Huelga general del 14N: prueba de fuego

La huelga general convocada por los sindicatos para el próximo 14 de noviembre supone una prueba de fuego para el Gobierno de Mariano Rajoy, sin duda, pero también para los sindicatos. Para el Ejecutivo porque se trata de un examen de su gestión política pocos días antes del primer aniversario de su rotunda victoria electoral y cuando todas las miradas, internas pero también externas, están puestas en su decisión de pedir o no un segundo rescate económico para España. Los sindicatos, por su parte, van a constatar hasta qué punto los trabajadores confían en las huelgas generales como instrumento de movilización y protesta contra las políticas de recortes y ajustes del Gobierno. Hay que tener en cuenta que se trata de la tercera movilización general auspiciada por UGT y Comisiones Obreras en los dos últimos años, tras la de septiembre de 2010 en contra de las medidas anticrisis adoptadas por el Ejecutivo del Presidente Zapatero y la de marzo de este mismo año en contra de la reforma laboral del actual Gobierno del PP. De hecho, es la primera vez en nuestra historia democrática reciente que se convocan dos jornadas de paro nacional en un mismo año. De momento, la partida parece estar en tablas. Un 40 % de los españoles con trabajo (que son quienes pueden optar por ir o no a la huelga) se muestran dispuestos a secundar el paro convocado para el 14 de noviembre: casi el doble que quienes a primeros de septiembre de 2010 se declaraban dispuestos a sumarse a la huelga del 29 de ese mes (eran el 22 %) y siete puntos más que quienes a comienzos de marzo de este año mostraban intención de participar en la convocada días después (33 %). No obstante, un 45 % afirma que, con seguridad, no secundará el llamamiento de los sindicatos, un porcentaje que, bien es cierto, es 10 puntos inferior al de quienes aseguraban lo mismo hace siete meses con respecto a la huelga del pasado 29 de marzo. La persistente crisis económica y los ajustes y medidas de austeridad llevados a cabo por el Gobierno de Rajoy para hacerle frente (y los que la ciudadanía piensa que hará en un futuro no muy lejano, sobre todo si finalmente el Gobierno español vuelve a pedir ayuda económica a Europa) son un estupendo caldo de cultivo para que crezca el apoyo a la huelga general. De hecho, la mayoría de los españoles (62 %) cree que la movilización prevista para el próximo mes está justificada y un 47 % considera, además, que es oportuna: ambos porcentajes son los más elevados registrados en las tres últimas convocatorias de paro. Con todo, la mitad de los españoles piensa que una huelga general en estos momentos no es oportuna —49 %—,  tal y como ya ocurriera en las dos ocasiones anteriores. En este estado de cosas, uno de cada dos españoles (48 %) tiene la impresión de que esta próxima huelga general tendrá éxito, es decir, que será seguida por la gran mayoría de los trabajadores, frente a un 44 % que cree que no será así. Entre los principales protagonistas, los trabajadores, las opiniones están mucho más divididas: un 45 % cree que será un éxito frente a un 47 % que opina que será un fracaso. El 14 de noviembre supondrá, así, una reválida para el Gobierno y los sindicatos en un momento en el que ni uno ni otros cuentan con la confianza de la mayoría de los ciudadanos. Si la huelga general no es apoyada masivamente por los trabajadores cuando nuestro país se halla en el peor momento económico de los últimos decenios, los sindicatos y su capacidad de representación quedarán tocados y el Ejecutivo tendrá argumentos para defender y mantener su actual gestión política. Si, por el contrario, el paro es secundado masivamente, será un claro toque de atención al Gobierno y un serio aviso de cara a posibles nuevas medidas de austeridad que pretenda presentar. El 14N los dos se juegan mucho.

Artículo publicado en la edición impresa de EL PAÍS el domingo 28 de octubre de 2012.

Foto de gaelx

Prostitutas en Manhattan y españolizar Cataluña

En 1905, y recién desembarcado en Nueva York, el arzobispo de Canterbury y primado de la Iglesia anglicana declaró a los periodistas que le recibieron que el propósito de su visita —todo un acontecimiento histórico— era estrechar vínculos entre la Iglesia de Inglaterra y las diferentes confesiones evangélicas del Nuevo Mundo. En el posterior turno de preguntas, un periodista le pidió su opinión sobre la gran cantidad de prostíbulos existente entonces en Manhattan, y el arzobispo, tratando de eludir el tema, respondió: “¿Hay muchas prostitutas en Manhattan?”. Al día siguiente, un diario publicó a toda página: “Primera pregunta del Arzobispo de Canterbury al llegar a Nueva York: ¿Hay prostitutas en Manhattan?”. La historieta —de veracidad dudosa en algunos de sus puntos— suele utilizarse en las escuelas de periodismo para ejemplificar la forma en que palabras colaterales pero impactantes y de ambigua interpretación pueden imprevistamente desviar el foco informativo de lo que en principio debía ser el principal hecho noticiable. Regalar al hablar —y ya sea consciente o inadvertidamente— un titular es el modo más seguro de robarle protagonismo mediático a lo que realmente se pretende transmitir.

Y, sin duda, algo muy parecido a esto es lo que ha ocurrido hace unos días en la sesión parlamentaria en que el Ministro Wert indicó su propósito de españolizar a los escolares catalanes. Inmediatamente aclaró lo que pretendía decir exactamente con esa polisémica expresión: fomentar que en Cataluña los escolares lleguen a sentirse, a la vez, catalanes y españoles. Pero para entonces, el revuelo armado por sus primeras palabras (toda una perla como titular) había hecho ya estrepitosamente inaudibles las explicaciones que vinieron después y que constituían, de hecho, el verdadero mensaje que trataba de expresar.

Por encima de su primer y más inmediato carácter anecdótico, este suceso sugiere un par de reflexiones. En primer lugar, cabe preguntarse hasta cuándo podrá soportar nuestra democracia la ramplonería (por no decir inanidad) dialéctica de nuestra clase política. Remolinos de descalificaciones, de exabruptos y de insultos, acompañados de gratuitos —y siempre fascistoides— juicios de intenciones, como los originados ahora por las palabras del Ministro Wert, constituyen, en realidad, la mezquina moneda corriente de nuestra vida parlamentaria a todo lo largo del arco ideológico. No se producen verdaderos debates que logren prender el interés ciudadano porque nadie parece dispuesto a entender sincera, respetuosa y honestamente lo que el adversario dice para tratar así de contrargumentarle con fundamento y de paso elevar, dignificándolo, el tono del debate público. Una auténtica desgracia que debe remediarse cuanto antes, pues remedio tiene. Como pedía en estas páginas hace unos días José María Izquierdo, por el bien de nuestra democracia debemos estar, a la vez, a favor de los políticos y a favor de que cambien: pero eso sí, mucho y ya.

La segunda cuestión es aún más preocupante: ¿cómo es posible que nuestros políticos conozcan tan mal lo que realmente piensan y sienten aquellos a quienes representan? Todos ellos propenden a presentarse como la voz del pueblo —y, en ocasiones, de todo el pueblo—, pero con excesiva frecuencia los sondeos (en definitiva, el único instrumento que, pese a sus posibles deficiencias, logra captar de forma razonablemente fiable el sentir ciudadano) dejan patente lo errado de esa pretensión. En el caso concreto del fomento, o no, en los centros educativos catalanes de las identidades nacionales compartidas, los datos del sondeo de Metroscopia que acompañan estas líneas resultan tan rotundamente claros que de un plumazo aventan tanta palabrería hueca como al respecto se ha podido oír en estos días. El 72% de la ciudadanía catalana está de acuerdo con que en sus colegios “se trate de enseñar a los escolares a sentirse, a la vez, catalanes y españoles, es decir, a sentirse tan orgullosos de ser catalanes como españoles”. Y lo especialmente llamativo es que esta propuesta de fomentar en las nuevas generaciones sentimientos identitarios incluyentes merece el acuerdo del 69% de los votantes de CiU, del 79% de los del PSC, del 97% de los del PPC y del 57% de los de ICV. Solamente entre los votantes de ERC las opiniones al respecto se dividen (de hecho, son incluso algunos más —47%— quienes están de acuerdo que quienes se muestran en desacuerdo —43%—). En el fondo, estos datos no deben extrañar de una ciudadanía en la que tan solo una minoría (entre el 19% y el 25%, dependiendo del momento y del sondeo) expresa un sentimiento identitario nacionalista (español o catalán) exclusivo y excluyente y en la que el sentido común y la capacidad de convivencia siguen constituyendo rasgos esenciales de su ADN cívico colectivo.

Fuente: Sondeo de Metroscopia, efectuado a una muestra de 1.500 personas mayores de 18 años residentes en Cataluña. Margen de error para datos globales en el supuesto de máxima indeterminación ± 2.6 puntos. Trabajo de campo realizado los días 16 y 17 de octubre.
El amplio tamaño de la muestra consultada ha permitido tomar en consideración la posible influencia en las respuestas de distintos matices semánticos en la formulación de la pregunta. Así, a la mitad de los entrevistados se les ha mencionado en primer lugar el gentilicio ‘catalanes’ y a la otra mitad el gentilicio ‘españoles’; y a la mitad se les omitió la segunda parte de la pregunta, que hace referencia al sentimiento de orgullo identitario. Las cifras que recoge el cuadro corresponden a los promedios resultantes, dado que las diferencias en las respuestas utilizando unas u otras formulaciones fueron mínimas y, por tanto, estadísticamente irrelevantes.

El segundo rescate

La opinión publica española no andaba desencaminada cuando una semana antes de que el Gobierno de Rajoy solicitara el primer rescate económico de España a la Unión Europea el pasado 9 de junio —la denominada por el Eurogrupo “ayuda financiera concedida para la recapitalización de las instituciones financieras”— un 64 % de los ciudadanos ya daba prácticamente por seguro que nuestro país iba a terminar necesitándolo de manera más o menos inmediata. La ayuda, no por esperada era deseada: la mayoría (53 %) pensaba, en aquellos momentos, que el Ejecutivo no debería solicitarla con carácter de urgencia porque suponía una intervención que iba a resultar negativa para el futuro de nuestro país. Ahora, cuatro meses después y cuando encima de la mesa está la posibilidad de que el Gobierno de Rajoy recurra a un segundo rescate, las opiniones de los españoles se mantienen prácticamente invariables. Por un lado, la mayoría sigue pensado —ahora de manera más extendida: 67 %, cinco puntos más que en junio—  que España no podrá salir adelante por sí sola, por lo que antes o después tendrá que volver a solicitar ayuda económica a Europa. Y, por otro lado, la mayoría se vuelve a mostrar reacia a que el Gobierno pida de manera inminente este segundo rescate: un 24 % porque cree que España está en condiciones de hacer frente a la crisis sin más ayuda externa y un 31 % porque considera que es mejor seguir esperando por si la situación económica mejora y ya no fuera necesaria esa ayuda. No obstante, la imagen que transmitía a la ciudadanía el Gobierno de Mariano Rajoy en junio no es la misma que ahora. Antes del primer rescate, tres de cada cuatro ciudadanos y uno de cada dos  votantes del PP (73 % y 50 % respectivamente) pensaban que el Ejecutivo lejos de tener una posición clara y definida sobre el tema, iba improvisando sobre la marcha. Ahora, quienes consideran que su actitud es pura indecisión porque no sabe que hacer son un 48 % (25 puntos menos que hace cuatro meses) y quienes, por el contrario, piensan que la decisión de Rajoy de no solicitar todavía el rescate obedece a un plan del Presidente suponen un 43 % (20 puntos más). Y lo que es más importante para Rajoy, durante este tiempo, ha logrado convencer a gran parte de sus electores de que sabe hacia dónde va y lo que quiere: la mayoría (55 %) piensa ya que la espera para pedir el rescate, o su negativa a hacerlo, es una decisión consciente del líder de los populares. Sin duda, el hecho de que Rajoy haya sido capaz de mejorar su imagen en ese sentido, en un momento en el que ya no solo los ciudadanos, sino también los expertos manifiestan su falta de acuerdo sobre qué es lo mejor que España puede hacer para salir cuanto antes de la crisis, supone una buena noticia para el Presidente. Solo cabe esperar por el bien de todos que su decisión sea la correcta.

Fuente: Sondeo de Metroscopia para EL PAÍS mediante entrevistas telefónicas a una  muestra representativa de la población nacional mayor de 18 años, completándose 600 entrevistas. Margen de error para datos globales: +4.1 puntos. Trabajo de campo: el 11 de octubre de 2012. Los datos de abril 2012 proceden del Banco de Datos de Metroscopia.

Artículo publicado en la edición impresa de EL PAÍS el domingo 14 de octubre de 2012.

*Cuadro El rescate, Emile Munier

 

Regeneración democrática: algunas propuestas ciudadanas

Hace unos días, tras hacerse público el Barómetro del CIS en que la clase política vuelve a aparecer como el tercer problema que más preocupa a los españoles, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que había encargado al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales un estudio sobre cómo regenerar nuestra democracia. No es este un tema sobre el que estemos por completo a oscuras. Al margen de lo que los expertos puedan ahora acabar proponiendo, la ciudadanía lleva ya largo tiempo expresando con claridad, sondeo tras sondeo, su diagnóstico sobre nuestro actual sistema político y dejando claro lo que al respecto desearía que se hiciera. Y lo que pide no es precisamente la luna. Para empezar, los españoles demandan —y de forma masiva— que nuestra cultura política vuelta a estar impregnada de los valores de respeto, diálogo, capacidad de comprensión mutua, transacción y  pacto que caracterizaron a nuestra transición a la democracia —período este, por cierto, que ahora añoran incluso quienes, por edad, solo lo conocen de oídas—. Demanda que, no hace falta resaltarlo, es sistemáticamente desoída por todos los actores políticos (con la única excepción, si acaso, del Rey que periódicamente la recoge y expresa con el lamentable escaso éxito que cabe constatar). En segundo lugar los ciudadanos reclaman que el respeto a la Constitución no se entienda y practique a modo de enfermizo fetichismo que lleve a considerar intangible cuanto esta dice y contiene (salvo, por cierto, cuando su reforma nos viene perentoriamente exigida desde fuera, en cuyo caso lo que se decía complicadísimo resulta ser, de pronto, factible y de forma fulminante: modo este de proceder, por cierto, que nuestra ciudadanía aún no ha perdonado a la clase política, como muestran los datos disponibles). Y en tercer lugar, lo que se reclama es que el sistema político sea menos autista, menos cerrado sobre sí mismo y se haga más abierto y poroso al mundo exterior. La hondura y persistencia de todas estas demandas está abundantemente documentada en multitud de estudios (y en todo caso, y si se me permite citar uno muy reciente y especialmente detallado, en el Pulso de España aparecido el pasado mes de junio). No cabe pues alegar ignorancia o sorpresa al respeto: estamos ante un auténtico clamor.

Los datos del sondeo que Metroscopia acaba de realizar para este periódico y que acompañan a estas líneas vienen una vez más a confirmar, de forma clara e inequívoca,  el amplio anhelo ciudadano de contar con un entramado político-institucional más transparente, cercano y flexible, que posibilite una mayor participación y se adecue mejor a la realidad social actual. Así, ahora igual que hace seis meses, una masiva mayoría de los españoles se muestra partidaria de establecer un sistema de listas abiertas (de modo que los votantes puedan reordenar los candidatos o tachar alguno de los que les son propuestos por los partidos), de impedir la perpetuación de dirigentes a la cabeza de las maquinarias partidistas, de reformar la ley electoral de modo que la distribución de escaños sea lo más proporcional posible al total de votos conseguidos por cada formación, y de que la selección de candidatos se lleve siempre a cabo mediante elecciones primarias abiertas. Y además seis de cada diez españoles desean que, de una vez, el Senado se constituya y actúe como cámara de representación de las Comunidades Autónomas, tal y como establece —hasta ahora en vano— el artículo 69 de la vigente Constitución. Propuestas todas ellas en modo alguno utópicas o de imposible consideración, pero que hasta ahora han ido cayendo en saco roto. ¿Cómo puede extrañar entonces que la ciudadanía tenga cada vez más la sensación de lo que dice y piensa no merece la atención de quienes son sus representantes?

Fuente: Sondeo de Metroscopia para EL PAÍS mediante entrevistas telefónicas a una  muestra representativa de la población nacional mayor de 18 años, completándose 600 entrevistas. Margen de error para datos globales: +4.1 puntos. Trabajo de campo: el 11 de octubre de 2012. Los datos de abril 2012 proceden del Banco de Datos de Metroscopia.

Artículo publicado en la edición impresa de EL PAÍS el domingo 14 de noviembre de 2012.

Foto de Arnaldo Gutiérrez

¿Pasa factura electoral la corrupción?

Después de 17 años gobernando en la Comunidad Valenciana —13 de ellos en solitario gracias a cuatro victorias consecutivas por mayoría absoluta—, el PPCV se alejaría de la presidencia del Consell según la estimación electoral de Metroscopia más probable para el caso de que unas elecciones autonómicas tuvieran lugar de manera inminente: volvería a ganar pero por una mayoría simple que abriría la puerta a posibles pactos postelectorales que dejaran a los populares al margen. En este momento, ni siquiera con el apoyo de UPyD —el partido ideológicamente más cercano a los populares y que, por primera vez, podría entrar en el Parlamento valenciano— sumarían los 50 escaños que conforman la mayoría absoluta. El principal motivo por el cual los populares han perdido un sustancial apoyo electoral en tan solo un año y medio —tiempo que va desde que se celebraron los últimos comicios en la región, en los que el PP ganó por mayoría absoluta, hasta ahora— se encuentra, directa e indirectamente, en la crisis económica. De manera directa, porque es al Gobierno de la Comunidad a quien se le achaca, por ser suya la responsabilidad de una buena gestión, la mala situación de la economía regional (percibida así por una abrumadora mayoría de ciudadanos) y la involución que ha sufrido esta a lo largo de los últimos cuatro años. De manera indirecta, porque con el desarrollo y profundización de la crisis, la corrupción política ha emergido como un problema que afecta personalmente a los ciudadanos: de ser considerada algo que ensombrecía la imagen de la Comunidad Valenciana a ojos del resto de España pero que parecía no afectar a la economía personal —hace dos años, los valencianos situaban la corrupción política como el tercer problema que más afectaba a la Comunidad, aunque en los últimos puestos de los problemas que les afectaban directamente— a ser un problema tan importante como el paro (que, hasta este momento, era el gran reflejo directo de la crisis en la ciudadanía). En solo dos años se ha incrementado 10 puntos el porcentaje de valencianos que consideran que existe una gran corrupción económica en la política valenciana —ya son una mayoría: 53 %—. Y el mayor incremento de esta opinión se ha producido entre los votantes populares: de un 14 % que lo pensaba en 2010 a un 33 % ahora. Dos años en los que los diferentes casos de corrupción en la región que han inundado las noticias parecían no pasar factura a sus responsables. Pero como ya advertía Ignacio Sánchez-Cuenca en un artículo publicado en EL PAÍS (“¿Se paga la corrupción?” Publicado el 16/04/2010), los efectos electorales de la corrupción no suelen ser instantáneos, sino que actúan como un óxido que corroe lentamente la confianza en los partidos. La crisis económica ha hecho de catalizador que ha acelerado ese desgaste y que puede apartar del poder a los populares dos décadas después de haber accedido al poder en la Comunidad Valenciana.

En twitter @JPFerrandiz

Foto de elNico

Comunidad Valenciana: el PP perdería la mayoría absoluta

De celebrarse ahora unas nuevas elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana el PP volvería a ganarlas pero sin una mayoría suficiente que le permitiera gobernar en solitario: obtendría un 34.2 % de los votos en el conjunto de la región y 42 diputados, es decir, 15.1 puntos y 13 escaños menos que en 2011 (la mayoría absoluta se sitúa en 50 diputados). Un pronunciado descenso que no va acompañado de un mejor resultado para los socialistas que —aunque en menor medida que los populares— también pierden gancho electoral con respecto a los últimos comicios: lograrían un 19.9 % de los votos y 25 diputados menos de los que ahora tiene (8.1 puntos y 8 diputados menos que en los últimos comicios).

Barómetro electoral: octubre 2012

La estimación de voto de los dos grandes partidos de ámbito nacional en el caso de que se celebrasen unas inmediatas elecciones generales sigue muy alejado de los resultados que consiguieron en los comicios celebrados el 20 de noviembre de 2011. El PP obtendría ahora un 29.9% de los votos, 14.7 puntos menos que en los últimos comicios (y su peor resultado en las 11 estimaciones electorales que se llevan realizadas desde entonces). El PSOE por su parte no consigue despertar de su letargo y acompaña a los populares en su caída: ahora lograría un 23.9% de los votos, 4.8 puntos menos que en 2011 (y casi un punto menos que hace un mes). La fidelidad de voto de los populares se mantiene prácticamente igual que hace un mes: solo un 51% de quienes votaron al PP hace casi un año, volverían a hacerlo ahora si hubiera elecciones. En el caso del PSOE, la capacidad de retentiva de su electorado es mucho menor (y seis puntos inferior a la registrada hace un mes) y únicamente un 41% de quienes votaron a los socialistas repetirían ahora su voto. Del abandono electoral que sufren populares y socialistas se siguen beneficiando las otras dos formaciones políticas minoritarias de ámbito nacional: Izquierda Unida obtendría un 12.6% de los votos, casi seis puntos más que en las elecciones de noviembre, y UPyD un 10.2 %, 5.5 puntos más que en 2011 y su mejor resultado estimado desde entonces. La coalición rojiverde liderada por Cayo Lara sigue siendo la que atrae un mayor porcentaje de votantes socialistas desencantados y el partido magenta de Rosa Díez es el partido-destino preferido por un porcentaje superior de votantes del PP.

El descontento ciudadano con el Gobierno es evidente: el saldo entre quienes tienen una impresión positiva y una negativa del actual Gobierno es ya de – 58 puntos, la amplia mayoría (73%, el porcentaje más elevado desde abril de este año) cree que no está sabiendo hacer frente a la crisis de forma adecuada y un 71% que va improvisando sobre la marcha. Las críticas van dirigidas a todos los miembros del Gabinete presidencial pero, de manera especial, contra el presidente del Gobierno. Por un lado, el saldo entre quienes aprueban y desaprueban la gestión de Mariano Rajoy es de -48, peor que el de cualquiera de sus Ministros (el Ministro peor valorado vuelve a ser el de Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, con un balance de -46). Además, un 84% dice tener poca o ninguna confianza en él (algo que comparte un 62% de sus votantes). Por otro lado, todos los Ministros cuentan con un saldo negativo pero con algunas apreciaciones interesantes que evidencian la clara sensibilidad de la opinión pública a los acontecimientos políticosociales: el balance del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, es el que más se deprecia en este último mes pasando de un saldo de -23 a uno de -37 (14 puntos de caída) probablemente por la actuación de la policía en las recientes manifestaciones celebradas en los alrededores del Congreso. Una actuación policial que la mayoría de los españoles (57%) considera que fue excesiva (un 32% que fue la adecuada y un 4% que insuficiente). Por otro lado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sainz de Santamaría reduce nueve puntos su saldo negativo y se sitúa como la mejor evaluada —o la menos negativamente evaluada— con un balance de -19. La vicepresidenta sale reforzada, probablemente, por ser quien da la cara en un momento de crisis como el actual —con un 95% de españoles que dice sentirse angustiado por la situación de la economía española— en el que los ciudadanos tienen necesidad de contar con un referente político que les explique qué está pasando y cómo están las cosas.

Con todo, el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, sigue sufriendo un mayor desgaste: el de estar en la oposición, como sostenía el político italiano Giulio Andreotti: el saldo entre quienes aprueban y desaprueban su labor es de -61 (el peor desde marzo de este año) y a un 90% le inspira poca o ninguna confianza. Entre sus votantes los datos no son halagüeños: un 64% desaprueba su gestión y un 77% confía poco o nada en él.

Así las cosas, un 86% califica la actual situación política de España con mala o muy mala, un porcentaje que solo se ha alcanzado una vez en los últimos casi 20 años (fue en junio de 2010 después de que Zapatero anunciara sus medidas para hacer frente a la crisis). El problema está en que hace dos años los ciudadanos achacaban mayoritariamente la responsabilidad de esa mala situación política a los líderes políticos (56%) y no tanto, o en menor medida, a la forma en que está organizada nuestra democracia (27%). Y ahora, sin embargo, ha aumentado 10 puntos — de un 13% a un 23%— el porcentaje de quienes creen que la culpa de la mala situación política debe ser compartida por los líderes políticos y por cómo está organizada nuestra democracia.  La mala imagen ciudadana que vienen arrastrando los pilotos (los líderes políticos) desde el inicio de la crisis económica, está empezando —con la profundización de esta— a contaminar y dañar la imagen del aparato que conducen (la forma en que está organizada nuestra democracia).

Ficha Técnica: encuesta efectuada mediante entrevistas telefónicas a una muestra nacional de personas mayores de 18 años. Se han completado 1.000 entrevistas, estratificadas por la intersección hábitat/Comunidad Autónoma y distribuidas de manera proporcional al total de la región,  con cuotas de sexo y edad aplicadas a la unidad última (persona entrevistada). Partiendo de los criterios del muestreo aleatorio simple, para un nivel de confianza del 95.5% (que es el habitualmente adoptado) y en la hipótesis más desfavorable de máxima indeterminación (p=q=50), el margen de error de los datos referidos al total de la muestra es de ± 3.2 puntos. La recogida de información y el tratamiento de la misma han sido llevados a cabo íntegramente en Metroscopia. Fecha de realización del trabajo de campo: 3 y 4 de octubre de 2012.

En twitter @JPFerrandiz

Fotografía: Election night crowd, Wellington, 1931. William Hall Raine. Photographic Archive, Alexander Turnbull Library.

Diágnóstico social: octubre 2012

LOS RECORTES Y SUS POSIBLES CONSECUENCIAS

Un 68% de españoles considera que los recortes que ha llevado a cabo el Gobierno no han dado ningún resultado ni parecen ir a darlo en un futuro cercano. Este porcentaje es diez puntos superior al que se registraba el pasado mes de abril (58%) y supera ya al del sondeo de octubre de 2011, inmediatamente anterior a las últimas elecciones generales. Se trata de una opinión que expresa incluso la mitad de los votantes del PP. El mínimo margen de confianza que sobre el carácter terapéutico de los recortes pudo existir hace seis meses (cuando la diferencia en los porcentajes de quienes confiaban en esta medida y quienes no era de 17 puntos —y no de 39, como ocurre ahora—) se ha desvanecido por completo. Al mismo tiempo, un masivo 83% considera que el Gobierno debería ahora combinar los recortes con inversiones en sectores productivos para reactivar la economía. Y resulta especialmente destacable que, en estos momentos, en plena crisis, sean más los españoles que prefieren una subida de impuestos que permita mantener las actuales prestaciones del Estado a un recorte de estas que evite un incremento de la presión impositiva (47% frente a 31%, y —significativamente— 43% frente a 38% entre los propios votantes del PP).

Más allá de la conllevancia

¿Están los catalanes y el resto de los españoles condenados a la separación como única alternativa a la mutua conllevancia que prescribiera Ortega en su famoso discurso parlamentario de 1931? No necesariamente, al menos si se atiende al sentir ciudadano existente a uno y otro lado del Ebro tal y como queda recogido en los datos del sondeo de Metroscopia que acompañan a estas líneas. Pero antes de entrar a considerarlos permítaseme una importante nota cautelar a su respecto: los datos referidos concretamente a Cataluña se sustentan en una muestra estadísticamente correcta pero de tamaño reducido (200 personas) y tienen un margen teórico de error de + 7.1 puntos. Tal base muestral resulta, obviamente, insuficiente para captar de forma plenamente nítida e incontrovertible el estado de opinión de la ciudadanía catalana, especialmente en un tema tan lleno de matices, ambigüedades y posibles equívocos como el que aquí se trata. Pero ello no quita toda validez a los datos obtenidos que resultan útiles e ilustrativos si nos conformamos —como desde aquí declaro que es mi intención— con darles un sentido orientativo y tendencial (por más que, como se verá, resulten pese a todo ser llamativamente coincidentes con los últimos datos disponibles —junio de 2012— del Centre d´Estudis d´Opinió —CEO— de la propia Generalitat, basados en una muestra de 2.500 personas).

Para empezar, lo que este sondeo nos dice es que la idea que predomina claramente tanto entre los catalanes (57%) como, sobre todo, entre el resto de los españoles (73%) es que la situación actual no es tan grave como parece y que todavía es posible llegar a un acuerdo de convivencia entre Cataluña y el resto de España. ¿Qué tipo de acuerdo? No es papel de la ciudadanía arbitrar soluciones a problemas complejos, pero del análisis de las preferencias que ahora expresa en cuanto al tipo de Estado que desearía para la mejor convivencia de cuantos por el momento integramos España cabe extraer una interesante conclusión: el súbito auge de la opción federal, la única que registra un repunte en cuanto a apoyos populares. En 2010 solo el 10% de los españoles optaba por esta forma de Estado. En abril de 2012, el 13%. Y ahora, apenas cinco meses después, ese porcentaje ha pasado, súbitamente, al 21%. En cambio, permanecen estancadas, en el conjunto de España, la preferencia por el retorno a un Estado centralista y la opción por la independencia. En Cataluña, la opción federalista —según estos datos— parecería empatar ahora, en apoyo popular, con la propuesta independentista, sin que quepa olvidar que un porcentaje no muy inferior de ciudadanos (26% en total) apuesta por dejar las cosas como están o, incluso, por volver a un Estado centralista. Es decir, el principal efecto del vendaval soberanista que, de forma innegable, ha sacudido en las últimas semanas la vida política catalana podría estarse traduciendo en una revitalización de la opción federalista, percibida quizá como alternativa intermedia entre el irredentismo centralista y el maximalismo independentista. Un dato que podría avalar esta interpretación es la situación de empate en que ahora parecerían encontrarse quienes, en caso de referéndum, votarían en Cataluña a favor (43%) y en contra (41%) de la independencia. Los datos del CEO, de junio pasado, registraban un 51% a favor, un 21% en contra y un 21% de abstencionistas. Con las cautelas interpretativas ya indicadas, los datos del actual sondeo parecerían así sugerir que la convocatoria de elecciones en clave de referéndum de autodeterminación podría estar contribuyendo  —no sin cierta paradoja— a decantar hacia el “no” a muchos de quienes hasta ahora parecían pasar del tema y no se pronunciaban. Sin olvidar, además, un significativo dato que aporta el estudio del CEO: solo un 23% de los ciudadanos de Cataluña se sienten “solo catalanes” y un 71% combina en cambio, en diferente grado e intensidad, ambas identidades,  catalana y  española.

Va de suyo que la solución federal solo es posible desde la incondicional lealtad a las reglas de juego que la misma conlleva tanto por parte de los irreductiblemente centralistas como de los irreductiblemente independentistas. Sumados, ambos representan el 37% de la ciudadanía española y en torno al 45% de la catalana: porcentajes muy sustanciales pero que no parecen suficientes para inclinar de modo definitivo la balanza en uno u otro sentido. De ahí, quizá, el novedoso y al parecer pujante viraje de la opinión ciudadana hacia la opción federal. Resumiendo el pensamiento de los padres fundadores de la democracia estadounidense, el historiador Richard Hofstadter acuñó una frase memorable: “la democracia es un sistema armónico de frustraciones mutuas”. Quizá ese es el mensaje que, entrelíneas, contienen las respuestas ciudadanas al sondeo: sepamos todos (a un lado y otro del Ebro) aceptar que se frustren parte de nuestros sentimientos, emociones y anhelos (por profundos y, sin duda, respetables, que puedan ser) si a cambio se consigue, para un mayor número,  una mejor convivencia, armónica y en paz.

 

FICHA TÉCNICA: Sondeo realizado por Metroscopia a una muestra nacional de 1.000 personas mayores de 18 años. Trabajo de campo: 26-28 de septiembre. Margen de error para datos globales: + 3.2 puntos. Los datos referidos específicamente a Cataluña se basan en las 200 entrevistas llevadas allí a cabo. Este reducido tamaño muestral (que implica un margen teórico de error, para datos globales, de + 7.1 puntos) invita a una prudente interpretación de la información con ellos obtenida: esta debe entenderse como expresión de tendencias opinativas más que como reflejo de opiniones nítidamente cristalizadas y definidas.

Artículo publica en la edición impresa del diario el domingo 30 de septiembre de 2012.