Sobre el autor

lleva años metido
en el empeño de contar las cosas que pasan y que
más pueden interesar a la gente. Aunque ahora existen
más instrumentos útiles para acorralar a la verdad,
cada vez la siente más esquiva. No le importa ser
molesto siempre que gane
el interés general.

Sobre el blog

Relato de la actualidad política, social y judicial basada en los hechos ciertos del pasado y en la compleja realidad del presente.

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16 jun 2011

La deuda eterna del PP con Enrique López

Por: Jmromero

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Enrique López (en primer plano) palmea el brazo de Federico Trillo, responsable de Justicia del Partido Popular.

 

En uno de los capítulos de El Ala Oeste de la Casa Blanca, el gabinete del presidente de los Estados Unidos examina al candidato que van a proponer para cubrir una vacante de la Corte Suprema. Rebuscan en su pasado, en su presente y en su futuro; en su currículo académico y en su currículo profesional; en sus libros, en sus conferencias, en sus apariciones en televisión, en sus entrevistas en radio, en lo que dijo y en lo que dirá. Pretenden evitar así un paso en falso que ponga en apuros al presidente por una nominación equivocada que la comisión judicial del Senado y el pleno de esa cámara pueden tumbar.

El presidente de los Estados Unidos busca un juez de su ideología que pueda ser aceptado tanto por republicanos como por demócratas, pues de lo contrario su nombramiento puede desencadenar un problema político mayor. Una vez que el elegido entra a la Corte Suprema, el cargo es vitalicio, aunque puede ser removido por el Congreso de los Estados Unidos. Es una decisión trascendental y así se lo suelen tomar.

En España, las cosas no son ni mucho menos parecidas. Para comenzar, el debate sobre los magistrados que impartirán justicia desde el Tribunal Constitucional es inexistente, salvo que haya bronca entre los dos partidos (PP y PSOE) que imponen a los candidatos con sus mayorías parlamentarias. Los jefes del Gobierno y de la oposición tan solo procuran garantizarse la lealtad absoluta de los magistrados a los que aúpan hasta lo más alto del escalafón judicial.

El Tribunal Constitucional es nuestra Corte Suprema y puede
tumbar leyes estatales y autonómicas; autorizar o denegar la presencia de partidos políticos en las elecciones; resolver sobre la libertad o la prisión de personas; interpretar si el Gobierno cumple o no con la Constitución en las normas que envía al parlamento... Los 12 magistrados que lo integran se eligen por tercios (de cuatro en cuatro) en distintos periodos de tiempo. Un tercio se
lo reparten el Gobierno (que nombra a dos), y el consejo General del Poder
Judicial (otros dos). Otro tercio lo elige el Congreso y otro más el Senado, ambas
cámaras deben sumar al menos los tres quintos de los votos para sacar adelante
los nombramientos por nueve años supuestamente improrrogables.

Con este sistema, el Tribunal Constitucional es como un minicongreso de 12 magistrados que imita el bipartidismo preponderante en las Cortes españolas. Tras 31 años de funcionamiento cargado de sobresaltos, ahora sufre una situación excepcional. De los 12 magistrados que debían componer el pleno hay tres que han presentado su renuncia, no aceptada por el presidente; y un cuarto que falleció hace tres años y que no ha sido sustituido aún porque el PP y el PSOE incumplen el deber constitucional de ponerse de acuerdo y nombrarlos en el tiempo fijado por la Ley.

El bloqueo actual obedece fundamentalmente a la tozudez del PP que preside Mariano Rajoy, el político español que más posibilidades tiene de ser el próximo presidente del Gobierno. Su insistencia en proponer para una de las vacantes a Enrique López, un juez que veta el PSOE, mantiene empantanada la renovación. El PSOE está dispuesto a cambiar de candidatos si al PP no le gustan, pero el PP no acepta ni vetos ni bloqueos.

Durante los primeros años de mandato de José Luis Rodríguez
Zapatero, el PP ya bloqueó la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que
presidía el conservador Francisco José Hernando y cuyo portavoz era Enrique López. Ambos
dirigieron el Gobierno de los jueces como si fuera un órgano de oposición a
Zapatero. Aprobaron informes que nadie les había pedido ni entraban dentro de sus competencias para cuestionar la constitucionalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña; avalaron informes elaborados por otros vocales conservadores que comparaba la unión entre homosexuales con la de un hombre y un animal; opinaron reiteradamente contra el Ejecutivo e hicieron todo lo posible por complicar la vida de los socialistas a través de las iniciativas del Consejo del Poder Judicial.

Ni uno ni otro (Hernando y López) tenían prestigio en el
estamento judicial. Ni por sus logros académicos, ni por sus publicaciones
jurídicas ni por sus actuaciones profesionales. Mientras en la judicatura eran pesos muy
ligeros, en el PP fueron dos instrumentos muy eficaces para su política de
desgaste del Gobierno.

Cuando se les agotó el mandato, el PP los recuperó como
candidatos únicos para optar a las plazas vacantes del Tribunal Constitucional.
Mientras el PSOE proponía, a través de sus grupos parlamentarios en las autonomías, a 13 jueces y catedráticos para los dos puestos que le correspondían en el Senado; el PP
insistía con Hernando y López en todas las comunidades donde tenía capacidad de
propuesta. Esa maniobra dio como resultado un bloqueo que duró casi tres años
en la renovación de las cuatro vacantes correspondientes al Senado. La situación se hizo de pronto insostenible y a los dos grandes partidos les entraron las urgencias para cuidar algo su imagen.

El PP cedió y sustituyó a López por otro candidato, el PSOE aceptó a regañadientes a Hernando y se aprobó la renovación.

Sólo unos meses después, los populares vuelven a las andadas e insisten en el Congreso con
la candidatura de López, que ahora ejerce de juez en la Audiencia Nacional y durante mucho tiempo
ha sido colaborador en periódicos de la derecha o invitado habitual en tertulias radiofónicas de ese mismo signo.

Ahora, tras el plante de tres magistrados que no aguantan más y han presentado una
dimisión que no ha aceptado el presidente, el PSOE vuelve a sufrir una situación
desesperada. Si quiere resolver el conflicto, tiene que claudicar con las
imposiciones del PP. Los portavoces de este partido ya lo han avisado: “No
aceptamos ni vetos ni imposiciones”.

La deuda del PP con López parece seria. Ahora que está a un paso de ganar las elecciones generales, el partido de Rajoy puede elegir para López otros destinos jurídicos igualmente apetitosos. Si no le gusta el Defensor del Pueblo, puede elegir el Tribunal de Cuentas, o el ministerio de Justicia... Cualquier cosa para abonar los servicios prestados.

En la política española, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial son a veces la misma cosa. En ese escenario, el presidente de los Estados Unidos tendría una vida menos azarosa y su equipo podría respirar tranquilo pues cualquier candidato valdría para la Corte Suprema.

Hay 12 Comentarios

Teniendo en cuenta la serie que se cita al principio y al final del texto, El Ala Oeste, el Estado español tiene mucho que andar. Sobre todo en relación a la separación de poderes. Esta tendría que ser, precisamente, una de las principales reivindicaciones del movimiento 15-M, que apuesta por profundizar en el Estado de Derecho. Muy buen artículo.

El PP propone a López pero el Psoe propone al actual Fiscal General del Estado, jurista totalmente apolítico e imparcial........pero la culpa de todo la tiene siempre el PP, el psoe que veta ese no tiene culpa de nada.

O sea hay 4 plazas a cubrir por el Congreso, el Psoe propone 2, el PP propone 2, uno de los dos partidos veta un candidato del otro partido, ¿quién tiene más culpa? Me parece que el retraso es más imputable al que veta que al que no veta. Pero claro para algunos la culpa de todo la tiene siempre el contrario.

Buenas noches, el artículo deja claro que al autor no le gustan el sistema de elección del Tribunal Constitucional, ni el Sr. Enrique López. Con el primer punto estoy de acuerdo, a mí tampoco me gusta el sistema de elección utilizado. En lo que respecta al desgrado que siente hacia el Sr. Enrique López, ¿podría el autor ó alguien relatar de un modo objetivo actuaciones que lo inhabiliten para estar en el. Decir que no me gusta y es muy malo valen. Gracias.

Por estas actuaciones tan "democráticas" mandaremos a esta casta política y judicial a hacer gargaras. !Democracia real ya!

En este País la Judicatura es una casta, plagada de apellidos compuestos rimbombantes de última generación, amañados para dar el pego de casta, y sobre todo absolutamente mayoritaria de tilde conservadora, asea DE DERECHAS.

Simplemente recordarle que el Tribunal Constitucional no es nuestra Corte suprema, eso es el Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional está fuera del Poder Judicial.

A Peter:

Según la RAE (www.rae.es), "remover" significa (en su 5ª acepción): "Deponer o apartar a alguien de su empleo o destino."

No es una mala traducción del Inglés, aunque pueda parecerlo. Ni siquiera es una trdaucción. Es castellano puro y duro, aunque poco habitual.

Dice Sáenz de Santamaría que no aceptarán vetos ni bloqueos: eso es profundamente inconstitucional. Si para el nombramiento hacen falta 3/5 de la Cámara, es que se está queriendo que se propongan a candidatos que no susciten el rechazo de más de 2/5 de la cámara. Esa es la finalidad. Pero el PP está diciendo: "tú votas a los que yo proponga, y chitón; y yo votaré a los tuyos". ¿Es eso entender el sentido de la Constitución? Estas son las cosas que resultan "indignantes". A mí, al menos, me indignan.

Esta situación es una auténtica vergüenza y está dañando gravemente al tribunal constitucional.

Algunos no parecen entender que la regla de los 3/5 se fijó para asegurar la presencia de jueces moderados y de consenso... no para dar derecho de veto o de imposición a partidos minoritarios en el congreso.

La forma en que se juega en España con las instituciones es inaceptable. En una democracia más consolidada, los culpables de esta situación habrían sido ya castigados en las urnas o duramente criticados por el conjunto de la prensa.

Por último, aunque José Manuel lo plantea matizadamente, un tema que me cabrea especialmente: las referencias generalizadas a la politización de la justicia ("los tres poderes son lo mismo"). La justicia a nivel del tribunal constitucional tiene un componente político indudable, aquí y en todos lados. Que el enfoque de los casos por parte de los magistrados "progresistas" del TC coincida con el del gobierno (o antes, el de los magistrados conservadores con el gobierno del PP) no demuestra que haya politización, sino que existe la lógica afinidad ideológica entre el gobierno y los magistrados por él nombrados. Si hay favores específicos al gobierno o presiones desde el gobierno al TC, que se documenten y denuncien. Pero no confundamos unas cosas con otras

parece que aqui no está nadie delos indignados leyendo

en el segundo párrafo dice "el cargo... puede ser removido" lo cual es una mala traducción del inglés. Quieren decir el cargo se puede terminar, o se puede eliminar

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