06 mar 2017

Justicia versus Democracia

Por: Iñaki Gabilondo

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Otro factor que ha reforzado la creencia de los ciudadanos sobre la falta de independencia de la Justicia española es el permanente debate sobre el sistema de elección de los miembros del CGPJ. Un amplio sector de la judicatura está decidido a recuperar el control del nombramiento de los integrantes de su órgano de gobierno en detrimento del papel del Parlamento, depositario de la soberanía nacional.
Carlos Lesmes, presidente del CGPJ
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El modelo español actual aprueba los estándares de independencia judicial de la Comisión Europea, que valora como un plus democrático la intervención de los ciudadanos en la elección del órgano de gobierno del Poder Judicial, tal y como ya ocurre con el Ejecutivo y el Legislativo. Pero los dos partidos por ahora mayoritarios, PP y PSOE, se han empecinado en subvertir el modelo parlamentario y convertir el CGPJ en depósito de fieles simpatizantes a los que se pagan servicios prestados.
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Ese factor explica la percepción que tienen los ciudadanos, que han visto recrudecerse las protestas con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) impulsada por el actual Gobierno, que ha restado peso específico al Pleno del CGPJ frente a los crecientes poderes de su presidente. Este cambio ha contaminado a toda la institución, que en el debate público sobre la Justicia desempeña ya un papel irrelevante. El murmullo crítico de la judicatura evoluciona hacia el clamor, y no son pocos los jueces que hoy ven al consejo más como una dirección general del Ministerio de Justicia que como el órgano encargado de asegurar su independencia.
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¿Simple queja? No, problema serio. Tres asociaciones judiciales (Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) y una organización defensora de los derechos y libertades civiles, Rights International Spain, han denunciado a la relatora especial de Naciones Unidas para la independencia judicial, Gabriela Knaul, la ‘difícil situación’ de la Justicia española, a la que presentan como víctima de los poderes Ejecutivo y Legislativo por su estrategia de ‘erosión’ del principio de separación de poderes en España y de “debilitamiento tanto del Poder Judicial como del Estado de Derecho para limitar la capacidad de nuestros tribunales para ejercer las funciones de control institucional”.
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La denuncia, que insiste en que el actual modelo de CGPJ “supone un riesgo potencial para la independencia judicial”, reproduce un manifiesto que en su día fue firmado por unos 1.500 jueces y magistrados. Mientras la propia judicatura ponga en duda la independencia del Poder Judicial será imposible que los ciudadanos confíen en una administración de Justicia mal vista en Europa y denunciada ante la ONU, que parece manejar ritmos de trabajo arbitrarios en favor de los más poderosos. La sospecha de falta de independencia es una herida por la que se desangra la legitimidad del sistema judicial que debería ser cerrada cuanto antes.

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ISLÁMICA DE CANARIAS HABLA SOBRE LA GALA DRAG QUEEN DE LAS PALMAS
El imán canario Tijani El Bouji: “No quiero ni imaginar que se hiciese algo como lo del Drag Sethlas con una imagen de Mahoma”.
El Bouji dijo: “No quiero ni imaginar que se pudiese hacer algo así con una imagen de Mahoma. No queremos que la comunidad musulmana se exalte ya que no aguantaría una falta de respeto de este tipo”, afirmó el también imán de la comunidad arabe de Tenerife.

Vamos valiente Drag, para la próxima gala ya tienes "tema", vamos a ver si tienes huevos ......

Otra relación falaz entre causa y efecto que vuelve a mostrar el cinismo sin escrúpulos que inunda cada uno de los matices del discurso podemita aunque sea a costa de un problema tan grave y creciente como la pauperización de muchas partes del mundo. Podemos sigue con su cruzada contra las grandes empresas españolas y lo hace creando enemigos donde no existen. Todo con el objetivo de mantener viva la agitación inherente a su actividad política. Teniendo en cuenta la arbitrariedad subjetiva de sus juicios y análisis, cabe preguntarse qué sería de nuestro país con ellos en el poder. Un partido que tiene como referencia el modus operandi de aquel célebre “exprópiese” que solía gritar, con catastrófica asiduidad, el padre intelectual de Pablo Iglesias y sus prosélitos lumpens: Hugo Rafael Chávez Frías.

Dejando de lado al pseudo Witness de las 19:34 a las 19:37, que parece abrevar de la misma cisterna usada por los podemistas para remojar sus peores mañas y que ha sido convenientemente expuesta por la APM en el día de hoy, cabe traer a estas páginas una referencia sobre el imperio de la ley en España.
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Desde hace pocos años, el World Justice Project, una ONG internacional en la que participan personalidades de todo el mundo, publica un Rule of Law Index (Índice de Imperio de la Ley) que valora los distintos componentes de una sociedad regida por la seguridad jurídica: poderes del Gobierno; ausencia de corrupción; apertura del gobierno; derechos fundamentales; orden y seguridad; cumplimiento regulatorio; justicia civil y justicia criminal.
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En el año 2016, 113 trece países fueron evaluados para estos parámetros; entre ellos España y Venezuela. Como sólo los muy despistados no acertarían a adivinar las posiciones de ambos responden a una realidad democrática radicalmente distinta: en tanto España se sitúa en la posición 24 con una muy decorosa puntuación de 0,70, Venezuela ocupa el último lugar de la lista, el 113, con una escúalida puntuación de 0,28.
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Todos los parámetros correspondientes a Venezuela presentan bajos niveles, desde luego muy inferiores a los de España, pero entre ellos destaca uno: la ausencia de una justicia criminal digna de tal nombre. No es extraño, por tanto, que Leopoldo López fuera condenado en un proceso amañado en todos sus extremos y que siga en la cárcel por imposición de un “régimen autoritario” que ha creado una tal estructura de poder.
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Igualmente no es nada extraño tanto que Pablo I. y Garzón se negaran a votar en el Parlamento Europeo la peticion de libertad para López como que Podemos (empeorar) considera a la Venezuela chavista un “ejemplo democrático”.
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¡Y que todavía haya en el socialismo democrático quienes se avengan a pensar en un gobierno con la patulea podemista!
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http://data.worldjusticeproject.org/
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http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/media/scores_and_rankings.jpg

Podemos es tan riguroso en sus críticas y planteamientos que pronto pasará de partido político a charanga de verbena. Orquestar una campaña en las redes sociales para atacar a las empresas energéticas a base de datos falsos es de una decadencia argumental cuasi bananera. Impropio de un partido que se presenta como una alternativa a las formaciones tradicionales y con el pretencioso lema de “cambiar España de arriba a abajo”. No debería ser necesario explicarle a sus dirigentes, muchos de ellos profesores universitarios, que cualquier evolución social tiene que estar asentada sobre unas mínimas nociones de aritmética y veracidad para que sea sostenible. Si no, un país como el nuestro, a la cabeza del crecimiento económico en la Unión Europea, correría el riesgo de convertirse en un Estado caótico al modo, por ejemplo, de la Venezuela chavista. Referencia indispensable, por otra lado, para comprender la base ideológica y procedimental sobre la que se asienta el partido encabezado por Pablo Iglesias.
Visto lo visto en estos ataques disparatados contra Endesa y Gas Natural —en los que ha intervenido la propia Carolina Bescansa— surge la duda más que razonable sobre la capacidad de este grupo para resolver operaciones elementales como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Sobre todo después de señalar que Endesa ganó 25.000 millones de euros —25 veces más que en la realidad— o que Gas Natural obtuvo otros 10.000 millones, cuando ganó 1.502. Eso o que, como suele ser habitual en las estrategias de los populistas, usen una nueva fecha señalada para ejercitar el músculo más prominente en el cuerpo de su discurso: la demagogia. Si a principios de semana aprovechaban el día de la Fiesta Nacional para calificarla de “conmemoración de un genocidio”, ahora intentan utilizar el Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza —— para demonizar la actividad del sector energético español.

Pablo Iglesias usa los medios de comunicación del mismo modo que hizo Chávez. Las redes sociales le permiten crear esa posverdad que el diccionario de Oxford define como el fenómeno que se produce cuando “los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales”. Y para crear una verdad a su medida es preciso silenciar “la otra verdad”, la que se basa en los hechos, la que relatan los periodistas críticos e independientes. No es necesario imaginar lo que haría con la prensa Pablo Iglesias si alcanzara el poder, sólo hay que recordar lo que ha anunciado que hará y comprobar lo que hizo Chávez en Venezuela.
Iglesias ha asegurado que hay que establecer “mecanismos de control público para regular a los medios de comunicación” y que “el mayor ataque contra la libertad de expresión es que haya medios de comunicación que sean propiedad privada”. Cuando Hugo Chávez señalaba a un medio de comunicación como fascista y opositor, sus ‘colectivos’ comenzaban inmediatamente a perseguir a sus periodistas para insultarles, apedrearles, y hasta orinarles encima. Y ese sólo era el principio, a continuación se le cerraban todas las puertas oficiales, todo acceso a la información pública, se les imponían multas millonarias y le seguían infinidad de demandas al medio y a los periodistas, escraches y agresiones físicas. Se cerraron medios y hasta se dejó a la prensa sin papel. Todo entre aplausos de la turba-morada.
https://okdiario.com/img/2017/03/06/liberal-interior-655x368.jpg

De lo que se trata es de enfrentar a la sociedad polarizándola en dos bloques radicalizados: de un lado, los míos, la gente, el pueblo, los demócratas; del otro, los fascistas, la casta, los enemigos de la democracia, los vendidos al capital, los malditos terroristas neoliberales. El esquema es muy burdo pero funciona. Lo demostró Hugo Chávez y copiando su estrategia les funcionó también a Rafael Correa, Evo Morales, Daniel Ortega y Cristina Kirchner. Todos siguen el mismo modelo que en España está impulsando Pablo Iglesias. Lo primero que hacen es atacar a los medios de comunicación que les son críticos, lanzando contra ellos a sus hordas de perros de presa, señalándolos como el enemigo a batir, a silenciar. Y para conseguirlo todo vale: ridiculizar a periodistas en actos públicos, dudar de su profesionalidad sentenciando que sólo actúan por lealtad a quienes les pagan. Difamar, amenazar con demandas judiciales, insultar… Y si con esos ataques se consigue provocar al periodista amenazado para que aún radicalice más su crítica, pues miel sobre hojuelas, porque eso carga de razones a su clan y lo moviliza aún más.

Otra noticia interesante de EL PAIS:
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http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/03/06/catalunya/1488800064_042834.html
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Otro "regalito" más de nuestros amigos los salvadores de nuestra patria. ¿Restringir vehículos de más de 20 años? Sí-se-puede.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifra en apenas dos años la duración media de un proceso penal. Es una verdad estadística que no responde a la realidad, pero se acerca a la experiencia que vive cualquier ciudadano que se tropieza con un tribunal penal. Nada que ver, en todo caso, con los diez años que ha tardado la Justicia en investigar los delitos fiscales de Carlos Fabra. Y los 41 imputados en el ‘caso Gürtel’ que tal vez se sienten en el banquillo en 2016 serán juzgados por presuntos delitos cometidos entre 1999 y 2005. Son sólo dos ejemplos.
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Hay otra lectura trasversal. Las ejecuciones hipotecarias se han regido por un procedimiento exprés que permitía practicar un desahucio pocos meses después de que se produjese el impago de la hipoteca. Desde 2007, entre 400.000 y 450.000 deudores han perdido su vivienda porque, víctimas de las crisis, fueron incapaces de hacer frente al crédito con el que la adquirieron. En cambio, los millones de personas que en ese periodo perdieron su empleo por el mismo motivo han visto como el plazo de respuesta judicial a sus demandas ha crecido y ya supera los dos años de demora.
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Es cierto que este cuadro es producto de un conjunto de circunstancias ajenas al control del Poder Judicial: una legislación hipotecaria que por dos veces ha sido anulada por el Tribunal de Justicia de la UE, el colapso provocado por la crisis económica, errores en la reasignación de recursos por parte de los responsables autonómicos o del Ministerio de Justicia… pero ese conjunto es el que conforma la mala imagen que los ciudadanos tienen de su Justicia.

La imagen de la Justicia española se emborrona sin remedio al abordar la percepción que tienen los ciudadanos de su independencia, ámbito en el que cae al tercer puesto por la cola, empatada con Croacia –una recién llegada a la UE– y sólo superada por Bulgaria y Eslovaquia. Estos datos son aportados por el Foro Económico Mundial (WEF en sus siglas en inglés), más conocido como Foro de Davos. Esta fundación elabora un informe anual sobre la competitividad mundial que incluye un ranking sobre la apreciación ciudadana de la independencia judicial en 144 países, y en el que España ocupa un bochornoso puesto 97.
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En el informe de 2014, y en una escala de 1 a 10, los españoles puntuaron con un 3,2 el nivel de independencia del Poder Judicial. Esa nota fue de un 3,7 un año antes, y de un 4 en 2012. Por tanto, la valoración no es fruto de una coyuntura concreta, sino producto de la una tendencia negativa que se prolonga en el tiempo.
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En la presentación del Cuadro de Indicadores, la comisaria Jourova dijo no poder explicarse el porqué del deterioro de la imagen de la Justicia española, aunque apuntó una hipótesis que no va desencaminada: “Puede haber varios factores, uno de ellos la falta de comunicación con el público y otro que los procedimientos son tan largos que la gente no confía en el sistema judicial como la vía para obtener justicia”.
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Falta de comunicación y lentitud explican la mala imagen de la Justicia española, pero no la desconfianza de los ciudadanos sobre su independencia. Para eso hay que añadir otros factores. Uno de ellos es el convencimiento popular de que en España hay una Justicia para pobres y otra para ricos.
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Esta crítica irrita sobremanera a los jueces, que tal vez tengan razón cuando la tildan de injusta. Pero en asuntos de opinión pública, las cosas no son como son, sino como parecen, y a muchos españoles les parece que los tribunales corren mucho cuando persiguen delitos cometidos por ciudadanos anónimos mientras que se eternizan cuando se trata de investigar las corruptelas que se producen en el entorno de los poderes político y económico.

La Justicia española es poco eficiente, de escasa calidad y una de las menos independientes de Europa. Es un preocupante dibujo realizado con los trazos que ofrece el Cuadro de Indicadores de la Justicia en la Unión Europea correspondiente a 2015, dado a conocer la pasada semana por la comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad, Vera Jourova.
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El cuadro de indicadores evalúa a las administraciones judiciales de los miembros de la UE en función de datos facilitados por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa y por la Red Europea de Consejos del Poder Judicial. Sus resultados son discutidos por la disparidad de las fuentes de información utilizadas y por la dificultad que entraña comparar modelos judiciales no siempre equiparables (lea el documento en su versión original en inglés).
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Sin embargo, las conclusiones del estudio europeo no dejan de ser razonables. En el apartado de eficiencia de los sistemas judiciales, España aparece en la zona media de la UE, lastrada por aspectos como la lentitud de sus juzgados y tribunales. El informe recoge, entre otros hitos, los casi 500 días necesarios para cerrar en primera instancia un contencioso-administrativo, marca sólo superada por Croacia, Eslovaquia, Chipre, Grecia y Malta.
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En cuanto a la calidad de la Justicia, la española cae a los puestos de cola penalizada por el escaso aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. La Comisión Europea ha detectado la nula conexión telemática entre los distintos órganos judiciales del país, así como entre éstos y los usuarios.
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Además, España queda fuera de algunos cuadros comparativos en este apartado porque no ha facilitado datos sobre la política de comunicación de su sistema judicial, cómo están encauzadas las relaciones de los tribunales con los medios de comunicación, el grado de acceso de los ciudadanos a las resoluciones judiciales o si éstas son difundidas por medios telemáticos. Sintomático.

Interesante artículo de EL PAÍS:
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http://politica.elpais.com/politica/2017/03/06/actualidad/1488787959_808776.html
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Una vez que lleguen al poder (que tarde o temprano lo harán), imagínense todas las "bondades" de este partido para la vida de la gente. Un ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid...
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Justicia y Democracia. Las dos emanan del pueblo. La primera a través de Jueces y Tribunales, y la segunda a través de las Cortes Generales. Por lo tanto, se supone que el poder Ejecutivo, aunque cuantitativamente igual a los otros dos, se mantiene o debería mantener subordinado a estos dos, a la Justicia y al Congreso.
Cuando el Ejecutivo tiene mayoría, este controla el Congreso y cuando tiene minoría, es el Congreso quien controla al Ejecutivo. Por lo tanto, una sesión de control parlamentario cuando hay una mayoría absoluta del Ejecutivo es relativamente irrelevante.
Con el tema de Murcia y de Fillón, yo estoy de acuerdo con lo de la presunción de inocencia. Me remito al caso de Dominique Strauss-Kahn cuando quisieron "echarlo" del FMI. Y no, no es "Fuerza Misión Imposible" sino del Fondo Monetario Internacional. Al final, carpetazo a su imputación y ya había dimitido por esto del FMI.
Puede que haya gente que piense que una persona honrada nunca ha tenido que ponerse delante del juez en su vida, pero en un mundo donde la avaricia y las ansias de poder está a la orden del día, cualquiera puede buscarte algo extraño aunque luego sea mentira.
Por lo tanto, creo que tanto Fillon como el Sr. de Murcia deberían dimitir si se abre Juicio Oral contra ellos. La Presunción de inocencia es un derecho universal.
Si uno como otro se demostrasen culpables, si por mi fuese, no volverían a cobrar ni un céntimo del estado nunca más (solo la jubilación cuando le tocare).
Espero que algún día se reforme la ley, para que todo servidor público que usara su cargo para beneficiarse, prevaricar o realizar cohecho, las inhabilitaciones para todo empleo o cargo público sean hasta que cumplan 75 años de edad como mínimo.

Sobre el tema del día: Justicia y Democracia. Ambos conceptos, en nuestro país, manifiestamente mejorables.
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La Justicia es lenta, lentísima. De independiente ya conocemos que le sobran las dos primeras letras (sus máximos tribunales son elegidos por los políticos y su fiscal general es nombrado por el gobierno de turno, ¿qué independencia es esa?). La escasez de medios en los distintos juzgados es tercermundista. Y la administración de justicia cuando se trata de "altos personajes" es denigrante (recuerdo la "Doctrina Botín" y el "arreglo" para los Albertos en el "caso KIO"). Y para rematar la jugada tenemos un jefe de Estado al que la Constitución le confiere la inviolabilidad -como si de un dios se tratara-, como hemos podido comprobar en las demandas de paternidad presentadas contra Juan Carlos, rechazadas por la justicia basándose en tal precepto. Por otra parte, si por un mismo hecho delictivo resultan dos penas diferentes según se disponga de un gran y caro abogado o de uno de oficio, ya vemos la subjetividad de tal justicia.
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Y la Democracia, nuestra democracia, adolece de una injusta Ley Electoral que permite a unos partidos conseguir un escaño con 20.000 o 30.000 votos, mientras que a otros les cuesta lo mismo pero mediante 300.000 o 400.000 votos. Esta desigualdad, ¿es democrática?

Destruyó dos torretas de observación de caza, lo grabó en vídeo y lo difundió en redes sociales mofándose. Estos hechos, calificados en otros países como ecoterrorismo, el juez les pide una fianza de 50.000 euros.
Luis Miguel Domínguez, presidente de la organización animalista Lobo Marley, ha comenzado una campaña en redes sociales en la que pide a la ciudadanía colaboración económica para hacer frente a la fianza de 50.000 euros que le ha impuesto el Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Zamora por destruir dos observatorios de caza y colgar el vídeo en Internet. En él se puede ver al líder de la asociación, Luis Miguel Domínguez, destruyendo dos torretas de observación en Zamora y mofándose de ello
El juicio fue suspendido en 2015 por la incomparecencia de los acusados. Ya entonces, la empresa Gesturcaza propieteria de las casetas y de los terrenos del Coto de Caza, con Eduardo Blanco al frente, pidió una indemnización por el lucro cesante provocado por la destrucción de estos puestos de caza. Ahora, la fiscalía pide además dos años y medio de cárcel para los cinco acusados de estos actos de vandalismo, considerados ecoterrorismo en otros países como Inglaterra, Francia o Estados Unidos.

El vídeo, en el que aparece Domínguez con gesto grave y victimista, ya ha sido difundido por las redes por personajes como Frank Cuesta. Pero tampoco se ha visto exento de polémica. En él, Luis Miguel Dominguez utiliza una toma en la que aparecen dos coyotes americanos que caen abatidos de un sólo disparo en EEUU, intentado hacer creer que son lobos españoles. Este hecho tampoco ha pasado desapercibido para cientos de espectadores, y muchos de ellos han denunciado la manipulación a través de las redes sociales, ante lo cual el polémico activista ha tenido que pedir disculpas en su propia página de Facebook.

Periodistas de Madrid denuncian y piden justicia que Podemos les acosa con mensajes intimidantes.
APORTAN TESTIMONIOS Y PRUEBAS DOCUMENTALES DE CÓMO LOS PODEMITAS AMEDRENTAN A LOS QUE NO LE BAILAN EL AGUA
En un comunicado histórico, la asociación afirma que "considerados los testimonios y las pruebas documentales aportados por estos periodistas, la APM exige a Podemos que deje de una vez por todas la campaña sistematizada de acoso personal y en redes que viene llevando a cabo contra profesionales de distintos medios, a los que amedrenta y amenaza cuando está en desacuerdo con sus informaciones".
Estas presiones también se realizan de forma personal y privada con mensajes y llamadas intimidantes. El acoso pretende minar la credibilidad y el prestigio de estos profesionales, sometidos en ocasiones a un bombardeo constante de mensajes que intentan descalificar o ridiculizar su trabajo y recortar su libertad de información.

La APM considera totalmente incompatible con el sistema democrático que un partido, sea el que sea, trate de orientar y controlar el trabajo de los periodistas y limitar su independencia.

La estrategia de acoso de Podemos vulnera de una manera muy grave los derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la libertad de información y coarta el libre ejercicio del periodismo, que es imprescindible para preservar la salud de una sociedad democrática como la española.
Ya se le empiezan a ver las garras al lobo de la hoz y el martillo......

Recomendable la lectura de este escrito de un ex-PPePPero:
“El Ministerio de Justicia absorbe al Ministerio Fiscal
Me quiero referir a lo que desde hace un tiempo está sucediendo en España con la creciente y alarmante sumisión del Ministerio Fiscal al poder ejecutivo”
http://www.eldiario.es/zonacritica/Ministerio-Justicia-absorbe-Fiscal_6_618798122.html
Y también el de este otro señor, fiscal del TS, aconsejado por el anterior:
“Peligro para los fiscales “de base”. El Gobierno avisa.”
http://hayderecho.com/2017/02/21/peligro-para-los-fiscales-de-base-el-gobierno-avisa/

Elrebotao, ¿le parece escasa la violencia intrínseca en las respuestas al tema de que se trate que nos trae a diario el Witness canario? ¿Le parecen a usted suaves las perdigonadas que atiza a Podemos en el comentario de las17:05:56? ¿No cree que este francotirador palmero pepero debería tener una más contundente contestación? Pues las reclamaciones al departamento de Moderación.

Yo lo que creo que está pasando aquí, Iñaki, y no sé si en Francia o en otros lugares sucede lo mismo pero parece apuntar a que sí, es que hay un choque entre “los políticos”, en su sentido más amplio, que comprendería también a todos aquellos que están cerca de ellos, especialmente a aquellos que han tomado las puertas giratorias (Rato, por ejemplo, o su sucesora Lagarde, condenada pero dispensada de pena)), los que han sido designados por ellos para desempeñar cualquier función en el entramado social a su cargo (Blesa) o los que forman parte de las elites financieras y empresariales con estrechas conexiones con el Estado (los Villar Mir, Botín, Florentino, etc.) y lo que sería la clase judicial también en su sentido más amplio.
Ambos grupos están al tanto de lo que dicen las leyes como no lo estamos el resto de los ciudadanos; pero parece que los primeros piensan, de una forma o de otra, que según qué leyes no son de aplicación para ellos. Los políticos, que son los que las han creado, parecen tener un cierto sentido de la propiedad sobre ellas de tal forma que, cuando vienen mal dadas, se empeñan en retorcerlas para sustraerse a su ámbito de aplicación: se inventan realidades paralelas del tipo “declarar para aclarar”, “prevaricación no es corrupción”, “los fiscales se inventan delitos que no existen”, “las cuentas del partido no las llevo yo”, “si ha habido alguna irregularidad es responsabilidad de los técnicos”, “la organización quedó en manos de los voluntarios”, “yo me dedicaba a la vertiente politica de la campaña, de las cuentas no sé nada”, etc. La cuestión es desentenderse de las posibles repercusiones penales o civiles de unos actos que ellos mismos tipificaron como delitos, con una actitud de “cómo me va a decir usted lo que dice la ley si fui yo (o mis predecesores) los que la creamos”, algo así como la version “democrática” del “no sabe usted con quién está hablando”. No sé si me explico…
Y luego tenemos a la clase judicial, o al menos a una parte de ella, que está donde está por designación expresa o aconsejada por los políticos que no han querido sustraerse a esa posición de fuerza que les otorga el tener la potestad para ello. Y claro, como vemos últimamente, el conflicto está servido cuando les han de aplicar las leyes que les proporcionaron: que si la ley deja un margen de interpretación, que si la aplicamos estrictamente ponemos en peligro el sistema financiero, que si en el espíritu del legislador no estaban actuar contra esto o lo otro, que si su actuación es intachable y no apreciamos peligro de fuga, etc. Un “sindiós” en el que parece ponerse de manifiesto que, efectivamente, la Justicia no es igual para todos.
Por “supuestísimo” que esto es una generalización muy burda y hay que dejar fuera a incontables personas de una categoría u otra que realizan su trabajo con honestidad y seriedad, pero justamente ellos deberían ser los que tuviesen más interés y realizasen un mayor esfuerzo por erradicar a esos elementos de su “gremio”. Y el ciudadano común detrás, al lado o delante de ellos: nos jugamos demasiado como para que esta gente campe a sus anchas y, lo que es peor, sigan produciendo malas leyes de peor aplicación.
Un saludo

Como distracción diletante está perfecto. Cada uno intenta ser lo mas genial posible en sus comentarios, mientras los listillos van medrando. A ver cuando nos entra en la cabeza que el ingrediente imprescindible en toda revolución es la violencia, y no me refiero solo a la violencia exterminadora. Violencia en las respuestas, lo demás es diletantismo.

Creia que Justicia era un subconjunto incluido en conjunto Democracia.
Y... que la democracia funcionaba con politica.
Sin politica, no hay ni democracia ni justicia.
Y volvemos a los conjuntos como el duo dinamico socialista (con perdon a Ramon Arusa y Manuel de la Calva) que nos las canto por peteneras, malagueñas, seguiriyas y, sobre todo, por sevillanas...

Se llama bloqueo.... por causa de listillos empecinados...


La característica fundamental de los gobiernos autoritarios es la de reducir al mínimo la independencia de la justicia y, consecuentemente, los derechos civiles de las todos, incluidos aquellos que, en su día, pudieran haber respaldado ingenuamente llamamientos impostados a la Utopía.
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No es inhabitual que, para pavimentar su acceso al poder, las ideologías menos democráticas, siempre en los extremos de la derecha o de la izquierda, utilicen la insatisfacción momentánea ante determinadas situaciones sociales y políticas, en buena medida desfiguradas por la agitación y la propaganda hasta extremos que exceden la racionalidad y el más elemental sentido de la proporción (la Ley de Seguridad Ciudadana y su necesaria aquilatación tanto de la responsabilidad penal frente a la administrativa como de nuevas formas de comportamientos contra la convivencia es un ejemplo) para disimular sus propias raíces antidemocráticas.
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No es extraño, por ejemplo, que Podemos (empeorar) y sus más próximos ámbitos filomarxistas actúen de la manera más acorde con sus referentes bolivarianos tratando de disimular cuanto sea posible cómo propugnan un tipo de sociedad sometida a la acción fuertemente represora de un poder político sin contapesos y, en definitiva, a la anulación de la justicia por la arbitrariedad de dirigentes salidos de mayorías momentáneas, luego convertidos en omnímodos detentadores del poder al margen de aquellas que fueron mayorías, convertidas después en minorías clientelares al servicio de oligarquías de partido, fuertemente explotadoras.
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Con la justicia sometida, como ocurre en Venezuela y en los relictos del socialismo totalitario, la libertad se convierte en un enemigo a batir. Podemos (empeorar) es la viva imagen de esos comportamientos: apoyo a los gobiernos autoritarios que conculcan los derechos humanos y abusan de los tribunales (la falta de respaldo alos presos políticos venezolanos, por ejemplo); subordinación a los designios estratégicos de estados sin garantías civiles (Rusia o Irán en su antiatlantismo y antiliberalismo); exaltación de referentes violentos contra la libertad de los ciudadanos (el caso Bódalo es paradigmático); práctica de los peores vicios del populismo mostrenco (persecución a los periodistas críticos, como ha denunciado hoy mismo la Asociación de la Prensa, en línea con la baja libertad de prensa de los regímenes de Maduro y Putin)…etc.
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El que tanto el nacionalismo irredento como el populismo bolivariano coincidan en la deslegitimación de los tribunales no deja de ser un perfecto indicio del grado de involución democrática que representan tanto el uno como el otro.

– La respuesta ciudadana
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En vista a que estas propuestas de reforma se están llevando a cabo sin contar con la sociedad civil e ignorando que han sido plataformas ciudadanas, entidades sociales, operadores jurídicos y órganos nacionales e internacionales de Derechos Humanos las que hemos conseguido, con nuestro trabajo reflexivo de análisis y denuncia, que esta norma tenga hoy un poco menos de repercusión negativa en los derechos de las personas, desde No Somos Delito hemos organizado un debate ciudadano que se celebrará el viernes 17 de marzo en la Nave de Terneras de Matadero Madrid para analizar algunas de las cuestiones más inquietantes recogidas tanto en la Ley Mordaza como en los proyectos alternativos presentados por los distintos grupos parlamentarios y proponer cómo debería ser una legislación respetuosa con los derechos humanos sobre esta materia.
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Catalunya nunca ha apoyado esas mordazas.

-Derecho a la protesta
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El PSOE mantiene 3 infracciones muy graves referidas al ejercicio del derecho de reunión y rescata de la Ley Corcuera las sanciones por la provocación de reacciones en el público que alteren la seguridad ciudadana, extendiendo la responsabilidad del individuo a las reacciones de terceras personas. Además, añade otra infracción muy grave, como la de causar desórdenes graves en vías públicas y daños graves a los bienes públicos. Entre las leves, introducen 3 nuevas infracciones: la desobediencia a agente de la autoridad, la alteración de la seguridad colectiva u originar desórdenes en las vías públicas. Y mantiene además la infracción por la celebración de reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público (artículo 26 j), lo que nos llama poderosamente la atención ya que precisamente este fue uno de los artículos de la Ley Mordaza (37.1) que recurrieron ante el Tribunal Constitucional.
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El PNV introduce una disposición final que modifica la Ley reguladora del derecho de reunión, posibilitando la celebración de manifestaciones espontáneas y pacíficas en supuestos de urgencia, una reivindicación ciudadana constante, así como una exigencia por parte de la jurisprudencia europea. Pero, respecto a la responsabilidad de los promotores u organizadores de manifestaciones o concentraciones, mantienen exactamente la misma regulación que la ley vigente.
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– Criminalización de la pobreza
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Nos preocupa gravemente que la proposición de la Ley de Seguridad Ciudadana del PNV mantenga la aberración jurídica que suponen las devoluciones en caliente en la frontera sur vulnerando el derecho de asilo. En su texto se limitan a señalar la exigencia de una regulación en el plazo de 3 meses para poder llevar a cabo las devoluciones conforme a la legalidad internacional, algo que, de facto, es ilegal.
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– Lo (poco) que cambia a mejor
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Caben señalar también cambios positivos, aunque poco significativos en comparación a todo aquello que nos preocupa. La propuesta del PSOE contempla una rebaja de la cuantía de las sanciones respecto de la ley vigente en dos de los tipos de infracciones, volviendo a Ley Corcuera (LO 1/1992). En su caso, el PNV, aunque mantiene las mismas cuantías, introduce que las sanciones impuestas no podrán ser superiores a la que corresponda por infracción penal y propone, además, eliminar las sanciones por el uso no autorizado de imágenes de Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, las perturbaciones graves de la seguridad ciudadana en manifestaciones ante Congreso y Senado y los desórdenes y obstaculización en la vía pública. Incorporan, además, una disposición que posibilita la celebración de manifestaciones espontáneas y pacíficas en supuestos de urgencia.
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-Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE)
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Respecto a evitar arbitrariedad en las actuaciones de los funcionarios públicos en la propuesta registrada por el PNV, el texto no especifica los supuestos en los que está justificada esta intervención. Los criterios propuestos para delimitar su actuación van desde el amplio marco de los “indicios” de participación y el vago espectro de que “se considere razonablemente necesario”.

Tanto PNV como PSOE pierden la oportunidad de regular de manera más garantista los supuestos en los que se puede requerir la documentación a fin de evitar controles de identidad discriminatorios y la posibilidad de regular con rigor los derechos que asisten a la persona “retenida” para ser identificada. Respecto de los principios que deben regir la actuación de los poderes públicos en relación con la seguridad ciudadana, el PSOE destaca la “cooperación y la lealtad institucional”, omitiendo otros principios esenciales para la protección de nuestros derechos como la legalidad, la igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad y responsabilidad.
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Procede señalar que ambas propuestas mantienen, además, el valor probatorio de las declaraciones de los agentes de la autoridad. Resulta preocupante comprobar cómo en un procedimiento tan poco garantista como es el sancionador se insiste en no revisar una previsión que supone, de facto, una pérdida de posibilidades del derecho a la defensa.
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-Mantienen o incrementan los supuestos de infracciones
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La propuesta del PNV mantiene 3 de las 4 infracciones muy graves, eliminando la sanción por manifestaciones frente infraestructuras en las que se presten servicios básicos para la comunidad, salvo en el supuesto en que la intrusión en las mismas produzca “una interferencia grave en su funcionamiento”, un término ambiguo que no es precisamente exculpador. De las infracciones graves, el PNV mantiene 7 de las tipificadas en la actual Ley Mordaza. En el caso de las multas por obstrucción a la autoridad, como son las protestas por desahucios, el PNV, por un lado, elimina de este supuesto la figura de las autoridades judiciales, pero, por otro lado, mantiene la figura de las autoridades administrativas, con lo que se podrían seguir sancionado las protestas por desahucios de vivienda municipal y autonómica que ahora son particularmente frecuentes. Además mantiene 10 de las 17 infracciones leves, lo cual resulta preocupante, entre ellas, la sanción por falta de respeto a agentes de las FCSE, responsable de miles de multas infundadas desde que entró en vigor la actual ley. .
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En la proposición del PSOE se incrementan de 4 a 11 el número de infracciones muy graves y desaparece solo una infracción. En cuanto a las infracciones graves, el PSOE reproduce 11 de las infracciones existentes e introduce 7 nuevas en su mayoría relacionadas con el uso y gestión de establecimientos y locales. De las infracciones leves mantiene 6 e incorpora 5 nuevas infracciones además de numerosos conceptos jurídicos indeterminados, como la alteración seguridad colectiva, actividades con trascendencia para la seguridad, etc.
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Por último, otra cuestión que preocupa mucho es el Registro Central de Infracciones contra la seguridad ciudadana, o listas negras de infractores, que quedaría derogado por parte del PSOE, pero sin especificar qué pasará con los datos ya existentes en el registro, y que se mantiene vigente en el caso del PNV.
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El País

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