Mariano Rajoy ha presentado, finalmente, un avance de su programa. Las propuestas del PP llegan después de varias semanas en las que su principal oponente desgranaba iniciativas públicas y evidenciaba con ello la supuesta falta de detalle y concreción electoral. Rubalcaba ha intentado aprovechar estas semanas para presentar a un Rajoy calculador y poco fiable por impreciso, vacilante y ocultador. Pero ahora llega el momento de comparar.
Lamentablemente, los programas electorales deberían ser un contrato democrático entre los representantes y sus electores y ocupar un papel realmente central en la campaña electoral, pero no siempre es así. Lejos queda la máxima de Julio Anguita, ex líder de Izquierda Unida, con el lema reiterativo “Programa, programa, programa”, con el que respondía automáticamente -como un mantra- cuando se le preguntaba por su política de alianzas o sus propuestas parlamentarias. Ya nadie exhibe sus programas como el argumento definitivo. Los intangibles de seguridad, confianza y capacidad ocupan, cada vez más, el elemento central en el momento de confiar y otorgar el voto a uno u otro candidato. Paradójicamente, no se vota por lo que se promete, sino por aquello en lo que se confía. Y también para cambiar gobiernos, más que para ponerlos.
Los programas electorales deberían ser la hoja de ruta de los gobiernos, pero sus propuestas no obligan suficientemente. Y su incumplimiento no tiene la penalización electoral que debería. Las fuerzas políticas arguyen que sus programas no siempre se pueden ejecutar por falta de apoyos parlamentarios o por la falta de recursos. Y los ciudadanos sienten, cada vez más, que sus promesas no son compromisos, aunque escritos queden.
Por ello es muy relevante que cada vez más, tengamos la oportunidad de evaluar el cumplimiento de esas promesas electorales y exigir una transparencia innegociable en la gestión de los compromisos. Transparencia Internacional España, por ejemplo, ha elaborado un “Decálogo de transparencia e integridad”, en el cual se recoge un conjunto de principios y medidas que se consideran necesarias para que llegue a evidenciarse el nivel de transparencia e integridad en las instituciones públicas y en sus cargos de gobierno que demanda la sociedad española.
Mientras llega la inexcusable rendición de cuentas, los ciudadanos disponemos cada vez más de capacidad para contrastar y evaluar los compromisos políticos. Un buen ejemplo es el Obamameter, que muestra en un gráfico el índice de promesas cumplidas por la administración de Barack Obama; o el GOP Pledge-O-Meter, que mide lo mismo en relación a los representantes republicanos del Congreso estadounidense. También existen webs evaluadoras de promesas en Florida o Wisconsin, para controlar si sus congresistas, cuando están en Washington, cumplen lo que prometen durante la campaña.
En todo el mundo, estas iniciativas son una respuesta cívico-democrática de “política vigilada” frente a la inacción o la falta de reacción de la política formal a las demandas de transparencia y rendición de cuentas. Ésta todavía piensa en el examen de final de curso (elecciones) y lo nuevo es el paso a una evaluación continua (democracia vigilante). Quizás así, los programas electorales –y su cumplimiento y evaluación- recuperen el espacio central en la decisión de voto.
