Situación de estancamiento

Estamos peor que antes pero vamos a mejorar. Esto es lo que los españoles opinamos acerca de nuestras condiciones de vida. Venimos a decir que nos encontramos en una situación de estancamiento: hace cinco años nuestras condiciones posibles de vida eran sustancialmente mejores que las de ahora, pero creemos que dentro de cinco años serán mejores que las actuales, aunque sin llegar a ser tan buenas como hace un lustro.

Los españoles nos situamos ahora, en promedio, en un 5.6 (dentro de una escala de 0 a 10, en la que el 0 representa las peores condiciones de vida posibles y el 10 las mejores posibles) y consideramos que hace cinco años —es decir, en el 2006, año en el que la situación económica de España no preocupaba y la única crisis, quizá, fuera la de los fumadores al entrar en vigor la primera “Ley antitabaco”—  nos colocábamos en el 7.3. Una caída de casi dos puntos en cinco años. Ahora bien, aun en momentos tan críticos como los actuales, los ciudadanos tiramos de optimismo y nos vemos dentro de cinco años en el 6.1: mejor que ahora aunque sin llegar a los niveles de 2006.

La situación actual de estancamiento difiere de la que estaba presente en la sociedad española tanto a finales de la década de los 60 como a comienzos de los años 80 del siglo pasado.

En el año 1967 —en pleno período del denominado desarrollismo durante la dictadura de Franco—, los españoles sentíamos que nuestras condiciones de vida se encontraban, en ese momento, en plena evolución ascendente: veníamos de una situación peor cinco años antes (4.6 frente al 5.7 en el que nos ubicábamos en ese momento) y preveíamos que cinco años después íbamos a estar mejor (en el 6.8).

En 1981, los españoles nos situábamos, en promedio, en el 6.6: el mismo punto en el que entendíamos que estábamos cinco años atrás —es decir, en 1976, al poco de iniciarse la transición a la democracia— y 1.1 punto por debajo de donde nos esperábamos hallar un lustro después.

La gran diferencia entre estas tres fechas es, sobre todo, el actual menor optimismo con vistas al futuro cercano: tanto en 1967 como en 1981 la sociedad española pensaba que iba a estar sustancialmente mejor que en el pasado. Los españoles en 2011 confiamos en prosperar, pero parecemos resignados a afirmar que cualquier tiempo pasado fue mejor.

El referéndum que no fue

Hubiese sido el quinto, desde 1976. Zapatero encontró acuerdo en la bancada popular y, por vía de urgencia y sin referéndum, se realizó la primera modificación de calado de la Constitución desde 1978. “Es una regla para garantizar la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo”, explicó. PP y PSOE suman el 92% de los escaños —más de los tres quintos de la cámara precisos para aprobar una reforma de la Carta Magna—.

Pero este cambio a contrarreloj no ha gustado a buena parte de sus electorados: el 77% de los votantes socialistas y el 58% de los populares creen que se debería haber negociado la reforma con el resto de partidos con representación parlamentaria. Es más, dos de cada tres españoles hubiera preferido ser llamado a referéndum. Y como los anteriores, de haberse celebrado, habría sido aprobado por la mayoría: el 62% asegura que ese hubiera sido el sentido de su voto. No ha de extrañar demasiado este resultado, especialmente si tenemos en cuenta que se trata de una reforma apoyada por las dos principales formaciones políticas, que aglutinarán cerca del 75% de los electores en los próximos comicios. Solo un 24% hubiese votado en contra, porcentaje similar a quienes votarán por otras opciones el 20-N.

No agradan a los ciudadanos los cambios en las reglas del funcionamiento del Estado sin diálogo y sin negociación — una amplia mayoría (82%) dice añorar aquel espíritu de consenso que hizo posible la Transición y cree que los partidos suelen pensar exclusivamente en términos partidistas—, pero esos cambios suelen aceptarse si es el partido al que confían su voto quien los promueve.

The Big "C"

Un 58% de los españoles cree que dentro de 10 años no se habrá logrado encontrar todavía una cura contra el cáncer. Es uno de los resultados obtenidos en el recientemente publicado OncoBarómetro 2010, un estudio que trata de conocer las percepciones y actitudes de la población ante la enfermedad del cáncer. Una opinión pesimista que contrasta con la que manifestaban los españoles hace cuatro décadas: en un estudio que el Instituto de Opinión Pública (predecesor del actual CIS) llevó a cabo en 1967, ocho de cada diez ciudadanos (78%) pensaban que en el año 2000 el conocimiento científico haría posible la cura de enfermedades peligrosas como el cáncer.

Es probable que ese mayor optimismo que mostraban los ciudadanos de finales de los sesenta tenga que ver, en alguna medida, con el mayor atractivo que entonces tenía una fecha tan cargada de simbolismos como el año 2000 entre la población en comparación con la que ahora puede tener entre nosotros un año tan “rutinario” como el año 2020: el 2000 era considerado posiblemente como el paradigma de un futuro aun lejano y sobre-embellecido en el que todo parecía posible (como curiosidad, un año después, en 1968, se estrenó “2001: una odisea en el espacio”, una de las películas de referencia dentro del género de la ciencia ficción). Es indudable también que desde 1967 se ha avanzado mucho en la lucha contra el cáncer si bien la percepción actual de la práctica totalidad de la población (97%) es que esta enfermedad sigue suponiendo un problema grave en nuestra sociedad. De hecho, es la dolencia o situación que más temor produce entre los españoles (37%) situándose por encima de otras enfermedades como las degenerativas (29%), mentales (9%), el SIDA (7%), los accidentes de coche (6%) o los infartos (5%). Los llamativos avances en los últimos decenios en la prevención y tratamiento de las enfermedades coronarias puede sin duda explicar esta reducción del miedo a esta última afección. En todo caso, tanto antes (80%) como ahora (41%), son los españoles más jóvenes (18 a 24 años) quienes se muestran más optimistas sobre una futura cura del cáncer.

El bipartidismo en España

En los comicios generales de 1993, las últimas que ganó Felipe González, la suma de votos lograda por el PSOE y el PP supuso el 73.5% del total de sufragios válidos emitidos: 8.1 puntos más que la alcanzada por los dos partidos en las legislativas previas de 1989. Desde aquel momento, el bipartidismo en España ha ido aumentado progresivamente elección tras elección: 76.4% en 1996 —las primeras que ganó en España el PP—, 78.7% en 2000 —cuando Aznar logró la mayoría absoluta—, 80.3% en el 2004 —primera victoria de Zapatero— y 83.8% en 2008 —la actual legislatura—.

Según la estimación de resultado electoral del último Barómetro de Clima Social de Metroscopia, si las elecciones convocadas para el próximo 20 de noviembre tuviesen lugar ahora, esta tendencia creciente quedaría interrumpida: la suma de los votos válidos obtenida por los dos partidos sería de 75.5%. Un porcentaje que situaría estas elecciones en el quinto puesto del ranking de bipartidismo registrado en unas elecciones generales llevadas a cabo desde la llegada de la democracia a nuestro país (por debajo de las cuatro últimas pero por encima de las seis primeras).

Disminuye el bipartidismo

Si las elecciones generales se celebrasen ahora, el PP y el PSOE sumarían entre los dos el 75.5% de los votos válidos emitidos, según el último Barómetro de Metroscopia, una cifra que se sitúa 8.3 por debajo de la que consiguieron socialistas y populares en los comicios de 2008: entre los dos partidos alcanzaron ese año un 83.8% del total. ¿Quién pierde esos votos y a dónde han ido a parar?

Los grandes beneficiados del descenso de ese sumatorio serían IU y UPyD. La formación que lidera Cayo Lara podría pasar del 3.8% que obtuvo en las legislativas de hace casi cuatro años en el conjunto de España a un 6.2%. La formación que preside Rosa Díez, por su parte, podría llegar casi a cuadriplicar su actual resultado: de 1.2% obtenido en 2008 pasaría a contar con el 4.4% de los votos válidos. Es probable que este aumento del porcentaje de voto obtenido por estas dos formaciones políticas se viera correspondido con un aumento de su número de diputados.

¿O sí?

Hay tipos de discriminación muy distintos. Desde una sutil mirada hasta una ley que distinga entre personas de ciertas creencias. Extranjeros, judíos, musulmanes, evangélicos… ¿Perciben los ciudadanos un trato desfavorable por razón de religión o de origen? La mayoría de los españoles no perciben que se discrimine, en general, a las minorías.

Pero no todos comparten esa mirada: seis de cada diez jóvenes creen desfavorable el trato que se da a los musulmanes en España y uno de cada dos jóvenes el que reciben los inmigrantes. Entre la población general también son estos los colectivos hacia los que se percibe más frecuentemente situaciones de discriminación, pero entre los jóvenes esta percepción se agudiza. Menor prejuicio es el que se observa hacia judíos y evangélicos, quizás por su menor visibilidad social.

El perfil de los inmigrantes musulmanes

El pasado 24 de agosto se hicieron públicos los resultados de la quinta oleada del Barómetro Anual sobre “La Comunidad Musulmana de origen inmigrante residente en España”. Este barómetro se inció en 2006 con un tamaño muestral de 2.000 entrevistas y lo realiza Metroscopia para los Ministerios de Interior, Justicia y Trabajo e Inmigración. El estudio pretende describir —dentro de las limitaciones metodológicas que más adelante se indican— cuál es la cultura cívica del colectivo de inmigrantes de religión musulmana residente en España. Es decir, cuáles son sus valores básicos, su visión del mundo, su percepción de nuestra sociedad y de su lugar en ella. Una síntesis sumaria del conjunto de opiniones, actitudes y valoraciones expresadas en esta encuesta por la comunidad inmigrante musulmana residente en España basado arroja los siguientes tres rasgos básicos: 

1. En primer lugar, una profunda religiosidad.

La religión constituye sin duda una primera seña de identidad de este colectivo. Los inmigrantes musulmanes consideran que la religión es muy importante en su vida y se declaran religiosos y practicantes de su religión en clara mayor proporción que los españoles de la suya (pero —conviene apuntarlo— en la misma medida en que estos lo hacían hace tres decenios). La identidad musulmana prevalece incluso sobre la propia identidad nacional para una clara mayoría.

Menos respeto a los que mandan

"Toda confianza es peligrosa si no es completa": la máxima de La Bruyère parece especialmente adecuada para aquellas instituciones y grupos sociales que se sitúan en el pelotón de cola de la escala de confianza ciudadana. Es el caso, entre otros, de políticos y partidos políticos, Gobierno, sindicatos, bancos y obispos. En ellos la ciudadanía dice confiar poco... o casi nada, lo cual les coloca en una posición ciertamente delicada. Cabrá decir que, en casi cualquier país, políticos y partidos suelen estar en los lugares últimos de este tipo de escalas, pero no con el plus de irritación que se observa ahora. Sin duda un ingrediente básico en la actual desconfianza ciudadana en políticos, Gobierno, entidades financieras y sindicatos es que, a pesar de sus diferentes estrategias, la situación económica no logra recuperarse. Según los datos del último clima social de Metroscopia, el 92% de los ciudadanos considera que la situación económica es mala y el 85% cree que no hay atisbos de mejoría. Este último es el registro más pesimista desde que empezó la crisis.

Se acostumbra a decir que la confianza cuesta mucho ganarla, pero poco perderla. Después de que buena parte de los ciudadanos creyera al Gobierno cuando habló de ralentización -y de que algunos defendieran esa opinión en sobremesas acaloradas-, la "contumaz ralentización" transformó la fe en descreimiento. Ahora, solo uno de cada cuatro aprueba su gestión. Y lo peor: en el momento actual es una de las instituciones que menos confianza inspiran.

También el recelo hacia políticos y partidos políticos ha alcanzado niveles alarmantes. Algo más de ocho de cada diez españoles tienen la impresión de que los partidos piensan solo en lo que les beneficia y que no tienen en cuenta a la gente. Además, muchos ponen en cuestión la forma en que ahora funciona nuestro sistema político: una amplia mayoría teme que la crisis esté erosionando la calidad de nuestra democracia (67%) y sospecha que quien realmente manda en el mundo no son ya los Estados, sino "los mercados" (79%). La ciudadanía quiere más transparencia, más honradez, más búsqueda del interés común. Y no son pocos -tres de cada cuatro- quienes añoran el abandonado espíritu de pacto y consenso de la Transición. La situación es grave. La clase política es percibida como un problema por sectores cada vez más amplios de nuestra sociedad, más que como una solución. Independientemente del resultado que arrojen las elecciones del próximo 20 de noviembre, los políticos deberán intentar revertir esta tendencia o pechar con sus consecuencias.

Los abogados ganan a los jueces

Lo que quizá resulte más llamativo del ranking de confianza ciudadana es que la mayoría de los grupos e instituciones sociales que aparecen ahora situados en la zona media de la tabla (con puntuaciones de 4,5 a 5,5) pertenezcan fundamentalmente al mundo de la justicia. De los 13 grupos o instituciones que conforman esta zona templada, siete forman parte o están relacionados en mayor o menor medida con él. Sin duda, la clara negativa puntuación que en conjunto merece la Administración de justicia (3,5) destiñe sobre la evaluación que merecen partes o elementos diferenciados de la misma o que en el imaginario colectivo quedan asociados a ella. Con todo, tres de estos grupos o instituciones logran superar el punto medio de la escala de confianza ciudadana: el Tribunal Constitucional, los abogados y los notarios.

El Tribunal Constitucional obtiene una puntuación media de 5,3, solo tres décimas por debajo de la que los ciudadanos otorgan a una figura tan reconocida como es el Rey. Los abogados, por su parte, son evaluados en conjunto de forma claramente positiva, que hace que estén situados en un confortable lugar intermedio de la clasificación con una puntuación media de 5,2, la misma que logran también los notarios (figura en cierto modo mixta: profesionales que ejercen una función gestionada por una dirección general del Ministerio de Justicia). Los abogados suponen quizá el caso más paradigmático de ambivalencia evaluativa, probablemente por el carácter mismo de su actividad, que requiere una confianza total en el propio abogado, que no es fácilmente extensible al abogado de la parte contraria. Por cierto, algo más de la mitad de los españoles ha utilizado alguna vez los servicios de un abogado, y, según los datos disponibles, a plena satisfacción.

Los médicos llegan a la cúspide

Hubo un tiempo -los dos primeros decenios de la actual democracia, recién salido el país de la dictadura- en que, en un entorno de básico recelo social respecto de las diversas instituciones políticas y sociales, el Rey era la figura claramente dominante en cuanto a confianza ciudadana. Esto constituía a la vez un buen y un mal síntoma respecto de la salud de nuestro sistema político. Por un lado indicaba el arraigo social que supo pronto ganarse una Corona de la que, al inicio, recelaron importantes sectores sociales; pero, al mismo tiempo, le atribuía casi en exclusiva la función de viga maestra sustentadora de todo nuestro entramado socioinstitucional. Con el gradual asentamiento de nuestra democracia, la ciudadanía ha sabido ir discerniendo entre la original oscuridad institucional la existencia de otros varios actores sociales con funciones cada vez más relevantes, sin por ello devaluar el papel del Rey. El resultado es que el firmamento que acoge a las que cabe considerar instituciones estelares se ha tornado llamativamente poblado y plural: ahora son 15 los grupos o entidades que concitan la máxima confianza ciudadana.

Resulta especialmente llamativa, por su novedad histórica, la presencia en este grupo de cabeza de grupos y entidades relacionados con el mundo del conocimiento: los científicos, los médicos, la Universidad, los intelectuales. En un país del que suele decirse -no sin razón- que padece un importante déficit de cultura científica, ¡qué lejana y ajena queda ahora, en cambio, la vieja disputa sobre la supuesta incapacidad genética de los españoles para la ciencia, que diera pie al exasperado "pues que inventen ellos" unamuniano! La España actual es muy diferente: quienes hoy la habitan atribuyen el más alto valor y credibilidad a la ciencia. Así, un 92% cree que los avances científicos han hecho posible que mejore cada vez más la calidad de vida de la humanidad; un 86% considera que las decisiones sobre cuestiones científicas o tecnológicas deben quedar exclusivamente en manos de los expertos e investigadores, y el 68% se declara convencido de que la mayor parte de los actuales problemas se acabarán resolviendo, antes o después, aplicando el conocimiento científico. El resultado, sin duda espectacular, es que científicos y médicos comparten, ex aequo y destacados del resto, el lugar más alto del podio.