Representan algo más del 12% de la población: 3,4 millones de inmigrantes laborales y 1,1 millones de jubilados europeos que, principalmente, residen la costa mediterránea, las islas y Madrid. La mayor parte de las personas inmigradas proviene de Iberoamérica (36%), de otros países miembros de la Unión Europea (35%) y del norte de África (15%). España, tradicionalmente un país emisor de emigrantes, ha pasado a ser en las últimas décadas el segundo país de la OCDE en inmigración en términos absolutos (por detrás de Estados Unidos) y el primero en términos relativos. No es de extrañar, pues, que el fenómeno de la inmigración haya adquirido en este tiempo una presencia en los debates públicos (y privados) inédita en nuestro país.
Antes de la crisis, los estudios han mostrado que España ha sido uno de los países europeos con una mayor tolerancia hacia las minorías étnicas, solamente por detrás de Suecia y Finlandia. En este tiempo ha destacado, además, por ser el país europeo con un mayor porcentaje de población pasivamente tolerante y por tener el menor porcentaje de población intolerante con la población inmigrada. Los técnicos solemos dividir las actitudes ante la inmigración en una escala con cuatro categorías (activamente tolerante, pasivamente tolerante, ambivalente e intolerante) que va desde facilitar al máximo la inmigración a prohibirla sin excepciones.
Aún en el contexto económico actual sigue, como en las décadas precedentes, prevaleciendo la actitud pasivamente tolerante ante las personas de origen extranjero pero se observa un cierto aumento de las actitudes ambivalentes, especialmente en lo que se refiere a su asimilación cultural. Así, una amplia mayoría de los españoles (71%) cree que los inmigrantes «deben tener los mismos derechos que los españoles», pero solo un 4% piensa que «tienen derecho a conservar íntegramente su cultura y sus costumbres, sean las que sean». La mitad de los españoles (50%) está de acuerdo con que los inmigrantes «conserven aquellas costumbres que no vayan contra nuestras leyes y que sean compatibles con nuestra cultura», mientras que casi la otra mitad (46%) cree que los inmigrantes «deberían tratar de integrarse y adaptarse lo más posible a la cultura y costumbres españolas».
Además, algo más de la mitad (59%) cree que es mejor para un país «que casi todo el mundo comparta las mismas costumbres y tradiciones», mientras que un 38% se muestra en desacuerdo, especialmente entre los jóvenes de 18 a 34 años (46%) y las personas con estudios superiores (47%).
Edad y estudios parecen ser factores especialmente relevantes en la conformación de estas actitudes. A mayor edad y a menor nivel de estudios, más frecuente es la opinión de que los inmigrantes deberían abandonar sus costumbres e integrarse lo más posible a las costumbres españolas: el 60% de las personas con más de 54 años y el 61% de las personas sin estudios son favorables a la total asimilación a las costumbres españolas; estos porcentajes son claramente más bajos entre las personas de edades medias (35 a 54 años: 42%) y especialmente entre los jóvenes de 18 a 34 años (36%), así como entre las personas con estudios superiores (34%). La proporción de los que están a favor de una equiparación de los derechos entre españoles e inmigrantes aumenta entre las personas con estudios superiores (80%) y entre los residentes de las comunidades autónomas de Madrid (78%), Galicia y Extremadura (75%).
También existen diferencias entre los votantes de los principales partidos políticos respecto a esta cuestión. Las actitudes pasivamente tolerantes con las costumbres de las personas inmigradas son más frecuentes entre los votantes de IU (75%), seguidos por los votantes del PSOE (57%). Por otro lado, la mayoría de los votantes del PP (56%) cree que los inmigrantes deberían tratar de integrarse lo más posible a las costumbres españolas.
Datos del Pulso de España 2010, basados en 5.000 entrevistas telefónicas asistidas por ordenador (CATI) mediante cuestionario estructurado y precodificado realizadas por Metroscopia. En la hipótesis más desfavorable de máxima indeterminación (p=q=50%), el margen de error que corresponde al total de la muestra es de +1.4 %, asumiendo los criterios y principios del muestreo aleatorio simple, bajo el supuesto de máxima ineficiencia muestral con una distribución territorial no proporcional. La presentación del libro "Pulso de España 2011" tendrá lugar mañana, 11 de mayo de 2010, en la Fundación Ortega-Marañón.
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