En el caso de España, corresponden a primas a las renovables (21%), impuestos (otro 21%) y otras subvenciones (déficit, costes extrapeninsulares, carbón nacional..., 14%).

Es uno de los argumentos que esgrimen los representantes del grupo de eléctricas, que piden que se reduzcan o supriman las ayudas a las renovables, sobre todo a las no maduras (fotovoltaicas y termosolares). Entre ellos están Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y Rafael Villaseca, consejero delegado de Gas Natural Fenosa. El grupo fue impulsado por el presidente de GDF Suez, Gérrard Mestrallet, y además de los citados lo componen los italianos Paolo Scaroni (ENI) y Fulvio Conti (Enel), los alemanes Johannes Teyssen (E.ON) y Peter Teryum (RWE), el holandés Gertjan Lankhorst (GasTerra), el sueco Oystein Loseth (Vattenfall) y el checo Daniel Benes (CEZ Group). Endesa y E.ON España están a través de sus matrices, Enel y E.ON. La quinta española, Hidrocantábrico, no figura al no estar su propietaria, Electrecidade de Portugal (EDP). No figura el gigante Électrecité de France (EDF), debido posiblemente a que su capital es mayoritariamente estatal o a que el grupo lo lanzó su competidor nacional.

Además de reclamar “un enfoque más sostenible de la promoción de las energías renovables con el fin de reducir los costes y de favorecer una mayor convergencia entre los Estados miembros”, pondrán sobre la mesa la denuncia del cierre de plantas de ciclo combinado, que afecta, según sus cifras, a unos 50.000 megavatios de potencia, equivalente a unas 50 plantas nucleares medianas. Esta cantidad “podría duplicarse en los próximos meses”, según Mestrallet, quien advirtió de que habría problemas de abastecimiento y apagones si hay inviernos muy fríos. A ello se añade el rechazo al modelo de retribución que se quiere imponer a la distribución de energía, esencial para que sigan invirtiendo.

En ese sentido, el grupo exige un diseño del mercado que incorpore un enfoque europeo coordinado de los mecanismos de capacidad en el que todos los activos que contribuyan a la seguridad del suministro reciban una remuneración justa. Asimismo, solicita un mercado europeo del carbono capaz de incorporar tecnologías respetuosas con el medio ambiente y de proporcionar una perspectiva fiable mediante el establecimiento de objetivos ambiciosos y realistas de emisiones de gases de efecto invernadero para después de 2020. También demanda el fortalecimiento de las políticas destinadas a incentivar la inversión en tecnologías prometedoras como, por ejemplo, el almacenamiento de energía, las nuevas energías renovables, la captura y el almacenamiento de carbono, el uso de redes y contadores inteligentes y el shale gas.

Las empresas de renovables también han reaccionado y presionado a Bruselas, a sabiendas de que se manejan informes sobre los modelos de ayudas a estas energías y se considera reducir el plan marcado para llegar a conseguir que el 20% de la energía que se produzca en 2020 sea con energías renovables. Las firmas de renovables piden que se actúe contra las nucleares y la gran hidráulica. Asimismo, se han quejado de que los cambios suponen una vulneración de los principios de confianza, rentabilidad razonable y seguridad jurídica, que, en el caso de España, se refleja en un recorte del 37% de los ingresos previstos. Merma que puede llevar, dicen, a la suspensión de pagos de muchos inversores y “a arruinar a 50.000 familias”.

La productiva visita de Almunia a Madrid

Por: | 10 de noviembre de 2013

El vicepresidente europeo se reúne en un solo día con la vicepresidenta del Gobierno, el gobernador del Banco de España y el presidente de la Comisión de la Competencia

El comisario de Competencia y vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, aprovechó a fondo la visita que hizo a principio de semana a Madrid. Además de sondear el clima que reinaba en torno al PSOE, ante la conferencia política de este fin de semana, por la que volvió el viernes a la capital, el que fuera secretario general del partido cubrió su agenda con asuntos de su actual cargo y condición en Europa. En menos de 24 horas se reunió con el presidente de la nueva Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), José María Marín Quemada; el gobernador del Banco de España, Luis María Linde; y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Por ese orden. Y también tuvo tiempo, incluso, de acudir a otros eventos de ese día.

El encuentro con más contenido, por su diversidad, fue el que tuvo con la vicepresidenta. Sáenz de Santamaría está muy encima de todas las cuestiones europeas que afectan a España y, por eso, tenía mucho interés en verse con el representante español en la Comisión Europea, que sin duda es el que mejor le puede explicar lo que se cuece en los diferentes sectores más allá de lo que lo hagan los ministros de los diversos ramos. La visión general del vicepresidente europeo, seguramente, le sirvió para recibir una panorámica general con bastante mejor precisión que la de los compañeros del Gobienro. Al menos, desde un punto de vista más objetivo.

Con el gobernador, Almunia tuvo oportunidad de repasar el grado del cumplimiento del proceso de reestructuración del sector financiero. Sobre todo, de cómo se encuentran las entidades ante el análisis de la calidad de activos al que tienen que someterse primero ante el BCE y, posteriormente, ante la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Y, probablemente, del lío que se había montado con el nombramiento de José María Roldán, destituido por Linde como director del BE, como presidente de la Asociación Española de Banca (AEB) y la intromisión del ministro de Economía Luis de Guindos.

El primer encuentro que tuvo Almunia, en cualquier caso, fue con Marín Quemada, que el día 7 cumplió su primer mes al frente de la CNMC. El Gobierno de Mariano Rajoy decidió integrar en una sola comisión las antiguas comisiones de Competencia, Energía, Telecomunicaciones y Correos, con el objetivo de ahorrar dinero y ganar eficacia, según el proyecto ideado por Guindos, quien colocó a su frente a un hombre de su entera confianza como Marín, que dejó su cargo de consejero del Banco de España para asumir la responsabilidad.

Para Bruselas la integración de todas las antiguas comisiones en la CNMC no supone ningún problema, ya que cada país miembro tiene libertad para realizar las labores supervisoras siempre y cuando cumpla con las exigencias y el funcionamiento sea eficaz. En ese sentido, lo que preocupa a Almunia, y así se lo hizo saber a Marín, es que el nuevo organismo pierda prestigio adquirido en Europa por la desaparecida Comisión Nacional de la Competencia (CNC), estando entre las que mejor funcionamiento ha tenido tradicionalmente entre los 28. Algo de lo que no pueden presumir las otras comisiones extintas.

El presidente de la nueva macrocomisión es consciente de que tiene que hacer la integración sin malgastar el crédito adquirido en años pasados y, en ese sentido, recibió del comisario todo tipo de colaboración y ayuda para que los viricuetos europeos no sean adversos. Precisamente, una de sus primeros movimientos fue visitar la capital comunitaria al frente de una delegación del organismo, previo envío do una carta de presentación a todas las instituciones europeas.

Otra de las tareas que tiene Marín por delante es la de preservar la independencia. Es decir, mantenerse al margen de cualquier posible intromisión gubernativa. Los primeros pasos no han sido precisamente fáciles. Nada más llegar tuvo que apagar el incendio que provocó el nombramiento de Beatriz de Guindos, sobrina del ministro, como directora del área de competencia. De Guindos, que era subdirectora del área de Industria y Energía de la CNC, dimitió al día siguiente, lo que supuso que no la pudiera sustituir Micaela Arias-Cañete, hija del ministro de Agricultura, Miguel Arias-Cañete, precisamente, uno de los nombres que se baraja para sustituir a Almunia como comisario el próximo año.

La industria catalana espera a Soria

Por: | 03 de noviembre de 2013

Ocurrió durante el XVI Congreso de la Empresa Familiar celebrado esta semana en Jerez de la Frontera. Ante la pregunta de si la independencia de Cataluña sería buena para la empresa, un empresario catalán contestó saliendo por la tangente: “El ministro de Industria todavía no ha visitado el cinturón industrial de Barcelona, que probablemente sea el más denso de España, y eso que ya lleva casi dos años en el cargo”. El empresario, por supuesto, pidió guardar el anonimato.

La respuesta, aunque aparentemente no tuviera nada que ver con la pregunta, encerraba una enorme carga de profundidad sobre el asunto. El proceso soberanista iniciado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, no gusta a los empresarios más representativos del universo catalán; pero si desde Madrid se les hace poco caso o ninguno (esa ausencia de visitas o cosas similares), es muy probable que cada vez lo acepten con resignación. O como algo irremediable.

En el citado congreso, que se desarrolló desde el 27 al 29 de octubre en la ciudad andaluza, se concentró una parte de lo más granado de la burguesía empresarial española y catalana, reunidos por el Instituto de Empresa Familiar (IEF), en el que el 40% es catalán. Las empresas que forman esta organización, junto a las agrupaciones regionales adheridas, representan el 27% del PIB nacional.

La cuestión catalana palpitó durante todo el Congreso, como se demostró en la intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que pidió diálogo y consenso y apeló a la Constitución “que se han dado todos los españoles”. Sin embargo, los asistentes prefirieron ocultar esa evidencia, dejando que corriera. O también en la intervención del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que quizá se refería a la polémica cuando dijo que “la estabilidad política y jurídica es fundamental para la recuperación”.

El asunto aprieta pero no ahogó. Para los empresarios catalanes lo importante es el mercado y saben que está fuera de Cataluña. Por eso, y quizá con la boca pequeña, subrayaban que “es un tema secundario que no nos tiene que preocupar”. En los corrillos que formaban en las pausas para el café o en los comedores y cenáculos lo que predominaba era más la crisis y la salida de la misma, las decisiones sobre política fiscal, la reforma de la Administración y la solución a los problemas de financiación.

El IEF se cuidó mucho de no incluir ninguna pregunta sobre el asunto en la encuesta interactiva a la que acostumbra en cada Congreso y en la que toma el pulso a la situación política y económica. Ese sondeo deparó un suspenso en casi todo por parte de los más de 450 asistentes al acto. Los políticos siguen dejando mucho que desear y la situación económica mejora aceptablemente, aunque todavía sigue en números rojos. Bastante peor han ido las cosas para las reformas eléctrica y de la Administración, que no llegan al dos sobre nueve. Y también suspende la Ley de Emprendedores y solo el proyecto de ley de garantía de unidad de mercado recibe un apoyo clamoroso.

La vicepresidenta, que llegó al congreso al día siguiente de conocerse esas calificaciones, se sometió a las exigencias de los empresarios familiares que le pidieron, por boca de su presidente, José Manuel Entrecanales, cuatro cosas muy concretas para reactivar la demanda interna y salir de la crisis: revisar el marco fiscal, mayor inversión pública, mejora de la disponibilidad de financiación y profundizar en las reformas.

La cosa tributaria es prioritaria para los empresarios, que en sus peticiones coincideron en poner como más urgente la reducción de los tipos del impuesto de sociedades y las cotizaciones empresariales a Seguridad Social. En parecida dimensión, exigen reducir las diferencias impositivas entre las comunidades autónomas, converger hacia una fiscalidad empresarial homogénea a nivel europeo y que revierta la subida del IRPF a la situación anterior al diciembre de 2011 (es decir, a como estaba antes de que el PP llegara al Gobierno). Así se lo transmitió Entrecanales, que, además de subrayar que la inversión necesita un marco fiscal y regulatorio estable, recordó que desde ese momento se hayan realizado más de 50 cambios normativos de las figuras tributarias.

Gates abre las puertas de FCC

Por: | 27 de octubre de 2013

La semana mercantil ha estado marcada por la entrada de Bill Gates en FCC, lo que ha supuesto un impulso para el grupo que preside Esther Alcocer Koplowitz, inmerso en un plan estratégico de ajuste y ordenación desde que tomó las riendas en enero de 2013 en sustitución de Baldomero Falcones. El ajuste afecta principalmente a la refinanciación de la deuda, de más de 6.000 millones de euros, y la venta de activos.

En el entorno empresarial no se descarta, además, que el aterrizaje del fundador de Microsoft abra el camino a otros inversores, de acuerdo con los planes del grupo, que quiere inversores a largo plazo con vocación de permanencia, como parece haberse comprometido Gates. El perfil del grupo y su principal accionista, Esther Koplowitz, ha sido clave para convencer al multimillonario estadounidense. Ambos se conocían de una visita de este a Madrid en 2012 en la que participaron en un acto de ayuda al desarrollo.

La operación con Gates comenzó a gestarse a raíz de la presentación del citado plan en marzo. Sin embargo, el calendario se vio alterado en junio con la insolvencia y posterior liquidación de Alpine, filial de FCC con sede en Austria. Eso obligó a realizar un segundo road show de urgencia para explicar la desaparición de Alpine y su impacto en el plan. De ello se encargó el consejero delegado, Juan Béjar, quien se volcó en subrayar que la solución no respondía a ningún plan de FCC.

En esa segunda ronda informativa, la constructora contactó en Ginebra con General Oriental, que puso en suerte a la gente de Gates. Tras valorar la operación, comenzaron a profundizar en las entrañas del grupo español para intensificar los contactos en septiembre hasta la firma del lunes. En ese proceso, apareció la compra de autocartera como mejor opción que comprar en Bolsa. El grupo tenía acciones propias desde que lanzó una emisión de bonos convertibles hace tres años.

Gates canalizó su inversión a través de la sociedad Cascade Investment y de la Bill&Melinda Gates Foundation Trust, que comparte con su esposa. Entre las dos completa un 5,73%, habiéndose convertido en el segundo accionista del grupo. Un 0,3% se lo quedó General Oriental, el fondo del británico de James Goldsmith que actuó de intermediario con Gates. Esther Koplowitz controla el 53,9% de FCC a través de B 1998, de la que tiene el 90% (la familia Aguinaga y el bodeguero Faustino Martínez poseen un 5% cada uno), y otras sociedades. Royal Bank of Scotland tiene un 3%, heredado de Colonial, y Liberbank, con otro tanto, aparecen como posibles vendedores.

La llegada de Gates ha levantado una expectación con efecto eufórico, que se une a las palabras de Emilio Botín (“llega dinero de todas partes y para todo”) sobre un supuesto recuperado atractivo de la economía española. Aunque probablemente el caso de FCC y Gates no es un ajemplo, las inversiones de fondos son en muchas ocasiones especulativas en busca de rentabilidad a corto plazo.

 

Esperando a Oettinger

Por: | 20 de octubre de 2013

Las 10 grandes compañías eléctricas europeas que han juntado sus fuerzas para reclamar cambios en la política energética comunitaria han logrado que los responsables energéticos de la Unión Europea les tengan más en cuenta después del eco obtenido la pasada semana en Bruselas con la presentación de un manifiesto conjunto. A juicio de las eléctricas, la política energética europea no garantiza la seguridad de suministro y provoca un encarecimiento de la factura.

La importancia que tiene el sector en la economía es como para tomarse en serio cualquier reivindicación y eso las eléctricas lo saben. Por eso, el comisario de Energía, Günther Oettinger, no ha tardado en anunciarles que les llamará a capítulo junto a los ministros de Energía de los siete países a los que pertenecen. No hay una fecha fijada; pero parece que, si no es esta próxima semana, será antes de que acabe octubre. Debe ser cosa de encuadre de la agenda del comisario y los ministros porque los ejecutivos están en primer tiempo de saludo.

Según el manifiesto, más del 50% de la factura que pagan hoy los europeos “no tiene nada que ver con la generación de energía o las redes, sino que responde a decisiones políticas erróneas que se han tomado en diferentes países”, en palabras del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que forma parte de ese grupo impulsado por el presidente de GDF Suez, Gérrard Mestrallet, y en el que también está Rafael Villaseca, consejero delegado de Gas Natural Fenosa (GNF).

La queja se concreta en la petición de que se reduzcan o supriman las ayudas a las energías renovables, sobre todo a las no maduras (es decir, fotovoltaica y termosolares) y en la denuncia del cierre de unos 50.000 megavatios de potencia de ciclo combinado, equivalente nada menos que a 50 plantas nucleares medianas. La cifra “podría duplicarse en los próximos meses”, según Mestrallet, para quien “las plantas no estarán listas en caso de que haya un invierno muy frío en los próximos años”. Una clara referencia a la posibilidad de desabastecimiento y apagones, a lo que se suma el rechazo al modelo de retribución que se quiere imponer a la distribución de energía, esencial para que sigan invirtiendo.

El problema de los ciclos combinados también se produce en España, donde hay 25.000 megavatios instalados y apenas se utiliza el 10% de su capacidad, mientras la reforma eléctrica aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy plantea hibernar este tipo de plantas. Las eléctricas españolas han aprovechado para presionar al Ejecutivo con el objetivo de que modifique alguno de los puntos recogidos en el proyecto de reforma eléctrica, para el que todavía falta que se desarrollen gran parte de la normativa. No obstante, a la vista de la actitud del ministro José Manuel Soria les quedan muy pocas esperanzas de que esto ocurra.

Hasta hace poco tiempo, las eléctricas europeas veían el caso español como algo aislado. Ahora parece que simplemente es una versión mucho más intensa y extremada de unos problemas que son genéricos en todos los países de la unión. La comunión de todas estas compañías con unos problemas que empiezan a ser acuciantes para ellos les ha fortalecido como lobby para ejercer toda la presión posible y conseguir una rectificación de Bruselas. Al tiempo, puede ser un acicate para que se avance hacia una política energética común a partir de la reunión con Oettinger.

Bruselas, de momento, ha anunciado que va a presentar un informe sobre los modelos de ayudas a las renovables y revisar las otras peticiones. A la vista de las advertencias de riesgo de apagones, la Comisión de Energía sopesa si reducir el plan que tenía marcado para llegar a conseguir que el 20% de la energía que se produzca sea con renovables. Este objetivo fue, precisamente, el que llevó a muchos países a establecer un sistema de ayudas para fomentar el uso de esta fuente de generación eléctrica, pero supuso que se disparara el precio de la luz. Y en España, las subvenciones concedidas a las renovables fue la principal causa del déficit eléctrico, cifrado en 26.000 millones.

Esta actitud de Bruselas,  evidentemente, no es el del agrado de las firmas de renovables, caso de las españolas Acciona o Abengoa, que acusa al Gobierno español de “expropiación” de sus termosolares. Cada cual  cuenta la feria según le va.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y el consejero delegado de Gas Natural Fenosa (GNF), Rafael Villaseca, forman parte del grupo de presión eléctrico establecido en Bruselas. El resto de directivos que estuvieron en Bruselas con los italianos Paolo Scaroni (ENI) y Fulvio Conti (Enel), el francés Gérard Mestrallet (GDF Suez), los alemanes, Johannes Teyssen (E.ON) y Peter Teryum (RWE), el holandés Gertjan Lankhorst (GasTerra), el sueco Oystein Loseth (Vattenfall) y el checo Daniel Benes (CEZ Group). Falta la pública francesa EDF y la portuguesa EDP, propietaria de Hidrocantábrico, lo que hace que sea la única firma española que no está en el lío (Endesa y está a través de Enel y la filial de E.ON a través de su matriz). Llama la atención la ausencia del gigante francés, debido posiblemente a que su capital es mayoritariamente estatal y a que el impulso de este grupo lo lanzó su competidor nacional GDF Suez.

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Sobre el blog

Este blog intenta meterse en las cocinas donde se elaboran y se fraguan las noticias, dar claves sobre las decisiones de política económica y empresarial, aportar  pistas sobre las relaciones de poder de las personas que manejan los destinos del país, valorar la dimensión de la economía como determinante en la vida política y de los ciudadanos y analizar el alcance de las informaciones en materia económica.

Sobre el autor

Miguel Ángel Noceda

Miguel Ángel Noceda Llano, cántabro de Comillas, siempre ha estado ligado a la información económica. Lleva desde 1989 en EL PAÍS, donde ha sido redactor jefe de Economía y es corresponsal económico. También ha sido presidente de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y es Vicepresidente tercero de la Asociación de la Prensa de Madrid.

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