Cuando María Seguí, directora
de la DGT, promovió la reforma del Reglamento General de Circulación no se
imaginaba que la imposición del casco obligatorio para bicicletas en ciudad iba a ser la medida más
contestada. Lo ha constatado en la Comisión de Movilidad del Congreso, celebrada el 28 de mayo, ante la que presentaba su propuesta normativa. Aunque
varios temas del Reglamento han sido mencionados (multas recaudatorias,
aumento de la velocidad máxima a 130 km/h, connivencia con las empresas
automovilísticas o de infraestructuras como carreteras de peaje), la obligación
de usar casco cuando se circula en bicicleta en ciudad ha formado parte de la ponencia de todos los grupos parlamentaros que han mostrado su rechazo a la medida. Incluso
el grupo popular, de su propio partido, no ha hecho una defensa a ultranza. “Invitamos a la discusión y a la búsqueda de acuerdo”, decía su
representante. La conclusión ha sido la de abrir una ponencia específica para
debatir sobre el acierto de obligar a usar el casco en ciudad; legislación inaudita en Europa. No sobre la efectividad del casco y su promoción, sino
de los beneficios y perjuicios que generaría la obligatoriedad.