Las protestas multitudinarias tras las elecciones parlamentarias de diciembre y las presidenciales de marzo han perdido fuelle en Rusia y a la oposición al régimen le queda aún mucho trabajo por hacer si quiere convertirse en una alternativa estructurada al sistema dirigido por Vladímir Putin. Sin embargo, la relación entre las autoridades y la ciudadanía se está redefiniendo sobre unas nuevas bases. La situación se caracteriza hoy por su “carácter imprevisible”, como ha dicho en el presidente del Centro de Elaboraciones Estratégicas, Mijaíl Dmítriev, cuyos estudios sociológicos revelan un amplio descontento social, no limitado a las clases medias ni a las grandes ciudades.
En distintos ámbitos temáticos y en distintos puntos geográficos de Rusia, la sociedad reacciona (de una forma u otra, pero reacciona) ante los sucesos que percibe como abusos de poder, deficiencias de servicios o amenazas para libertades y derechos. Se trata de sucesos heterogéneos y dispersos que no pueden ser analizados conjuntamente, pero que muestran un nuevo nivel de sensibilidad ciudadana. He aquí tres de ellos:
El 9 de marzo en Kazán (la capital de la república de Tatarstán), un individuo de 53 años, fue detenido en supuesto estado de embriaguez y llevado a una comisaría. Al día siguiente, el detenido, Serguéi Nazárov, tuvo que ser ingresado en una clínica donde le fue diagnosticado un “desgarramiento del recto”. Nazárov falleció tras ser operado, pero antes pudo comunicar a sus parientes que había sido violado por los agentes de policía con una botella de champaña.
El resultado del escándalo ha sido la detención de cinco agentes y su expulsión del cuerpo. A Kazán acudió una brigada especial del ministerio del Interior de Moscú, la comisaría en cuestión ha sido disuelta y 87 funcionarios deberán pasar ante un tribunal examinador antes de volver a ejercer al servicio del orden público. Esta semana en Kazán, han sido detenidos dos agentes más, sospechosos de haber torturado a un técnico informático de 22 años, al que llamaron para arreglar los ordenadores policiales y al que obligaron a confesar un hurto no cometido.
El incidente sucede después tras la entrada en vigor de una cacareada reforma del sistema policial, una de las grandes iniciativas de la presidencia de Dmitri Medvédev. Para explicarlo se argumenta con la aparición de nuevos males (la degradación del sistema educativo) y la persistencia de antiguos, tales como los criterios de eficacia basados en las estadísticas de delincuentes capturados y delitos resueltos. Es decir, si un colectivo policial no sabe trabajar de forma profesional para capturar delincuentes auténticos y resolver delitos reales, puede experimentar la tentación de torturar a cualquier desgraciado para arrancarle una confesión y cumplir con las estadísticas. El escándalo de Kazán ha sido recogido con todo lujo de detalles en los medios de comunicación y algo más de un centenar de personas se manifestaron ante la sede del ministerio del Interior en Kazán portando botellas vacías de champaña y exigiendo el cese del jefe del ministro del Interior de Tatarstán. El 13 de abril, el ministro del Interior de Rusia, Rashid Nurgalíev tiene que comparecer ante la Duma Estatal (cámara baja del Parlamento) para explicar lo sucedido.
Un segundo caso hace referencia al canal de televisión NTV, que es propiedad del grupo de medios de comunicación de Gazprom, el monopolio de exportación de gas. El domingo pasado, cerca de mil personas se manifestaron en Moscú junto a los estudios centrales de NTV para protestar por la emisión de un “pseudodocumental” titulado “Anatomía de la Protesta” en el que se acusaba a los líderes de la oposición de ser prácticamente agentes a sueldo de EEUU. La policía detuvo a cerca de cien personas (liberadas después) y NTV respondió desafiante y volvió a pasar el “pseudodocumental” el domingo por la noche. Pero ni siquiera en una televisión tan dependiente como NTV, el Kremlin goza de la comodidad del pasado para difundir los productos propagandísticos realizados con la rancia estilística del Comité de Seguridad del Estado (KGB). La oposición ha exhortado a boicotear la cadena NTV y la presión social hace que todos tengan que reaccionar: los periodistas que trabajan profesionalmente en el canal, desmarcándose de la utilización propagandística del mismo; los grandes anunciantes (la multinacional de la limpieza Procter and Gamble), declarando que no quieren ser instrumentalizados en el problema y el director general del grupo de medios de Gazprom invocando la “libertad de expresión” para la risa de sus subordinados.
El tercer caso es una ley de carácter y ámbito local que entró en vigor el 17 de marzo en San Petersburgo. Según esta ley, la “propaganda de la homosexualidad y la pedofilia entre los menores” puede ser castigada con multas administrativas. La ley, que invoca los “derechos de la mayoría”, es confusa en sus definiciones y forma de aplicación y responde a una iniciativa del grupo parlamentario de Rusia Unida (RU) en el consistorio de la segunda ciudad del país. El documento ha sido criticado por Amnesty International, el Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales que la consideran contraria a los derechos de los homosexuales. Colectivos rusos de defensa de derechos de gays y lesbianas han anunciado protestas, pero los responsables de la iniciativa siguen en sus trece, con el apoyo de los sectores clericales de la Iglesia Ortodoxa Rusa, y esperan que la Duma Estatal apruebe una ley semejante a escala de todo el Estado.
Y así podríamos seguir con otros ejemplos que indican el fin del letargo invernal en Rusia.