Hay consenso, aunque parezca mentira. En casi todo hay disenso, menos en un punto minúsculo, pero trascendental, porque puede ser el de partida. Parece que hay acuerdo en que se ha roto el consenso y que nada se podrá hacer si no conseguimos recuperarlo, por pequeño que sea. Este consenso minúsculo señala una dirección. En vez de seguir peleándonos sobre quién empezó, si fue Aznar o fue Maragall, si es deslealtad de unos o de otros, culpa de Rajoy o de Mas, vamos a empezar a mirar hacia adelante.
Crece la idea de que hay que reformar la Constitución, un territorio precisamente nada fácil para el consenso. Los que quisieran recentralizar España, limitar el autogobierno catalán y terminar con la inmersión lingüística seguro que también quieren reformar la Constitución, pero en sentido contrario al consenso. Lo mismo sucede con quienes sitúan la celebración de una consulta de autodeterminación como paso obligado y punto de partida, hasta el punto de que solo quieren dialogar y pactar cómo realizarla.
Fijémonos que ambos, quienes quieren recentralizar y quienes quieren irse, tienen algo en común. Ambos utilizan la Constitución en contra del consenso. Pedir la aplicación del artículo 150.2, que permite transferir al Gobierno catalán la competencia para la celebración de una consulta sobre la independencia de la Cataluña, es utilizar la Constitución española como instrumento que conduzca a salirse del amparo de la Constitución española, es decir, a destruirla. Utilizar el artículo 155 para suspender la autonomía catalana es también otra forma de utilizar la Constitución en contra de la Constitución, puesto que el derecho a la autonomía viene reconocido y garantizado nada menos que en el artículo 2, que es el que invoca la unidad de España.