¿Cuántos votos da el final de ETA?

Nadie ha podido comprobar en democracia cuántos votos da el final de ETA porque nunca hasta ahora esa situación ha estado tan próxima ni unas elecciones tan cerca. Pero si se pueden extraer conclusiones basadas en datos sobre cuántos votos quita una negociación con ETA, algo que el PP hizo cuando gobernó y que el mismo PP ha condenado desde la oposición para atacar al Ejecutivo socialista.

José María Aznar llegó al Gobierno en mayo de 1996 y sólo un mes después ETA declaró un alto el fuego de una semana. A partir de ahí, los terroristas siguieron con sus crímenes. En el primer año de mandato popular, ETA asesinó a diez personas y en julio de 1997 perpetró uno de los atentados que mayor conmoción provocó en España. Dos días después de secuestrar a Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua, los terroristas lo mataron de varios tiros en la cabeza.  El espantoso asesinato, uno de los mayores desafíos de ETA a la democracia, no provocó un endurecimiento de la política antiterrorista de José María Aznar. Unos meses después, los dirigentes del PP  iniciaban una estrategia de acercamiento de presos a cárceles próximas al País Vasco. Hasta 133 etarras se beneficiaron de esta medida, algunos de ellos especialmente sanguinarios. Llegó entonces el alto el fuego de septiembre de 1998 que duraría un año y dos meses. En febrero de 1999, previa autorización de Aznar, el Gobierno dialoga con ETA en Zurich sin alcanzar ningún acuerdo ni vetar ningún tema de conversación.

Nadie puso en cuestión aquellas iniciativas del Gobierno del PP con la banda terrorista. Ni las víctimas del terrorismo, ni los medios de comunicación, ni los partidos políticos. Sólo unos meses después de que ETA rompiera el alto el fuego (noviembre de 1999) hubo elecciones generales en España.

Aznar había autorizado el diálogo con una banda terrorista que había asesinado durante el primer mandato del PP a 24 personas. El presidente del PP había acercado a 133 presos etarras a cárceles próximas al País Vasco en sus primeros años de Gobierno. En las elecciones, logró un resultado histórico para su partido: 182 escaños, mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

Sólo siete años después de aquel diálogo frustrado con ETA para el fin definitivo de la violencia terrorista, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero volvió a intentarlo. Autorizó conversaciones con ETA cuando la banda llevaba tres años sin cometer atentados mortales.

Aquel diálogo fue torpedeado por medios de comunicación, por el primer partido de la oposición (PP) y por la asociación de víctimas mayoritaria, que convocaba manifestaciones semanales contra el Gobierno, al que acusaba de ser cómplice de ETA. Los socialistas capearon el temporal como pudieron y contestaron con un vídeo en el que recordaban lo que Aznar hizo con ETA.

 

Los terroristas rompieron el diálogo de la peor manera posible. Colocaron una bomba en la nueva terminal del aeropuerto de Barajas que mató a dos ciudadanos ecuatorianos sólo un día después de que el presidente del Gobierno vaticinara una mejoría en relación con el futuro de ETA y de la violencia terrorista en España. El PP, se lo afeó con otro vídeo.

 

 

Un año y cuatro meses después de aquel diálogo para el fin de la violencia terrorista, donde se habló de cuestiones operativas y de supuestos incumplimientos por una y otra parte mientras en otro lugar tres partidos (PSE-PSOE, PNV y Batasuna) trataban de cuestiones políticas sin llegar a ningún acuerdo, las elecciones generales volvieron a confirmar como presidente del Gobierno a José Luis Rodríguez Zapatero, el supuesto cómplice de ETA, según algunos; el traidor de las víctimas del terrorismo, según Rajoy. Zapatero mejoró el resultado con el que había alcanzado el poder cuatro años antes.

El diálogo con ETA y los intentos por acabar con la violencia terrorista, aunque sea hablando con los criminales, no castiga en las urnas a los partidos que lo intentan.  Ahí están las pruebas electorales.

El logro del fin de ETA, que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero toca con las manos y que muchos quieren colocar en la mochila del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior todos estos años donde se ha registrado el mayor éxito policial contra la banda terrorista y el menor número de  atentados mortales de toda su historia criminal, estará presente el 20-N.

Nadie sabe cuánto pesa en votos.

 

 

 

La oposición nunca gana las elecciones, las pierde el Gobierno

Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy, vistos por Sciammarella.

 

 

Un veterano dirigente del Partido Popular repite esta letanía desde hace años: "La oposición no gana las elecciones, siempre las pierde el Gobierno".

En 1982, el desmoronamiento de UCD, enfrascado en unas luchas internas fratricidas, puso el poder en manos del PSOE. En 1996, Felipe González perdió las elecciones por 300.000 votos tras 14 años de desgaste en el Gobierno y acorralado por la corrupción de algunos de los suyos. En 2004, el PP tenía todas las papeletas para ganar las elecciones pero 48 horas de mentiras del Ejecutivo de José María Aznar para endosar los atentados del 11-M a la banda terrorista ETA dieron un vuelco decisivo a los resultados.

Los Gobiernos han perdido en tres ocasiones las elecciones durante la actual etapa democrática.El 20 de noviembre puede ser la cuarta. Y parece claro, a juzgar por el resultado de todas las encuestas conocidas, que volverá a cumplirse el diagnóstico con el que se titula este comentario.

La gestión del candidato Mariano Rajoy, jefe de la oposición, no ha sido muy brillante estos años. Es un perdedor contrastado de elecciones -en 2004 y en 2008-; ha demostrado una falta de iniciativa y de propuestas considerable; su programa no ilusiona a nadie porque todavía hoy, a menos de un mes del 20-N, es una incógnita; la corrupción ha pasado por encima de su partido sin que impusiera a tiempo mano dura contra los delincuentes; su imagen en las encuestas siempre ha sido mala; y no inspira confianza por mucho que repita esa palabra en los mítines o la escriba en un libro autobiográfico de 255 páginas que pasará a la historia por su levedad.

Y sin embargo, todas las encuestas vaticinan un éxito histórico para la candidatura que encabeza.

El Gobierno socialista perdió las elecciones hace tiempo. La gestión de la crisis económica ha sido tan pésima que ni la más imaginativa campaña electoral y el mas carismático de los candidatos podría hacer olvidar el precipicio que rodea a España.

Por eso, al socialista que carga con esta herencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, que formó parte durante cinco años del equipo del fracaso, del Gobierno con más desempleados de la historia, ni siquiera le consuela la posibilidad de batirse en un debate televisado con el líder de la oposición, por mucho que se llame Mariano Rajoy. Porque Rubalcaba sabe que las elecciones las perdió el Gobierno hace tiempo. "Acudir a un debate con cinco millones de parados a las espaldas es una garantía de derrota", advierte un dirigente socialista. Incluso contra Rajoy.

Al candidato del PP sólo le queda esperar sin hacer ruido para no asustar a esos millones de votantes socialistas que se quedarán en casa decepcionados, según vaticinan todos los expertos en comportamientos electorales. Hay más indecisos que nunca a estas alturas del partido. Uno de cada tres españoles llamados a las urnas no tiene claro qué va a hacer y si va a votar. En ese océano de indefinición (10,5 millones de votos se juntan en esa cesta) es donde quiere pescar de emergencia el candidato socialista prometiendo más dinero para empleo, educación y sanidad a cambio de subidas de impuestos para ricos, fumadores y bebedores. Con esa receta y los recortes que han aprobado los gobiernos autónomos del PP en servicios sociales para cuadrar sus cuentas, pretende Rubalcaba tirar de un carro lastrado con cinco millones de parados.

En la otra orilla, Mariano Rajoy se agarra al silencio y la quietud mientras reza para que los suyos no se metan gol en propia meta.

El PP conspira contra su propia corrupción

Acto electoral donde intervino Mariano Rajoy y pagado supuestamente por empresas contratistas de la Comunidad Valenciana a través de la red Gürtel.

 

El caso Gürtel es la mayor trama de corrupción vinculada a un partido político conocida en la actual etapa democrática. Ni es un montaje de la policía, ni obedece a estrategias interesadas de la Fiscalía, ni Alfredo Pérez Rubalcaba ha tenido nada que ver en el caso, como mantiene sin rubor Federico Trillo, el experto jurídico del PP y ex ministro de Defensa sobre el que pesa la ignominia del caso Yak 42 (ordenó una repatriación tan urgente de los 62 cadáveres de militares españoles que se confundieron todas las identidades).

Sólo Francisco Correa y su imperio empresarial, edificado con la inestimable colaboración de numerosos dirigentes del PP, alcaldes, concejales, diputados autonómicos, consejeros y hasta presidentes regionales, manejó durante años un negocio basado en la prevaricación, la información privilegiada, el tráfico de influencias y el cohecho. Correa era el hombre que le montaba los actos electorales a José María Aznar y amigo de su yerno, Alejandro Agag, que le invitó a su boda junto a otros colaboradores de la red corrupta. Con esa base de sólida amistad, el corrupto jefe de la red Gürtel tomó impulso para extender su influencia por los gobiernos autonómicos de Madrid, Valencia, Castilla y León o Galicia, además de por una decena de ayuntamientos gobernados por el PP.

El sumario del caso Gúrtel, una trama de corrupción política investigada en distintas épocas por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, acumula cientos de pruebas de los delitos cometidos por los empresarios y por los políticos. Por esa razón, un presidente autonómico (Francisco Camps); un diputado nacional (Jesús Merino), un senador y ex tesorero del PP (Luis Bárcenas); un consejero autonómico (Alberto López Viejo); un eurodiputado (Gerardo Galeote) dos diputados regionales (Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco), y cinco ex alcaldes, dejaron sus puestos. No parece que puedan regresar.

Ahora, el juez Antonio Pedreira ha dictado un auto, que será recurrido por la Fiscalía Anticorrupción, donde archiva el procedimiento abierto contra Luis Bárcenas, el hombre que tuvo tratos durante años con Francisco Correa; el hombre cuyo hermano trabajaba en una empresa de Francisco Correa; el hombre con el que trataba Francisco Correa sobre todos los actos del PP hasta 2004, el hombre cuyas iniciales (en algún caso su nombre entero) apareció en los documentos incautados a la trama; el hombre que más se benefició de sus relaciones con la red, según la Policía y la Fiscalía. Pese a todos estos indicios, el juez Pedreira considera que las pruebas son insuficientes para mantener la imputación sobre Bárcenas por dos motivos fundamentales:

1.- El supuesto fraude fiscal consistente en no declarar a Hacienda los ingresos irregulares recibidos de la trama corrupta, caso de haberse producido, habría prescrito.

2.- El delito de cohecho, según establece el Código Penal, se refiere a “autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo”. Bárcenas nunca tuvo cargo público en la época dorada de la red Gürtel (era sólo gerente del PP). El juez se aferra a esa circunstancia para mantener que es imposible su imputación por cohecho. Si la trama corrupta le regaló viajes, llega a sostener  Pedreira, es irrelevante para el caso.

Bárcenas puede ser culpable políticamente pero no lo es judicialmente, de momento. El PP tendrá que decidir si le considera tan inocente en el caso de esta trama corrupta como para devolverle el acta de senador colocándole en las listas en las próximas elecciones generales del 20-N.

Y si, además, Rajoy considera que Bárcenas es el ejemplo de la inocencia de todos los dirigentes que han sucumbido a las investigaciones judiciales –o montajes político-policiales, según la mendaz teoría de Trillo- no tiene más que llenar sus listas de Galeotes, Merinos, López Viejos, Camps o Albondiguillas. La vuelta de los ex imputados o imputados a las listas del PP sería la mejor baza electoral con la que podría soñar Rubalcaba para intentar el milagro.

¡Que se abran ya las urnas, llega Rajoy!

A Mariano Rajoy le han jaleado incluso antes de su primera intervención, cuando cogió los papeles y paseó del escaño a la tribuna de oradores. Como si todos los políticos de la bancada popular creyeran que dentro de muy pocos meses, su presidente repartirá un inmenso poder en cientos de cargos públicos. Haga lo que haga, Rajoy tiene muchas posibilidades de convertirse en el próximo presidente del Gobierno ante el estrepitoso fracaso del Ejecutivo socialista en la gestión de la crisis económica.

El Apocalipsis entero cabía en los folios del discurso que Rajoy dedicó a la situación económica y a la capacidad del Gobierno para resolverla. “España está muy mal, la situación es calamitosa; hemos pasado de codearnos con los mejores al furgón de cola de los peores. ¿Hasta cuándo se propone Zapatero imponer a los españoles este calvario estéril y esta lenta agonía? “, resumió Rajoy.

Sin más novedad, intentó pasar casi de puntillas por el debate estelar del año a la espera de ocupar su puesto en el Palacio de la Moncloa cuanto antes y sin mayor desgaste. Tanta prisa tiene Rajoy por ser presidente que llegó a pedir  “que se abran ya las urnas”, saltándose el paso previo de la convocatoria de elecciones.

Ni siquiera el tono utilizado por Zapatero en sus réplicas consiguió alterar a Rajoy, que parecía el espectador aburrido de un drama con un final conocido. El presidente del Gobierno llegó a decirle que mentía, que ni sabía, ni se enteraba, ni le interesaba nada.

Pero a Rajoy le dio igual y al final de su intervención acabó deseando suerte al presidente del Gobierno y a su familia. Parecía una broma tanta galantería con un adversario enrabietado. Pero no lo era.

Un ejecutivo de Renfe aseguraba ayer, para justificar la supresión de una línea de alta velocidad que nadie utilizaba, que sentía dolor cuando un “tren paseaba chapa”.  Esta tarde, Rajoy ha paseado “palabras” por el hemiciclo. Si hubiera podido, se hubiera saltado esta estación en su viaje al Palacio de la Moncloa.

Un guiño a la izquierda que da aire a Rubalcaba

 

José Luis Rodríguez Zapatero reivindicó en su último repaso al Estado de la Nación como presidente del Gobierno todas las reformas aprobadas en la segunda legislatura para combatir la crisis económica y poner freno a la colosal destrucción de empleo que no cesa. Después de defender la reducción del gasto público aplicada en los dos últimos años; tras reconocer los escasos avances logrados en la batalla contra el paro y declarar que es necesario más esfuerzo colectivo para salir de la crisis, Zapatero se permitió algunos guiños a la izquierda que provocaron aplausos en la alicaida bancada socialista.

Algunos de esos guiños llevaban música electoral para que el nuevo candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, tome aire ante el mayúsculo desafío que le espera: mantener el poder en manos socialistas con todas las encuestas vaticinando una victoria aplastante del PP.

Uno de los guiños iba dedicado a los miles de ciudadanos que viven bajo la amenaza de embargo por no poder pagar sus hipotecas: “En las próximas semanas, aprobaremos nuevas medidas de protección de las personas sujetas, por imposibilidad de atender a sus compromisos, a procedimientos de ejecución hipotecaria, que serán compatibles con los imperativos de seguridad jurídica y de solvencia de las entidades prestatarias”.

Otro, a los millones de pensionistas: “Hemos suspendido, sólo por este año, la revalorización general de las pensiones”.

Un tercero, a los cientos de miles de indignados que se han manifestado por las calles de España: “Salvo expresiones minoritarias de violencia, absolutamente condenables e inaceptables, lo que hemos visto en las últimas semanas son manifestaciones, protestas y demandas realizadas al amparo de derechos democráticos. Forman parte de la fisiología y no de la patología de nuestro modelo de convivencia. Y reivindican el valor de la política”.

Un cuarto, a las víctimas del terrorismo, con un aviso a Bildu de que el Estado de Derecho no consentirá provocaciones.

Y un guiño general, que provocó el primer aplauso socialista tras 16 folios de discurso, sobre el mantenimiento de las políticas sociales en la difícil coyuntura de la crisis: “Todas las reformas necesarias, sí, pero no a costa de romper los equilibrios sociales básicos de nuestro mercado de trabajo o de quebrar nuestro modelo social y constitucional. A costa de eso, no”.

Aunque Zapatero admitió que el enorme problema del paro no está ni mucho menos en vías de solución, desgranó todos los datos que le permiten ser optimista (crecimiento de las exportaciones; creación de empleo en el sector servicios por dos meses consecutivos; aumento del turismo como consecuencia de la coyuntura internacional…). Y acabó con un diagnóstico esperanzador. "Necesitamos seguir haciendo un gran esfuerzo colectivo, con plena conciencia de que está en juego nuestro bienestar para las próximas décadas. España va a superar una prueba dura, en un contexto europeo e internacional muy complicado. Hay que llegar hasta el final. Y sabremos hacerlo".

 

De la derrota de ETA al tsunami de la crisis en seis debates de la nación

José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, vistos por Agustín Sciammarella.

 

José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y Mariano Rajoy afrontan hoy su último duelo estelar tras ocho años de dura competencia política. Uno deja el poder para siempre (Zapatero) y otro espera gobernar en solo unos meses (Rajoy). Durante este tiempo, España ha vivido su mejor momento económico (con menos parados y más crecimiento que nunca entre 2004 y 2008) y su peor crisis (con más parados y menor crecimiento que nunca entre 2008 y 2011). En estos siete años se han celebrado en el Congreso seis debates sobre el estado de la nación (incluido el convocado para hoy y mañana) con dos temas principales: la derrota de ETA (con una negociación fracasada en el ecuador de la legislatura) y la peor crisis económica en la historia de España (con tres millones de parados más en los últimos tres años).

 

2005

Zapatero conoció en sus primeros meses de Gobierno que en ETA y su entorno político había mucho interés por entablar negociaciones para lo que denominaban el fin del conflicto vasco. La banda terrorista entró en un periodo de casi tregua con algunos atentados aislados sin víctimas y con vías de comunicación abiertas con dirigentes que podían facilitar los contactos con el Gobierno. En mayo de 2005 se había cumplido el segundo año consecutivo sin que ETA cometiera atentados mortales, el mayor periodo conocido en tres décadas. El primer debate del estado de la nación que Zapatero y Rajoy celebraron, versó sobre la política antiterrorista. Por primera vez en mucho tiempo, se apreció una profunda grieta de confianza entre los dos principales partidos de España   

Zapatero lo tenía claro: “No pararé si puede acabar con ETA”.

Y Rajoy, que se estrenaba como jefe de la oposición tras aspirar a la presidencia del Gobierno, atacó como nunca antes lo había hecho un líder político en el Congreso de los Diputados: “Usted traiciona a los muertos y ha revigorizado a una ETA moribunda”

 2006

España crecía al 3,5% y creaba cada día 2.700 empleos. El Gobierno llevó a cabo la mayor regularización de inmigrantes de la democracia, que dio lugar a que 700.000 extranjeros lograrán permisos de trabajo y residencia. Rajoy acusó al Gobierno de cargar a España con el lastre de cientos de miles de inmigrantes irregulares que habían entrado en el país atraídos por la conducta irresponsable de los socialistas al defender la teoría del “papeles para todos”. Fue un debate menor. Un mes después, el Gobierno iniciaría oficialmente las conversaciones con ETA

Rajoy. “España ha desaparecido del mapa”. Zapatero. “No tiene ni idea”.

 

2007

 

El fracaso de las conversaciones con ETA, interrumpidas por una bomba que mató a dos ciudadanos ecuatorianos en la nueva terminal del aeropuerto de Barajas, y la aprobación del Estatuto de Cataluña, sirvieron de argumento a Mariano Rajoy para cargar contra la irresponsabilidad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente lució unos datos económicos inmejorables para ensalzar la buena salud de España bajo Gobierno socialista. “Es difícil un éxito económico mayor. En tres años, 2,5 millones de puestos de trabajo creados”, señaló Zapatero en ese debate. Ninguno de los dos líderes vaticinaba el desplome que llegaría sólo un año después.

Zapatero. "Siembran discordia". Rajoy: "Usted no da la talla"

 

2009

Rajoy y Zapatero olvidaron la política antiterrorista y se enfrascaron en los problemas de una crisis económica que ha acompañado al Gobierno socialista durante toda la legislatura. Durante el primer año, Zapatero la negó como si con esa estrategia pudiera combatirla. Pero la realidad le aplastó, como demostró el debate de 2009.

Zapatero: "Jalean la crisis". Rajoy: "Usted es el lastre"

 

2010

El último debate antes del que celebran hoy tuvo un guión que se podría copiar para el cara a cara de 2011 y no cambiaría casi nada.

Rajoy: "Si quiere ser útil, convoque elecciones"; Zapatero: "Me cueste lo que me cueste".

 

Las reformas que defendió Zapatero en ese debate del estado de la nación, las más dolorosas aplicadas nunca por un Gobierno socialista que supusieron un importante retroceso en las mejoras sociales aprobadas por el Ejecutivo, le costaron al PSOE una de sus peores derrotas electorales el pasado 22 de mayo de 2011. Con el PP hegemónico en casi toda España, con más poder local y autonómico que nunca, Rajoy acude a su sexto debate acompañado por el rumor ensordecedor de la victoria que busca desde hace siete años.

¿Extremadura ingobernable?

Los diputados electos de IU a la Asamblea de Extremadura, Víctor Casco, Pedro Escobar y Alejandro Nogales (de izq. a drcha.) hacen público en rueda de prensa el acuerdo de abstenerse en la investidura, dando la presidencia de la Junta de Extremadura al candidato popular, José Antonio Monago. EFE/Jero Morales

 

IU Y PSOE gobiernan juntos en casi 200 ayuntamientos de toda España (bien a través de apoyos puntuales de una formación a otra o bien en coalición). IU y PSOE no se han puesto de acuerdo en medio centenar de municipios donde por  omisión (se han votado a sí mismos) han permitido el acceso al poder de otro partido distinto, principalmente el PP.

Hasta ahora, los desacuerdos entre PSOE e IU, dos partidos de izquierda, han permitido gobiernos del centroderecha, aunque sólo en municipios, mayoritariamente pequeños. Desde ayer y por segunda vez en democracia (gracias a Pedro Fernández por recordarme el precedente asturiano de 1995), el PP podrá gobernar una comunidad autónoma donde la izquierda (IU y PSOE) suma un escaño más que la derecha. Y todo porque IU, tras consultar a sus bases (70% a favor de la abstención) y a su Ejecutiva regional (28 frente a 19) decidió no apoyar al candidato socialista en la sesión de investidura que celebrarán las cortes extremeñas en las próximas semanas. Con su abstención, IU dará la presidencia regional a José Antonio Monago (PP) el candidato de la fuerza más votada en Extremadura.

Muchos creen que la decisión de IU convertirá a esta fuerza política en extraparlamentaria tras las próximas elecciones generales; que su decisión en Extremadura es un suicidio político colectivo; que la democracia interna tiene efectos perversos que, a veces, es mejor evitar; que los votantes de IU no pueden entender, ni siquiera en Extremadura, que se deje gobernar al PP.

Otros consideran que el PSOE ha trabajado intensamente durante 28 años para que IU llegue a este momento.

 

Los agoreros no podrán demostrar hasta dentro de unos meses que son ciertos sus vaticinios sobre la muerte segura de IU en el despeñadero de Extremadura, pero ahora lo que saldrá de la sesión de investidura en esa comunidad será un Ejecutivo en minoría (PP, 32 escaños; PSOE, 30; e IU, 3) que tendrá muy difícil aprobar los presupuestos y gobernar. Salvo que José Antonio Monago, el más que probable presidente, renuncie a los principios que defiende su partido y olvide por cuatro años una parte importante de su programa electoral.

Si Monago  busca los votos de IU para sacar sus proyectos adelante deberá aceptar algunas condiciones que chocan frontalmente con el ideario del Partido Popular. Son, entre otras, estas cuestiones que se incluyen en el programa electoral con el que IU pidió el voto en las elecciones del 22 de mayo y sobre cuya base han elaborado “los puntos mínimos exigibles al Gobierno de Extremadura”:

Cierre de la Central Nuclear de Almaraz. El PP acepta que la central prorrogue su vida útil (que concluye en 2012). Tan sólo reclama que la propiedad de la empresa cambie su domicilio fiscal (ahora en Euskadi) para tributar en Extremadura, con lo que esta comunidad ganaría 200 millones de euros al año en impuestos que ahora ingresa el País Vasco.

Rechazo a la Refinería Balboa. El futuro presidente extremeño José Antonio Monago (PP) se reunió con el promotor de la refinería y avaló el proyecto, también amparado por el Gobierno socialista de Fernández Vara, porque “se han hecho las tareas" y "cumple con todas las exigencias". La gasolina extremeña, según el empresario que impulsa la refinería, empezaría a fluir en 2014 si el Gobierno central da su vía libre al proyecto.

Rechazo del Plan de infraestructuras basadas en los vehículos que usan combustibles fósiles (autovías y aeropuertos). El Partido Popular apuesta en su programa electoral “por la eficiencia en el tráfico aeroportuario, de viajeros y mercancías, que elimine el aislamiento que padece Extremadura, impulsando la creación de una red viable de instalaciones, helipuertos, aeródromos, aeropuertos, adaptadas al desarrollo económico y turístico, apostando por la implantación de compañías de bajo coste, que además fomenten el turismo”.

Ley de Memoria Histórica que haga justicia a las víctimas republicanas causada por el fascismo del siglo XX en España. Rehabilitación de las minorías perseguidas en España por motivos religiosos: moriscos, judíos, protestantes, etc. El Partido Popular considera que la Ley de Memoria Histórica es innecesaria y divide a los españoles.

Impuestos. Recuperación del impuesto del Patrimonio. Mejora de los ingresos públicos a través de una Reforma Fiscal Progresiva.  El PP apuesta en su programa electoral por bajar impuestos en Extremadura:  “Acometeremos una profunda reforma fiscal que suprima y rebaje impuestos a los extremeños (…) Rebajaremos el Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en el desarrollo de la actividad empresarial (…)Suprimiremos el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y eliminaremos el céntimo sanitario”.

El futuro de Extremadura está escrito en su Estatuto de Autonomía. Si con estos precedentes, IU considera imposible un gobierno del Partido Popular y rechaza avalar a la segunda fuerza más votada (PSOE) por considerar que su continuidad en el poder es nociva para Extremadura puede forzar unas elecciones anticipadas en dos meses si en la sesión de investidura vota contra Monago y no apoya a Vara.

Si decide probar cómo gobierna el PP en Extremadura y pronto se arrepiente de su abstención/apoyo en la investidura, deberá esperar un año porque antes no se puede presentar una moción de censura, para la que debería aliarse con la formación a la que tanto repudia por todo lo que ha hecho en 28 años de Gobierno en esa autonomia.

También puede Monago convocar elecciones anticipadas, pero nunca si antes se ha presentado una moción de censura.

 

Ganar la guerra a ETA, perder la paz con Bildu

 

España está a un paso de la derrota definitiva de ETA, la peor amenaza que sufre la democracia. Nunca en sus más de 30 años de vida criminal, ETA ha estado tan debilitada y desconcertada como ahora. Nunca ha caminado ETA tan cerca de su final como hoy. Nunca hubo tantos jefes terroristas en la cárcel como en este tiempo. Nunca la base política que apoyaba a ETA fue capaz de escribir en un papel su rechazo a la banda terrorista para que le permitieran concurrir a unas elecciones, como hizo hace unos meses. Todo eso ha pasado con un Gobierno socialista que ha mostrado firmeza y determinación para acabar con ETA tras dialogar hace cinco años con los terroristas y terminar escarmentado por un atentado en la T-4 con dos muertos en plena negociación. 

Pese a estos importantes avances para el fin de la violencia terrorista, la paz no está ni mucho menos garantizada en Euskadi porque han regresado los duros a las instituciones. Pese a su promesa escrita de que rechazan la violencia terrorista como instrumento político para alcanzar la independencia, los primeros gestos en las corporaciones locales donde han empezado a gobernar no vaticinan nada bueno.

La democracia y el Estado de Derecho que la sostiene han permitido a muchos de los que justificaban el terror de ETA hasta hace unos días acudir a las elecciones y, ahora, gobernar en 121 ayuntamientos de Navarra y País Vasco. Pero una vez que han alcanzado el poder, su discurso olvidó el rechazo del terrorismo y se quedó con la necesidad de una "normalización democrática"; sus mensajes defienden a los presos (de ETA que mataron o colaboraron en asesinatos) antes que a las víctimas de ETA; y su lenguaje se identifica más con comunicados de la banda terrorista que con los estatutos de Sortu, partido al que defienden y para el que piden la legalización.

El último comunicado de la banda terrorista señalaba: "ETA no cejará en su esfuerzo y lucha por impulsar y llevar a término el proceso democrático, hasta alcanzar una verdadera situación democrática en Euskal Herria".

El comunicado de Bildu sostiene: "Nuestra principal tarea, con carácter de urgencia, será avanzar en la consecución de un escenario democrático para este país. Este es el principal mandato de las urnas".

ETA reclamaba: ""El proceso democrático debe superar todo tipo de negación y vulneración de derechos y deber resolver las claves de la territorialidad y el derecho de autodeterminación, que son el núcleo del conflicto político (...) Es tiempo de actuar con responsabilidad histórica. ETA hace un llamamiento a las autoridades de España y Francia para que abandonen para siempre las medidas represivas y la negación de Euskal Herria".

Bildu defiende: "Estamos instalados en un nuevo tiempo político donde predomina un escenario institucional en clave de cambio, de punto final a la ilegalización, de punto final a las recetas represivas, de punto final a la negación de derechos y de punto final a la negación del derecho a decidir".

Sus amenazas a determinados concejales del PP o algunas de sus conductas con la prensa han cargado de preocupación a los que creyeron que la vuelta de la denominada izquierda abertzale a las instituciones podría contribuir y acelerar el fin de ETA. Ahora muchos no lo ven tan claro.

"Se puede ganar la guerra a ETA y perder la paz con Bildu", avisa alguien muy familiarizado con la situación en el País Vasco.

La deuda eterna del PP con Enrique López

Enrique López (en primer plano) palmea el brazo de Federico Trillo, responsable de Justicia del Partido Popular.

 

En uno de los capítulos de El Ala Oeste de la Casa Blanca, el gabinete del presidente de los Estados Unidos examina al candidato que van a proponer para cubrir una vacante de la Corte Suprema. Rebuscan en su pasado, en su presente y en su futuro; en su currículo académico y en su currículo profesional; en sus libros, en sus conferencias, en sus apariciones en televisión, en sus entrevistas en radio, en lo que dijo y en lo que dirá. Pretenden evitar así un paso en falso que ponga en apuros al presidente por una nominación equivocada que la comisión judicial del Senado y el pleno de esa cámara pueden tumbar.

El presidente de los Estados Unidos busca un juez de su ideología que pueda ser aceptado tanto por republicanos como por demócratas, pues de lo contrario su nombramiento puede desencadenar un problema político mayor. Una vez que el elegido entra a la Corte Suprema, el cargo es vitalicio, aunque puede ser removido por el Congreso de los Estados Unidos. Es una decisión trascendental y así se lo suelen tomar.

En España, las cosas no son ni mucho menos parecidas. Para comenzar, el debate sobre los magistrados que impartirán justicia desde el Tribunal Constitucional es inexistente, salvo que haya bronca entre los dos partidos (PP y PSOE) que imponen a los candidatos con sus mayorías parlamentarias. Los jefes del Gobierno y de la oposición tan solo procuran garantizarse la lealtad absoluta de los magistrados a los que aúpan hasta lo más alto del escalafón judicial.

La política siniestra

siniestro, tra. 

(Del lat. sinister, -tri). 

2. adj. Avieso y malintencionado. 

5. m. Propensión o inclinación a lo malo; resabio, vicio o dañada costumbre que tiene el hombre o la bestia. U. m. en pl. 

En Alicante, los intereses de algunos de los principales cargos públicos que gobiernan las instituciones (afiliados al Partido Popular) y el interés privado de uno de los mayores empresarios de la provincia van supuestamente de la mano y dan supuestamente la espalda a la Ley.

Más de cinco años de investigación judicial en el caso Brugal (Basuras RUrales Gestión Alicante) han destapado tantas corruptelas que parece increíble que a estas alturas el empresario supuestamente culpable siga haciendo negocios y los políticos que le favorecieron hayan sido elegidos por abrumadora mayoría en las últimas elecciones del pasado 22 de mayo para continuar al frente de las instituciones.

Es el caso, entre otros, de Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante que revalidará su puesto el próximo sábado; del ex alcalde Luis Bernardo Díaz Alperi y del presidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll.

Díaz Alperi ha sido elegido diputado autonómico, al igual que Sonia Castedo, que compatilizará su escaño con el puesto de regidora de Alicante. La candidatura municipal que encabezaba Castedo obtuvo 12.000 votos más que cuatro años antes y 18 concejales (siete más que toda la oposición junta y tres más que en 2007), todo un éxito.

Sobre la alcaldesa de Alicante pesan graves sospechas de corrupción que no le han producido ni un leve arañazo electoral. El PP nacional mira para otro lado y deja el caso en manos del PP valenciano, que hace exactamente lo mismo.

El fiscal sostiene con pruebas que la actuación de Sonia Castedo fue delictiva:

- Facilitó información privilegiada a contratista, promotor y constructor Enrique Ortiz sobre la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana en el que tenía inmensos intereses al ser uno de los mayores propietarios de suelo de la ciudad.

- Favoreció los intereses de Ortiz, según las comunicaciones telefónicas, intervenidas por orden judicial.

- Recibió múltiples regalos de Ortiz: Vacaciones invernales en Andorra; viaje en yate a Ibiza; colocación de amigos en sociedades del empresario; una cazadora de Carolina Herrera que la alcaldesa cambió por una gabardina, una camisa y un jersey de la misma marca.

- Conspiró con el empresario para atribuir delitos al jefe de la oposición en el parlamento valenciano, Ángel Luna.

La prueba de esa conspiración es esta conversación telefónica del 20 de septiembre de 2009 entre Castedo y Ortiz en pleno estadillo del caso Gürtel, sobre que el Luna preguntaba cada semana al presidente Francisco Camps:

Sonia Castedo: ¿Tú hiciste una obra a Ángel Luna en su apartamento de la Chicharra?

Ortiz: No.

S. C: ¡La pagaste tú!

O: A ver, a ver, yo no, yo no.

S. C: Me van a dar la factura.

O: No, no tiene factura nuestra, no

S. C: No es vuestra.

O: (...) Pero yo creo que no, que a lo mejor usara subcontratistas de la empresa pagándoles él directamente el dinero, puede ser, pero no.

S. C: Y tú tienes algún tema de Ángel... Vamos a ver por lo que es, pero, por favor, yo sé que eres muy amigo de Ángel Luna.

O: Era.

S. C: Bueno, ya, pero le tienes aprecio.

O: No le he visto desde entonces.

S. C: Vamos a ver, el jueves sentaré al presidente de la Generalitat en las Cortes y le quiere arrear a Ángel. Es decir, hay muchos temas con los que le puede arrear, primero con lo de su cuñado, que robó dinero siendo jefe de gabinete de alcaldía. (...)

S. C: Vale, mira a ver si me puedes conseguir... habla con Luis Perea a ver si puede conseguir algo, ¿vale? Cualquier cosita.

O: Vale, lo que pasa es que este ha sido siempre muy acojonado en estas cosas.

S. C: ¿Quién?

O: Ángel, este siempre ha sido muy acojonado y si ha hecho cuatro tabiques se ha buscado alguien que no tenga nada que ver, que tal... Ha sido un tío... Bueno, ha sido tan acojonado que no hizo nunca nada en el Ayuntamiento por el que va a pasar, lo que pasa es que a Paco [Camps] le van a dar... Hoy me han dicho una cosa que madre mía.

Castedo no ha dado explicaciones sobre todas estas gestiones delictivas, según la calificación del fiscal. Ha preferido atacar al vicepresidente y más que probable candidato socialista a las próximas elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Insultar a Rubalcaba en todos los estilos posibles es ahora el deporte favorito entre los dirigentes del PP. La alcaldesa de Alicante se ha subido a esa ola para evitar responder a las graves acusaciones que pesan sobre su conducta: «Me da miedo, miedo me da, que el cabeza de lista a nivel nacional del Partido Socialista sea Rubalcaba . Creo que es un personaje absolutamente siniestro y lo digo como lo pienso”.

El personaje absolutamente siniestro al que se refiere Castedo no recibió regalos del empresario que se jacta de comprar voluntades políticas en Alicante y, si puede, en toda la Comunidad Valenciana. Una de las frases emblemáticas del comportamiento de Enrique Ortiz en sus relaciones comerciales figura en uno de los sumarios en los que aparece: “Pero esto no se puede amañar o qué?”

El personaje absolutamente siniestro al que se refiere Castedo tampoco viajó, como ella, en los yates de los poderosos que hacían negocios en Alicante. Ni suministró información privilegiada al mayor propietario de terrenos de la ciudad, como cuenta el fiscal que hizo Castedo. Ni siquiera montó con el promotor inmobiliario una trampa para implicar en delitos a su adversario en la oposición.

Estos ejemplos palmarios de lo que es una actividad política siniestra pertenecen en exclusiva al sumario del caso Brugal, un perfecto manual de lo que nunca deberían hacer los políticos.