La victoria de Keynes

Una de las enseñanzas que ha legado la tormenta perfecta que ha arreciado sobre el sistema financiero es que la desregulación masiva e irresponsable de los mercados ha tenido mucho que ver con esta situación. La última encuesta de Metroscopia nos muestra que así también lo cree una mayoría de ciudadanos (60%), que consideran que las cosas van mejor cuando el Estado tiene una cierta intervención sobre la economía.

Llegar a tiempo

 
No es buena señal que en la defensa de los derechos civiles, sociales y económicos el ritmo lo marque el clamor popular y las decisiones judiciales. Son los Parlamentos —y no los tribunales— los que deben velar en primera instancia por las necesidades y derechos de sus ciudadanos. En España, según los datos del sondeo realizado por Metroscopia, los ciudadanos no confían en el Gobierno (el 87%) para defender sus intereses si atravesaran una situación de necesidad similar a la de las personas que están inmersas en un proceso de desahucio. Tampoco en el principal partido de la oposición (el 86%) ni en el resto de partidos políticos (el 72%). Sí confían, en cambio, en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (el 81%) y en las ONG (el 76%). Y a pesar de que ha sido un juez el que ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las dos cuestiones prejudiciales sobre préstamos hipotecarios y desahucios —y cuya resolución exige modificar la actual normativa española—, la confianza de los ciudadanos (el 47%) en los jueces y fiscales parece caer en terreno de nadie, y es el abogado (para el 75%) la figura clave para defender sus intereses ante los tribunales en un proceso de desahucio.

Sentencia, escraches y burbuja

En noviembre de 2012, según un sondeo de Metroscopia para este periódico, el 95% de los españoles reclamaba ya al Gobierno un cambio urgente de la legislación hipotecaria vigente. No sin motivos: el 91% pensaba que con mucha frecuencia las entidades financieras habían abusado de la buena fe y de la falta de conocimientos jurídicos de la gente haciéndoles firmar hipotecas con condiciones abusivas; por ello, el 91% concluía que el papel de los jueces no podía ya ser aplicar sin más la actual legislación hipotecaria, sino tratar de proteger de abusos a la parte más débil;  y, además, el 96% reprochaba al Banco de España no haber vigilado más de cerca la forma en que se formularon y concedieron  determinadas hipotecas. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado jueves, que ha venido, en líneas generales, a avalar este desasosiego ciudadano, es percibida por el 61% como un varapalo que desprestigia a España. Sin duda porque han tenido que transcurrir dos decenios para que nuestro país haya de darse formal e indefectiblemente por enterado de una normativa europea de protección de los consumidores que está vigente ¡desde 1993!

Nuestra ley hipotecaria data sin duda “de tiempo inmemorial”, como se ha dicho, pero el problema no parece radicar tanto en esta obvia vetustez como en la larga y generalizada tolerancia oficial de las crecientes y abusivas adherencias, en forma de cláusulas en letra pequeña, con que las entidades financieras han ido engordando nuestras hipotecas. Ciertamente —procede matizarlo— no siempre y no todas, pero sí las suficientes, y sí lo suficientemente a menudo como para que ahora su imagen social de conjunto esté severamente dañada. Como nuestra sociedad tiene la sensación (recogida en múltiples sondeos) de que los desmanes de bancos, y sobre todo Cajas, van tendiendo a quedar impunes, no puede extrañar la unanimidad con que ahora se pide que el varapalo europeo se aplique no solo en clave de presente o de futuro, sino también retroactivamente. Algo sin duda tan complejo como delicado pero que expresa claramente el ansia social de que las instituciones financieras sean obligadas a algún tipo de reparación expiatoria.

En esta misma clave de hartazgo y de exigencia de responsabilidades cabe entender el masivo apoyo ciudadano (89%) a la campaña de “escraches” anunciada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que consiste en presionar (se entiende que pacífica y educadamente) a los diputados mediante cartas, mensajes y concentraciones, para que apoyen la Iniciativa Legislativa Popular sobre hipotecas. En sistemas políticos distintos del nuestro (como, paradigmáticamente, el estadounidense) las presiones de este o muy parecido tipo sobre senadores y congresistas están a la orden del día. Sin duda, la línea entre la presión admisible y la coacción inaceptable puede llegar a ser muy sutil y frágil, pero este tipo de reacciones ciudadanas, por inquietantes que puedan llegar a ser, resultan entendibles cuando la carrera de los políticos depende directamente de su historial de decisiones.

En nuestro sistema político los diputados y senadores viven en un confortable anonimato decisorio: nadie lleva el registro (y, por otro lado, nadie ve mayor utilidad en hacerlo) de quién vota a favor o en contra de esta o aquella propuesta legislativa. La férrea disciplina de voto viene a eximir a los a ella sujetos de toda responsabilidad individual por la decisión resultante (salvo en las contadas ocasiones en que se permite la libertad de voto). Y eso es lo que esta novedad del “escrache” aspira a conseguir en el tema hipotecario: el voto en conciencia, es decir, que cada diputado o senador actúe como si tuviera que dar cuenta de sus actos a los votantes, y no a su jefe de filas. Que algo tan ajeno a nuestros usos políticos, que es tan difícilmente trasplantable a nuestra actual mecánica política y que conlleva tanto riesgo potencial de derivar en situaciones inaceptables (e incluso delictivas) de acoso —con independencia de la sin duda sincera intención de sus proponentes— reciba el apoyo de nueve de cada diez españoles debe ser entendido como muestra del grado extremo que está alcanzando el desapego, la desconexión y el recelo de la ciudadanía respecto de sus legítimos representantes.

Los españoles se muestran así dispuestos, un poco a la desesperada, a avalar estrategias que como mínimo cabe considerar heterodoxas por si acaso ese fuera el modo de pinchar la burbuja en que perciben encerrados a sus políticos y de lograr que aterricen, por fin, en el suelo común de la dura realidad cotidiana.

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Mejor con Europa

La opinión pública española se ha sentido complacida con la pertenencia de España a la Unión Europea desde que nuestro país ingresara en la, entonces denominada, Comunidad Económica Europea (CEE) allá por el año 1986, pero sin llegar al entusiasmo.

La mujer asediada

Era de esperar, pero no por eso es menos desconcertante. Siete de cada diez españoles creen que los hombres tienen más oportunidades de promoción profesional que las mujeres, según los datos del sondeo llevado a cabo por Metroscopia con motivo del Día internacional de la mujer. Pero lo más destacable es que esta percepción además de mayoritaria es muy homogénea, opinan de la misma forma hombres y mujeres de cualquier edad o ideología política.

Iguales por ley, diferentes en todo lo demás

Las declaraciones de Jorge Fernández Díaz en las que afirma que “el matrimonio gay no debe tener la misma protección por parte de los poderes públicos que el matrimonio natural” no serían tan desafortunadas si se hubieran producido estrictamente en el ámbito de su vida privada. No obstante, gran parte de su infortunio se debe a que dan la espalda a la sociedad y a la normativa existente sobre un derecho fundamental como es el derecho a la igualdad. 

Justicia, corrupción y Garzón al fondo

El 78% de los españoles no cree que la investigación del caso Gürtel concluya en un plazo razonable de tiempo ni que finalmente sean procesados y condenados todos los en él implicados. Y un idéntico porcentaje (77%) dice lo mismo respecto del caso Urdangarin. La ciudadanía no acaba de creer que la Justicia pueda llegar a ser tan eficaz como debiera en los casos de corrupción. La perciben lastrada en su funcionamiento por factores al parecer insalvables.

Barómetro electoral: marzo 2013

Si hubiera que destacar dos titulares de la oleada de marzo del Barómetro de Clima Social serían los siguientes:

El triunfo de Rajoy en el debate sobre el estado de la nación amortigua el impacto del caso Bárcenas.
La mayoría del electorado del PP desaprueba a Ana Mato.